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Modo: Corpus Pro

AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI EN EL PRINCIPAL SE NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Y SE DEJÓ INTOCADO EL ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 995/2013. · Registro digital (IUS): 24865
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-02-21
Promovente: EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Pág. 1841.

AMPARO DIRECTO 995/2013. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ. 24 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CAROLINA PICHARDO BLAKE. SECRETARIA: TERESA DE JESÚS CASTILLO ESTRADA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El estudio de los conceptos de violación, que se hace de manera conjunta por la relación que tienen entre sí, conduce a determinar lo siguiente.

El quejoso alega, en esencia, que la autoridad responsable infringió sus derechos fundamentales, ya que omitió considerar que las Administradoras de Fondos para el Retiro y las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) se sujetan a las reglas expedidas por la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) para la disposición y transferencia de los recursos depositados en las cuentas individuales de los trabajadores, en específico la circular Consar 31-5.

Además, aduce que la autoridad responsable vulnera sus garantías constitucionales, toda vez que se abstuvo de considerar que al dar contestación a la demanda, la Afore Bancomer, S.A. de C.V., reconoció que el actor se encuentra pensionado por jubilación en un plan privado de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que dicha jubilación se encuentre integrada por alguna prestación derivada de la Ley del Seguro Social, por lo que al ubicarse en los supuestos del artículo 190 de dicha ley, en atención a que ordena que cuando el trabajador ha sido jubilado en un plan privado de pensiones derivado de la contratación colectiva, puede solicitar la entrega de los recursos en una sola exhibición, como fue su voluntad en la demanda, por ello, la Junta, indebidamente, absolvió de las prestaciones reclamadas aun cuando la propia Afore hizo suya la manifestación del quejoso en el sentido de que se encuentra jubilado por los servicios prestados al instituto citado, derivado de la contratación colectiva.

Así mismo, acusa que la Junta emitió una resolución carente de fundamentación y motivación, toda vez que omitió considerar que de las pruebas ofrecidas por los codemandados Afore Bancomer, S.A. de C.V., e Instituto Mexicano del Seguro Social, no se acreditó que en la jubilación del ahora quejoso se integraran prestaciones del ramo de vejez y cesantía en edad avanzada de la Ley del Seguro Social y, en cambio, quedó probado que percibe una jubilación derivada de la contratación colectiva, por lo que con la consideración de la Junta de que dicha jubilación se encuentra sustentada económicamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social como órgano asegurador o por el Gobierno Federal, dictó un laudo incongruente, alejado de la litis y de los elementos de prueba aportados por las partes; por tanto, al analizar las pruebas de las partes, la responsable debió concluir que los terceros perjudicados con ninguna de sus pruebas demostraron los extremos de sus excepciones y defensas y menos aún justificaron la transferencia de recursos al Gobierno Federal.

Alega también el quejoso, que la Junta responsable infringió sus derechos fundamentales, toda vez que se abstuvo de considerar que al dar contestación a la demanda, la Afore demandada reconoció que el ahora quejoso se encuentra pensionado bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, por lo que no contratará pensión vitalicia alguna, por lo que debió condenar al pago de la totalidad de los recursos que integran su cuenta individual, y omitió considerar que el seguro obligatorio se integra ante la existencia de una relación de trabajo que obliga al patrón a inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social y lleva la obligación de enterar las cuotas obrero patronales que la ley prevé, por lo que las cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, son depositadas en la cuenta individual por el indicado instituto y, con ello, transfiere su propiedad al trabajador, último que sólo podrá disponer de ellos cuando se cumplan los supuestos para que nazca el derecho a obtener una pensión y podrá solicitar la entrega de los recursos de su propiedad para contratar un seguro de renta vitalicia o la devolución de la totalidad de los recursos que integran su cuenta individual.

Los anteriores argumentos son infundados, en atención a las siguientes razones:

Del escrito inicial de demanda se observa, en la parte que interesa, que el actor Edilberto Domínguez Álvarez, reclamó de Afore Bancomer, S.A. de C.V., la entrega total de los fondos de su cuenta individual, tomando en cuenta los movimientos de su cuenta individual por el periodo del 2012-01-02, por retiro SAR 92-97 IMSS 73,418.73; retiro (régimen 97) 113,992.74; cesantía en edad avanzada y vejez 253,009.06, cuota social 22,760.82, cuota estatal 2,144.85, por un pago total de los recursos de su cuenta individual de $465,326.20, más la actualización con intereses.

Señaló como hechos que trabajó para el Instituto Mexicano del Seguro Social, con matrícula 5934893, y número de seguridad social 18825602164, que actualmente se encuentra disfrutando de una jubilación por años de servicios por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de acuerdo a la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, que le indicaron que a partir de la fecha de su jubilación podría retirar lo que aportó a la administradora para el fondo de retiro a Afore Bancomer, S.A. de C.V. (fojas 1 a 12 del expediente laboral).

Al dar contestación a la demanda, en la parte que interesa, Afore Bancomer, S.A. de C.V., negó acción y derecho al actor para reclamar la devolución de la cantidad señalada, toda vez que en términos de lo previsto en el artículo 169 de la Ley del Seguro Social, la disponibilidad de los recursos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores que se encuentran percibiendo alguna jubilación o pensión al amparo de un plan privado de pensiones, se encuentra sujeto a lo previsto en el artículo 190 de la ley citada, aunado a que de la demanda no se hace mención ni se acredita que la pensión que actualmente percibe el trabajador sea superior en un treinta por ciento a la pensión mínima garantizada a que se refiere el artículo 170 de la vigente Ley del Seguro Social (fojas 53 a 60 del expediente laboral).

Para acreditar sus excepciones y defensas, la demandada Afore Bancomer, S.A. de C.V., ofreció, entre otras, las siguientes pruebas:

Inspección de las documentales consistentes en el "detalle de saldos de cuenta individual", el "detalle de retiro seleccionado" la "solicitud de disposición de recursos"; informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit, y el que rindiera la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) (fojas 58 a 59 vuelta del expediente laboral).

Al dictar el laudo reclamado, en la parte que interesa, la Junta responsable consideró: "... Del contenido de la queja de las contestaciones y de todo el material probatorio exhibido y analizado, se aprecia que el demandado Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., (en lo subsecuente Afore Bancomer), manifestó que en relación a las prestaciones que reclama la actora, le niega acción y derecho a los recursos reclamados en su cuenta individual ramos de cesantía en edad avanzada y vejez de su subcuenta de retiro, y hace valer la tesis jurisprudencial: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL." ... Debe decirse que la jurisprudencia de mérito es aplicable en la especie, en tanto que el actor en su demanda, hechos 1, 2 y 3 (fs. 3) manifestó que laboró para el IMSS y el 15 de noviembre del dos mil once, fue jubilado, manifestaciones que en términos del artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una confesión expresa y espontánea de la parte demandada, por lo que se adquiere valor probatorio, por ende, se tiene por acreditado que fue jubilado (sic) por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en lo establecido por el contrato colectivo de trabajo, ahora bien, si su reclamo lo hizo consistir, entre otras cuestiones, en la devolución de sus aportaciones en los seguros de cesantía en edad avanzada; deviene incuestionable que se encuentra en el supuesto que regula la tesis aludida, en la que cabe destacar, ‘... que tratándose de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se jubilen por años de servicio conforme a su Régimen de Jubilaciones y Pensiones, con independencia de la fecha en que ello acontezca, no tienen derecho a que se le devuelvan los recursos acumulados relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez, toda vez que éstos se aplican para cubrir la pensión respectiva hasta por el monto que resulte de la pensión de vejez conforme a la Ley del Seguro Social, incluyendo asignaciones familiares y/o ayudas de asistencias, el cual debe pagarse por la entidad financiera que elija el trabajador para la contratación de su renta vitalicia, o en su caso, por el Gobierno Federal (si fue contratado con anterioridad al primero de julio de mil novecientos noventa y siete y optó por el régimen de la Ley del Seguro Social abrogada), en la inteligencia que el diferencial entre dicho monto y el que resulte de acuerdo al régimen de jubilaciones y pensiones debe cubrirse por el instituto, en su carácter de patrón, con cargo a la subcuenta del fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales que corresponda atendiendo a la categoría del trabajador y a la fecha en que fue contratado’; por tanto, si el demandante fue trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social y se jubiló el primero de julio del dos mil nueve, es incuestionable que conforme a la jurisprudencia aludida, no procede la devolución de los recursos que amparan las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez y cuota social, cuya cantidad se desprende del estado de cuenta que obra a foja 44; en consecuencia se absuelve a Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. (en lo subsecuente Afore Bancomer), de pagar los recursos que ampara la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez, cuota social y cuota estatal por la cantidad de $253,009.06, $22,760.82 y $2,144.85 así como los rendimientos que generen. VI. Por lo que hace a los recursos reclamados en el rubro de retiro SAR 92 (IMSS), al respecto la aforista argumentó que los recursos del rubro de SAR 92, fueron devueltos al actor, ya que éste lo solicitó con fecha 02 de enero del 2012 y le fueron pagados el día 5 de enero de 2012, la cantidad de $73,909.54 por el concepto de SAR 92; manifestaciones que acreditó con las documentales que ofreció y que obran a fojas 45 y 46 de autos, consistentes en "detalle del retiro seleccionado" y "solicitud de disposición de recursos" de la cuenta del actor, por lo anterior, se absuelve a la Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., (en lo subsecuente Afore Bancomer), de la entrega a la parte actora de los rubros de retiro SAR 92 (IMSS). VII. Ahora bien, respecto del concepto de retiro (régimen 97) que forma parte de la subcuenta de retiro, el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social ya mencionado, en el que dispone que por cuanto hace a los fondos de los trabajadores acumulados en las subcuentas de retiro recibirán, además de la pensión que le corresponda, sus fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro en una sola exhibición, por lo que esta autoridad considera que resulta procedente la condena para la Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., (en lo subsecuente Afore Bancomer), al pago y devolución al actor Edilberto Domínguez Álvarez por concepto de retiro la cantidad de $113,992.74, aportados al 2 de enero de 2012 como se advierte de la documental que obra a foja 62 de los autos, así como los rendimientos que se generen hasta la cumplimentación de lo mandado ..." (fojas 93 vuelta a 95 del expediente laboral).

De lo anterior se advierte que fue correcta la determinación de la Junta responsable de absolver de la devolución de sus aportaciones en los seguros de cesantía en edad avanzada, toda vez que tratándose de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se jubilen por años de servicio conforme a su Régimen de Jubilaciones y Pensiones, con independencia de la fecha en que ello acontezca, no tienen derecho a que se le devuelvan los recursos acumulados relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez, toda vez que éstos se aplican para cubrir la pensión respectiva, incluyendo asignaciones familiares y/o ayudas asistenciales, el cual debe pagarse por la entidad financiera que elija el trabajador para la contratación de su renta vitalicia o, en su caso, por el Gobierno Federal (si fue contratado con anterioridad al primero de julio de mil novecientos noventa y siete y optó por el régimen de la Ley del Seguro Social abrogada), en la inteligencia que el diferencial entre dicho monto y el que resulte de acuerdo al Régimen de Jubilaciones y Pensiones debe cubrirse por el instituto, en su carácter de patrón, con cargo a la subcuenta del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales que corresponda atendiendo a la categoría del trabajador y a la fecha en que fue contratado; por tanto, si el demandante fue trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social y se jubiló el primero de julio de dos mil nueve, como de manera correcta lo determinó la Junta, no procedía la devolución de los recursos que amparan la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez y cuota social, por lo que estuvo bien la Junta de absolver a Afore Bancomer, S.A. de C.V., de pagar los recursos que ampara la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez, cuota social y cuota estatal por la cantidad de $253,009.06, $22,760.82 y $2,144.85 así como de los rendimientos; y correcta la determinación de la Junta responsable de absolver de la entrega de los recursos reclamados en el rubro de retiro SAR 92 (IMSS), pues tuvo por acreditado que fueron devueltos al actor, ya que éste lo solicitó el dos de enero de dos mil doce y le fueron pagados el cinco de enero siguiente por la cantidad de $73,909.54, con las documentales consistentes en "detalle del retiro seleccionado" y "solicitud de disposición de recursos" de la cuenta del actor; de ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio.

Siendo aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 185/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 277, siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL. De conformidad con el Régimen de Jubilaciones y Pensiones derivado del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, la jubilación por años de servicio se otorga a los trabajadores en su doble carácter de asegurados y trabajadores del instituto, y su cuantía se integra con el importe de la pensión de vejez que se cubre en términos de la Ley del Seguro Social, mientras el complemento conforme establece el propio régimen, de lo que deriva que la jubilación es una prestación de carácter contractual, únicamente por lo que se refiere a dicho complemento y, por ende, los recursos relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez acumulados en la cuenta individual de dichos trabajadores, deben aplicarse para pagar la pensión de jubilación hasta por el monto que corresponda a la aludida pensión de vejez, la cual debe cubrirse por el Gobierno Federal en términos del artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social, quedando a cargo del instituto pagar, en su carácter de patrón, únicamente la diferencia entre dicho monto y el que resulte conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Por ello, aun cuando el artículo 190 de la Ley del Seguro Social en vigor establece que los trabajadores que tengan derecho a gozar de una pensión proveniente de un plan establecido por su patrón o derivado de un contrato colectivo de trabajo, autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tendrán derecho a disponer de los recursos acumulados en su cuenta individual en una sola exhibición, incluyendo los relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez; no debe soslayarse que el artículo 24 del citado ordenamiento legal autoriza a los patrones a descontar del importe de las prestaciones que debe cubrir, la cuantía correspondiente a las de la misma naturaleza que deben otorgarse conforme a la ley, motivo por el cual, la devolución de los recursos de que se habla está condicionada a que los mismos no se apliquen para pagar la pensión de que se trata, lo que en el caso, no sucede. Correlativamente, el hecho de que conforme a lo dispuesto en el artículo 286 K de la Ley del Seguro Social en vigor a partir del 12 de agosto de 2004, el instituto no puede destinar recursos provenientes de las cuotas y aportaciones de seguridad social para financiar la cuenta especial para el régimen de jubilaciones y pensiones del fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o contractual, no implica que los trabajadores del instituto que se jubilen con posterioridad a esa fecha tengan derecho a que se les devuelvan los recursos acumulados en la subcuenta de cesantía y vejez de su cuenta individual, pues con independencia de la fecha en que ello acontezca, tales recursos se aplican para el pago de la pensión respectiva en los términos antes apuntados. Lo anterior en la inteligencia de que respecto de los trabajadores que ingresen a laborar al instituto una vez terminado el proceso de contratación pactado en el Convenio celebrado entre éste y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social el 14 de octubre de 2004, se establece un nuevo esquema de jubilaciones y pensiones conforme a la Ley del Seguro Social, donde se incluyen aportaciones adicionales que aquéllos realicen (una inicial del 7% del salario base consignado en el RJP que se incrementará en un punto porcentual cada año hasta llegar al 15%, otra del mismo porcentaje del fondo de ahorro que anualmente les paga el instituto y otra del 25% de los incentivos que obtengan conforme al programa acordado por el instituto y su sindicato), las cuales se depositarán en la subcuenta de "aportaciones complementarias de retiro" y tendrán por objeto mejorar sus condiciones de retiro, ya que al cumplir los requisitos legales para jubilarse o pensionarse, podrán disponer de los recursos acumulados en dicha subcuenta para incrementar el monto de su pensión (que se cubrirá con los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez), o bien, retirarlos en una sola exhibición."

Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba suplirse, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado.

SEXTO. Dada la negativa del amparo principal, no se analizarán los argumentos expuestos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en su escrito, mediante el cual, se adhirió al juicio de amparo directo con base en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, porque por tal negativa ha quedado sin materia, puesto que no tiene autonomía en cuanto a su trámite y procedencia, esto es, el interés del quejoso adherente queda sujeto a la suerte del amparo principal.

En efecto, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal establece:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) ... La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse."

Al respecto, la Ley de Amparo establece:

"Artículo 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.

"El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes:

"I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y

"II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.

"Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del inculpado.

"Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga.

"La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer.

"El Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia."

De lo anterior se observa que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal establece que las controversias de que habla el artículo 103 de la propia Constitución, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria; de ahí que en la Ley de Amparo en su artículo 182, se establece que, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado; el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverá en una sola sentencia, así como que, la presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.

El citado artículo 182, también establece que el amparo adhesivo únicamente procederá cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso y cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo; por ello, dispone que los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica.

Por tanto, si en el caso, en el juicio principal se negó el amparo y, por ello, se dejará intocado el acto reclamado, entonces es innecesario estudiar los conceptos de violación esgrimidos por el adherente en el amparo adhesivo puesto que, en términos de la ley citada, éstos debían estar encaminados a fortalecer el laudo, a fin de no quedar indefenso, y el laudo, obviamente, subsiste en su integridad, entonces lo conducente es declarar sin materia al amparo adhesivo y no entrar a su estudio.

En consecuencia, lo conducente es declarar sin materia al amparo adhesivo y no entrar al estudio del mismo.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 7/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 443, de rubro y texto: "AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO SE DESESTIMEN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO PRINCIPAL (CRITERIO ANTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA DEL AMPARO ADHESIVO).-Al día en que se emite el presente criterio, el Congreso de la Unión no ha expedido la ley que refiere el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III del artículo 107 constitucional y, en consecuencia, todavía no hay regulación legal de la forma y términos en que el amparo adhesivo debe promoverse. Sin embargo, del texto constitucional se desprende que el amparo adhesivo sólo tiene por objeto que el acto reclamado subsista. En consecuencia, si en el juicio principal el Tribunal Colegiado desestimó los conceptos de violación del quejoso principal y, por lo tanto, por ese solo hecho se dejará intocado el acto reclamado, es innecesario estudiar los conceptos de violación esgrimidos en el amparo adhesivo. En consecuencia, y hasta en tanto no exista texto legal que establezca lo contrario, en caso de que se desestimen los conceptos de violación de la demanda de amparo principal, esta Primera Sala considera que lo conducente es declarar sin materia al amparo adhesivo y no entrar al estudio del mismo."

Mismo criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo DT. 660/2013, en sesión de cinco de septiembre de dos mil trece y que dio origen a la tesis aislada con clave TC016067.T.10LA1, pendiente de publicar, de rubro y texto: "AMPARO ADHESIVO SIN MATERIA, POR NEGATIVA DEL PRINCIPAL.-El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, establece que las controversias de que habla el numeral 103, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria; a su vez, la Ley de Amparo en su artículo 182, dispone que, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverá en una sola sentencia; que la presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste; que el amparo adhesivo únicamente procederá cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso y cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo; que los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Bajo estas premisas, se concluye que, si en el caso, en el juicio principal se negó el amparo y, por tal motivo, se deja intocado el acto reclamado, ello conlleva a que sea innecesario estudiar los conceptos de violación esgrimidos por el adherente en el amparo adhesivo puesto que, en términos de la ley citada, estos debían estar encaminados a fortalecer el laudo, a fin de no quedar indefenso, y si el laudo, obviamente, subsiste en su integridad, entonces lo conducente es declarar sin materia al amparo adhesivo y no entrar a su estudio."

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 184, 188, 190, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edilberto Domínguez Álvarez, contra el acto de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de veinte de febrero de dos mil trece, dictado en el expediente laboral 591/2012, seguido por el quejoso en contra de Afore Bancomer, S.A. de C.V.

SEGUNDO.-Por lo que respecta al amparo adhesivo promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se declara sin materia.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24865-64794cf1/amparo-adhesivo-debe-declararse-sin-materia-si-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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