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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE AMPARO. SI EL INTERNO DE UN CENTRO PENITENCIARIO, AL NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, EXPRESA AL CALCE DE ÉSTA, ANTE EL ACTUARIO, SU VOLUNTAD DE INTERPONERLO, ELLO ES SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ESTÁ PRESENTANDO LOS AGRAVIOS RESPECTIVOS Y COLMADO EL REQUISITO FORMAL DE INTERPONERLO POR ESCRITO, NO OBSTANTE QUE DICHA MANIFESTACIÓN NO LA COMPLEMENTE CON UNA PROMOCIÓN POSTERIOR.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 175/2014. · Registro digital (IUS): 25442
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-01-30
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Pág. 2034.

AMPARO EN REVISIÓN 175/2014. 28 DE AGOSTO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. PONENTE: HÉCTOR RIVEROS CARAZA. SECRETARIA: ALEJANDRA CRISTAELA QUIJANO ÁLVAREZ.

Xalapa, Veracruz. Acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión pública de veintiocho de agosto de dos mil catorce.

Visto para resolver los autos del recurso de revisión penal **********, interpuesto por **********, contra la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil catorce, por la Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto número **********; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el dos de abril de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, **********, promovió juicio de amparo contra el acto y las autoridades que en seguida se precisan:

"III. Autoridades responsables en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras: 1. Representante del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con domicilio ampliamente conocido. 2. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con domicilio ampliamente conocido. 3. Subdirector del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con domicilio ampliamente conocido. 4. Representante de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con domicilio ampliamente conocido. Acto reclamado: Reclamo de todas las autoridades señaladas como responsables, en el capítulo III de las autoridades responsables de la presente demanda la incomunicación de la que soy objeto dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, hecho bajo protesta de decir verdad, el cual es el que me consta y constituye el antecedente del acto reclamado."

El Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, a quien por razón de turno le tocó conocer del asunto, mediante acuerdo de esa misma data -dos de abril de dos mil catorce-, decretó de plano la suspensión del acto reclamado, sin embargo, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo, considerando que la competencia legal se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, fundamentando lo anterior en el artículo 34 de la Ley de Amparo. Remitiendo los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad.

SEGUNDO. La Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a quien por razón de turno le tocó conocer del asunto, por auto de diez de abril de dos mil catorce, aceptó la competencia declinada y admitió la demanda de amparo que quedó registrada bajo el expediente ********** (fojas 24 a 27 del juicio de amparo indirecto).

Transcurridas las etapas procesales, la Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional el treinta de mayo de dos mil catorce, dentro de la cual dictó la sentencia respectiva, que concluyó con el punto resolutivo siguiente:

"Único. Se sobresee el presente juicio de amparo nuevo **********, promovido por **********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el segundo considerando de esta sentencia, atento a los argumentos vertidos el propio (sic). Notifíquese ..." (fojas 39 a 42 del juicio de amparo indirecto).

TERCERO. Según lo expresó al ser notificado, **********, se inconformó con la sentencia respectiva, por lo cual la Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, tuvo por interpuesto el recurso de revisión y previo trámite jurisdiccional envió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mismos que fueron recibidos el veintiséis de junio de dos mil catorce, de los que, por razón de turno tocó conocer al tribunal que hoy resuelve, que mediante auto de presidencia de treinta de junio de dos mil catorce, se admitió a trámite y se registró como amparo en revisión penal **********.

Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil catorce, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Amparo, se ordenó turnar el presente asunto al Magistrado Héctor Riveros Caraza, para formular proyecto de resolución; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer del presente recurso de revisión, conforme a los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este último relacionado con el Acuerdo General 3/2013, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el veintitrés de enero de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año en cita, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el Acuerdo General 32/2011, de siete de septiembre de dos mil once, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta siguiente, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad; reglas de turno, sistemas de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados de Circuito y residencia indicados; ya que se trata de una sentencia constitucional dictada por la Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad.

Cabe destacar que la materia relativa a la ejecución de las penas, así como las medidas disciplinarias impuestas en el reclusorio correspondiente, son de naturaleza penal, como deriva en lo conducente, del contenido de la jurisprudencia 1a./J. 113/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos sesenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 1, noviembre de dos mil doce, de rubro y texto:

"COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. SI EL ACTO RECLAMADO MOTIVO DEL CONFLICTO INCIDE EN LOS MECANISMOS PARA LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS SENTENCIADOS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 18, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en el sentido de que con la entrada en vigor del nuevo sistema de reinserción, el tema de ejecución de las penas dejó de ser de la materia administrativa al haberse judicializado por la penal, y que dicha reforma busca tutelar el derecho fundamental a la reinserción social, por lo que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esa materia. De ahí que cuando el acto reclamado motivo de un conflicto competencial incida en los mecanismos para lograr la reinserción social de los sentenciados con motivo de la ejecución de la pena, la competencia para conocer de los asuntos relativos a dicho conflicto se surte a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia penal."

SEGUNDO. La resolución que se revisa fue notificada personalmente a la parte recurrente el cuatro de junio de dos mil catorce, y en la misma diligencia de notificación manifestó que interponía recurso de revisión; por tanto, es claro que su presentación es oportuna, pues lo presentó el mismo día de la notificación de la sentencia recurrida.

TERCERO. Este tribunal no transcribirá en su integridad los considerandos torales que sustentan la sentencia recurrida ni lo expresado por el recurrente durante la notificación de la misma, porque por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia, inclusive el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor nada dispone al respecto, aunque sí impone el deber de que se resuelvan las cuestiones efectivamente planteadas y, por otra parte, se han entregado junto con esta resolución las copias certificadas respectivas a los Magistrados integrantes de este cuerpo colegiado, tal como determinó el Pleno de este Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, en sesión de dos de junio de dos mil catorce.

Cobra aplicación al caso, la tesis XVII.1o.C.T.30 K, que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 2115, misma que se reproduce a continuación:

"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."

Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que se lee:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

CUARTO. Como cuestión preliminar se considera pertinente puntualizar que, de las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el entonces quejoso, aquí recurrente **********, en el momento en que se le notificó la resolución de treinta de mayo de dos mil catorce, por medio de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, manifestó estar inconforme con la misma, bajo el argumento consistente en: "... Es mi deseo manifestar que solicito de la manera más atenta y respetuosa por favor se verifique o mande a revisión el amparo, ya que en el acto reclamado como punto principal, es en sí un castigo impuesto injustamente a mi persona y la incomunicación es sólo un acto derivado del castigo en sí, por lo que si procede dicho castigo me segregarán y incomunicarán (sic) y me suspenderán estímulos, sólo derivado de esto. Gracias."; sin que de las constancias de autos que se agregan como pruebas a este recurso, ni de las que integran este expediente, se desprenda que tal manifestación se haya complementado a través de un escrito posterior, que originara la existencia de ese medio de impugnación, en términos del artículo 88 de la legislación de la materia.

Sin embargo, la expresión puesta de puño y letra del sentir del entonces quejoso, apreciada en la diligencia referida y atendiendo a la naturaleza de la situación que vive en reclusión, es suficiente para que este órgano colegiado pueda considerarla como un escrito de agravios; al tratarse de una materia en la que impera la suplencia de la deficiencia de la queja en favor del reo, a quien le asiste el carácter de recurrente, en términos del artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que la existencia de los requisitos de procedencia exigidos por el artículo 88 de la legislación de la materia, se colma con la presencia de la simple manifestación por escrito que hizo al calce de la diligencia de notificación de la sentencia de sobreseimiento al expresar su voluntad de hacer valer la revisión contra esa resolución y, el porqué de ello, ante el funcionario judicial adscrito al órgano jurisdiccional que emitió la determinación materia del recurso, de ahí que no pueda considerarse quebrantado el principio de legalidad y sí colmados los requisitos solicitados por el numeral citado para su procedencia, pues no estimarlo así, implicaría denegar el acceso a la jurisdicción a quien de suyo está en desventaja por su propia condición de interno.

QUINTO. En los términos expuestos, corresponde examinar si es o no apegada a derecho la resolución recurrida por la cual la Juez de Distrito determinó, al no evidenciarse la existencia del acto reclamado a las autoridades responsables, sobreseer en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad.

Debe establecerse que **********, solicitó la protección federal contra el acto atribuido a las autoridades responsables en su doble carácter, representante del Consejo Técnico Interdisciplinario, director, subdirector, representante de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, mismo que hizo consistir en:

"Reclamo de todas las autoridades señaladas como responsables, en el capítulo III de las autoridades responsables de la presente demanda la incomunicación de la que soy objeto dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, hecho bajo protesta de decir verdad, el cual es el que me consta y constituye el antecedente del acto reclamado."

Demanda de garantías de la que una vez que fue aceptada la competencia para su conocimiento a cargo de la Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, proveído respecto de su admisión, así como de la reiteración de la suspensión de plano (previamente decretada por el Juez Federal que se declaró incompetente) tuvo por recibidos los informes relativos solicitados a las autoridades responsables, y ordenó la notificación personal de su contenido al quejoso, sin que éste hiciera manifestación alguna al respecto, incluso en el momento mismo de su notificación (esto último según se puede advertir a foja treinta y ocho del expediente de amparo).

En dichos informes las autoridades citadas negaron la existencia del acto reclamado consistente en la "incomunicación"; por lo que, la juzgadora federal procedió en la audiencia constitucional a sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que como lo expuso en la sentencia que se revisa, el quejoso no aportó prueba idónea que desvirtuara dicha negativa.

Determinación que se considera apegada a derecho, pues era de colegirse que al no ser ciertos los actos a ellas atribuidos, no podían obtenerse mayores datos o argumentos tendentes a evidenciar esa inexistencia, al menos de los autos del juicio constitucional, sin que el quejoso aportara los medios probatorios que pudieran evidenciar lo contrario, tal como se advierte de lo expuesto en el apartado de la resolución combatida denominado "periodo probatorio".

Mas si como se tiene, de la lectura del escrito de demanda, el acto reclamado lo hizo consistir específicamente en la "incomunicación de la que soy objeto"; es decir, con independencia de que ahora señale o pretenda hacer ver, según lo asentado en la notificación hecha por el fedatario judicial: "... el acto reclamado como punto principal es en sí un castigo impuesto injustamente a mi persona y la incomunicación es sólo un acto derivado del castigo ..."; ya que la juzgadora federal no podía pronunciarse respecto de un acto no reclamado, por no haberlo solicitado en un principio en esos términos, ni que tampoco, se repite, se presumiera o pudiera deducirse que eso no era lo que combatía, al no existir los medios probatorios necesarios, ni la información requerida que hiciera dudosa su pretensión y ameritara ser aclarado ese punto.

Así, este órgano jurisdiccional estima que la determinación de la Juez de Distrito de sobreseer en el juicio de amparo indirecto **********, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia, es objetivamente legal, ya que como se repite, las autoridades negaron los actos a ellas atribuidos, sin que esa negativa fuera desvirtuada por el quejoso, de ahí que lo procedente en el caso es confirmar la resolución sujeta a revisión.

No es obstáculo a la anterior determinación el hecho de que el artículo 64 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, establezca el imperativo para los órganos judiciales de amparo de dar vista a los quejosos cuando, de oficio, adviertan la actualización de alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 del ordenamiento legal en comento para que, en un plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga.

Ello se afirma, puesto que, de la interpretación del precepto jurídico en cita se advierte que tal imperativo se encuentra establecido en relación con la actualización de alguna causa de improcedencia y no de sobreseimiento directo (artículo 63 ídem), como aquí acontece; de modo que, en este caso particular, no procede otorgar la vista en comentario.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 92 y 93 de la Ley de Amparo; y 35, 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, precisadas en el considerando segundo de la sentencia que se revisa.

Notifíquese, anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así, por mayoría de votos de los Magistrados Héctor Riveros Caraza y Jorge Toss Capistrán, contra el voto particular del Magistrado Jorge Sebastián Martínez García, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25442-7bdc8a7b/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-88 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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