COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).
AMPARO DIRECTO 854/2013. 16 DE ENERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIA: ANDREA MARTÍNEZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son infundados en parte y fundados en otra los conceptos de violación, acorde con las consideraciones que se expondrán en párrafos subsecuentes.
Tales argumentos consisten -en síntesis- en lo siguiente:
a) Violación al artículo 16 constitucional, bajo la premisa de que la autoridad responsable no señala las circunstancias particulares del caso concreto, sino sólo se limita a precisar que las pruebas ofrecidas por la actora resultan insuficientes para tener por demostrada la procedencia de la acción principal, sin que ello esté debidamente motivado.
b) Ilegalidad del fallo combatido, al no haberse considerado que en el caso a estudio se encuentran involucrados los intereses de una menor de edad, cuya facultad para allegarse los medios adecuados que logren su desarrollo integral, está siendo vulnerada.
c) No debió pasarse inadvertido el respeto a los derechos humanos de la menor, garantizándole el derecho a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y convivencia con sus padres, así como la comprensión de sus aptitudes físicas y mentales y el fomento a su libre expresión.
d) En atención al interés superior de la menor debieron recabarse de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados, a fin de resolver la cuestión planteada.
Se afirma que es infundado el concepto de violación resumido en el inciso a), porque el fallo reclamado cumple con la debida fundamentación y motivación.
Pues, si por lo primero se entiende que en todo acto de autoridad han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, por lo segundo, el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas consideradas por el juzgador para la emisión del acto reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para percatarse que la misma sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues contiene la expresión de todas las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que llevaron al tribunal de alzada a confirmarla.
Ello, en virtud de que -contrario a lo sostenido por la impetrante del amparo- dicha autoridad no sólo se limitó a desestimar las pruebas sin motivación alguna, sino que calificó de infundados e improcedentes los agravios planteados, al tenor de las siguientes consideraciones:
*El a quo sí valoró todas y cada una de las probanzas ofrecidas por la actora; quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, debía demostrar la procedencia del incremento en el porcentaje fijado como pensión alimenticia definitiva.
*Para la procedencia de la referida acción, es necesario que el acreedor demuestre -además de su necesidad de percibir alimentos-, que el grado de capacidad económica del deudor alimentario se ha incrementado en tal magnitud que pueda soportar un aumento en la pensión, en observancia al principio contenido en el numeral 242 del código local sustantivo civil en vigor.
*De las constancias procesales, no se desprende que la actora hubiere justificado el cambio de circunstancias, desde la fecha en que se decretó una pensión alimenticia a favor de su menor hija en el juicio ordinario civil **********, pues el que actualmente cuente con una edad aproximada de catorce años y que, por ello, erogue gastos por pago de colegiatura, transporte y útiles escolares, no significa que hayan variado las circunstancias por las cuales se fijó la pensión alimenticia de la cual se solicita su incremento, en virtud de que la misma se estableció atendiendo a lo previsto en el cardinal 239 del citado cuerpo normativo.
*La inconforme omitió demostrar que la suma que percibe por concepto de pensión alimenticia, a favor de su menor hija, no le alcanza para cubrir sus necesidades alimentarias; aunado a que las notas expedidas por la refaccionaria no se encuentran comprendidas dentro del concepto de alimentos, ni tampoco probó que dichos pagos se hayan efectuado para beneficiar a la aludida menor.
*No quedó demostrado en el sumario, que las posibilidades del deudor se hayan incrementado como para soportar un aumento en la referida pensión alimenticia; a más de que, si ahora se desempeña como subdirector de la institución bancaria para la cual labora y que, por ello, percibe un sueldo más elevado, en esa proporción se verá beneficiada su menor hija, si se considera que al haberse fijado la pensión alimenticia en porcentaje, éste incrementará conforme lo haga el sueldo y las percepciones del deudor.
*Por lo anterior, no es motivo suficiente para acceder a las pretensiones de la accionante el alto costo de la vida, que afecta tanto a la acreedora alimentaria como al deudor.
*No se justificó que las posibilidades del deudor se hayan incrementado como para que pueda soportar un descuento superior al fijado a favor de la menor, dentro de los autos del juicio ordinario civil número **********.
*El principio de suplencia de la queja no tiene el alcance de declarar procedentes las pretensiones de la actora sin las bases para ello.
Luego, si lo anteriormente sintetizado pone de manifiesto que el tribunal de alzada no se limitó a señalar que las pruebas ofrecidas por la actora resultan insuficientes para tener por demostrada la acción principal, sino que fundó y motivó las razones por las cuales no era procedente aumentar la pensión alimenticia definitiva fijada en el juicio ordinario civil ********** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz; entonces, deviene inconcuso que la sentencia combatida no contraviene en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son:
"Registro No. 176546
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXII, diciembre de 2005
"Tesis: 1a./J. 139/2005
"Página: 162
"Jurisprudencia
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
Asimismo, se afirma que resultan infundados los conceptos de violación resumidos en los incisos b) y c), para lo cual es pertinente hacer las siguientes precisiones.
El artículo 239 del Código Civil vigente en el Estado, prevé que el concepto de alimentos comprende la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad y, respecto de los menores, además, los gastos necesarios para su educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales; debiendo ser proporcionados de acuerdo con la posibilidad económica del deudor, y en función de la necesidad del acreedor alimentario, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 242 del citado cuerpo normativo.
Por su parte, cabe destacar que para obtener el aumento de una pensión alimenticia decretada en juicio, es lógico y jurídicamente necesario que la parte actora exponga en su demanda y pruebe durante el procedimiento -atendiendo al artículo 228 del código procesal civil- las causas que alteraron la proporcionalidad entre las percepciones económicas del deudor y las necesidades del acreedor, para que se justifique así el incremento solicitado.
En tal virtud, no asiste razón a la impetrante del amparo en cuanto sostiene que, atendiendo al interés superior de su menor hija, debió considerarse que el monto del que actualmente goza como pensión alimenticia definitiva, se contrapone con su desarrollo integral, aunado a que no es dable garantizar con el mismo su salud e integridad física y mental.
Pues, si bien es cierto que del artículo 4o. constitucional, se colige que en atención al interés superior del menor, todas las autoridades están obligadas a proveer lo necesario para respetar la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, entre los cuales no sólo se encuentran los mencionados en el referido precepto, sino todos aquellos derivados de los tratados internacionales en favor de los menores; también lo es que, en el caso a estudio, no se han vulnerado tales derechos, porque -como lo sostuvo el tribunal de alzada- de las constancias procesales no se desprende que la actora hubiere justificado el cambio de circunstancias desde la fecha en que se decretó la pensión alimenticia definitiva a favor de su menor hija en el juicio ordinario civil **********.
A más de que, si dicha pensión se convino en el pago del veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones percibidas por el deudor, lo cual fue aprobado mediante resolución dictada el diecisiete de noviembre de dos mil; entonces, resulta inconcuso que al no haberse demostrado que tal porcentaje deviene insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias de la aludida menor, conforme a los artículos 239 y 242 del Código Civil vigente en el Estado, y que aun cuando el ahora demandado perciba mayores ingresos por ocupar un mejor puesto dentro de su centro de trabajo, dicho porcentaje se incrementa en armonía con éstos y, por ende, que la actora efectivamente estaba obligada a probar durante la secuela procedimental correspondiente, que las posibilidades del deudor alimentario se incrementaron de tal manera que sea dable aumentar el monto fijado como pensión alimenticia definitiva, en el referido juicio ordinario civil **********.
Máxime si tomamos en consideración que a pesar de que actualmente la aludida menor eroga gastos distintos de aquéllos cuando se fijó la referida pensión, tales como el pago de colegiatura, transporte y útiles escolares, ello no implica que las circunstancias por las cuales se estableció la pensión alimenticia de la cual se solicita su incremento cambiaron, toda vez que la misma alcanza lo preceptuado por el numeral 239 del citado cuerpo normativo, en cuanto prevé que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en casos de enfermedad; y, respecto de los menores, los gastos necesarios para su educación básica, y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales.
Y, si bien es cierto que el alto costo de la vida es un hecho evidente, conceptuado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia firme, como lo que es público y sabido de todos, también lo es que -como ya se dijo- para obtener el aumento de una pensión alimenticia decretada en juicio, es lógica y jurídicamente necesario que la parte actora exponga y pruebe las causas que alteraron la proporcionalidad entre las percepciones económicas del deudor y las necesidades del acreedor para justificarse el incremento solicitado; lo cual en el caso que nos ocupa no sucedió.
Sin que obste a lo anterior, que aun cuando se encuentran involucrados los intereses de una menor de edad, lo cierto es que la institución de alimentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que pueda vivir con decoro y atender a sus necesidades; de ahí que, contrario a lo argumentado por la quejosa, el monto fijado como pensión alimenticia definitiva a favor de su menor hija, se encuentra apegado al principio de proporcionalidad a que nos hemos referido con antelación.
Apoyan lo antes expuesto, por sus alcances jurídicos, los criterios sostenidos por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito -que este órgano federal comparte-, cuyos datos de localización, rubro y texto son:
"Quinta Época
"Registro: 343732
"Instancia: Tercera Sala
"Tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: CV
"Materia(s): Civil
"Página: 2333
"ALIMENTOS, AUMENTO DE LAS PENSIONES DE. La elevación del costo de la vida afecta lo mismo al acreedor que al deudor de los alimentos, y aunque demuestre que las necesidades de aquél han aumentado, no prueba que hayan mejorado las posibilidades del deudor, por lo que no basta esa circunstancia para justificar la elevación del monto de la pensión alimenticia, por no satisfacerse los extremos del artículo 311 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales."
"Séptima Época
"Registro: 248299
"Instancia: Tribunal Colegiado del Décimo Circuito
"Tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 205-216, Sexta Parte
"Materia(s): Civil
"Página: 593
"PENSIÓN ALIMENTICIA, AUMENTO DE LA. HECHOS NOTORIOS. El alto costo de la vida es un hecho evidente, conceptuado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia firme, como lo que es público y sabido de todos; y de acuerdo a lo estatuido por el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, como lo que no requiere ser probado. Sin embargo, para obtener el aumento de una pensión alimenticia decretada en juicio, es lógica y jurídicamente necesario que la parte actora exponga en su demanda y pruebe durante el procedimiento las causas que alteraron la proporcionalidad entre las percepciones económicas del deudor y las necesidades del acreedor, para que se justifique así el incremento solicitado; pero si estas cuestiones no se demuestran y la resolución del juicio anterior fijó a favor del acreedor alimentario el pago de una pensión en porcentaje, cuyo monto se acreditó indudablemente con los sucesivos aumentos del salario y demás prestaciones que ha obtenido el deudor, adiciones económicas que se originan casi paralelamente con el aumento del costo de la vida, como éste, aquéllos tampoco requieren ser probados por ser evidentes."
Igualmente se afirma que es infundado el motivo de inconformidad resumido en el inciso d), porque si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia citada por la quejosa, el tribunal de alzada puede recabar oficiosamente pruebas, también lo es que ello se traduce en una facultad de la que goza el juzgador para resolver la cuestión planteada cuando advierta del expediente, incluyendo los hechos y las particularidades del caso, algún dato que le permita suponer que ésta no puede ser dilucidada conforme a derecho, por estimar que debieron desahogarse medios de convicción distintos de aquellos ofrecidos por las partes; y no como sucede en el caso a estudio, en el que una vez que se analizó y ponderó la totalidad del material probatorio, la autoridad responsable llegó a la convicción de que no quedó probada la acción principal, al no haberse demostrado que: i) La suma recibida por la actora por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hija no le alcanza para cubrir las necesidades alimentarias de ésta; y, ii) Las posibilidades del deudor alimentario se hayan incrementado como para soportar un aumento en la referida pensión alimenticia.
Y, aunado a ello, porque si el deudor ahora se desempeña como subdirector de la institución bancaria para la cual labora, percibiendo un sueldo más elevado, lo consiguiente es que en esa proporción se verá beneficiada su menor hija, considerando que la multirreferida pensión alimenticia está fijada en porcentaje; lo cual conlleva a la determinación de que se incrementará conforme lo haga el sueldo y las percepciones del deudor.
Por otra parte, suplidos en su ausencia y deficiencia, según ordena el numeral 79, fracción II, de la Ley de Amparo, resultan parcialmente fundados los conceptos de violación.
En efecto, este tribunal en ausencia de conceptos de violación, pero con base en el interés superior de la menor involucrada y el beneficio de suplencia de la queja, estima que la Sala responsable no debió condenar a la apelante al pago de costas en la segunda instancia.
Se llega a esta conclusión sin desconocer que no obtuvo fallo favorable. Aquí se sostiene el criterio de que la teoría del vencimiento que inspira el contenido del artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no debe ser aplicada en los asuntos donde se ventilen derechos de menores de edad, cuando éstos no obtengan fallo acorde a sus intereses.
En este aspecto se estima conveniente, tal como se hizo al resolver el amparo directo **********, traer a colación lo siguiente:
Marco teórico normativo.
Antes de entrar al estudio del caso concreto, se considera necesario hacer referencia a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 199/2010, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 5/2011, referente a la caducidad de la instancia cuando se encuentren involucrados derechos de menores, que en su parte considerativa precisó lo siguiente:
"... De conformidad con el texto del cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, en nuestro sistema jurídico tratándose de los juicios de naturaleza civil la sentencia que se dicte será conforme a la letra de la ley, a la interpretación jurídica de ésta y a falta de ella se recurrirá a los principios generales del derecho, disposiciones que rigen lo que en la doctrina se conoce como el ‘estricto derecho’, consistente en que el juzgador sólo resolverá respecto a los hechos y planteamientos lógico-jurídicos en los que se expresen y funden las pretensiones y excepciones de los litigantes, sin que el juzgador realice un pronunciamiento de manera oficiosa respecto de los hechos o planteamientos no invocados en la demanda ni en su contestación, en esa tesitura se identifica también con el principio de congruencia que rige toda resolución judicial en la que los Jueces al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal no pueden ocuparse de puntos o cuestiones no comprendidas en la litis.
"Sin embargo, de la interpretación armónica y sistemática del propio Texto Constitucional, específicamente en su artículo 4o., se advierte que ese principio rígido que preside en los juicios de naturaleza civil, se ha flexibilizado tratándose de asuntos de índole familiar, como se advierte del texto del citado artículo, que es del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
"‘... Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
"‘Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
"‘El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.’
"Previo a la interpretación literal del artículo que, antecede, resulta conveniente esclarecer la ratio legis del referido precepto legal, a partir del dictamen de la Cámara de Origen con motivo de la reforma y adición del último párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal, publicada el siete de abril de dos mil, en el Diario Oficial de la Federación. Efectivamente, el legislador expresó, en lo que interesa, lo siguiente:
"‘... El texto constitucional, no obstante coincidir con los postulados internacionales sobre los derechos del niño, no resulta suficiente en la actualidad para satisfacer las exigencias de una realidad cambiante, ya que la misma revela nuevas necesidades de los niños y de las niñas.
"‘Resultaría lógico pensar y promover la protección de sus derechos en el desarrollo de su núcleo familiar como hasta ahora ha acontecido, pero evidentemente la realidad actual supera en mucho la citada expectativa, ya que un porcentaje muy alto de menores, además de graves insuficiencias, carecen hasta de este seno familiar.
"‘Por tanto, la responsabilidad de protegerlos debe hacerse extensiva como una asistencia a los niños y las niñas, que carecen de un medio familiar, o que teniéndolo, requieran de acciones adicionales del Estado para asegurar su desarrollo integral.’
"... Del precepto anterior y de su ratio legis, se infiere que el Poder Reformador de la Constitución reconoce la organización y el desarrollo de la familia, misma que ocupa un lugar preponderante en el sistema jurídico nacional, al ser ésta la célula primigenia del Estado, y dentro de su núcleo, la niñez cobra un factor relevante de carácter superior que no sólo corresponde a los integrantes de la familia, sino que es un deber compartido que traspasa del interés privado al público, abarcando a la sociedad y al Estado, en todos sus ámbitos y niveles.
"Por su parte, en el plano del derecho internacional, se ha otorgado un reconocimiento preponderante en la vida del Estado a la familia, y en especial a la niñez, considerada un periodo del desarrollo humano comprendido desde el nacimiento de la persona, hasta que ésta cumple dieciocho años, salvo que conforme al derecho interno haya adquirido la capacidad plena de autodeterminarse, por lo que teniendo en cuenta la situación biológica, cultural, económica y social en la que se encuentran los menores y la equiparación de los mayores de dieciocho años declarados incapaces, por tener únicamente capacidad de goce de derechos, se les considera como un grupo vulnerable dentro de la sociedad y, en razón a ello, la familia, la sociedad y el Estado deben garantizar la satisfacción de sus necesidades. En ese sentido el Estado mexicano ha asumido los siguientes compromisos internacionales que señalan lo siguiente:
"‘Declaración de los derechos del niño.
"‘Principio 2, El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño ...’
"‘Principio 8, El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.’
"‘Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.
"‘Artículo 24.
"‘1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.’
"‘Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"‘Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal.
"‘...
"‘5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento ...’
"‘Artículo 19. Derechos del niño.
"‘Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.’
"Convención sobre los Derechos del Niño.
"‘Artículo 3.
"‘1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
"‘2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.’
"Este principio que históricamente se ha reflejado en un primer periodo desde el terreno del derecho internacional hacia nuestro derecho interno, y en un segundo, de la Constitución Federal hacia las leyes federales y locales, consiste en que ese interés superior de la niñez implica que frente a toda medida en la que se vean involucrados los menores de dieciocho años, deberá ser ponderado dicho interés frente a las decisiones tomadas por entidades privadas o públicas, de modo que se busque el beneficio directo del niño o adolescente a quien van dirigidos.
"En relación a lo anterior, esta Primera Sala ha sustentado la tesis aislada que a continuación se transcribe:
"‘INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. ...’
"Así como la tesis sustentada por el Pleno de este Máximo Tribunal, que a la letra señala:
"‘MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. ...’
"Por tanto, se considera que en todos los actos que involucren intereses de menores de edad e incapaces, el Estado Mexicano deberá velar porque prevalezca el interés superior de la niñez y la adolescencia, respecto de los intereses de otras personas con capacidad plena. Tratándose de procesos formal y/o materialmente jurisdiccionales, ese principio del interés superior del menor, ha sido acogido en diversas instituciones jurídicas, por ejemplo, la suplencia de la queja deficiente, que consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el actor o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios y en la recabación oficiosa de pruebas por parte del juzgador, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio para el esclarecimiento de los hechos litigiosos, sin que puedan variar los hechos, criterio que ha sido sostenido por esta Primera Sala en la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe:
"‘MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. ...’
"Como se puede observar, el Estado Mexicano ha creado instituciones que permiten proteger los derechos de los niños e incapaces, tendencia establecida tanto en la Constitución, tratados internacionales y leyes federales, por lo que entonces es claro que en todos los actos jurídicos en donde se involucren derechos de menores de edad e incapaces, el Estado Mexicano en toda su amplitud deberá ponderar su interés superior.
"Lo anterior sirve de marco para el estudio de la institución procesal de la caducidad o perención de la instancia, que doctrinariamente se ha considerado como una sanción de naturaleza procesal por el desinterés manifiesto de las partes sometidas a juicio al no promover durante la sustanciación del proceso, durante cierto tiempo, susceptible de interrupción; por lo que se equipara a una presunción racional de que no es su deseo llevarlo adelante y han perdido interés en la contienda, procediendo a decretarla a petición de parte interesada o de oficio por el juzgador.
"Como es sabido, uno de los principios que rigen los juicios civiles es el principio dispositivo que consiste básicamente en que el ejercicio de la acción procesal está a cargo tanto en su forma activa como en su forma pasiva a las partes y no al Juez.
"Este principio se manifiesta en diferentes aspectos del proceso civil y sus principales características son, que el proceso comience por iniciativa de parte; que el impulso del proceso quede confiado a la actividad de las partes; las partes tienen el poder de disponer del derecho material controvertido de manera unilateral o bilateral; así también, las partes fijan el objeto del proceso mediante las afirmaciones hechas valer en sus escritos de d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25344-5e818b0d/costas-con-base-en-la-teoria-del-vencimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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