MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 353/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y CUARTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 9 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno, en virtud de que se trata sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de distinto circuito, y porque los problemas jurídicos analizados se refieren a la materia administrativa, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.
Al respecto, resulta aplicable el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que a continuación se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, Tesis P. I/2012 (10a.), página 9, Núm. Registro IUS: 2000331)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227 de la Ley de Amparo, fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Como se ve, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito. En el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Luego, es claro que están legitimados para formular la denuncia correspondiente, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
TERCERO. Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia a los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
Por lo que hace al amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuya ejecutoria se emitió en sesión de siete de agosto de dos mil trece, tenemos como antecedentes, los siguientes:
1. **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra del titular de la Delegación Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor, como autoridad ordenadora, y del jefe de departamento de servicios de dicha delegación, en su carácter de ejecutora. Asimismo señaló como acto reclamado la imposición de una multa por la cantidad de **********, contenida en el acta de quince de marzo de dos mil doce, en el procedimiento de queja número **********.
En el propio escrito de demanda, el quejoso manifestó que el acto reclamado es una medida de apremio consistente en multa, por no haber desahogado el requerimiento de ocho de febrero de dos mil doce que se le formulara en ese procedimiento administrativo.
2. Tocó conocer de la demanda de amparo al Juez Cuarto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien por acuerdo de dos de mayo de dos mil doce desechó la demanda por notoriamente improcedente; y, en contra de esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien por ejecutoria de diecinueve de junio de dos mil doce revocó el auto recurrido bajo el argumento de que la causal de improcedencia que tuvo por actualizada el a quo no es notoria ni manifiesta.
3. Por escrito de dieciocho de julio de dos mil doce, el quejoso amplió la demanda de amparo, señalando como autoridad responsable a la Delegación Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la que combatió la determinación de regularizar el procedimiento administrativo seguido ante ese órgano, así como precisó que subsiste en todos sus términos la multa que como medida de apremio se le impuso mediante acta de quince de marzo de dos mil doce.
4. Tramitado el juicio de amparo el Juez de Distrito celebró audiencia constitucional el diecisiete de octubre de dos mil doce y, en esa misma fecha, dictó resolución en la que sobreseyó en el juicio con fundamento en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, ya que antes de acudir a la instancia constitucional, el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
5. En contra de esa determinación el quejoso interpuso recurso de revisión, cuya ejecutoria forma parte de la contradicción de tesis que ahora nos ocupa, en la que el Tribunal Colegiado confirmó la resolución recurrida, y cuyas consideraciones, son del tenor siguiente:
"V. Los agravios que han quedado transcritos, son jurídicamente ineficaces para revocar o modificar el fallo que se revisa.
"En efecto, el Juez Federal sobreseyó en el juicio de garantías con base en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al jefe de departamento de servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Jalisco, que se hicieron consistir en las resoluciones de fecha quince de marzo y veintinueve de junio, ambas de dos mil doce, dictadas en el expediente administrativo **********, por las cuales, en el primer caso, impuso una multa federal en cantidad de ********** y, en el segundo, ratificó tal determinación. Llegó a la anterior determinación porque, dijo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, fracción III y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes de acudir al juicio constitucional, el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el cual pudo obtener la modificación, revocación o nulificación de la multa combatida, habida cuenta que, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión, ni los actos reclamados carecen de fundamentación.
"Frente a las anteriores consideraciones en los agravios identificados como primero y segundo, los cuales se analizan en forma conjunta, dada su estrecha relación, el recurrente, en esencia, arguye que el Juez de Distrito incorrectamente determinó sobreseer en el juicio de garantías con base en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que si bien en términos de la fracción III del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde a dicho órgano conocer de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas por las que se impongan multas por infracción a las normas federales administrativa (sic); sin embargo, la multa origen de los actos reclamados, no encuadra en dicho supuesto, ya que ‘... es el resultado de haber hecho efectiva, indebidamente, una medida de apremio en un procedimiento administrativo conciliatorio, lo cual no está previsto en forma de «infracción» ni existe norma federal que estipule expresamente la imposición de una multa por **********, cuando se incumpla un requerimiento aparejado de medida de apremio que emita PROFECO a un particular ...’ (fojas 9 y 10 del toca de revisión). Sigue diciendo el inconforme que la medida de apremio (multa), aun cuando tiene como fundamento una norma federal, no fue fijada por contravención a las leyes fiscales o administrativas que prevé para la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el artículo 14, fracción III, de la ley orgánica del citado tribunal, sino como consecuencia de la desobediencia a un mandato de la autoridad, máxime que, sostiene, la Ley Federal de Protección al Consumidor, no prevé ningún medio o recurso ordinario que permita combatir dicha multa y, por ende, en su contra procede el juicio constitucional. Sustenta sus argumentos en la tesis de rubro: ‘MULTA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR COMO MEDIDA DE APREMIO, NO SATISFACE EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, YA QUE SU IMPOSICIÓN DERIVA DEL DESACATO A UN MANDATO DE LA AUTORIDAD Y NO DE LA CONTRAVENCIÓN A LEYES FISCALES O ADMINISTRATIVAS.’
"Los sintetizados motivos de disenso son infundados, pues de las constancias que obran agregadas al expediente de amparo al que este toca de revisión se contrae, concretamente, del acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil doce, emitido en el expediente **********, se advierte que el jefe de departamento de servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Jalisco, hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso acuerdo de ocho de febrero de dos mil doce y, en consecuencia, impuso a **********, una multa como medida de apremio en cantidad de **********, por no aportar los documentos que acrediten el pago del ‘hosting’, que previamente le fueron requeridos, de conformidad, entre otros, con lo dispuesto por los artículos 13, párrafo segundo, 25, fracción II y 114, primer párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los cuales establecen:
"‘Artículo 13.’ (se transcribe)
"‘Artículo 25.’ (se transcribe)
"Como se ve, conforme al numeral transcrito en primer orden (artículo 13), se advierte que las autoridades, consumidores y proveedores están obligados a proporcionar a la Procuraduría Federal del Consumidor la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere la ley, en tanto que, conforme al trasunto artículo 25, la procuraduría, para el desempeño de sus funciones puede aplicar como medida de apremió (sic), entre otras, la multa.
"Así las cosas, un análisis armónico y sistemático de los preceptos legales materia de análisis, permite establecer que las medidas de apremio (multas) que aplica la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, son como consecuencia del incumplimiento a las obligaciones que deben cumplir, entre otros, los proveedores, en este caso, la de presentar la documentación e información requerida para el cumplimiento de sus obligaciones; de ahí que, contrario a lo que aduce el quejoso, aquí recurrente, dichas medidas de apremio constituyen verdaderas multas por infracciones a las normas administrativas federales, como en el caso, lo es la Ley Federal de Protección al Consumidor y, por ende, son impugnables a través del juicio contencioso administrativo previsto en el numeral 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, máxime que, dicha multa tiene el carácter de un aprovechamiento en términos de lo dispuesto por el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, adquiere la naturaleza de crédito fiscal, exigible mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a lo previsto por los artículos 4o. y 145 del ordenamiento legal antes indicado. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a. XVIII/97 (sic) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federació (sic), Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página cuatrocientos ochenta y nueve, de rubro y texto siguientes: ‘MULTAS NO FISCALES, SON TODAS LAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES NO RELACIONADAS CON LA MATERIA TRIBUTARIA.’ (se transcribe)
"Derivado de lo anterior, resulta inaplicable la tesis de rubro: ‘AMPARO, JUICIO FISCAL Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PROCEDENCIA EN CASOS DUDOSOS.’, pues como se vio, en la especie, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para impugnar la sanción impuesta a **********, por el jefe de departamento de servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Jalisco, como medida de apremio en cantidad de **********, por no aportar los documentos que acrediten el pago del ‘hosting’ que previamente le fueron requeridos, dado que tal medida de apremio constituye una multa por infracción a las normas administrativas federales, a saber, la Ley Federal de Protección al Consumidor y, por ende, encuadra en el supuesto previsto por la fracción III del artículo 14 de la ley orgánica del tribunal en cita; de ahí que, no sea dudosa la procedencia del juicio contencioso administrativo para impugnarla.
"Por otra parte, debe decirse que, contrario a lo que argumenta el recurrente, este Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión (improcedencia), número **********, en ningún momento determinó que la multa origen de los actos reclamados, no encuadra en los supuestos de procedencia del juicio contencioso administrativo, previsto por el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tanto es así que, lo único que se resolvió en la ejecutoria de mérito, fue que en ese momento no se actualizaba de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de garantías, dado que, era discutible si la multa se impuso por infracción a las normas administrativas federales de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues, se dijo: ‘Conforme con lo hasta aquí narrado es evidente que no es manifiesta ni indudable la actualización de la causa de improcedencia que invoca el Juez Federal. En efecto, en este caso, es discutible si la multa se impuso «por infracción a las normas administrativas federales» de acuerdo con la fracción III del numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por eso, no es manifiesta e indudable la improcedencia.’ (foja 180 vuelta del expediente de amparo)
"... .
"Este Tribunal Colegiado advierte que el criterio sustentado en la presente ejecutoria, posiblemente es contradictorio con el asumido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en las tesis (sic) número XV.4o.14 A, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII (sic), enero de 2006, página dos mil cuatrocientos catorce, cuyos texto y rubro son del tenor literal siguiente: ‘MULTA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR COMO MEDIDA DE APREMIO, NO SATISFACE EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, YA QUE SU IMPOSICIÓN DERIVA DEL DESACATO A UN MANDATO DE LA AUTORIDAD Y NO DE LA CONTRAVENCIÓN A LEYES FISCALES O ADMINISTRATIVAS.’ (se transcribe). Por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo hágase la denuncia de posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva lo conducente. ... "
Por lo que toca al amparo directo **********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, resuelto en sesión de siete de julio de dos mil cinco, se tienen como antecedentes, los siguientes:
1. La persona moral **********, promovió juicio de nulidad en contra de la multa contenida en el oficio 87/2003/736, de dieciocho de septiembre de dos mil tres, por la suma de ********** y señaló como autoridades demandadas al procurador federal del consumidor y al jefe de servicios de esa procuraduría de la delegación Tijuana, Baja California. La sanción se impuso porque esa persona no acudió a la audiencia de conciliación señalada dentro de un procedimiento que fue instaurado para dirimir una controversia suscitada entre ella como prestadora de servicios y un consumidor.
2. Tocó conocer de la demanda a la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien la registró con el número de juicio **********, expediente en el que se dictó resolución el ocho de octubre de dos mil cuatro, en la que se determinó sobreseer en el juicio bajo el argumento de que la multa impugnada deriva de una medida de apremio impuesta por desacato a una autoridad administrativa, por lo que no fue emitida por infracción a normas administrativas federales y, por ello, la resolución no se ubica en alguna de las hipótesis del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
3. En contra de esa determinación la persona moral promovió juicio de amparo directo, cuya ejecutoria forma parte de la contradicción de tesis que ahora nos ocupa, en la que el Tribunal Colegiado negó la protección solicitada, y cuyas consideraciones, se transcriben a continuación:
"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa **********.
"En efecto, de las diversas constancias procesales que obran en autos, se obtiene que la referida persona moral promovió ante la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el juicio **********, en el que señaló como autoridades demandadas al procurador federal del consumidor en México, Distrito Federal y jefe de servicios al consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor de la ciudad de Tijuana, Baja California a quienes atribuyó la ilegalidad de la multa número **********, de dieciocho de septiembre de dos mil tres, contenida en el oficio 87/2003/736, en cantidad de **********, así como su notificación, y exigió su nulidad a la Sala del referido Tribunal.
"Argumentó como antecedentes del acto impugnado, que era una persona moral que en el ejercicio de sus actividades ordinarias, siempre cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor; sin embargo, el veinticuatro de noviembre de dos mil tres, tuvo conocimiento de la multa impugnada.
"Adujo como conceptos de nulidad, que el acto cuestionado violó en su principio (sic) lo dispuesto por los artículos 14, «y»16 constitucionales, 38, fracción III «y» 134 al 137 del Código Fiscal de la Federación, porque no fue notificado personalmente, en virtud de que el funcionario que practicó la diligencia, no levantó acta circunstanciada en términos de lo dispuesto por el último de los numerales, pues no requirió la presencia de la persona con quien debió entender esa diligencia o de su representante legal, ni hizo constar los hechos desarrollados en la misma.
"Igualmente que el acto impugnado le perjudicaba porque la autoridad demandada no fundó ni motivó el monto de la multa, al no tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, como lo era la condición económica del infractor el carácter intencional, si era o no reincidente, la gravedad de la infracción y el perjuicio causado al consumidor.
"También se argumentó que la resolución combatida vulneraba los dispositivos constitucionales ya señalados, así como el artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo porque el funcionario que la emitió no fundó ni motivó la competencia material y territorial para dictar ese acto, y para acreditar lo pretendido, ofreció como prueba de su parte la resolución impugnada.
"La pasiva procesal contestó la demanda instaurada en su contra, sostuvo la legalidad del acto impugnado, y argumentando que la diligencia de notificación del mismo no estaba afectada de nulidad, porque no se practicó en forma irregular, además tal vicio quedó compurgado al haber impugnado la multa oportunamente, y contrariamente a lo aseverado por la actora, sí se tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, también en el acto impugnado el funcionario que lo emitió sí fundó su competencia material y territorial como fueron los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 1o., 2o., 3o., 4o., 7o. fracción VIII, 16 y 17 del reglamento de esa ley.
"Para justificar sus defensas, ofreció como prueba de su parte, la documental ofrecida por la actora, consistente en la resolución impugnada; la constancia de su notificación, presuncional legal y humana, e instrumental pública de actuaciones.
"La accionante amplió la demanda instaurada en su contra, alegó la nulidad de la notificación del acto impugnado por no haberse hecho en los términos precisados en el escrito inicial de demanda, e insistió en su ilegalidad por considerar que no estaba fundado y motivado alegando los mismos argumentos, hechos valer en el citado escrito.
"La autoridad demandada contestó la ampliación de demanda, y alegó la improcedencia del juicio por no darse ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, causal de improcedencia que la autoridad responsable determinó se acreditó y sobreseyó en el juicio de acuerdo a los motivos y fundamentos que en la sentencia reclamada reprecisan.
"Establecido lo anterior, lo infundado de los conceptos de violación, es porque la sentencia cuestionada no viola en perjuicio de la impetrante lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la Sala Fiscal responsable correctamente decretó el sobreseimiento en el juicio fiscal.
"Lo anterior es así, en virtud de que el actor en ese juicio demandó la nulidad de la multa que le fue impuesta el dieciocho de septiembre de dos mil tres, identificada con el número 1475/2003 en cantidad de ********** y que se encuentra agregadas (sic) a foja 16 de los autos originales, de la que se advierte que la misma se impuso por lo siguiente: ‘... Con esta fecha se le impuso una multa de **********, equivalente a la cantidad de 150 veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que no comparecieron a la audiencia de conciliación señalada a las 13:30 horas del día 18 de septiembre de 2003, como lo establece el artículo (sic) 109 y 112 de la ley de la materia, no obstante de encontrarse debidamente notificado y apercibido para dicha eventualidad. Asimismo hago de su conocimiento el contenido del acuerdo de esta misma fecha, anexando copia simple de la mencionada diligencia consistente en 2 fojas útiles. Lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar ...’ (foja 16)
"De acuerdo a lo anterior, es claro que la multa impuesta a la recurrente, fue como medida de apremio de conformidad en lo dispuesto por el artículo 25, fracción II, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por no haber comparecido a la audiencia de conciliación que fue señalada para las 13:30 horas del día dieciocho de septiembre de dos mil tres, a que se refieren los artículos 109 y 112 de dicha ley, por lo que es obvió (sic), que la multa impuesta, por incumplimiento a los numerales antes señalados no fue por infringir una norma administrativa, lo que, para la procedencia del juicio fiscal exige el numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que establece: ‘Artículo 11. El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación ... fracción III. Las que impongan multas por infracciones a las normas administrativas federales.’; ya que si bien, la norma en que se apoyó la autoridad para imponer la multa, se encuentra en una ley federal como lo es la de protección al consumidor, no puede considerarse como a las multas por infracciones a las normas federales a que se refiere la fracción III del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues, como acertadamente lo señaló la autoridad responsable, la multa cuya nulidad se pidió, fue consecuencia de una desobediencia a un mandato de autoridad, mientras que el supuesto de la ley, se refiere a multas o sanciones impuestas por contravención a las leyes fiscales o administrativas.
"Esta diferenciación se aprecia claramente en los artículos 25 y 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues mientras en el primero de los numerales se establece la multa como medida de apremio, en el segundo artículo se establece: ‘Artículo 123. Para determinar el incumplimiento de esta ley y en su caso para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la procuraduría notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de diez días hábiles para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas, la procuraduría resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga. (Adicionado, D.O.F. 4 de febrero de 2004). Cuando la procuraduría detecte violaciones a Normas Oficiales Mexicanas e inicie el procedimiento a que se refiere este precepto en contra de un proveedor por la comercialización de bienes o productos que no cumplan con dichas normas, notificará también al fabricante, productor o importador de tales bienes o productos el inicio del procedimiento previsto en este artículo. La
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24748-2775fb0a/multa-impuesta-como-medida-de-apremio-con-fundamento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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