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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 411/2013. · Registro digital (IUS): 24958
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-04-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TR
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Pág. 663.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 411/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE ENERO 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y PRESIDENTE JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: DOLORES RUEDA AGUILAR.

III. Competencia y legitimación

4. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal -aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."-(2) y el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos.

5. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa -en auxilio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León-, órgano que emitió la resolución en la que se sustenta uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

IV. Existencia de la contradicción

6. Conforme lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(3) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar, en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

7. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis, es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

8. El discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.".(4) La jurisprudencia antes citada está encaminada a proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

9. Por otro lado, cabe señalar que, aun cuando ninguno de los criterios sustentados por los tribunales contendientes constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(5)

10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.

11. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (A.R. 246/2007)

12. Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil siete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, **********, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del (i) Juez Tercero de lo Civil del Distrito Federal; los cuales hizo consistir en: a) el acuerdo que tuvo por practicada la diligencia de notificación al quejoso; b) la diligencia por la que el actuario pretendió hacer la citada notificación; c) la omisión del Juez de origen de analizar lo asentado en la razón actuarial respectiva; y, d) la abstención de notificar al quejoso por los medios conducentes, para que estuviera en aptitud de asistir a la audiencia de reconocimiento de firma del contrato base de la acción, como medio preparatorio para iniciar juicio ejecutivo mercantil.

13. Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil siete, el juzgador federal admitió la demanda de amparo y en el mismo proveído requirió al quejoso, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación, manifestara su voluntad de señalar o no como autoridad responsable ejecutora, al actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, apercibido de que de no dar cumplimiento a lo solicitado, no se le tendría como tal. Lo anterior, en virtud de que la quejosa reclamó como acto destacado, entre otros, la notificación a los medios preparatorios del juicio ejecutivo mercantil, diligencia correspondiente a las facultades del actuario adscrito al juzgado de origen, proveído que fue notificado de manera personal al quejoso por conducto de su autorizado en las instalaciones del juzgado el veintiuno de mayo de dos mil siete; sin embargo, el quejoso no desahogó la prevención realizada en el término concedido.

14. El veintiuno de junio de dos mil siete, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo mencionado, por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción II, y 116, fracción III, todos de la Ley de Amparo, resolución que fue recurrida por la parte quejosa mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil siete.

15. En ejecutoria de veintitrés de agosto de dos mil siete, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento por estimar que se actualizó una violación manifiesta a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo.

16. El Tribunal Colegiado transcribió el contenido de los artículos 145, 146, 147 y 116 de la Ley de Amparo, y estableció que, de una sana interpretación de los mismos, el Juez de Distrito debe, en principio, examinar el escrito de demanda y en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desechar la misma. Por otra parte, señaló que de no existir esa causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia pero el Juez advierta alguna irregularidad en el ocurso de demanda, o bien se hubiera omitido alguno de los requisitos del numeral 116 de la ley de la materia, o no se hubieren exhibido las copias señaladas en el artículo 120 de dicha ley, el Juez deberá prevenir al promovente a efecto de que subsane esta situación, mediante auto en el que se expresen las irregularidades en cita, con el respectivo apercibimiento de ley. El Tribunal Colegiado apuntó que el juzgador deberá ordenar la notificación personal de dicho proveído.

17. En el caso de no cumplimentar el requerimiento en cita, la consecuencia inmediata, de acuerdo con el órgano colegiado, será tener por no interpuesta la demanda de garantías en los casos en que sólo se afecte el patrimonio o derechos patrimoniales de la quejosa; en los demás casos, el Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, y de acuerdo a lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda.

18. Por último, prosigue el Tribunal Colegiado, si el Juez de Distrito no encontrara motivos de improcedencia o se hubiesen subsanado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y en el mismo auto, pedirá a la autoridad responsable el informe justificado, ordenará el emplazamiento del tercero perjudicado, si lo hubiere, fijará la fecha y hora para la audiencia constitucional y dictará las demás providencias necesarias.

19. De todo lo anterior, el órgano federal desprendió, que el requerimiento al quejoso para aclarar su demanda de garantías y la admisión de la misma, deben constituir actuaciones distintas y consecutivas; esto es, si el Juez advierte alguna irregularidad primero deberá prevenir al impetrante para que la subsane y, posteriormente, deberá admitir la demanda.

20. En relación con el caso concreto del conocimiento del tribunal federal, éste expuso que el Juez de Distrito advirtió una irregularidad en la demanda, consistente en la omisión de señalar como autoridad responsable al actuario adscrito al juzgado de origen, que llevó a cabo la diligencia de notificación, señalado acto reclamado en forma destacada en el escrito inicial de demanda de amparo.

21. Sin embargo, dicho órgano colegiado estimó que el juzgado -sin observar las formalidades del procedimiento de amparo establecidas en los artículos 116, 145, 146 y 147 de la ley de la materia- admitió a trámite el escrito de demanda sin requerir previamente al quejoso la aclaración correspondiente relativa a señalar o no al actuario como autoridad responsable. Lo anterior, -señaló- que si se dictó auto admisorio de la demanda, se entiende que cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, pero en el mismo proveído agrega un requerimiento para que el quejoso subsane la omisión de designar como autoridad responsable al actuario que llevó a cabo la notificación reclamada y se le apercibió, que de no cumplir con el requerimiento se dejaría de tener como autoridad responsable a dicho actuario, esta determinación es oscura con el propio auto admisorio de la demanda; por ende, estimó que el Juez incurrió en una violación al procedimiento, al no haber requerido al quejoso previamente a la admisión de la demanda.

22. Para el Tribunal Colegiado, la mencionada violación al procedimiento de amparo trascendió al resultado del fallo, pues el juzgador federal sobreseyó el juicio de garantías en atención a la omisión en que incurrió el quejoso de no señalar como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil en el Distrito Federal. En consecuencia, el órgano jurisdiccional revocó la sentencia y ordenó la reposición del procedimiento de amparo. Determinación que apoyó en la tesis de jurisprudencia 30/96 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA."

23. Dicha ejecutoria dio origen a la tesis aislada I.11o.C.33 K, de rubro y texto siguientes:

"SOBRESEIMIENTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO, EN EL PROPIO AUTO ADMISORIO DE DEMANDA, MANDA ACLARAR LA MISMA POR VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO SEÑALÓ COMO RESPONSABLE A LA AUTORIDAD QUE EJECUTÓ EL ACTO RECLAMADO Y ELLO TRAJO COMO CONSECUENCIA QUE SE SOBRESEYERA EL JUICIO DE GARANTÍAS POR NO HABERSE DADO CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN FORMULADA, DICHO ACUERDO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. De la interpretación armónica de los artículos 145, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se desprende que el Juez de Distrito deberá examinar el escrito de demanda y con base en ello, si existe un motivo manifiesto o indudable de improcedencia, la consecuencia inmediata será el desechamiento de la misma; si no es así, pero advierte alguna irregularidad en el referido ocurso de demanda o que se hubiera omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 del ordenamiento legal en cita, o no se hubieran exhibido las copias que señala el artículo 120 de la misma ley, mandará prevenir al quejoso mediante notificación personal para que la subsane, expresando en el auto de prevención las irregularidades o deficiencias que deban llenarse; que para el caso de que no se hubiere cumplido con la prevención formulada, el Juez tendrá por no interpuesta la demanda de amparo cuando el acto reclamado sólo afecte el patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso y en los demás casos, mandará correr traslado al Ministerio Público y de acuerdo a lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda. Luego, si el Juez de Distrito admite a trámite la demanda de garantías y en el mismo proveído, de una manera obscura, requiere al quejoso para que aclare dicho libelo por faltarle alguno de los requisitos a que alude el numeral 116 antes invocado, como es que exprese si señala o no como autoridad responsable al actuario que llevó a cabo la diligencia de notificación que fue señalada como acto reclamado, apercibiéndolo para el caso de no hacerlo con no tener como responsable a dicha autoridad, y ello origina que en la sentencia definitiva se sobresea en el juicio de amparo por no haberse cumplido con el requerimiento formulado; es claro que la prevención contenida en el propio auto admisorio de demanda constituye una infracción a las normas que rigen el procedimiento de amparo en perjuicio del quejoso, al no habérsele requerido y apercibido en términos de ley, previamente a la admisión de la misma; lo que motiva de manera ineludible a que se revoque la sentencia emitida por el Juez de Distrito y se ordene la reposición del procedimiento del juicio de garantías en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo."(6)

24. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (A.R. 697/2013)

25. El veinte de marzo de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, **********, por medio de su apoderado legal, promovió demanda de amparo indirecto en contra de: (i) la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León; (ii) así como de su presidente. De la primera de las autoridades mencionadas reclamó la falta de emplazamiento al juicio laboral de origen, registrado con el número de expediente 10659/i/03/2011, así como todos los actos procesales llevados a cabo dentro del mismo, el cual, culminó con laudo dictado el veintinueve de octubre de dos mil doce. Del presidente de la Junta Especial reclamó el "probable embargo, ejecución, remate y adjudicación a favor de terceras personas o del actor, de los bienes de nuestra propiedad, así como todas las consecuencias legales y materiales que se deriven de tales actos."

26. Por auto de veintidós de marzo siguiente, la Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León registró la demanda y previno al apoderado legal de la quejosa, para que compareciera a ratificar el contenido y firma de la carta poder anexa.

27. Por auto de dos de abril de dos mil trece, la juzgadora mencionada admitió a trámite la demanda y, tomando en consideración que se señaló como acto reclamado el emplazamiento y todo lo actuado en el expediente laboral, requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León, con el apercibimiento de que, no hacer manifestación alguna al respecto, no se le tendría con tal carácter. La quejosa no presentó escrito en el término concedido, por lo que la Juez dictó acuerdo en el que hizo efectivo el apercibimiento decretado.

28. La Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, celebró la audiencia constitucional el veintinueve de abril de dos mil trece, y dictó sentencia al día siguiente en la cual sobreseyó en el juicio de amparo por considerar que, al no haberse señalado como autoridad responsable al actuario adscrito a la Junta laboral de origen, y al haberse enderezado la demanda en contra del emplazamiento realizado por aquél, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso artículo 11 de la Ley de Amparo entonces vigente.

29. Inconforme con dicha determinación, la empresa quejosa interpuso recurso de revisión el veintiuno de mayo siguiente, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. En los agravios, la quejosa recurrente solicitó la reposición del procedimiento con fundamento en la tesis aislada I.11o.C.33 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, antes transcrita.

30. En auxilio de dicho órgano jurisdiccional, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, dictó sentencia en sesión de diecinueve y veinte de agosto de dos mil trece, en la cual, confirmó el sobreseimiento decretado. Lo anterior en atención a las siguientes consideraciones:

31. El Colegiado estimó que no se violaron las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, pues no fue violatorio de garantías el auto de dos de abril de dos mil trece, dictado por la Juez de Distrito del conocimiento, en el que admitió a trámite la demanda de garantías, y requirió a la quejosa para que en el término de tres días manifestara si señalaba como autoridad responsable al actuario adscrito a la junta laboral. El Tribunal Colegiado afirmó, que dicho auto otorgó a la recurrente aptitud para cumplir con la prevención, mismo que calificó de claro, expreso y preciso, tanto el requerimiento como el apercibimiento.

32. El Tribunal Colegiado sostuvo, que ningún perjuicio le causaba a la recurrente el que la demanda de garantías hubiera sido admitida con anterioridad al apercibimiento, pues la demanda de amparo se admitió respecto de los actos reclamados de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y su presidente, pero como advirtió que la quejosa no señaló como responsable al actuario adscrito a dicha Junta, y reclamó todo lo actuado, precisamente le previno para que señalara como autoridad responsable a dicho funcionario, lo cual no puede ser considerado como una irregularidad al artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo.

33. Así concluyó que, toda vez que a la quejosa le fue notificado el auto admisorio de la demanda, estuvo en aptitud de señalar como autoridad responsable al actuario adscrito a la Junta laboral, por lo cual la omisión de desahogar el requerimiento es atribuible a la propia recurrente. Señaló que, además, no procedía la reposición del procedimiento para que la quejosa regularizara su demanda, ya que ni de la jurisprudencia 30/96 de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, ni de ninguna disposición legal se desprende, que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda en el señalamiento de la autoridad responsable, si en la primera ocasión no lo hizo. Esto, pues estuvo en aptitud de cumplir con el requerimiento en el término concedido, razón por la cual, estimó que no se le dejó sin defensa.

34. En apoyo a sus consideraciones citó como orientador el criterio contenido en la tesis CLXIV/98 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE."

35. El Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región expresó no compartir las consideraciones contenidas en la tesis aislada I.11o.C.33 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO, EN EL PROPIO AUTO ADMISORIO DE DEMANDA, MANDA ACLARAR LA MISMA POR VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO SEÑALÓ COMO RESPONSABLE A LA AUTORIDAD QUE EJECUTÓ EL ACTO RECLAMADO Y ELLO TRAJO COMO CONSECUENCIA QUE SE SOBRESEYERA EL JUICIO DE GARANTÍAS POR NO HABERSE DADO CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN FORMULADA, DICHO ACUERDO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN.", invocada por la recurrente.

36. Lo anterior, dijo, pues el auto por el que la Juez de Distrito admitió la demanda de amparo y requirió a la quejosa para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al actuario encargado del emplazamiento, "... fue notificado a la ahora inconforme y si dicha parte no cumplió con esa prevención en el término concedido por la a quo, tal omisión es imputable a la propia recurrente, con las consecuencias que ello genera, como lo es el que se hiciera efectivo el apercibimiento en el sentido de no tener al citado actuario como autoridad responsable."

37. A juicio del órgano jurisdiccional contendiente, de la Ley de Amparo aplicable, no se desprende que exista impedimento alguno para que el juzgador de amparo admita la demanda y en el mismo auto admisorio prevenga al quejoso, a fin de que subsane los requisitos omitidos en el escrito inicial de demanda, más aún porque la Ley de Amparo constituye un instrumento para salvaguardar el derecho fundamental de que a toda persona se le administre justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución. Sostuvo que no es posible afirmar, que el juzgador deba seguir un orden específico o riguroso por cuanto hace a la oportunidad que se otorga al quejoso para subsanar una deficiencia.

38. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos.

39. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica, a saber: determinar si constituye una violación al procedimiento de amparo -que amerite la reposición del mismo- el que el Juez de Distrito, en el auto admisorio de la demanda, requiera al quejoso aclarar si señala como autoridad responsable al actuario que realizó la diligencia de notificación, cuya ilegalidad se reclama, cuando dicha autoridad no fue señalada como tal en el escrito inicial; o si la prevención debe realizarse con anterioridad a la admisión de la demanda.

40. Por una parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó, que es violatorio del procedimiento constitucional de amparo el hecho de que en el mismo auto se admita la demanda y se prevenga a la quejosa en relación con el señalamiento de una autoridad responsable que no haya sido señalada como tal, cuestión que amerita la revocación de la sentencia de garantías y la reposición del procedimiento.

41. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región determinó, que la circunstancia de que en el mismo acuerdo se admita la demanda de garantías y se formule un requerimiento a la quejosa relativo a la designación de cierta autoridad responsable, no implica necesariamente una violación al procedimiento de amparo. Ello pues, en caso de que un Juez de Distrito admita la demanda con respecto a diversas autoridades responsables, pero advierta que la quejosa no señaló alguna, deberá prevenirla para que aclare esta situación, sin que le cause perjuicio tal determinación, máxime si se ordena la notificación personal del acuerdo respectivo.

42. Como ha quedado expuesto, las conclusiones a las que los tribunales contendientes arribaron resultan opuestas y, por ende, se hace necesario que esta Primera Sala defina la cuestión en aras de la seguridad jurídica.

43. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. A partir de lo anterior, es posible concluir, que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si constituye una violación al procedimiento de amparo -que amerite la reposición del mismo- el que el Juez de Distrito, en el auto admisorio de la demanda, requiera al quejoso aclarar si señala como autoridad responsable al actuario que realizó la diligencia de notificación, cuya ilegalidad se reclama, cuando dicha autoridad no fue señalada como tal en el escrito inicial; o si la prevención debe realizarse con anterioridad a la admisión de la demanda.

44. En la práctica jurisdiccional mexicana, los juzgadores de amparo se han enfrentado a demandas con errores o imprecisiones que dificultan su correcta comprensión, en detrimento de la impartición de justicia. La Ley de Amparo, en su artículo 79, reconoció dicha eventualidad y dispuso que todos los órganos jurisdiccionales del conocimiento del proceso de amparo, tendrían la obligación de corregir los errores en la cita de los preceptos constitucionales y legales, pudiendo examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios formulados por las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.(7) Por otra parte, y en aras de beneficiar la protección constitucional solicitada por los gobernados, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las sentencias de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.

45. En consistencia con la legislación de amparo, la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en favor de una interpretación integral de las demandas de amparo. Este criterio metodológico lleva al órgano jurisdiccional a determinar con exactitud la intención del promovente de amparo y así beneficiar la recta impartición de justicia, sin que ello implique una suplencia de la deficiencia argumentativa de los conceptos de violación o una alteración de los hechos. La interpretación integral de las demandas de amparo busca la determinación exacta de la intención del justiciable, armonizando los datos y elementos que conforman el escrito de demanda con un sentido de liberalidad, no restrictivo.

46. Lo anterior ha quedado precisado en diversos criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los cuales, destacan los siguientes del Tribunal Pleno, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER TOMADA EN CUENTA EN SU INTEGRIDAD.";(8) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."(9) y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."(10)

47. Así, en ocasiones, del análisis integral de la demanda de amparo, los órganos jurisdiccionales pueden advertir una deficiencia menor o subsanable por cuanto hace al señalamiento de las autoridades responsables en el capítulo correspondiente, relativo a la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior puede acontecer -como en los casos ori

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24958-ad6cbbef/demanda-de-amparo-cuando-se-reclame-la-notificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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