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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS POR LAS SALAS AUXILIARES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR SU OPORTUNIDAD, EL PLAZO RELATIVO PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN ANTE LA SALA REGIONAL DE ORIGEN (AUXILIADA) O ANTE LA SALA AUXILIAR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 230/2013. · Registro digital (IUS): 24732
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2013-12-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Pág. 620.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 230/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)

TERCERO. Los antecedentes de los asuntos que dieron origen a las ejecutorias contendientes y las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito son las siguientes:

1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo **********.

El administrador de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México impuso a ********** diversas multas por la cantidad de $**********, relacionadas con diversos pedimentos de importación.

Dichas multas fueron impugnadas a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del cual tocó conocer a la Décima Sala Regional Metropolitana, con residencia en el Distrito Federal; sin embargo, una vez sustanciado el procedimiento y cerrada la instrucción, el asunto fue remitido a la entonces Segunda Sala Auxiliar de ese tribunal, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que dictara la resolución respectiva en auxilio a las labores de la Sala mencionada en primer término.

La entonces Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, recibió el expediente, el cual registró con el número **********, y el dos de julio de dos mil doce dictó sentencia en el sentido de reconocer la validez de los actos impugnados. Dicho fallo fue notificado a la parte actora el veintiséis de septiembre de dos mil doce.

Con posterioridad, dicho asunto fue remitido a la Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en donde se registró el expediente **********.

Inconforme con esa resolución, mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil doce, ante la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en el Distrito Federal, el actor, por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo directo.

Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil doce, el presidente de esa Sala Regional Metropolitana ordenó remitir los autos a la Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien los recibió el cuatro de diciembre de dos mil doce.

Una vez recibidos los autos por la Primera Sala Auxiliar mencionada, ésta ordenó emplazar a la autoridad tercero perjudicada y rindió el informe justificado respectivo, remitiendo los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

Del asunto correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien admitió la demanda el siete de marzo de dos mil trece y, por mayoría de votos, dictó sentencia el diecisiete de abril siguiente, en el sentido de sobreseer en el juicio, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo abrogada.

Al efecto, dicho Tribunal Colegiado de Circuito estimó que si el juicio de amparo se promovió en contra de una resolución dictada por una Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante ella debía presentarse la demanda de amparo, por ser la autoridad responsable para efectos de ese juicio.

En ese sentido, estimó que su presentación ante una autoridad distinta a la responsable no interrumpió el plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada y, en consecuencia, cuando la demanda de amparo fue recibida por la Primera Sala Auxiliar, ya era extemporánea.(3)

Asimismo, precisó que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Amparo abrogada, si el gobernado tenía su lugar de residencia fuera del de la autoridad responsable, para considerar oportunas su promociones, estaba obligado a hacerlas llegar por conducto de la oficina de correos o telégrafos que correspondiera a su lugar de residencia.

En ese orden de ideas, concluyó que para considerar oportuna la demanda de amparo se debió presentar, inclusive, por correo, ante la Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por ser ésta la que tenía el carácter de autoridad responsable, mas no ante la Décima Sala Regional Metropolitana de ese tribunal, pues ésta es una autoridad distinta.

A continuación se realiza la transcripción correspondiente de la ejecutoria en comento:

"La fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo aplicable dispone que el juicio de garantías es improcedente cuando la demanda correspondiente se presenta extemporáneamente, es decir, después de que han transcurrido los plazos previstos por los artículos 21 y 22 de ese cuerpo legal. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del ordenamiento legal invocado, el término para presentar la demanda de garantías, por regla general, es de quince días contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiera ostentado sabedor de ellos. En tanto que el artículo 163 del ordenamiento legal invocado establece el imperativo de que la demanda de amparo en la vía directa debe presentarse por conducto de la autoridad que emitió el acto reclamado y el diverso numeral 165 de la Ley de Amparo, que la presentación ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpe los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 del propio ordenamiento. En ese tenor, si se promueve amparo contra una sentencia definitiva dictada por una Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es inconcuso que ante dicha autoridad debe presentarse la demanda de amparo, por ser la autoridad responsable para efectos del juicio constitucional. Ello, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso a), V, inciso b), y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales 11 y 44 de la Ley de Amparo aplicable, que establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 103.’ (se transcribe). ‘Artículo 107.’ (se transcribe). Ley de Amparo aplicable. ‘Artículo 11.’ (se transcribe). ‘Artículo 44.’ (se transcribe). Así, el juicio de amparo en contra de los actos previstos en el artículo 103, fracción I, y regulados en el artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso b), y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se atribuyen a la autoridad responsable, que en amparo directo es la que dicta las sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio; que en el caso en estudio, es la Sala Auxiliar y no la auxiliada. Por ello, en el presente caso es extemporánea la promoción de la demanda de amparo, al haberla recibido la autoridad responsable fuera del término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues la sentencia combatida se notificó al quejoso el veintiséis de septiembre de dos mil doce (foja 1414), la cual surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el veintisiete del mismo mes y año, comenzando a correr el término el veintiocho de septiembre siguiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 74, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; de ahí que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo aplicable feneció el diecinueve de octubre de dos mil doce, toda vez que transcurrieron desde el inicio del término y hasta la presentación de la demanda, los días inhábiles siguientes: veintinueve y treinta de septiembre, seis, siete, trece y catorce de octubre, por ser sábados y domingos, así como el doce de octubre, por ser inhábil para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, todos de dos mil doce, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la demanda de amparo la recibió la Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -autoridad responsable- hasta el cuatro de diciembre de dos mil doce (foja 1425) y, por ello, fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Sin que la presentación de la demanda el quince de octubre de dos mil doce ante la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -Sala auxiliada- (foja 3 del expediente de amparo), pueda considerarse como apta para efectos del citado cómputo, toda vez que con fundamento en los artículos 163 y 165 de la Ley de Amparo aplicable, ello no interrumpe los términos a que se refiere el artículo 21 de la propia ley, pues no se hizo ante la autoridad responsable, que en el presente caso es la Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Conclusión que deriva de lo expresamente previsto por el legislador en los artículos 163 y 165 de la Ley de Amparo aplicable, que no pueden ser soslayados por regular presupuestos procesales necesarios para la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable al presente caso la tesis LXXXI/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.’ (se transcribe). Es de precisar que para quienes residan fuera del lugar de la autoridad responsable, como el quejoso, el diverso artículo 25 de la citada ley prevé lo siguiente: ‘Artículo 25.’ (se transcribe). Así, cuando el gobernado tenga su lugar de residencia fuera del que corresponda a la autoridad responsable, puede hacer uso de esa facultad prevista en el artículo transcrito, para dirigir a dicha autoridad -no a otra- la demanda de amparo por correo, depositándola en la oficina que le corresponda. Teniendo en cuenta que en el caso en estudio, el quejoso precisó en la demanda de nulidad como domicilio fiscal en ********** (foja 1 del expediente de nulidad), por lo que, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Amparo aplicable, pudo promover la demanda de amparo por correo, dirigiéndola indefectiblemente a la autoridad responsable, lo que, además, se insiste, no hizo el impetrante, pues el escrito en el que solicitó que se le tuviera formulando demanda de amparo se presentó ante la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, directamente ante una autoridad diversa a la responsable."

2. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo **********.

El subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Irapuato, Guanajuato, emitió una cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales por la cantidad de $**********, en contra de **********, por concepto de cuotas omitidas.

Dicha cédula de liquidación fue impugnada a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del cual tocó conocer a la Sala Regional del Centro III, con residencia en Guanajuato, Guanajuato; sin embargo, una vez sustanciado el procedimiento y cerrada la instrucción, el asunto fue remitido a la Primera Sala Auxiliar de ese tribunal, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que dictara la resolución respectiva, en auxilio a las labores de la Sala mencionada en primer término.

La Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, recibió el expediente, el cual registró con el número ********** y, el treinta de marzo de dos mil doce, dictó sentencia en el sentido de reconocer la validez del acto impugnado. Dicho fallo fue notificado a la parte actora el siete de junio de dos mil doce.

Inconforme con esa resolución, mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil doce, ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, la parte actora, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo directo.

Del asunto correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de él, por lo que declinó la competencia en favor del Tribunal Colegiado de Circuito que ejerciera jurisdicción en el Estado de Guanajuato.

Por cuestión de turno, el asunto fue remitido al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien admitió la demanda mediante proveído de siete de diciembre de dos mil doce y dictó sentencia el catorce de febrero de dos mil trece, en la que negó la protección constitucional solicitada.

En la parte que interesa de esta sentencia, destaca que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento consideró oportuna la demanda de amparo y, para realizar el cómputo respectivo, tomó en consideración la fecha de presentación ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Al respecto, en el resultando primero de dicha ejecutoria se lee lo siguiente:

"PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el veintiséis de junio de dos mil doce (foja 6 del expediente en que se actúa), por la autoridad señalada como responsable, Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, compareció la persona moral denominada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal **********, a solicitar la protección de la Justicia Federal. En ese libelo, se señalaron como autoridad responsable y acto reclamado los que enseguida se indican: ..."

Por su parte, en el considerando tercero de la ejecutoria, dicho Tribunal Colegiado de Circuito estableció:

"TERCERO. Legitimación y oportunidad. La demanda de amparo la suscribió **********, representante legal de la persona moral **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte actora en el juicio de origen, personalidad que se tiene por acreditada en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, toda vez que le fue reconocida por el tribunal responsable en proveído de dieciocho de abril de dos mil once (folio 27 del expediente de origen). La demanda de amparo se promovió oportunamente, conforme a los siguientes datos: Notificación de sentencia: siete de junio de dos mil doce (foja 263 del juicio de nulidad). Surtió efectos: ocho de junio siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Plazo de quince días para promover demanda: del once al veintinueve de junio de dos mil doce. Días inhábiles: nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro del citado mes y año, por ser sábados y domingos, respectivamente, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Fecha de presentación: veintiséis de junio de dos mil doce (foja 6 del expediente en que se actúa)."

CUARTO. A continuación, procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada.

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 72/2010, estableció que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(4)

Asimismo, en la jurisprudencia P./J. 93/2006, el Pleno de este Alto Tribunal determinó que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales, al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso.(5)

Es ese sentido, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo de manera expresa que para computar el plazo relativo a la oportunidad de la demanda de amparo debía tomarse en cuenta la fecha en la que el escrito relativo se recibió en la Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que ésta es la autoridad responsable.

Así, sostuvo que no importa que la demanda de amparo directo se haya presentado por conducto de la Sala auxiliada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que, al no ser la autoridad responsable, no podía interrumpir el plazo de quince días que refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada.

En ese orden de ideas, concluyó que resultaba extemporánea la demanda de amparo directo si se presentaba por conducto de la Sala auxiliada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se recibía fuera del plazo de quince días en la Sala Auxiliar que dictó la resolución reclamada.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo **********, consideró oportuna la demanda de amparo directo promovida en contra de una resolución dictada por una Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual se presentó ante la Sala auxiliada.

En ese sentido, para computar el plazo de la oportunidad de la demanda de amparo directo, tomó en consideración la fecha de presentación ante la Sala auxiliada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mas no la fecha de su recepción por parte de la Sala Auxiliar, ya que de considerar lo contrario habría resultado extemporánea.

Bajo esa tesitura, es claro que el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito es implícito, ya que sin hacer pronunciamiento expreso sobre la validez de la presentación de la demanda de amparo directo ante la Sala auxiliada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la consideró oportuna.

Así las cosas, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que sí existe una contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes, ya que se pronunciaron de manera divergente sobre un mismo punto jurídico, aunque uno de ellos lo hizo de manera expresa y el otro de manera implícita.

En las relatadas condiciones, el problema jurídico a dilucidar consiste en determinar si para efectos de computar el plazo de oportunidad de una demanda de amparo directo promovida en contra de una sentencia dictada por una Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puede tomarse en cuenta la fecha de presentación del escrito relativo ante la Sala auxiliada o si, por el contrario, el cómputo para determinar la oportunidad debe hacerse a partir de la fecha en que la Sala Auxiliar reciba la demanda de amparo.

QUINTO. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En principio, es necesario precisar que el estudio del problema jurídico a resolver se hará a la luz de los enunciados normativos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que los criterios contendientes se emitieron bajo la vigencia de ese cuerpo normativo.

Con la finalidad de dar respuesta al problema jurídico a resolver, es necesario realizar algunas precisiones en relación con las Salas Auxiliares del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La creación de dichos órganos jurisdiccionales auxiliares es producto de la reforma que sufrió la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de junio de dos mil once.

Ahora bien, en la exposición de motivos de esa reforma, se puso de manifiesto que el Estado tiene la responsabilidad de diseñar los sistemas de impartición de justicia que maximicen los principios contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: la impartición de justicia pronta, como expresión de seguridad para los mexicanos, y que esa justicia sea exhaustiva, resolviendo todos los puntos controvertidos que se someten a la decisión de los juzgadores; así, se dijo que era imperativo garantizar una justicia que no vea disminuida su calidad por la rapidez en la emisión de las resoluciones.

Obedeciendo a esas cuestiones, se precisó que era necesario impulsar una reforma que fortaleciera la impartición de justicia, como expresión del derecho de petición que asiste a los ciudadanos y que aumente la eficiencia y eficacia de las instituciones involucradas en su impartición.

En ese sentido, se dijo que, cuando entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal, en enero de mil novecientos treinta y siete, inició sus funciones el entonces llamado Tribunal Fiscal de la Federación, cuya competencia se limitaba a la materia fiscal y con facultades únicamente para anular los actos emitidos por las autoridades recaudadoras.

Se expuso que desde entonces y hasta el año dos mil diez, la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se había ampliado; sin embargo, ello no había sido proporcional con su crecimiento estructural, lo cual había propiciado dilación en la resolución de los asuntos de los que conoce.

Asimismo, en la exposición de motivos se precisó que el número de juicios ingresados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se había ido incrementando a partir del año dos mil, junto con la ampliación de su competencia, por lo que de un inventario de treinta y siete mil quinientos once expedientes con que contaba en ese año, se llegó a la cantidad de doscientos treinta y cinco mil cuarenta y siete expedientes para dos mil diez.

De esa forma, se propició una dilación en la resolución de los juicios, cuya resolución promediaba años; por lo que, en aras de cumplir con la función jurisdiccional a cargo del Estado de impartir justicia pronta, contenida en el artículo 17 constitucional, se dijo que era necesario agilizar la tramitación de los juicios.

De igual manera, se expuso que el diez de diciembre de dos mil diez se había publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa", con el cual se regulaba la vía sumaria del procedimiento contencioso administrativo federal y el llamado juicio en línea.

Esas reformas buscaron agilizar el trámite de los juicios seguidos ante dicho tribunal, especialmente en aquellos asuntos que son competencia de las Salas Regionales; sin embargo, se dijo que podían aprovecharse aún más la infraestructura y los recursos materiales y humanos del propio tribunal, si se adoptaba un esquema de órganos jurisdiccionales auxiliares al interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, similar al que se creó en el Poder Judicial de la Federación.

En esencia, se dijo que la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estaba inspirada en las acciones que había tomado el Poder Judicial de la Federación, para dar una respuesta más rápida a los justiciables, creando los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito Auxiliares.

En la exposición de motivos que se comenta, se consideró que la creación de dichos órganos jurisdiccionales había beneficiado a la impartición de justicia, al permitir que un determinado tipo de asuntos se resolviera de manera más eficaz y rápida, pero, sobre todo, permitía que los órganos jurisdiccionales "ordinarios" pudieran avocarse al conocimiento de aquellos asuntos que demandan una mayor cantidad de estudio y análisis de los hechos y del derecho aplicable.

Partiendo de esa experiencia, se dijo que el Poder Judicial de la Federación había aumentado paulatinamente el número de órganos jurisdiccionales auxiliares, creando los "centros auxiliares de región", destacando que su objetivo fundamental era equilibrar las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, mediante el auxilio en el dictado de sentencias y, con esto, contribuir al pronto despacho de los asuntos.

En ese orden de ideas, fue que se propuso adoptar, al interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un esquema similar al de los órganos jurisdiccionales auxiliares del Poder Judicial de la Federación, creando las Salas Auxiliares de dicho tribunal con las siguientes características:

1. Su función sería la de auxiliar a las Salas Regionales (incluyendo a las que tienen el carácter de especializadas) en el dictado de las sentencias definitivas en los juicios que hayan sido del conocimiento de aquéllas.

2. Podrían intervenir en el juicio contencioso administrativo, con independencia de que se haya sustanciado en la vía tradicional, en línea o en vía sumaria.

3. Ejercerían jurisdicción material mixta, lo cual significa que las Salas Auxiliares no tendrán limitación alguna en razón de la materia de los asuntos en los que auxilien a las Salas Regionales, permitiendo que se avoquen al dictado de las sentencias de los asuntos que les sean remitidos, independientemente de la materia de que se trate dentro de las que son competencia del tribunal, de acuerdo con su ley orgánica.

4. Tendrían competencia territorial en toda la República Mexicana, con independencia de que el reglamento interior del tribunal determine su lugar de residencia. Esto permitirá que una Sala Auxiliar apoye en el dictado de una sentencia a cualesquiera Salas Regionales, independientemente del lugar en que éstas residan.

5. Observarán para su organización, integración y funcionamiento, en lo conducente, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.

Como se mencionó con anterioridad, esa iniciativa se vio materializada en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de junio de dos mil once, a través del cual, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa.

De lo expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprecia que la creación de las Salas Auxiliares del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa obedeció a la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de lograr que el dictado de las resoluciones fuera más ágil, toda vez que el incremento en el número de expedientes tramitados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa rebasaba su capacidad para cumplir con ese imperativo constitucional.

Ahora bien, una vez creadas las Salas Auxiliares de mérito, se procedió a la modificación del reglamento interior de dicho tribunal y a la emisión de los acuerdos de administración respectivos, con el objetivo de regular la señalada reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Así, el uno de febrero de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo SS/3/2012, por el que se reformó el artículo 22, fracciones V y XII, y se adicionó el artículo 23 Bis del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para regular el número y sede de las primeras Salas Regionales Auxiliares de dicho tribunal.

Asimismo, en dicha reforma reglamentaria, se precisó que las mencionadas Salas auxiliarían en el dictado de las sentencias definitivas, incluso, en la instancia de aclaración y en el cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial de la Federación, cuando corresponda a sentencias dictadas por ellas mismas, en los juicios instruidos por las Salas Regionales.

Por otro lado, la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió, en un primer momento, el Acuerdo E/JGA/7/2012, a través del cual se establecieron las normas y procedimientos para la operación de las Salas Auxiliares de dicho tribunal y, en la parte que interesa, se reguló, en el artículo 4, lo siguiente:

"Artículo 4. Promociones relacionadas con las sentencias de las Salas Auxiliares.

"Las promociones de los juicios radicados en alguna Sala Auxiliar para dictar s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24732-671124ba/demanda-de-amparo-directo-promovida-contra-resoluciones-dictadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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