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Modo: Corpus Pro

INFONAVIT. POR SU CONDUCTO CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, AUN CUANDO EL DERECHO A EXIGIRLA HAYA NACIDO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ENERO DE 2012 (APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 612/2013 (CUADERNO AUXILIAR 915/2013). · Registro digital (IUS): 24844
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-02-14
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Pág. 1923.

AMPARO DIRECTO 612/2013 (CUADERNO AUXILIAR 915/2013). 17 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS CÉSAR MORALES ORTIZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 42, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIO: RAÚL DÍAZ VILLARREAL.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Análisis de los conceptos de violación.

La Afore quejosa manifiesta que la Junta transgredió en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el principio de jerarquía normativa previsto en el numeral 133 de la Constitución, en relación con los dispositivos 217 de la Ley de Amparo, 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que, no obstante existir jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable omitió aplicar las jurisprudencias números 2a./J. 185/2008 y 2a./J. 148/2007, sustentadas por la Segunda Sala de dicho tribunal, de las que se desprende que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes se les otorga una jubilación por años de servicio derivada del Régimen de Jubilaciones y Pensiones establecido en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, únicamente tienen derecho a disponer de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro "92" y vivienda "92".

Aduce que los recursos acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, incluida la cuota social, por formar parte aquéllos del régimen financiero, se deben transferir al Gobierno Federal para el financiamiento de las jubilaciones o pensiones derivadas del citado Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, como es el caso de la jubilación por años de servicio que perciben los actores terceros perjudicados.

Afirma que la autoridad responsable debió aplicar las citadas jurisprudencias, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo y, por ende, absolverle de reintegrar los recursos acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez (en los que se incluye la cuota social y estatal, de conformidad con los artículos 167 y 168 de la Ley del Seguro Social), ya que esos recursos se destinan al financiamiento de las jubilaciones o pensiones.

Los anteriores argumentos sintetizados son fundados.

Asiste razón a la peticionaria de amparo por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán.

Los actores, respecto de quienes se emitió condena a favor, a cargo de la Afore quejosa, adujeron en su demanda natural lo siguiente:

- ********** precisó que a partir del uno de junio de dos mil ocho, fue jubilada por años de servicio.

- **********, gozaba de una pensión por invalidez a partir del veintisiete de junio de dos mil uno.

- **********, jubilación por años de servicio a partir del dieciséis de febrero de dos mil dos.

- **********, pensión por edad avanzada con efectos a partir del uno de enero de dos mil ocho.

- ********** fue jubilada por años de servicio a partir del dieciséis de febrero de dos mil siete.

Fundándose en los términos establecidos en el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones, incorporado al contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social; lo cual así demostraron con las pruebas conducentes (visibles a fojas trescientos treinta y cuatro a cuatrocientos siete), incluso, así fue reconocido por el citado instituto.

Al ser esto así, como lo señala la inconforme, dichos demandantes no tienen derecho a que se le devuelvan los rubros de cesantía en edad avanzada y vejez.

Lo anterior, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de conformidad con el Régimen de Jubilaciones y Pensiones derivado del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, la jubilación por años de servicio se otorga a los trabajadores en su doble carácter de asegurados y trabajadores del instituto, y su cuantía se integra con el importe de la pensión de vejez que se cubre en términos de la Ley del Seguro Social, mientras el complemento, conforme lo establece el propio régimen, de lo que deriva que la jubilación es una prestación de carácter contractual, únicamente por lo que se refiere a dicho complemento y, por ende, los recursos relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez acumulados en la cuenta individual de dichos trabajadores, deben aplicarse para pagar la pensión de jubilación hasta por el monto que corresponda a la aludida pensión de vejez, la cual debe cubrirse por el Gobierno Federal, en términos del artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social, quedando a cargo del instituto pagar, en su carácter de patrón, únicamente la diferencia entre dicho monto y el que resulte conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

En la ejecutoria respectiva literalmente se lee:

"Es corolario de lo antes expuesto que tratándose de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se jubilen por años de servicio conforme a su Régimen de Jubilaciones y Pensiones, con independencia de la fecha en que ello acontezca, no tienen derecho a que se les devuelvan los recursos acumulados relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez, toda vez que éstos se aplican para cubrir la pensión respectiva, hasta por el monto que resulte de la pensión de vejez, conforme a la Ley del Seguro Social, incluyendo asignaciones familiares y/o ayudas asistenciales, el cual debe pagarse por la entidad financiera que elija el trabajador para la contratación de su renta vitalicia, o en su caso, por el Gobierno Federal (si fue contratado con anterioridad al primero de julio de mil novecientos noventa y siete y optó por el régimen de la Ley del Seguro Social abrogada), en la inteligencia de que el diferencial entre dicho monto y el que resulte de acuerdo al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, debe cubrirse por el instituto en su carácter de patrón, con cargo a la subcuenta del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales, que corresponda atendiendo a la categoría del trabajador y a la fecha en que fue contratado."

Así se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 185/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (una de las que cita la inconforme), consultable en la página 277 del Tomo XXVIII, diciembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL. De conformidad con el Régimen de Jubilaciones y Pensiones derivado del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, la jubilación por años de servicio se otorga a los trabajadores en su doble carácter de asegurados y trabajadores del instituto, y su cuantía se integra con el importe de la pensión de vejez que se cubre en términos de la Ley del Seguro Social, mientras el complemento conforme establece el propio régimen, de lo que deriva que la jubilación es una prestación de carácter contractual, únicamente por lo que se refiere a dicho complemento y, por ende, los recursos relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez acumulados en la cuenta individual de dichos trabajadores, deben aplicarse para pagar la pensión de jubilación hasta por el monto que corresponda a la aludida pensión de vejez, la cual debe cubrirse por el Gobierno Federal en términos del artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social, quedando a cargo del instituto pagar, en su carácter de patrón, únicamente la diferencia entre dicho monto y el que resulte conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Por ello, aun cuando el artículo 190 de la Ley del Seguro Social en vigor establece que los trabajadores que tengan derecho a gozar de una pensión proveniente de un plan establecido por su patrón o derivado de un contrato colectivo de trabajo, autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tendrán derecho a disponer de los recursos acumulados en su cuenta individual en una sola exhibición, incluyendo los relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez; no debe soslayarse que el artículo 24 del citado ordenamiento legal autoriza a los patrones a descontar del importe de las prestaciones que debe cubrir, la cuantía correspondiente a las de la misma naturaleza que deben otorgarse conforme a la ley, motivo por el cual, la devolución de los recursos de que se habla está condicionada a que los mismos no se apliquen para pagar la pensión de que se trata, lo que en el caso, no sucede. Correlativamente, el hecho de que conforme a lo dispuesto en el artículo 286 K de la Ley del Seguro Social en vigor a partir del 12 de agosto de 2004, el instituto no puede destinar recursos provenientes de las cuotas y aportaciones de seguridad social para financiar la Cuenta Especial para el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, no implica que los trabajadores del instituto que se jubilen con posterioridad a esa fecha tengan derecho a que se les devuelvan los recursos acumulados en la subcuenta de cesantía y vejez de su cuenta individual, pues con independencia de la fecha en que ello acontezca, tales recursos se aplican para el pago de la pensión respectiva en los términos antes apuntados. Lo anterior en la inteligencia de que respecto de los trabajadores que ingresen a laborar al instituto una vez terminado el proceso de contratación pactado en el Convenio celebrado entre éste y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social el 14 de octubre de 2004, se establece un nuevo esquema de jubilaciones y pensiones conforme a la Ley del Seguro Social, donde se incluyen aportaciones adicionales que aquéllos realicen (una inicial del 7% del salario base consignado en el RJP que se incrementará en un punto porcentual cada año hasta llegar al 15%, otra del mismo porcentaje del fondo de ahorro que anualmente les paga el instituto y otra del 25% de los incentivos que obtengan conforme al programa acordado por el instituto y su sindicato), las cuales se depositarán en la subcuenta de ‘aportaciones complementarias de retiro’ y tendrán por objeto mejorar sus condiciones de retiro, ya que al cumplir los requisitos legales para jubilarse o pensionarse, podrán disponer de los recursos acumulados en dicha subcuenta para incrementar el monto de su pensión (que se cubrirá con los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez), o bien, retirarlos en una sola exhibición."

No se soslaya la jurisprudencia 2a./J. 58/2009, también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 194 del Tomo XXIX, mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CON LOS BENEFICIOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE RETIRO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV 97). De los artículos décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de julio de 1997, y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como de la exposición de motivos de la reforma a este último publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002, se advierte que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se jubilen por años de servicio, en términos del Plan de Pensiones establecido en el contrato colectivo de trabajo, al amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienen derecho a la devolución de los recursos acumulados en el rubro de retiro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV 97), en razón de que el seguro de retiro fue expresamente creado para que el trabajador lo utilice cuando más lo necesite, lo que puede coincidir con el desempleo, la incapacidad o el retiro; máxime que el monto de la pensión por jubilación por años de servicio no se financia con lo acumulado en el rubro de retiro, sino que se obtiene del monto que resulte de la pensión por vejez, sin requisito de edad, incluyendo asignaciones familiares y/o ayudas asistenciales."

Sin embargo, lo que dicho criterio vinculante sostiene es que los trabajadores tienen derecho a la devolución de los recursos relativos al rubro de retiro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no respecto de estos dos últimos rubros (cesantía en edad avanzada y vejez).

Por tanto, subsiste el criterio de que, tratándose de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se jubilen por años de servicio conforme a su Régimen de Jubilaciones y Pensiones, con independencia de la fecha en que ello acontezca, no tienen derecho a que se les devuelvan los recursos acumulados relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez.

Lo que se refuerza con la jurisprudencia 2a./J. 91/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 405 del Tomo XXXIV, julio de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CUOTA SOCIAL. ES IMPROCEDENTE SU ENTREGA AL TRABAJADOR, AL RECIBIR UNA PENSIÓN DERIVADA DEL PLAN DE PENSIONES COMPLEMENTARIO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PREVISTO EN UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA (CONTRATOS COLECTIVOS DEL IMSS Y DE TELMEX). Toda vez que las pensiones otorgadas por los contratos colectivos de trabajo tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como de la empresa Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., son complementarias a las previstas por la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 y, en consecuencia, el financiamiento de la parte legal que corresponde corre a cargo del Gobierno Federal, conforme al artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, es improcedente la entrega al asegurado de cualquier cantidad distinta del rubro de retiro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de la cuenta individual, por así preverlo los artículos décimo tercero transitorio de esta última y 183-O de la ley derogada y, por ende, de la cantidad que por cuota social se encuentre en dicha subcuenta; sin que por las mismas razones pueda ser aplicable el artículo 190 de la actual Ley del Seguro Social, pues éste solamente se encuentra previsto para el sistema pensionario de contribución del régimen de la Ley del Seguro Social vigente."

Consecuentemente, la violación cometida al respecto por la Junta responsable debe repararse en su oportunidad.

Por otra parte, la quejosa señala que el laudo reclamado es inconstitucional, toda vez que no debe ser ella quien pague los recursos de la subcuenta de vivienda a los terceros perjudicados, en virtud de que el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuya reforma entró en vigor el trece de enero de dos mil doce, establece que a partir de dicha fecha debe ser el citado instituto quien entregue tales recursos, por lo que jurídica y operativamente la transferencia ordenada no puede tener lugar.

Es fundado el anterior motivo de disenso sintetizado.

El citado artículo octavo transitorio reformado dispone:

"Octavo. Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos serán entregados en una sola exhibición en los mismos términos y condiciones a los establecidos en el párrafo anterior. En el caso de los trabajadores que con anterioridad a la entrada en vigor del presente artículo, hubieren demandado la entrega de las aportaciones a que se refiere el párrafo anterior y que hubieren obtenido resolución firme a su favor que aún no hubiere sido ejecutoriada o cuyo juicio aún se encuentre en trámite y se desistan del mismo, dichas aportaciones y sus rendimientos, generados hasta el momento de su traspaso al Gobierno Federal, les deberán ser entregadas en una sola exhibición. En el caso de los trabajadores que se hayan beneficiado del régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 durante el periodo que va del primero de julio de 1997 a la fecha en la que entre en vigor el presente artículo, incluyendo aquellos que hayan demandado la entrega de los recursos y hayan recibido resolución en su contra, deberán ser identificados y recibir los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos, en un máximo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del presente artículo transitorio, conforme a los procedimientos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general, que deberá expedir en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente artículo. La entrega a los trabajadores de los fondos a que se refiere este artículo deberá realizarse a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; para efectos del párrafo tercero y cuarto de este artículo transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al instituto los recursos correspondientes."

De los párrafos segundo y último del precepto legal invocado, se aprecia que los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda, a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete y sus rendimientos serán entregados en una sola exhibición en los mismos términos.

Además, que tales aportaciones y sus rendimientos, generados hasta el momento de su traspaso al Gobierno Federal, deberán ser entregadas en una sola exhibición, la cual se realizará a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregar al instituto los recursos correspondientes.

Con base en la referida disposición normativa aplicada de manera retroactiva, le asiste razón a la parte quejosa en cuanto afirma que el ente obligado a realizar la entrega correspondiente de dichos recursos es el propio Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y no la Afore, como lo ordenó la responsable.

Al efecto, es conveniente analizar las características de la aplicación retroactiva de las normas, que prohíbe el artículo 14 constitucional, en la parte que establece: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".

La irretroactividad consiste en que las disposiciones contenidas en leyes no se deben aplicar hacia el pasado, afectando hechos que se dieron antes de su vigencia. A este problema se le conoce también como conflicto de leyes en el tiempo.

Ahora bien, debe considerarse que las garantías individuales constituyen un límite para el ejercicio de las facultades de las autoridades estatales en sus diversas funciones lo que, desde luego, incluye las legislativas.

El artículo 14 constitucional, al establecer que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, limita las facultades señaladas, primordialmente, en cuanto a los perjuicios que se puedan provocar con la aplicación de una ley, a actos que tuvieron verificativo con anterioridad a su vigencia.

Este principio, que es claro cuando se trata de actos que tienen una realización inmediata, se presenta de una manera diversa cuando existe un conflicto de leyes en el tiempo, al dirigirse a actos que no se concretizan en un solo momento.

Es entonces, en los actos complejos cuya realización consta de varias etapas, respecto de los cuales se puede dar el conflicto de regulación, en tanto que debe precisarse cuál de las normas (la vigente al momento de realizarse el hecho originario o la vigente en el momento de concretarse) debe aplicarse.

La base fundamental de la prohibición que establece el artículo 14 constitucional radica en que la regulación por parte del Estado, de la actuación de los individuos, a través de las leyes y de su aplicación, debe dirigirse a los hechos ocurridos durante su vigencia y no aplicarse en perjuicio de persona alguna.

Con base en este principio, debe considerarse que si la posición jurídica en que se encuentra un particular, en igualdad de circunstancias que otro, pero en una etapa distinta de realización del mismo acto, le permite beneficiarse de una regulación nueva en esa materia, debe entenderse que la aplicación de ésta no atenta contra los principios de seguridad jurídica que consagra el mencionado artículo 14 constitucional, pues no se actualiza el perjuicio a que se refiere dicho precepto, como elemento de la prohibición.

En la especie, del laudo reclamado (emitido el treinta y uno de enero de dos mil trece) se advierte que se condenó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a transferir a la Afore quejosa los recursos generados en la subcuenta de vivienda "92" y/o "97", para que una vez hecha dicha transferencia la citada Afore se los entregue a los ahora terceros perjudicados **********, ********** y **********.

Así las cosas, en estricto sentido no procedería la devolución del recurso respectivo por conducto del propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con base en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce (vigente a partir del día siguiente), en el que se reformó el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en los términos antes precisados, ya que éste inició su vigencia con posterioridad a la fecha en que se generó el derecho para la citada devolución.

Sin embargo, habida cuenta que la reforma del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, resulta en beneficio de las partes contendientes en el juicio de origen, en cuanto se refiere al ente encargado de realizar la devolución de las cantidades que obren en la subcuenta de vivienda, resulta aplicable de manera retroactiva.

Así es, como quedó precisado, en el reformado artículo octavo transitorio existe disposición expresa en el sentido de que la devolución correspondiente se encuentra a cargo del mismo instituto; circunstancia que resulta en beneficio de las partes intervinientes en el juicio de origen, pues en lo que respecta a los ahora tercero perjudicados mencionados, la devolución se tornará más expedita, pues obligar al instituto que remita los recursos a la Afore, para que ésta, a su vez, realice la devolución correspondiente, se traduce en trámites ociosos que sólo redundarían en el retraso del cumplimiento del laudo.

Además, tal forma de resolver no le causa perjuicio al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues ya sea a través de la Afore demandada o de manera directa, subsiste su obligación de realizar la devolución de los recursos correspondientes al trabajador.

Por el contrario, se estima que la aplicación retroactiva del artículo octavo transitorio es en beneficio también del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Afore demandados, pues obligar a que realicen la devolución de los montos de referencia de manera coordinada, implicaría invertir mayores recursos humanos y económicos, ante la exigencia de mayores trámites burocráticos para el cumplimiento del laudo decretado.

Además, de la exposición de motivos del referido artículo octavo transitorio se advierte que la citada reforma obedeció, entre otros factores, a la necesidad de que los trabajadores reciban a la mayor brevedad los recursos de su subcuenta de vivienda que no hayan sido aplicados a un crédito; pues al respecto se lee:

"Con la reforma que se propone se garantiza sin duda el derecho de los trabajadores a recibir con la mayor brevedad los recursos de su subcuenta de vivienda que no hayan sido aplicados a un crédito y a su vez se disminuirán los costos y erogaciones judiciales a los trabajadores y al instituto, permitiéndole destinar mayores recursos en beneficio del trabajador."

No pasa desaperciba la jurisprudencia 2a./J. 15/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 464 del Tomo XXIX, febrero de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.-Conforme al artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuentas individuales de los trabajadores se integran por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vivienda, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro. Por otra parte, el artículo 123, apartado A, fracción XII, primer y segundo párrafos, de la Constitución General dispone que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es el encargado de administrar los recursos depositados en dicho fondo y, en consecuencia, es quien administra los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda. Por tanto, cuando un particular reclame de la empresa administradora de fondos la devolución del saldo de la misma, dicho instituto debe hacer la transferencia correspondiente a la referida subcuenta, a efecto de que tales recursos, cuando proceda, puedan entregarse al trabajador o, en su caso, a sus beneficiarios."

Sin embargo, se estima que en la especie no resulta aplicable dicho criterio jurisprudencial, habida cuenta que el mismo se emitió con antelación a la reforma del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce) que ahora se aplica de manera retroactiva y, en el cual, como quedó precisado, existe disposición expresa en el sentido de que la devolución correspondiente se encuentra a cargo del mismo instituto.

Efectos de la sentencia protectora.

En consecuencia, en las relatadas circunstancias, en apego a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado y restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos siguientes:

a. La Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado.

b. Dicte otro en el que, reiterando lo que no es materia de concesión, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria:

1. Con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, absuelva a la Afore quejosa de devolver a *********, **********, **********, ********** y ********** los recursos generados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez.

2. Conforme al aludido artículo octavo transitorio reformado, determine que corresponde al propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la entrega de los recursos de vivienda respectivos (de los que habla ese numeral) constituidos en la cuenta individual de **********, ********** y **********.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, antes **********, contra el acto reclamado y la autoridad, precisado y señalada en el resultando primero de la presente sentencia, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.

Devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito de este Centro Auxiliar, a los que acompañe el medio de almacenamiento electrónico que contenga esta resolución, a fin de que dicho tribunal proceda a notificar la sentencia a las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 54/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 53/2011.

Agréguese copia certificada de esta resolución al expediente auxiliar, hágase el registro en el libro electrónico correspondiente y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24844-4ddc5dc1/infonavit-por-su-conducto-corresponde-la-devolucion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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