CARTA ROGATORIA. CUANDO SU TRAMITACIÓN SE SUSTENTA EN EL CONVENIO SOBRE LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL, RESULTA INAPLICABLE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA RELATIVA A ESA MATERIA.
AMPARO EN REVISIÓN 391/2012. 16 DE ABRIL DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. PONENTE: ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO. SECRETARIA: ARACELI ZAYAS ROLDÁN.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios en los que se combate la determinación en la que se concedió el amparo solicitado, son esencialmente fundados.
Señala medularmente el síndico recurrente, en los asertos identificados como segundo, tercero y cuarto, que en la sentencia combatida no se aplicaron los artículos 1o., 7o., 8o., 278 y 304 de la Ley de Concursos Mercantiles, que son los que rigen a los actos reclamados, al relacionarse con el procedimiento de quiebra extranjero.
Manifiesta que la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias es inaplicable, pues no se consideró que la carta rogatoria fue obsequiada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante oficio número 17645, de fecha diez de noviembre de dos mil cinco, autoridad que validó su legalidad, cumpliéndose con el Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial.
Que fue equívoco que se advirtiera una violación manifiesta de la ley, por la omisión en la comprobación y verificación de la legalidad de la carta rogatoria, debido a que está acreditado que la peticionaria de amparo sí fue debidamente llamada a juicio, a través del emplazamiento efectuado el catorce de diciembre de dos mil cinco.
Sigue diciendo que el resolutor federal, ni siquiera abordó el estudio de la diligencia de emplazamiento mencionada, cuando ese fue el acto procesal fundamental del que se dolió la quejosa, cometiendo una grave violación por no analizar dicho acto.
Establece que el Juez de Distrito se extralimitó al resolver el juicio constitucional, en la causa de pedir, ya que sólo se enfocó, para conceder la protección constitucional, en el auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil cinco, dictado por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, sin considerar que fue a través del oficio remitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien es la autoridad central autorizada por el Gobierno de México, que se verificó que la carta rogatoria y los documentos enviados, cumplen con los requisitos exigidos en la ley, sin que esto haya sido combatido en el juicio de amparo.
Indica que la carta rogatoria sí cumple con los requisitos establecidos en el Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, que fue con el que se le dio el trámite correspondiente.
Expone que contrario a lo establecido, en la diversa diligencia realizada el catorce de julio de dos mil ocho, en la que también se emplazó a la parte quejosa, sí se cumplieron con las formalidades establecidas en la ley, al verificar el diligenciario que se encontraba en el domicilio correcto, cerciorándose de ser el de la parte demandada, por manifestación expresa de quien dijo ser **********, persona con la cual entendió la diligencia, previo citatorio que se dejó a la sociedad quejosa, teniendo nuevamente la solicitante de amparo, a partir de ese momento, conocimiento del juicio seguido en su contra.
Que fue incorrecto que se determinara la ilegalidad de la notificación efectuada el catorce de julio de dos mil ocho, por asentarse en el acta correspondiente el nombre de **********, en lugar de **********, porque este argumento es insuficiente para considerar ilegal esa diligencia.
Refiere que el contrato de arrendamiento exhibido por la impetrante de garantías, no es idóneo para acreditar que no tuvo conocimiento del juicio que se siguió en su contra; asimismo, la cédula de identificación fiscal, las facturas y recibos telefónicos, son insuficientes para desvirtuar la fe pública del actuario.
En forma reiterada, manifiesta que debió tomarse en cuenta que está justificado en autos que la solicitante de amparo, sí tuvo pleno conocimiento del juicio seguido en su contra.
Los agravios expuestos, como ya se mencionó, son esencialmente fundados.
Ciertamente, del análisis integral de la demanda de amparo, transcrita en el considerando tercero de esta ejecutoria, se evidencia que sólo se señalaron como actos reclamados:
a) La falta o ilegal emplazamiento al juicio instaurado ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, División Houston, bajo el número 02-39553-H1-7, caso 04-3783, practicado dentro del expediente número 158/2005, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla.
b) El ilegal emplazamiento realizado al juicio extranjero en comento, el catorce de julio de dos mil ocho, a través del exhorto número 82/2008, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, derivado del incidente de reconocimiento de procedimiento extranjero número 206/2004, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
c) Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado en el juicio extranjero número 02-39553-H1-7, caso 04-3783; así como el requerimiento de pago efectuado el veintiuno de julio de dos mil once, dentro del precitado incidente de reconocimiento de procedimiento extranjero número 206/2004, a través del exhorto número 106/2011, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla.
De lo anterior se evidencia que, como lo refiere el síndico disconforme, fue incorrecto que el Juez Federal concediera la protección constitucional, sustentándose en la ilegalidad del acuerdo dictado el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, dentro del expediente número 158/2005, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, que se formó para desahogar la carta rogatoria remitida por la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos, Distrito Sur de Texas, División Houston, estableciendo que ese proveído no se encuentra ajustado a derecho, porque el Juez que lo radicó le correspondía verificar que dicha comunicación oficial cumpliera con los requisitos establecidos en la norma para su diligenciación.
En efecto, el impetrante de garantías manifestó que desconocía la existencia del caso en particular número 04-3783, relacionado con la quiebra número 02-39553-H1-7; combatiendo únicamente la falta o ilegal emplazamiento al mismo, y como consecuencia de lo anterior todo lo actuado en ese juicio; sin embargo, del estudio minucioso de la demanda de amparo, se obtiene que nunca se dolió de las actuaciones que precedieron a dicho emplazamiento.
Por tanto, fue ilegal que el resolutor federal de motu proprio, analizara actos que no fueron impugnados en ninguna forma por la parte quejosa cuando, además, ni siquiera formuló algún concepto de violación en el que argumentara que la carta rogatoria incumple con los requisitos establecidos en la ley, o en los que señalara que es al Juez exhortado a quien correspondía verificar los mismos.
Sin que sea óbice a lo anterior, que en una parte de los conceptos de violación, la quejosa indicara que el juzgado exhortado ni siquiera tenía competencia legal para el desahogo de la carta rogatoria, por corresponderle a un juzgado federal, en virtud de que esto fue parte de la explicación que la solicitante de amparo vertió, con el fin de acreditar la ilegalidad de la diligencia de emplazamiento, por lo que tal manifestación no puede llegar al extremo de constituir un acto reclamado si, además, no se expusieron razonamientos que se circunscribieran a la misma.
Además, es preciso puntualizar que esta determinación no desconoce que al emanar el emplazamiento de una carta rogatoria, es indispensable verificar que en su práctica se cumplan con los requisitos establecidos en la Convención internacional y, en su caso, en la legislación nacional que sean aplicables, porque esto sólo implica que se compruebe el cumplimiento de las reglas que se establecen para su diligenciación y la entrega de los documentos que ahí se determine, sin llegar al extremo de analizar las actuaciones en donde se ordenó que se practicara tal diligencia, cuando no fueron controvertidas por la quejosa.
Así es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, la impetrante de garantías deberá señalar en su demanda, la ley o actos que reclama de las autoridades responsables.
Luego, del artículo 76 Bis, fracción VI, del cuerpo normativo en cita, se obtiene que en materias como la civil, opera la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, cuando se advierta que ha habido en contra de la parte quejosa una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, como ocurre cuando se reclama la falta o ilegal emplazamiento a juicio, conforme a lo consignado en la jurisprudencia número P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 22, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón."
Bajo este contexto, la suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo preceptuado en el artículo en comento, consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró inobservados con el acto reclamado; sin embargo, tal suplencia no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que fueron señalados, como lo es la indicación del acto reclamado, ni menos examinar cuestiones que corresponde efectuar a una diversa autoridad (secretario de Relaciones Exteriores, a quien compete la validación de las cartas rogatorias para ser desahogadas en territorio nacional).
Esto acontece, porque la litis en el juicio de garantías se integra con la demanda, en su caso la ampliación de ésta, los informes justificados que rindan las autoridades responsables y las pruebas que ofrezcan las partes; por tanto, en atención al principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo abrogada, para que el Juez Federal lo observe, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio biinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juzgador y lo que es materia de la controversia.
En tales condiciones, si el juicio de amparo sólo se promovió por determinados actos reclamados, es ilegal que se haga un pronunciamiento respecto de otros que no fueron impugnados pues, de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que, inobservando el principio de instancia de parte agraviada, el órgano jurisdiccional federal analizara cuestiones o tópicos que no forman parte de la contienda constitucional.
En este tenor, también resulta ilegal que el Juez de Distrito abordara el estudio del acuerdo dictado el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, sustentándose en el incumplimiento a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional, cuando ésta, además, es inaplicable a dicho proveído.
Efectivamente, en el oficio número 17645, suscrito por la subdirectora de Auxilio Judicial Internacional, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Asistencia Internacional, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se determinó lo siguiente:
"Se acompaña al presente carta rogatoria librada por la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos, Distrito Sur de Texas, deducida del caso de bancarrota No. 02-39553-H1-7, promovido por **********, en contra de ********** sobre el particular, se considera que la rogatoria de mérito cumple con los requisitos legales establecidos en los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero del 2001) en virtud de lo siguiente: Que se trata de un asunto en materia civil, en virtud de que se solicita el emplazamiento a la parte demandada en conexión con una acción entablada en la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos, Distrito Sur de Texas; Que dicha carta rogatoria fue presentada ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien es la autoridad central designada por el Gobierno de México para la recepción de las peticiones de notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales provenientes de otros Estados Parte; Que la petición se presenta conforme a la fórmula modelo que establece el Convenio sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, sin que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga; Que los documentos enviados se encuentran acompañados con su debida traducción al idioma español; Que a la petición se acompaña copia del documento judicial en doble ejemplar: Dado lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 5 del Convenio sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, 28, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14, fracción VI y 34, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito a usted que de encontrarla ajustada a derecho, la remita al Juez que corresponda en ese Estado, a fin de que se acuerde su despacho y se practique la diligencia solicitada consistente en notificar a la empresa **********, con domicilio en Av. **********, Puebla, Puebla, el contenido de los documentos que se acompañan al presente, haciendo de su conocimiento que deberá presentar una moción o responder a la querella ante el oficial de la Corte exhortante, dentro de los 30 días después de la fecha de emisión de la citación, con el apercibimiento decretado en la rogatoria que nos ocupa. Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en la declaración formulada por México al artículo 6 del instrumento internacional en cita, el juzgado que tenga conocimiento de la rogatoria que se envía, será el encargado de expedir una certificación conforme a la fórmula modelo que se anexa, en la que debe hacerse constar: la forma, lugar y fecha del cumplimiento, así como la persona a la que el documento haya sido remitido o, en su caso, los motivos por los cuales no se pudo llevar a cabo la notificación solicitada. Una vez efectuada la diligencia, le agradeceré remitir a la brevedad a esta área jurídica las constancias de lo actuado y el original del documento exhortatorio para proceder a su devolución a la autoridad requirente." -lo destacado es de este tribunal- (fojas 7 y 8 del anexo dos, expediente 158/2005, guardado en la caja de valores).
De lo anterior se obtiene que la solicitud para diligenciar la carta rogatoria, a fin de emplazar a **********, se sustentó en el Convenio sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil uno que, en lo conducente establece:
"Declaraciones. I. En relación con el artículo 2, el Gobierno de México designa a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores como Autoridad Central para la recepción de las peticiones de notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales provenientes de otros Estados Parte, quien remitirá a la autoridad judicial competente para su diligenciación."
"Artículo 1. El presente convenio se aplica, en materia civil o comercial, a todos los casos en que un documento judicial o extrajudicial deba ser remitido al extranjero para su notificación o traslado. El convenio no se aplicará cuando la dirección del destinatario del documento sea desconocida."
"Capítulo I. Documentos judiciales. Artículo 2. Cada Estado contratante designará una autoridad central que asuma, conforme a los artículos 3 a 6, la función de recibir las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante y darles curso ulterior. Cada Estado organizará la autoridad central de conformidad a su propia ley."
"Artículo 3. La autoridad o el funcionario ministerial o judicial competente según las leyes del Estado de origen dirigirá a la autoridad central del Estado requerido una petición conforme a la fórmula modelo anexa al presente convenio, sin que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga. La petición deberá acompañarse del documento judicial o de su copia, todo en doble ejemplar."
"Artículo 4. Si la autoridad central estima que las disposiciones del convenio no han sido respetadas, informará inmediatamente al requirente precisando sus objeciones contra la petición."
"Artículo 5. La autoridad central del Estado requerido procederá u ordenará proceder a la notificación o traslado del documento: a) ya según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que se destinen a personas que se encuentren en su territorio; b) ya según la forma particular solicitada por el requirente, siempre que no resulte incompatible con la ley del Estado requerido. Salvo en el caso previsto en el párrafo primero, letra b), el documento podrá entregarse siempre al destinatario que lo acepte voluntariamente. Si el documento debe ser objeto de comunicación o traslado conforme al párrafo primero, la autoridad central podrá solicitar que el documento sea redactado o traducido a la lengua o a una de las lenguas oficiales de su país. La parte de la solicitud que, conforme a la fórmula modelo anexa al presente convenio, contiene los elementos esenciales del documento se remitirá al destinatario."
De ahí que, si la solicitud de emplazamiento se sustentó en el referido convenio, éste es el que resulta aplicable para la validación de los requisitos de la carta rogatoria, evidenciándose que es a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien le corresponde verificar que las solicitudes cumplen con los requerimientos ahí previstos, al haberse designado como autoridad central.
Sumado a lo expuesto, de la demanda que se notificó al solicitante de amparo, que se encuentra dentro del expediente número 158/2005, se desprende que el juicio al que se le emplazó es de naturaleza comercial, en tanto se indicó lo siguiente:
"... caso No 02-39553-H1-7. Juicio contencioso No. 04-3783. ... comparece ahora el Sr. **********, en calidad de síndico liquidor (sic) ... de la propiedad de ********** ... y presenta esta demanda en contra de **********. ... A. Cuestión Federal. 1. Este procedimiento contencioso está relacionado con los casos de quiebra a que se hace referencia más arriba ... 3. Los fundamentos de la demanda del síndico liquidor (sic) surgen de inversiones en los Estados Unidos de Norteamérica y reembolsos provenientes de operaciones comerciales en los Estados Unidos ..." (fojas 12 y 13 del anexo dos, expediente 158/2005, guardado en la caja de valores).
Por tanto, si el juicio seguido en el extranjero en contra de la persona moral quejosa, es de naturaleza comercial, es inconcuso que sí cobra aplicación el Convenio sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, al regir sobre dichos actos; sin que sea aplicable la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional, como lo sostuvo el resolutor federal, en virtud de que, atendiendo al principio de derecho donde se establece que la ley especial prevalece sobre la general, se llega a la conclusión de que el primero de los convenios citados es el que debe regir, porque se particulariza sobre las materias civil y comercial, mientras que el segundo de los nombrados es de carácter general al regir sobre los exhortos y cartas rogatorias.
En este ámbito, asiste razón al síndico inconforme, cuando afirma que también fue desacertado que se concediera la protección constitucional, respecto de los diversos actos que se reclamaron, consistentes en el diverso emplazamiento ordenado en el incidente de reconocimiento de procedimiento extranjero 206/2004, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que se llevó a cabo el catorce de julio de dos mil ocho, dentro del exhorto número 82/2008, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla; y, el requerimiento de pago efectuado en dicha incidencia, el veintiuno de julio de dos mil once, a través del exhorto 106/2011, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla.
Ciertamente, con independencia de lo acertado o no de las razones expuestas por el resolutor federal, para conceder la protección constitucional solicitada por dichos actos, lo cierto es que, por cuestión de técnica, primero debió analizarse el emplazamiento realizado el catorce de diciembre de dos mil cinco, pues como lo sostiene el recurrente, éste es el punto de partida para determinar si la quejosa tuvo o no conocimiento del juicio instaurado en su contra, ya que el segundo emplazamiento, realizado el catorce de julio de dos mil ocho, y el requerimiento de pago, efectuado el veintiuno de julio de dos mil once, dependen de la legalidad de aquella primera notificación, sin que así se hubiere realizado.
Para determinar lo anterior, es conveniente señalar que del incidente de reconocimiento de procedimiento extranjero, se advierte que, mediante acuerdo de fecha cinco de febrero de dos mil ocho (fojas 521 a 525 del juicio de amparo), a efecto de ejecutar la sentencia dictada en la quiebra número 02-39553-H1-7, se ordenó emplazar a los deudores de la quebrada a los casos particulares que a cada uno les siguieron, con el fin de que comparecieran ante el tribunal extranjero a deducir sus derechos.
Entre las personas a notificar está la solicitante de amparo a la cual, en el proveído citado, se le identificó con el número de caso 04-3868, sin embargo, de los documentos que ofreció la parte quejosa como prueba, apostillados el treinta de septiembre de dos mil once, se evidencia que por un error mecanográfico se le identificó con ese número de caso, ya que el correcto es el 04-3783.
La notificación que se ordenó, fue la practicada el catorce de julio de dos mil ocho, dentro del exhorto número 82/2008, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, que constituye uno de los actos reclamados.
Asimismo, de la solicitud relativa al requerimiento de pago que se hizo a la parte quejosa, el veintiuno de julio de dos mil once, se desprende que éste fue para que se cubriera la cantidad adeudada en el caso particular número 04-3783 (fojas 290 y 291 del anexo IV del juicio de amparo).
Como puede verse, el emplazamiento realizado el catorce de julio de dos mil ocho, y el requerimiento de pago efectuado el veintiuno de julio de dos mil once, derivan del caso número 04-3783, que se siguió en el extranjero en contra de la solicitante de amparo, el cual sólo se encuentra relacionado con el juicio de quiebra 02-39553-H1-7, por ser uno de los deudores de la quebrada, empero a la quejosa no se le emplazó dentro del incidente de reconocimiento de procedimiento extranjero, ni a la quiebra.
Por tanto, si la peticionaria de amparo impugnó, el primer emplazamiento que se le hizo al juicio número 04-3783, el día catorce de diciembre de dos mil cinco, entonces debió estudiarse esta notificación, pues a partir de ésta se determina si la quejosa tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio de origen y, con base en esto, se puede emitir un pronunciamiento respecto de las subsecuentes notificaciones que se impugnaron.
Consecuentemente, al haber resultado esencialmente fundados los agravios hechos valer por el síndico recurrente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar el fallo sujeto a revisión y estudiar los conceptos de violación esgrimidos por la impetrante de garantías, relacionados con la falta o ilegal emplazamiento practicado el catorce de diciembre de dos mil cinco, al caso número 04-3783, relacionado con el juicio de quiebra 02-39553-H1-7, dentro del expediente número 158/2005, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, ya que el Juez Federal omitió su estudio.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 113/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 344, Tomo XXVI, julio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:
"REVISIÓN EN AMPARO. CUANDO EL ÓRGANO REVISOR CONSIDERA FUNDADOS LOS AGRAVIOS Y REVOCA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, DEBE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUYO ESTUDIO OMITIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, SIN IMPORTAR QUIÉN INTERPONGA EL RECURSO. El artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo no contiene distinción en el sentido de que la procedencia del análisis de los conceptos de violación de cuyo estudio no se hizo cargo el juez federal al dictar la sentencia, sólo se realice dependiendo de quién sea el recurrente. Lejos de ello, el numeral en comento contiene la regla general de que cuando los agravios se estimen fundados, el órgano revisor deberá considerar los conceptos de violación no examinados, hipótesis que puede actualizarse sin importar quién interponga el recurso; la parte quejosa cuando se le niega el amparo y se inconforma con la sentencia del a quo porque habiendo propuesto varios conceptos contra los actos reclamados, no todos son estudiados; y las partes restantes, esto es, las autoridades responsables o la parte tercero perjudicada, cuando al combatir la sentencia de amparo, los motivos de inconformidad se consideren fundados, pero existen conceptos de violación no examinados, de manera que, en una y otra hipótesis subsiste la obligación del órgano revisor de examinar esos conceptos cuyo estudio no realizó el juzgador, de donde se puede concluir válidamente que el fin de la norma citada sea que se dirima la litis constitucional. Esto último es así porque la falta de examen de los conceptos de violación en revisión implica dejar abierta la litis y también dejar en estado de indefensión al quejoso que ejerció la acción constitucional en contra de diversas autoridades por distintos actos específicos, ya sea de naturaleza legislativa o bien, actos de aplicación, toda vez que en estos casos debe subsanarse oficiosamente la omisión del órgano de primera instancia, que deriva de la circunstancia de que se estimaron fundados los agravios de la recurrente contra las consideraciones que se ocuparon únicamente de algún concepto de violación y no se hizo pronunciamiento expreso sobre otros. Por tanto, en casos como éste, cuando el tribunal revisor estima fundados los agravios hechos valer contra la sentencia recurrida, asume toda la jurisdicción del a quo y por ello está obligado a resolver el planteamiento tomando en consideración los conceptos de violación omitidos por el inferior."
SÉPTIMO. Los conceptos de violación vertidos en el juicio de amparo en relación con la falta o ilegal emplazamiento practicado el catorce de diciembre de dos mil cinco, al juicio número 02-39553-H1-7, caso 04-3783, dentro del expediente número 158/2005, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, son infundados en parte e inoperantes en lo demás.
Manifiesta la solicitante de amparo que, se violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no fue emplazada al juicio de origen.
Que el diligenciario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, al momento de notificar la carta rogatoria, dentro del expediente número 158/2005, inobservó lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 11 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, así como lo establecido en nuestra legislación con relación al emplazamiento.
Sigue diciendo que, el Código de Comercio no tiene una reglamentación específica para el emplazamiento, siendo por ende, aplicable lo dispuesto en los artículos 309 a 312, 317 y 318 de la ley adjetiva civil federal, de los cuales se desprende, en relación con los diversos 57, 58 y 73 del C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24803-175c111d/carta-rogatoria-cuando-su-tramitacion-se-sustenta-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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