REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO, PREVIO AL AMPARO, CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES DEL QUE DERIVA LA SENTENCIA IMPUGNADA SE DEMANDÓ A UNA INSTITUCIÓN OFICIAL Y ÉSTA OCURRIÓ EN DEFENSA DE BIENES NACIONALES. REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO, PREVIO AL AMPARO, CUANDO LA ACCIÓN DE LA QUE DERIVÓ LA SENTENCIA IMPUGNADA SE VINCULE CON EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS COLECTIVOS.
AMPARO DIRECTO 439/2013. JOSÉ ALMARAZ CAMARENA Y OTROS. 8 DE JULIO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ROGELIO CAMARENA CORTÉS. PONENTE: JAIME C. RAMOS CARREÓN. SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER ELIZARRARÁS MONROY.
CONSIDERANDO:
ÚNICO. Este órgano colegiado carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, según se expondrá a continuación.
Previo a exponer los motivos que apoyan tal afirmación, se estima conveniente narrar algunos de los antecedentes del asunto, que derivan del expediente agrario 132/2011.
1. En escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil once, José Almaraz Camarena y otros, demandaron, en la vía contenciosa, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la comunidad indígena, así como el reconocimiento y titulación de una extensión de 658-80-00 hectáreas; el reconocimiento de la existencia del comisariado de bienes comunales, y la respectiva inscripción en el Registro Agrario Nacional.
De los antecedentes narrados, se destaca la afirmación relativa a que ya se había intentado la misma acción en la vía de jurisdicción voluntaria, pero ésta se archivó por la oposición de la Comisión Nacional del Agua.
2. En proveído de veintiocho de febrero de dos mil once, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, con sede en Guadalajara, Jalisco, registró la demanda con el número de expediente 132/2011, y requirió a los promoventes para que aclararan su demanda y especificaran qué acción ejercían, conflicto por límites o de restitución (fojas ciento setenta y cuatro).
En escrito de veintitrés de marzo de dos mil once, manifestaron que: "... se nos tenga la presente controversia por conflicto de límites, ya que la posesión la mantenemos desde tiempos ancestrales ..." (foja ciento setenta y ocho) y, en atención a ello, el veintisiete de abril de ese mismo año se admitió y se ordenó emplazar a la Comisión Nacional del Agua como demandada.
3. El trece de julio de dos mil once, la demandada presentó contestación, de la que se destaca la siguiente afirmación: "... En ese mismo orden, resulta improcedente la pretensión de los actores, toda vez que las superficies en las que pretenden constituir la comunidad indígena de la cual demandan el reconocimiento jurídico y como consecuencia su titulación, son de propiedad nacional por disposición constitucional, en términos del artículo 27, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y declaratoria de propiedad nacional del Río Verde, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1918, por lo que, al ser de propiedad nacional las superficies de terreno que dicen tener en posesión y las cuales por disposición constitucional son inalienables e imprescriptibles, aun y cuando -suponiendo sin conceder- que mantuvieran como afirman la posesión de dichas superficies, ello no les genera derecho de propiedad o posesión alguna en su beneficio ..." (fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos ochenta y siete).
4. El catorce de octubre de dos mil once tuvo verificativo la audiencia de ley (fojas trescientos nueve a trescientos once).
5. Seguido el juicio por sus demás etapas, el veintidós de abril de dos mil trece, el citado tribunal agrario responsable dictó la sentencia reclamada en la cual declaró que los actores no habían acreditado los elementos de su acción (reconocimiento de existencia y personalidad jurídica de la comunidad indígena, así como reconocimiento y titulación de superficie), y absolvió a la Comisión Nacional del Agua de las prestaciones que se le reclamaban.
Expuestos dichos antecedentes, conviene traer a contexto los artículos 45 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen:
"Artículo 45. Cuando se reciba en un Tribunal Colegiado de Circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta ley; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 48 de esta ley."
"Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
"Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley.
"Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. ..."
Del primero de los preceptos transcritos se obtiene que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito reciba una demanda que deba tramitarse en la vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente; del segundo se coligen las bases de la procedencia del juicio de amparo directo, al señalar los casos en los cuales son reclamables en esa vía los actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; esto es, contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un proceso, entendiéndose por tal la que decida el juicio en lo principal, debiéndose agotar previamente a la promoción del juicio de garantías los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, por virtud de los cuales pueda ser modificada o revocada, excepto en el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
Por otra parte, los artículos 198 de la Ley Agraria y 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, disponen lo siguiente:
Ley Agraria
"Artículo 198. El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los Tribunales Agrarios que resuelvan en primera instancia sobre:
"I. Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;
"II. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales; o
"III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria."
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
"Artículo 9o. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer:
"I. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;
"II. Del recurso de revisión de sentencias de los Tribunales Unitarios relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal;
"III. Del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias; ..."
De lo transcrito se advierte que el artículo 198 de la Ley Agraria establece los supuestos de procedencia del recurso de revisión contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre cuestiones por límites, restitución de tierras ejidales y nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria; en tanto que el segundo de los preceptos invocados otorga competencia al Tribunal Superior Agrario para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios en los juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras, restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal, y en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias.
De lo anterior deriva que, cuando el acto reclamado afecte los derechos colectivos de un núcleo de población ejidal o comunal, sea que la resolución les resulte favorable o desfavorable, procede en su contra el recurso de revisión.
En efecto, en las tres fracciones que quedaron transcritas y que constituyen los casos de procedencia del aludido medio de defensa legal, el bien jurídico que tutela el recurso es el o los derechos colectivos de los núcleos de derecho agrario.
Lo anterior es así, por lo que se refiere a la fracción I, en tratándose de límites de tierras, se hace mención clara a tales derechos colectivos, pues refiere a los conflictos de esa naturaleza en los que se ven involucrados los entes colectivos ejidales y comunales, ya sea entre dos o varios de ellos, o cuando se presenta el conflicto entre cualquiera de aquéllos y los pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. En la fracción II del dispositivo que se comenta, también se envuelve al citado derecho colectivo de los núcleos de población ejidal o comunal, pues cuando el conflicto verse sobre restitución de tierras, la resolución que se dicte afectará o beneficiará, de alguna manera, el derecho colectivo de cualquiera de las partes en contienda.
Por lo que se refiere a la fracción III, es necesario tener en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 109/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS.",(1) de la cual se toma la siguiente porción de la ejecutoria respectiva, que dice: "... Lo anterior, al margen de que lo impugnado ante el Tribunal Unitario Agrario constituya o no una decisión emanada de un determinado procedimiento tramitado en defensa de los derechos agrarios de núcleos de población, pues, como ya se vio, por el vocablo resolución a que alude la Ley Agraria que se analiza, debe entenderse también el acto de autoridad administrativa que defina o dé certeza a una situación legal o administrativa; la expresión de una voluntad que produce efectos jurídicos y que sea diferente de las hipótesis que prevé la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en su artículo 18, fracciones de la I a la XIV, con excepción de la IV, que es la que se ha examinado. ..."
De esa transcripción se advierte que también en el apartado de que se habla, para efectos de la procedencia del recurso de revisión, entre otros, se toman en cuenta los derechos colectivos señalados, pues su interpretación gira en torno a los derechos agrarios de núcleos de población.
Todo lo anterior revela, entonces, que el recurso de revisión se instituyó con la finalidad de que las partes estén en aptitud de impugnar las resoluciones de primera instancia decisorias de procedimientos en que estuvieran de por medio los derechos agrarios colectivos de un núcleo de población ejidal o comunal, lo que significa una mayor apertura a la impartición de justicia agraria y un evidente beneficio a la garantía de defensa para las partes.
En el caso, el presente asunto se ubica en la fracción I del indicado numeral 198 de la Ley Agraria, atento a que, como se ve del punto dos de los antecedentes narrados al inicio de este considerando, la parte actora si bien promovió el procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes, también ejerció la acción conflicto de límite de tierras, lo que se corrobora de lo siguiente:
En escrito de veintitrés de marzo de dos mil once, los actores del juicio manifestaron que: "... se nos tenga la presente controversia por conflicto de límites, ya que la posesión la mantenemos desde tiempos ancestrales ..." (foja ciento setenta y ocho).
Es menester precisar que la fracción I no debe interpretarse en sentido estrictamente literal, es decir, por cuanto alude a la procedencia del recurso sólo en casos de conflictos de límites de tierras "... suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones ...", sino a la trascendencia de ese tipo de controversias con independencia de su naturaleza, como en el presente asunto, que la parte demandada es una autoridad, porque, finalmente, se ve envuelto el derecho colectivo del núcleo de población de que se trata y prevalece la eventual afectación de éste.
De ahí que si el vehículo procesal en cuestión fue abordado en el considerando noveno de la sentencia, declarándose improcedente, por las razones ahí señaladas, es claro que, como se puso en evidencia, la ahora quejosa se encontraba obligada a agotar el medio de impugnación en cita, en contra de la sentencia que ahora constituye el acto reclamado.
Por otro lado, como ya se dijo, el acto reclamado emana del juicio agrario 132/2011, incoado por los aquí quejosos, en el que se demandó a la Comisión Nacional del Agua.
Ahora bien, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/97, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, señaló lo siguiente:
"Pues bien, para conocer el alcance del término ‘resoluciones’ a que alude la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, necesariamente debe vincularse con la fracción IV del artículo 18, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues las sentencias de dichos tribunales, que resuelvan en primera instancia, sobre la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria, en contra de las cuales procede el recurso de revisión, de conformidad con el precepto mencionado en primer lugar, no puede ser otro tipo de sentencias sino las que se dicten en los juicios de nulidad, tramitados conforme al segundo de los artículos antes mencionados, pues del contenido de ese precepto la indicada fracción IV, es la única que otorga competencia a los Tribunales Unitarios Agrarios para conocer de los juicios de nulidad.
"A propósito del tema que se analiza, en relación con el acto y resoluciones administrativas, conviene citar, en lo conducente, lo que dice el Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, (el cual) señala lo siguiente:
"‘Acto administrativo. I. Es el acto que realiza la autoridad administrativa. Expresa la voluntad de la autoridad administrativa, creando situaciones jurídicas individuales, a través de las cuales se trata de satisfacer las necesidades de la colectividad o la comunidad. A veces, las autoridades legislativas o las judiciales realizan también el acto administrativo, cumpliendo funciones de autoridad administrativa. Prevalece en la doctrina del derecho administrativo, la distinción formal o subjetiva y material u objetiva del concepto de acto administrativo. En sentido formal, acto administrativo es todo acto del Poder Ejecutivo, que es el órgano administrativo del Estado. En sentido material, es el acto del Estado, intrínsecamente administrativo, sin importar que el órgano estatal que lo realice sea el legislativo, el judicial o el administrativo. 1. Para salvar los inconvenientes del concepto formal, que lleva necesariamente a tener como acto administrativo el reglamento, el decreto o cualquiera otra disposición general proveniente del ejecutivo, la doctrina procura el concepto material, por ejemplo Andrés Serra Rojas define el acto administrativo como: «una declaración de voluntad de conocimiento y de juicio, unilateral, concreta y ejecutiva que constituye una decisión ejecutoria que emana de un sujeto: la administración pública, en el ejercicio de una potestad administrativa, que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción del interés general.» (p. 226); Agustín A. Gordillo dice: «acto administrativo es el dictado en ejercicio de la función administrativa, sin interesar qué órgano la ejerce.» (p. 14, T. III); Manuel María Diez expresa: «acto administrativo puro es una declaración concreta y unilateral de voluntad de un órgano de la administración activa en ejercicio de la potestad administrativa.» ... IV. Régimen jurídico del acto administrativo. El acto administrativo tiene su origen en la ley que lo autoriza, como acto propio de autoridad administrativa, pero en la vida económica, social y política de la administración pública, se sirve para lograr los cometidos u objetivos de ésta, tanto de las leyes administrativas como de las leyes civiles y mercantiles. Está sometido por las necesidades propias de la administración contemporánea, a las normas del derecho público y a las normas del derecho privado, pero, esta situación, no le priva de su índole administrativa. Esto explica que sólo metafóricamente se puede admitir que se distinga entre actos administrativos y actos privados, de la administración, pues en la realidad cotidiana estos últimos son simplemente actos administrativos que utilizan las normas del derecho privado para colmar fines públicos. En la práctica administrativa, es común observar que el acto administrativo tenga como régimen jurídico el de la ley administrativa, pero también es ordinario constatar su frecuente estadía en los solares del derecho privado. La actividad económica del Estado acepta con toda naturalidad este régimen híbrido ...’
"‘Resolución administrativa. I. Es el acto de autoridad administrativa que define o da certeza a una situación legal o administrativa. Las leyes pueden ser provisionales o definitivas. Las primeras son las que requieren de otra u otras intervenciones administrativas para producir efectos legales y las segundas los producen por sí sin necesidad de otro acto de autoridad. Toda resolución administrativa es un acto administrativo de autoridad, pero existen actos administrativos que no revisten el carácter jurídico de verdaderas resoluciones administrativas. Son numerosos los casos en que la autoridad opina o solicita opinión, consulta o propone, investiga, constata o verifica hechos o situaciones. Todos son actos administrativos producidos por mandato legal y con determinadas consecuencias jurídicas, pero sin decir ni resolver ... III. Ejecutoriedad de la resolución. Si los administrados obligados a cumplir con una resolución administrativa no lo hacen voluntariamente, la autoridad puede imponerla, ejecutarla, aun contra la voluntad de ellos, sin intervención alguna de los órganos jurisdiccionales. Hace uso la autoridad en el caso, del procedimiento administrativo de ejecución o de la facultad económico-coactiva ...’
"Precisado lo anterior, debe señalarse que el vocablo ‘resolución’ a que alude la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, no debe entenderse solamente como una resolución en sentido formal que se dicte en materia agraria, es decir, que derive como consecuencia de un determinado procedimiento con todas sus características, sino que también debe abarcar cualquier acto o decisión que emita una autoridad agraria, que sin constituir propiamente una resolución en sentido formal, de hecho viene a constituir una resolución en sentido material porque expresa su voluntad en cuanto determina situaciones jurídicas concretas.
"Lo anterior es comprensible, si se toma en cuenta que en ocasiones las autoridades emiten actos o acuerdos que sin constituir precisamente una resolución en sentido formal, a través de esos actos o acuerdos alteran, modifican o extinguen un derecho o determinan la existencia de una obligación, como pudiera ser, por ejemplo, la emisión de un plano en materia agraria que modifique uno anterior, que sin ser propiamente una resolución, dado que la expresión de voluntad se hace de manera gráfica, esa decisión de hecho afecta situaciones jurídicas concretas y lo determinante es que en ese acto o resolución se plasme la voluntad de la autoridad agraria.
"Es decir, para que proceda el recurso de revisión en términos de la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, es suficiente que el acto o resolución cuya nulidad se demandó ante el Tribunal Unitario Agrario, haya sido emitido por una autoridad agraria y, necesariamente, que este acto altere, modifique o extinga un derecho, o bien, haya determinado la existencia de una obligación.
"En consecuencia, si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución, y como consecuencia de ésta, deben conocer y tienen competencia para su nulidad, los Tribunales Unitarios Agrarios y en contra de las sentencias que estos dicten en primera instancia, procede el recurso de revisión, de conformidad con el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria.
"Lo anterior, al margen de que lo impugnado ante el Tribunal Unitario Agrario, constituya o no una decisión emanada de un determinado procedimiento tramitado en defensa de los derechos agrarios de núcleos de población, pues como ya se vio, por el vocablo resolución, a que alude la Ley Agraria que se analiza, debe entenderse también el acto de autoridad administrativa que defina o dé certeza a una situación legal o administrativa; la expresión de una voluntad que produce efectos jurídicos y que sea diferente de las hipótesis que prevé la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en su artículo 18, fracciones de la I a la XIV con excepción de la IV, que es la que se ha examinado."
De tales consideraciones se destaca que la Superioridad estableció que el término de "resoluciones" a que se contrae el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, abarca cualquier acto o decisión que emita una autoridad agraria, que sin constituir propiamente una resolución en sentido formal, de hecho viene a constituir una resolución en sentido material, porque expresa su voluntad en cuanto determina situaciones jurídicas concretas.
De tal asunto derivó la siguiente jurisprudencia:
"REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS. Al establecer el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, que el recurso de revisión procede en contra de la sentencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de ‘resoluciones’ emitidas por las autoridades en materia agraria, el término conceptual ‘resoluciones’ no debe entenderse en sentido formal, esto es, como aquellas que definen o concluyen un procedimiento administrativo, sino en el sentido amplio que se deduce del artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que, al fijar la competencia de los Tribunales Unitarios de la materia, se la otorgan para conocer de juicios de nulidad contra resoluciones de autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Por tanto, cualquier tipo de resolución o acuerdo, o inclusive un acto que altere, modifique o extinga un derecho o determine la existencia de una obligación, es susceptible de ser impugnado en juicio de nulidad."(2)
En el caso, la procedencia del expediente de reconocimiento, con carácter contencioso (del que emana la sentencia aquí reclamada), estriba en la oposición expresada por la Comisión Nacional del Agua; cabe indicar que su actuar es en carácter de autoridad, porque comparece a defender bienes propiedad de la Nación, con apoyo en el artículo 27 de la Carta Magna, así como en los numerales 1, 2, 4, 113 y 118 de la Ley de Aguas Nacionales, y teniendo como sustento el decreto de dieciocho de agosto de mil novecientos dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación (como se ve de la contestación de demanda, agregada a fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos ochenta y siete del juicio agrario).
Además, su actuar incide en la materia agraria (en lo referente a los derechos colectivos), pues está en contra de que se reconozcan y titulen los bienes demandados por los accionantes; lo que a la luz del anterior criterio, constituye una resolución en sentido material, porque expresa su voluntad en cuanto determina situaciones jurídicas concretas.
Ello pone en relieve que si bien la acción ejercida, en la parte esencial, se vincula al reconocimiento y titulación de bienes, lo cierto es que tiene por efecto que el tribunal responsable se pronuncie en torno a la nulidad o validez de un acto de autoridad, consistente, como se vio, en la oposición al indicado procedimiento.
En efecto, las anteriores circunstancias revelan que se reúnen todos los elementos específicos para la procedencia del recurso de revisión, pues la sentencia deberá pronunciarse en torno a la nulidad de un acto de autoridad que causa una afectación de derechos colectivos en materia agraria.
No se opone a lo aquí decidido el contenido de las jurisprudencias 2a./J. 170/2012 (10a.) y 2a./J. 34/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos contenidos son los siguientes:
"REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. CASOS EN QUE PROCEDE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVAN CONJUNTAMENTE SOBRE LA NULIDAD DE UNA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y DE UN ACTO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL QUE ES CONSECUENCIA DE LO DECIDIDO POR AQUÉLLA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que: 1) El recurso de revisión previsto en los artículos 198 de la Ley Agraria y 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios es un medio de defensa extraordinario, pues normalmente las sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios son definitivas; 2) Si en la sentencia de primera instancia se resuelve sobre dos o más acciones procede el recurso de revisión cuando al menos una de ellas encuadre en alguno de los supuestos de las fracciones I, II o III del mencionado artículo 198; 3) Las asambleas ejidales no son autoridades agrarias; y, 4) El Registro Agrario Nacional sí lo es. Conforme a estas premisas, si en la sentencia del Tribunal Unitario Agrario se resuelve, por un lado, sobre la nulidad de una asamblea general de ejidatarios y, por otro, sobre la nulidad de un acto del Registro Agrario Nacional que es consecuencia de lo decidido por la asamblea, es improcedente el recurso de revisión por lo que toca al acto de ésta. En cambio, con fundamento en los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9o., fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, procede ese medio de defensa contra el acto del Registro siempre y cuando se impugne por vicios propios, es decir, cuando se refiera al incumplimiento, por parte del Registro, de las obligaciones que la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional imponen al propio órgano y a sus funcionarios. De esta forma, es improcedente el recurso si el acto del Registro se reclama sólo como una mera consecuencia de la determinación de la asamblea."(3)
"TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS SÓLO ES PROCEDENTE CUANDO EL JUICIO SE TRAMITÓ CON BASE EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN IV, DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria, 9o., fracción III y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se advierte que la procedencia del recurso de revisión, previsto en los dos primeros numerales, competencia del Tribunal Superior Agrario, está condicionada a que la sentencia que se dicte por el Tribunal Unitario Agrario en el juicio correspondiente se identifique con la hipótesis de procedencia del juicio de nulidad a que se contrae el artículo últimamente citado, es decir, con el supuesto en que se demande la nulidad de una resolución dictada por una autoridad agraria, a través de la cual se alteren, modifiquen o extingan derechos, o bien, se determine la existencia de una obligación. En consecuencia, si el juicio agrario se tramita bajo un supuesto de procedencia diverso de aquel a que se refiere la mencionada fracción IV, la revisión no puede ser viable en los términos previstos por los dos artículos inicialmente aludidos, sin que en el caso sea dable recurrir al concepto de ‘autoridad para efectos del juicio de amparo’, pues resulta evidente que la autoridad en materia agraria para efectos de la procedencia del señalado recurso, constituye un concepto diverso que se encuentra desligado del juicio de garantías, máxime si se toma en cuenta que en los indicados artículos 198, fracción III, y 9o., fracción III, el legislador pretendió regular una hipótesis de procedencia objetiva de un medio de defensa, describiendo las características del pronunciamiento materia del recurso."(4)
Cabe indicar que del análisis del expediente agrario natural se despren
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25227-d33f2e41/revision-en-materia-agraria-debe-agotarse-dicho-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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