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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2012. · Registro digital (IUS): 25070
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO A
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Pág. 22.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. AUSENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de septiembre de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio de nueve de abril de dos mil doce, recibido el once de los mismos mes y año, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********), y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********), que dio origen a la tesis aislada III.3o. (III Región) 25 L (9a.), de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DICTADO DEL LAUDO RESPECTIVO Y SE TIENE POR CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y ANTE LA AUSENCIA DE PRUEBAS DE SI EL AGRAVIADO ES PARTE DEL JUICIO LABORAL, ES IMPROCEDENTE SOBRESEER CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN V Y 74, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, PUES A ELLO DEBE ATENDERSE PARA DETERMINAR SI SE NIEGA O CONCEDE EL AMPARO."

SEGUNDO. Por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil doce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente contradicción de tesis con el número CT. 153/2012, solicitó al presidente del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, copia certificada de la ejecutoria del juicio de amparo en revisión ********** de su índice, y que enviara la información electrónica que contuviera dicha resolución; asimismo, determinó que pasaran los autos para su estudio a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y, finalmente, ordenó se diera vista a la entonces procuradora general de la República, para que, si lo estimaba pertinente, expusiera su parecer.

TERCERO. El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, por oficio ********** de ocho de agosto de dos mil doce, formuló la opinión respectiva.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, órgano colegiado que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********), en sesión del veintinueve de marzo de dos mil doce, en la parte que interesa, consideró:

"QUINTO. En consideración a que en los agravios se expone aspectos procesales, es pertinente asentar que contrario a lo que afirma el quejoso, no se vulneran las reglas del procedimiento, toda vez que en la especie no es aplicable el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues la autoridad omitió rendir el informe justificado. El artículo 78 de la Ley de Amparo, en su párrafo tercero, establece que el Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, lo que indudablemente impone al Juez constitucional la obligación de proveer lo necesario a fin de obtener oficiosamente las constancias indispensables para resolver el juicio de garantías, cuando las mismas obren y hayan sido valoradas en el juicio generador. Sin embargo, dicho numeral no debe examinarse aislado, sino en relación con el precepto 149 de la Ley de Amparo, pues la obligación del juzgador de recabar las pruebas o constancias necesarias sólo surge si la autoridad responsable rinde su informe justificado, pues de lo contrario, es decir, si la autoridad es omisa, como en la especie, toca al quejoso la carga de exhibir las constancias necesarias. El tercer párrafo del artículo 149 del cuerpo de leyes en cita, dispone: ‘Artículo 149.’ (se transcribe). Como se aprecia de lo transcrito, la falta de informe justificado aunque tiene por cierto el acto, tiene como consecuencia que sea el quejoso el que deba probar su inconstitucionalidad, cuando no lo sea en sí mismo. Así lo consideró el Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia P./J. 17/97 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 108, que a continuación se transcribirá, en la que estableció que no corresponde al Juez Federal recabar las pruebas que acrediten el acto reclamado cuando éste no sea inconstitucional en sí mismo, en virtud a la presunción de certeza que emerge del artículo 149 de la Ley de Amparo, por falta de informe de la autoridad, por lo que en ese caso se traslada al quejoso la carga de aportar los medios que pongan de manifiesto la inconstitucionalidad del acto, en el entendido, por un lado, que allí no se establecen salvedades en cuanto a la materia a aplicarse y, por el otro, que la suplencia de la queja sólo opera respecto de los conceptos de violación o de los agravios. El criterio jurisprudencial referido dice: ‘PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, resulta inexacto que el Juez hubiera vulnerado las normas del procedimiento, dado que como se estableció no tenía obligación de recabar las constancias. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 50/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 304, Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: ‘LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO.’ (se transcribe). SEXTO. En el particular la acción de amparo resulta improcedente, lo que conduce a sobreseer en el juicio, ya que las causales de improcedencia son de estudio oficioso y de orden público, según lo estatuye el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, de ahí que su verificación deba hacerse sin que sea indispensable alegato en ese sentido, por lo que se procede a revocar la sentencia que se reclama. En efecto, este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, en relación con los diversos artículos 4o. de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 74, fracción III, de la propia ley reglamentaria. Dichos arábigos disponen: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). En tal virtud, por perjuicio se debe entender toda afectación que se produce por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y precisamente, esto, es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio constitucional. Lo anterior, se obtiene de la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 225 (sic), del epígrafe siguiente: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.’ (se transcribe). También, la tesis jurisprudencial VI.3o. J/26 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 (sic), Tomo VIII, diciembre de 1991, visible en la página 117, del tenor siguiente: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.’ (se transcribe). De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso. Cuestión que en el caso no aconteció, pues el quejoso no justificó con ningún medio de convicción ser parte del juicio ejecutivo mercantil **********, que se tramitó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, es así, dado que es evidente que el agraviado no logró demostrar realmente que sea parte material en el juicio ejecutivo mercantil, respecto del cual reclama la revocación interpuesta contra el auto de veintitrés de marzo de dos mil once, en el que se negó decretar la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil **********; de ahí que, lo procedente en el caso es sobreseer, en términos de lo previsto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, en relación con los diversos 4o. de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 23/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, diciembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), con el rubro y texto siguientes: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME.’ (se transcribe). No es óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya exhibido documental consistente en copias simples del referido juicio ejecutivo mercantil, toda vez que al no encontrarse adminiculadas son insuficientes para demostrar que es parte dentro del juicio mercantil y, por ende, el interés jurídico en el presente juicio de amparo, por no tener la eficacia probatoria que pretende. En efecto, la circunstancia de que ese documento se trate de una copia fotostática simple implica que, por su naturaleza pueda ser susceptible de una alteración imperceptible, precisamente por la forma en que se reproduce; razón por la cual resultaba indispensable la presentación en copia debidamente certificada por la autoridad que la emitió, lo que de suyo implica que el valor que tiene de indicio sea insuficiente para justificar su contenido. Sustenta lo anterior la jurisprudencia IV.3o. J/23, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, mayo de 1996, materia común, visible en la página 510, que dice: ‘DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE.’ (se transcribe). De modo que tal documental carece de valor probatorio pleno para tener por demostrada la afectación del acto que reclama, al no estar debidamente certificada por la autoridad correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 194, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 133, que a la letra dice: ‘COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.’ (se transcribe). En este orden de ideas, se revoca la sentencia recurrida y se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción V, en relación con los diversos artículos 4o. de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********), en sesión de veinticinco de agosto de dos mil once, en la parte que interesa, sostuvo:

"SEXTO. ... Bajo ese orden de ideas, el sobreseimiento en el juicio fue indebido porque la causal de improcedencia de falta de afectación al interés jurídico a que hizo referencia el a quo era una cuestión de fondo dado el tipo de acto reclamado y la naturaleza del derecho que se alegaba violado, pues como será precisado, el Alto Tribunal ha determinado qué elementos corresponde al gobernado demostrar para evidenciar la inconstitucionalidad de una omisión de dictar laudo, como es lo relativo a que exista un juicio en el que sea parte el agraviado, que esté en estado de resolución, así como que hubiere transcurrido el término legal para resolver. De manera que el cumplimiento de esta clase de presupuestos son cuestiones que el órgano de amparo puede analizar pero a nivel del estudio de constitucionalidad del acto reclamado y no, así como un aspecto de procedencia del juicio de garantías, como sería la referida causal de falta de interés jurídico, porque se está en la clase de supuestos donde la demostración del derecho que se alude afectado implica aspectos de fondo del análisis de la litis constitucional. Con la finalidad de dar claridad de las razones en que tiene apoyo lo anterior corresponde delimitar lo siguiente: a) el tipo de acto reclamado; b) la naturaleza del derecho fundamental afectado así como respectivo interés (sic) jurídico; y, c) la íntima conexión con la cuestión de constitucionalidad de fondo lo relativo a justificar que un gobernado es parte del juicio del que deriva el acto reclamado. En torno al primer elemento corresponde determinar que el tipo de acto reclamado en la especie fue sustancialmente la falta u omisión de dictar laudo en un juicio laboral en forma pronta, es decir, la parte quejosa atribuyó a la Junta designada como responsable una conducta de no hacer, consistente en abstenerse de pronunciar el correspondiente fallo en el juicio **********, dentro de los términos y plazos legales al tenor de lo narrado en su demanda. Ahora bien, esa clase de actos reclamados en juicio laboral esencialmente guarda relación con el artículo 17 constitucional, es decir, el derecho fundamental que deriva de acceder a una justicia pronta y que a la vez se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos fijados en las leyes que regulen el procedimiento de que se trate. Lo anterior, porque el precepto constitucional en mención, comprende una serie de obligaciones para todas las autoridades que despliegan una función jurisdiccional y en la misma medida, ello correlativamente comprende un derecho para los gobernados que acuden ante dicha potestad a dirimir sus conflictos y obtener un pronunciamiento sobre la problemática expuesta, entre ellas, el acceder a un proceso que, por regla general, cumpla con los tiempos establecidos por el legislador. En este sentido es ilustrativa la tesis aislada 2a. L/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: ‘ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’ (se transcribe). De modo que ante el cuestionamiento de quiénes pueden ser los titulares del derecho fundamental de que el órgano de justicia actúe con la prontitud a la que conmina la señalada prerrogativa constitucional, puede observarse que generalmente esto se proyecta en relación a las partes del juicio conducente, al ser quienes tienen a su favor reconocido el derecho de que el órgano juzgador actúe acorde con el ordenamiento legal que le rige y celebre los actos procesales, así como resuelva los procedimientos de su competencia comúnmente dentro de los tiempos fijados por el legislador. Ahora bien, cuando en virtud del tipo de acto reclamado y derecho que se alega violado como sería el relativo a acceder a un laudo en el tiempo legalmente previsto, resulta necesario verificar que el agraviado sea parte del procedimiento del cual derive la omisión o abstención de resolución reclamada y, que efectivamente existía un deber de la autoridad responsable de resolver en el tiempo o plazo legal estipulado al efecto; es factible observar que esta cuestión está relacionada directamente con el fondo del asunto. Cierto, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 38/95, de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 50/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO.’, en lo que interesa, se aprecia que el Alto Tribunal expuso cuál es la carga de la prueba que tiene un gobernado cuando reclama la abstención u omisión de dictado de laudo en juicio laboral, pues la presunción de certeza de este tipo de acto reclamado por falta de informe justificado se limita al tema de existencia del acto, no así de su inconstitucionalidad por no ser un acto violatorio de garantías en sí mismo. De modo que entre otras cuestiones, en lo que es objeto de reflexión jurídica la Segunda Sala del Alto Tribunal formuló las siguientes consideraciones de qué era lo que correspondía demostrar a la parte quejosa para evidenciar la inconstitucionalidad de la abstención u omisión del dictado del laudo, señalado como acto reclamado: ‘... En efecto, para estimar si dicho acto es en sí mismo violatorio de garantías debe determinarse si de su propia naturaleza intrínseca deriva la contravención a la Ley Fundamental. Efectuando el análisis correspondiente, se llega a la convicción de que, para poder sostener que la omisión de dictar laudo conculca garantías individuales, es indispensable que exista un juicio en el que sea parte el quejoso, que dicho juicio esté en estado de resolución e, inclusive, que haya transcurrido el término legal del que dispone el órgano jurisdiccional para fallar, pues si falta alguno de esos presupuestos, esto es, cuando el quejoso no es parte en el procedimiento, o cuando no se ha cerrado la instrucción, o cuando está corriendo el plazo que la ley señala para el dictado del laudo, la omisión de emitirlo, por cierta que resulte, no produce ninguna violación de garantías individuales. En consecuencia, el referido acto reclamado no puede estimarse violatorio de garantías en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable para no emitir el laudo. Por tanto, como el acto reclamado aludido no es inconstitucional en sí mismo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso y, ante la falta de pruebas, es correcto que se niegue el amparo. ...’. De lo previamente transcrito puede observarse que el Máximo Tribunal del País estableció entre otras cuestiones que la abstención de dictar laudo en juicio laboral no es inconstitucional por sí mismo sino que ello depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable para no emitir el laudo, que la presunción de certeza del acto se limita a la cuestión de existencia (tener por cierto que no se ha dictado laudo en el juicio laboral conducente), pero que corresponde a la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad atribuida, indicando qué aspectos mínimos debe probar ante el juzgador constitucional. Esto es, la parte que acude al amparo reclamando la inconstitucionalidad de la falta u omisión de dictarse laudo debe probar como cuestiones elementales: a) que exista un juicio en el que sea parte; b) que dicho juicio esté en estado de resolución; y, c) que haya transcurrido el término legal del que dispone el órgano jurisdiccional para fallar. De manera que si falta alguno de esos presupuestos en función de no acreditarlos a quien le corresponde la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado (la parte quejosa), por no ser inconstitucional en sí mismo el mencionado acto, entonces el órgano de amparo no podría contar con suficientes elementos para concluir que fue violado el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta. Lo anterior, como puede observarse, corresponde a un análisis propiamente de fondo y no de procedencia del juicio de garantías. En efecto, conforme a lo señalado por el Alto Tribunal, entre los aspectos que deben justificarse por la parte quejosa para poder sostener que la omisión de dictar laudo conculca garantías individuales, según lo señalado en la ejecutoria anterior, está lo relativo a que es ‘indispensable que exista un juicio en el que sea parte el quejoso’, entre otros requisitos, y posteriormente fue precisado que ‘si falta alguno de esos presupuestos, esto es, cuando el quejoso no es parte en el procedimiento, o bien, cuando no se ha cerrado la instrucción, o cuando está corriendo el plazo que la ley señala para el dictado del laudo, la omisión de emitirlo, por cierta que resulte, no produce ninguna violación de garantías individuales’; de ahí que la posibilidad de que el órgano de amparo pueda verificar si quedaron satisfechos estos aspectos es propiamente una cuestión que corresponde al tema de lo que el quejoso debe probar para justificar la inconstitucionalidad de la omisión de dictado de laudo, por ende, aspectos de fondo y no procedencia del juicio de garantías. De ahí que debe desestimarse dicha causal de improcedencia de falta de interés jurídico prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, que estimó el Juez de Distrito, porque involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’ (se transcribe). En consecuencia, cuando el acto reclamado es la falta u omisión de emitir laudo en un juicio laboral, puede observarse que el interés jurídico conducente (derecho de acceder a una justicia pronta dentro del procedimiento del que sea parte un gobernado), que podría alegar violado una persona respecto de que el órgano juzgador no se hubiere ajustado a los plazos o términos legalmente previstos para su dictado, está íntimamente conectado con la cuestión de fondo, pues comprende lo relativo al hecho de ser parte en el procedimiento jurisdiccional de donde emana el acto reclamado y es uno de los presupuestos a verificar para decidir si logró justificar la inconstitucionalidad alegada frente al tipo de actos mencionados, es decir, ser parte del juicio laboral conducente, que se encuentre en estado de resolución y hubieren transcurrido los tiempos previstos por el legislador para el dictado del laudo. De ahí que lo relativo a justificar el agraviado que fue parte en el procedimiento del que deriva el acto reclamado y correspondiente interés jurídico está íntimamente relacionado con el análisis de constitucionalidad y no pueda ser materia de análisis como aspecto de improcedencia del amparo en función de la caus

l prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque sería en torno al fondo del asunto donde el órgano de amparo tendría la necesidad de verificar en asuntos como el presente, si quien acude al amparo es uno de los sujetos que ha acudido ante el respectivo órgano de justicia laboral a deducir una controversia y ver comprometida su esfera jurídica con las actuaciones del procedimiento, respecto lo que es objeto de debate. De manera que una vez evidenciado ese aspecto respecto del cual tiene la carga de la prueba la parte quejosa atento a la jurisprudencia 2a./J. 50/97 referida, es que podría advertirse que el afectado cuenta con la titularidad del derecho de pedir una justicia pronta, es decir, para que la responsable se sujete ordinariamente a las condiciones temporales de tramitación y resolución contenidas en la legislación que regule la función del correspondiente tribunal. Derecho que corresponderá analizar si fue afectado por la omisión de resolver el asunto según las condiciones específicas del caso y que sería objeto del estudio de constitucionalidad. De ese modo, opuesto a lo señalado por el juzgador, no es acertado que tratándose de un juicio de amparo donde es objeto de reclamación la abstención u omisión de dictado de laudo, así como se hubiere tenido por cierto el acto reclamado por falta de informe justificado de la responsable, corresponda sobreseer por falta de interés jurídico de la parte quejosa en el sentido de no demostrar fehacientemente que es parte en el juicio de origen, porque el análisis conducente de este aspecto del estudio de constitucionalidad del acto y de las cuestiones que corresponden probar a la parte quejosa para efectos de evidenciar la violación conducente al derecho fundamental de justicia pronta que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, no corresponde hacerlo como aspecto de improcedencia del juicio de garantías. En este sentido, este órgano colegiado comparte la tesis aislada sin número del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dispone: ‘CAUSALES DE IMPROCEDENCIA QUE CUESTIONAN IMPLÍCITAMENTE LA LITIS CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Así las cosas, el respectivo interés jurídico que podría derivar del reconocimiento constitucional a los gobernados de poder acceder a una función jurisdiccional pronta en los juicios en que sean parte será materia de fondo, justamente porque implica analizar si el afectado cumplió con su deber de probar entre otros presupuestos, conforme lo determinado por el Alto Tribunal, si es parte del juicio laboral en el que se duele de una abstención indebida de dictar laudo. Lo anterior porque derivado de su condición de parte es que podría tener la posibilidad de contar con el derecho público subjetivo a que deba desplegarse la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, conforme a lo previsto en el artículo 17 constitucional. Así que el interés jurídico para controvertir conductas de omisión o dilación de la responsable para resolver el asunto planteado generalmente correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se haya (sic) vinculada con el procedimiento de origen y es lo que les permitiría acudir ante una instancia constitucional para que sean los Jueces de Distrito quienes al tenor del material probatorio allegado, puedan resolver -como aspecto de fondo- lo conducente a si el caso sometido a su consideración comprende una violación al derecho constitucional de pedir justicia pronta, como es tratándose de la persona que formuló la demanda en el juicio de origen (actor), y en tanto éste cumpla con su débito procesal de evidenciar la inconstitucionalidad atribuida. En congruencia con lo anterior, corresponde mencionar que en torno a la impugnación constitucional de omisiones y dilaciones en la tramitación del juicio laboral también conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha fijado las bases de su reclamación en juicio de amparo atendiendo a la garantía de tutela judicial efectiva e impartición de justicia pronta (dentro de los plazos y términos legales aplicables), al emitir la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, que dispone lo siguiente: ‘AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.’ (se transcribe). Para lo que aquí concierne el Alto Tribunal determinó que cuando la autoridad lab

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25070-9de8f901/interes-juridico-en-el-amparo-cuando-se-reclaman · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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