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Modo: Corpus Pro

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. CUANDO EN EL INTER DE LA COMISIÓN DE ESTE DELITO SE REFORMA O DEROGA LA LEGISLACIÓN QUE LO PREVÉ Y SANCIONA, DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LA VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE EMITIÓ LA ORDEN DE APREHENSIÓN, ATENTO A QUE ES UN DELITO DE TRACTO SUCESIVO Y LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD SON LAS MISMAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 166/2012. · Registro digital (IUS): 24963
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-04-04
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Pág. 1507.

AMPARO EN REVISIÓN 166/2012. 28 DE FEBRERO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HÉCTOR MARTÍN RUIZ PALMA. PONENTE: JORGE MASON CAL Y MAYOR. SECRETARIO: ANTONIO ARTEMIO MALDONADO CRUZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los agravios son infundados.

El acto reclamado es la orden de aprehensión librada en contra del ahora recurrente, como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 191 y 192 del Código Penal para el Estado de Chiapas.

En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito negó la protección constitucional solicitada por el ahora recurrente, por estimar que la orden de aprehensión reclamada, por un lado, no violaba el artículo 14 constitucional, en virtud de que no se había aplicado retroactivamente en perjuicio del quejoso ninguna ley; que el órgano jurisdiccional que la había emitido era competente; con independencia de que se había cumplido con las formalidades de ley, como es la denuncia del hecho que generó el mandato privativo de libertad, la integración de la averiguación previa, el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente y la emisión del mandato privativo de libertad; por otro lado, que tampoco se había vulnerado en perjuicio del inconforme el artículo 16 constitucional, pues se encontraba fundada y motivada, así como acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del aquí recurrente en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 191 y 192 del Código Penal para el Estado de Chiapas, por las razones jurídicas que expuso, las cuales se analizarán en párrafos subsecuentes al estudiarse el agravio relativo en el que se manifiesta que no se acreditó el delito (cuerpo del) que se le atribuye al quejoso, así como su probable responsabilidad en la comisión del mismo.

En efecto, en el primer agravio el ahora recurrente manifiesta que, en la especie, no se acreditó el cuerpo del delito que se le atribuye, así como su probable responsabilidad en la comisión del mismo.

La expresión de inconformidad que antecede es infundada pues, opuesto con lo que asevera el recurrente, en la especie sí está acreditado el cuerpo del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, así como su probable responsabilidad en la comisión del ilícito citado, por las razones siguientes:

Previo al estudio de los elementos del delito que se le atribuye al quejoso, así como de su probable responsabilidad en la comisión del mismo, es necesario hacer la siguiente precisión.

El delito que se le atribuye al quejoso inició su comisión desde el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, según la denuncia de hechos que hizo ********** en escrito recibido por el órgano investigador correspondiente el dos de octubre de dos mil once, en tanto, la orden de aprehensión reclamada fue librada en abril de dos mil doce.

En ese orden ideas, es claro que cuando inició la comisión del referido ilícito que fue el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, regía el Código Penal para el Estado, vigente hasta las reformas que se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, esto es el veintiocho de agosto de dos mil ocho.

En la data en que inició la comisión del delito referido, el mismo se encontraba previsto por el numeral 138 del citado ordenamiento legal, que establecía lo siguiente:

"Artículo 138. Al que sin motivo justificado abandone a las personas con quienes tenga ese deber legal sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se sancionara con prisión de dos a seis años y suspensión o privación de los derechos de familia, hasta por el término de la sanción que se le imponga. ..."

La legislación penal en que el Juez del conocimiento se apoyó para emitir la orden de aprehensión que prevé y sanciona dicha conducta, en los numerales 191 y 192, reza:

"Artículo 191. Comete el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar quien abandone sin causa justificada a cualquier persona respecto de quien tenga la obligación de suministrar alimentos, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, aun cuando cuente con el apoyo de familiares o terceros."

"Artículo 192. Al responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se le impondrán de dos a seis años de prisión y suspensión o privación de los derechos de familia hasta por el término de la sanción que se le imponga y, como reparación del daño, el pago de las cantidades no suministradas oportunamente. ..."

Ahora bien, la circunstancia de que el quejoso hubiera iniciado la comisión del delito el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, cuando se encontraba vigente una diversa legislación penal y la orden de aprehensión se hubiera librado el veintiséis de abril de dos mil doce, cuando se encontraba en vigor un ordenamiento penal punitivo distinto al de dos mil cinco, se estima que no trasciende a la orden de aprehensión reclamada, por las siguientes razones:

En principio, se trata de un delito de tracto sucesivo, esto es, que tiene un inicio y continúa la comisión del activo de la infracción mientras subsista la conducta contumaz de no proporcionar recursos económicos del activo con quien tiene esa obligación, por cualquiera de las razones que prevé la ley que rige la materia del acto; por tanto, debe entenderse que si la conducta fue continua hasta el momento mismo de la emisión de la orden de aprehensión reclamada, que se encontraba prevista y sancionada en los numerales 191 y 192 del código represivo para el Estado de Chiapas, el libramiento del citado mandato privativo de libertad es correcto, en función de que la legislación aplicable es la que se encuentra vigente al momento en que se sigue cometiendo el delito.

En ese orden de ideas, es claro que aun cuando el Juez natural no hubiera hecho ningún pronunciamiento sobre el particular, y que el Juez Federal haya soslayado pronunciarse en relación con esta situación, inclusive que el ahora recurrente no haya expresado ningún agravio, tal cuestión no vulnera las garantías del quejoso, pues a nada práctico llevaría otorgar la protección constitucional solicitada para que el Juez natural corrigiera tal omisión, ya que finalmente el resultado sería el mismo, es decir, que se libre la orden de aprehensión en contra del aquí recurrente, en virtud de que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, así como la probable responsabilidad del inconforme en la comisión del citado ilícito penal.

Hecha la precisión anterior, se estima que en cuanto al fondo, como lo sostuvo el Juez natural en el mandamiento privativo de libertad y así lo advirtió el Juez de Distrito que resolvió el juicio de amparo indirecto promovido por el ahora recurrente, se encuentra acreditado el cuerpo del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, así como la probable responsabilidad penal en su comisión, pues del precepto 191 del Código Penal para el Estado de Chiapas antes transcrito, se colige que los elementos constitutivos del ilícito, en efecto, son los que estableció el Juez responsable y corroboró el juzgador de amparo, que se reducen a que una persona, sin motivo justificado, abandone a otra con quien tenga el deber legal de proporcionar recursos para atender sus necesidades de subsistencia, como en el caso es el de alimentos, sin justificación alguna, aun cuando cuente con apoyo de familiares o de terceros.

Los reseñados elementos constitutivos del ilícito, se acreditaron con las siguientes probanzas:

1. Denuncia ministerial de dos de octubre de dos mil once, presentada por ********** en representación de la menor **********, y ratificada en la misma fecha, quien indicó que desde enero de dos mil cuatro empezó a vivir en unión libre con **********, ahora recurrente, con quien procreó a la menor, cuyo nombre ha quedado citado; pero que el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, fue abandonada por su concubino, por ende, cesó de darle la cantidad de ********** que le proporcionaba para alimentos de ella y de su hija; que ante el abandono que sufrió se vio en la necesidad de buscar trabajo para poder subsistir (fojas 8 a la 12 de las copias certificadas del expediente de origen).

2. Fe ministerial de dos de octubre de dos mil once, realizada por el fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Protección de los Derechos de la Mujer, respecto del original del acta de nacimiento de **********, cuya fotocopia certificada aparece en las constancias del expediente de origen en fotocopia (foja 15).

El atestado expedido por el oficial del Registro Civil, en el que consta el nacimiento de la pasivo de la infracción, tiene valor probatorio como documental pública, porque fue expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones y, en cuanto a su alcance probatorio, sirve para acreditar, como lo sostuvo el Juez natural y así lo calificó el Juez de Distrito que emitió el fallo recurrido, que el indiciado, ahora recurrente es padre de la menor de edad ofendida, de lo que se sigue que está acreditado el elemento consistente en el deber legal de proporcionar recursos para atender sus necesidades de subsistencia, como en el caso es el de alimentos.

3. Declaración de los testigos de cargo ********** y **********, quienes sostuvieron que con motivo de la amistad que tienen con la madre de la pasivo del delito, pudieron percatarse que desde el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, el aquí recurrente dejó de cumplir con sus obligaciones de proporcionar los alimentos a su menor hija ********** y a la madre de ésta, por lo que ha tenido que trabajar en diversas actividades para poder obtener recursos para solventar sus gastos y los de su menor hija (fojas 26 a la 27).

En lo que respecta a la testimonial que antecede, así como la denuncia que hizo la madre de la menor ofendida, como correctamente lo sostuvo el Juez de Distrito que dictó el fallo recurrido, tienen valor probatorio en términos de los artículos 258 y 259 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, en virtud de que, respecto de la primera declaración, porque se trata de la madre de la víctima, a quien le consta de manera directa el abandono económico que sufrió la menor ********** de parte del padre de ésta, pues con motivo de ese hecho se vio en la necesidad de realizar diversas actividades al alcance de sus conocimientos y capacidades como empleada o vendedora de diversos productos, para poder obtener recursos económicos para la subsistencia de su menor hija, y de las segundas, o sea las testigos de cargo, porque con motivo de la amistad que tienen con la primera, se percataron de la procreación de la menor y del referido abandono; además, se trata de declaraciones de personas que conocieron los hechos sobre los que rindieron declaración, por sus propios sentidos y no por referencia de otro.

4. Constancias exhibidas por los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (fojas 22 a 33 del expediente de origen penal).

La documental de referencia, como correctamente lo sostuvo el Juez de Distrito que dictó el fallo recurrido, también tiene valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 253 de la ley adjetiva penal del Estado de Chiapas, por tratarse de documental pública expedida por autoridades en ejercicio de sus funciones, y es apta para demostrar que en los juzgados de lo familiar del lugar de residencia de la menor de edad, no se han efectuado depósitos por concepto de alimentos en su favor.

El material probatorio que se ha destacado, en su conjunto, fue correctamente valorado en términos de los artículos 253, 258 y 259 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, toda vez que adminiculado en su conjunto, acredita que desde el veintiuno de marzo de dos mil cinco, a la fecha de la presentación de la denuncia, que fue el dos de octubre de dos mil once, un sujeto, sin motivo justificado dejó de proporcionar alimentos a su menor hija, con quien tenía el deber legal de darle recursos para atender sus necesidades de subsistencia.

En tal virtud, es correcta la determinación del Juez de Distrito al considerar legal lo resuelto por la autoridad responsable y tener por acreditados los elementos constitutivos del delito incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

Lo mismo acontece respecto del tema de la probable responsabilidad del ahora recurrente, pues de las propias constancias de la causa penal de donde deriva el acto reclamado, efectivamente acreditan que ********** es el sujeto que llevó a cabo la conducta descrita, dado que así se desprende de las constancias de autos, cuya copia certificada remitió el Juez responsable al rendir su informe con justificación, principalmente de la imputación directa que hace en su contra **********, madre de la menor ofendida, corroborado por el dicho de ********** y **********, testigos de cargo, quienes lo señalan como el sujeto que no obstante ser el padre de la menor **********, ha dejado de proporcionarle recursos económicos para alimentos; lo anterior con fundamento en la fracción II del artículo 19 del Código Penal vigente en el Estado, que considera como autor material del delito, al que realice por sí mismo.

Por tales razones, lo resuelto por el Juez de Distrito es jurídicamente correcto, máxime que al analizar la orden de aprehensión reclamada por el Juez responsable, se advierte con toda claridad que la misma fue emitida por haberse reunido los requisitos de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues como ya se destacó, fue emitida por autoridad judicial competente por razón de fuero y territorio, previo ejercicio de la acción penal y solicitud del órgano investigador, igualmente competente; además, se encuentra fundada y motivada, pues se expusieron las razones jurídicas de ello y se citaron los preceptos legales en los que se apoyó, así como también, como ya quedó visto, dicha potestad, realizó una correcta valoración de las pruebas recabadas por el agente del Ministerio Público que ejerció acción penal, por lo mismo, no incurrió en infracción a los preceptos legales que norman el arbitrio judicial, sobre el valor jurídico de las pruebas, ni a las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia.

Lo anterior permite concluir que existen pruebas que relacionadas entre sí, que evidencian el cuerpo del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar que a título doloso se le atribuye al aquí recurrente y hacen probable la responsabilidad del mismo en su comisión, lo que es suficiente para estimar legal el libramiento de una orden de aprehensión.

Sobre el particular, se comparte el criterio sustentado en la jurisprudencia 619 emitida por el anterior Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 504 del Tomo II, Materia Penal, jurisprudencia TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, citada en la sentencia recurrida, que establece:

"ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado."

Por otra parte, en el último apartado del primer agravio planteado por el recurrente, aduce que el Juez natural para tener por acreditado el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, debió recabar la constancia expedida por el Juez del Ramo Civil de Chiapa de Corzo, Chiapas o del distrito judicial en el que pudieran tener su domicilio el deudor y la acreedora.

El argumento de desacuerdo que antecede es infundado, por las siguientes razones: en la causa penal de donde deriva el acto reclamado se advierte claramente que la acreedora tiene su domicilio en esta capital, que es el mismo que tenía desde cuando se generó el abandono de las obligaciones económicas por parte del ahora inconforme y en perjuicio de la aquí tercera perjudicada, por lo mismo, los únicos Jueces respecto de quienes debieron recabarse las constancias relativas de no pensión, como así se hizo, fueron del lugar en donde tiene su domicilio la acreedora, que es del único al que estaba obligado el agente del Ministerio Público, pues la ley que rige el acto reclamado no previene que deban recabarse de un lugar distinto a aquel en que se cometió el delito, porque de otra forma se haría nugatoria la impartición de justicia, máxime en un delito de peligro, como el que ahora se estudia, porque mientras no se tuviera la certeza en dónde radica el deudor, no se podría integrar la causa relativa; lo anterior, con independencia de que si el ahora recurrente había hecho consignación por ese concepto a algún juzgado de su domicilio, para cumplir con el deber que tiene para con su menor hija, a él le correspondía la carga de la prueba, porque su aseveración es contraria a la presunción legal de que dejó de cumplir con esa obligación legal que tiene.

Igualmente, resulta infundado el agravio en el que manifiesta que los testigos de cargo no señalaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho respecto del cual atestiguaron.

Es así, porque contrario a la afirmación que hacen ********** y **********, al declarar ante el agente del Ministerio Público sobre los hechos denunciados por la madre de la menor ofendida, manifestaron que tenían amistad con **********, quien había vivido en unión libre con el aquí recurrente; que de esa unión procrearon una hija de nombre **********, con los apellidos de ambos; que **********, el aquí inconforme había abandonado tanto a su concubina, como a su hija desde el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, motivo por el cual la madre de la infante, se vio obligada a trabajar para poder solventar las necesidades económicas de ella y de su hija; que ese hecho ocurrió en esta ciudad.

De todo lo anterior, se desprende que los mencionados testigos sí proporcionaron las circunstancias de modo tiempo y lugar de cómo ocurrieron los hechos denunciados por la madre de la ofendida, que dio lugar a la causa penal en la que se libró la orden de aprehensión reclamada.

Finalmente, no pasa inadvertido para quienes ahora resuelven, que en el resolutivo segundo del fallo recurrido aparece que se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, cuando lo correcto debió ser a **********, tal como aparece en las consideraciones relativas que el secretario en funciones de Juez de Distrito realizó en el fallo recurrido cuando analizó el aspecto de la acreditación del cuerpo del delito incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y la probable responsabilidad penal del ahora recurrente en su comisión, por ende, se estima que no se trata de un aspecto que hubiera dejado en estado de indefensión, que amerite la reposición del procedimiento, para que el Juez Federal que por turno le correspondió conocer del juicio de amparo, solamente haga la precisión de referencia, pues se aprecia que del estudio de la materialidad del delito que se le atribuye al inconforme, así como la probable responsabilidad penal en su comisión por parte del quejoso, de forma precisa hace referencia de **********, que fue quien promovió la demanda de garantías; que es la misma persona contra quien se libró la orden de aprehensión reclamada quien, además interpuso el recurso que ahora se analiza, no **********, por tanto, se estima que la incongruencia de referencia constituye una situación no grave, que amerite la referida reposición, que solamente configura un error en la cita del nombre del quejoso, susceptible de aclararse en esta ejecutoria, al grado que el propio **********, es quien interpuso el citado medio de impugnación, sin expresar ningún agravio en particular, por ende, queda claro que ni las partes en el juicio de garantías, ni el acto reclamado fue materia de modificación en el fallo recurrido, que hubiera dado lugar a la alteración de la litis constitucional.

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 133/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, página 36, de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.-Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dispone: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra subjúdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele."

En consecuencia, al resultar ineficaces los agravios expuestos por el recurrente y al no advertirse deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, procede confirmar la resolución recurrida que sobreseyó en una parte el juicio y negó el amparo en otra.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE:

ÚNICO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

Notifíquese; con testimonio autorizado de esta sentencia, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, por mayoría de votos de los señores Magistrados, presidente Pablo Quiñones Rodríguez y Jorge Mason Cal y Mayor, en contra del voto del Magistrado Héctor Martín Ruiz Palma, quien lo formula por separado, siendo relator el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto por los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24963-0a27a974/incumplimiento-de-obligaciones-alimentarias-cuando-en-el-inter · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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