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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1051/2014. · Registro digital (IUS): 25463
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-02-13
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Pág. 1433.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1051/2014. 28 DE MAYO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del amparo directo en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 81, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además, conforme a lo previsto en el punto primero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; y en el punto primero del Acuerdo Número 5/1999 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo. Lo anterior, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, al desprenderse de las constancias procesales, que la sentencia definitiva de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, que por esta vía se combate, fue notificada a la quejosa por lista el día veinticinco siguiente, por lo que el término de diez días señalado en el artículo citado, transcurrió del veintisiete de febrero (día siguiente al en que surtió efectos la notificación) al doce de marzo de dos mil catorce.

Excluyéndose de dicho cómputo los días uno, dos, ocho y nueve, todos de marzo del presente año, por ser inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el doce de marzo de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resulta inconcuso que se hizo valer en tiempo.

TERCERO. La ahora recurrente tiene debidamente reconocida su personalidad como parte agraviada en el presente asunto, como se advierte de los autos del juicio de origen, por lo que está legitimada en el proceso para hacer valer el recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo.

CUARTO. A efecto de mejor comprensión del presente asunto, conviene tener en cuenta los antecedentes siguientes:

1. Por escrito recibido el tres de enero de dos mil doce, en la Junta Especial Número III de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Jojutla, Morelos, ***********, por su propio derecho, demandó a Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito y a su sucursal 0511 ubicada en Xochitepec, Morelos, el pago de diversas prestaciones por concepto de despido injustificado.

2. Por auto de uno de marzo de dos mil doce, la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje -derivado de la asignación de la presidencia de dicho tribunal- se avocó al conocimiento del asunto bajo el expediente número **********. Seguidos los demás trámites conducentes, el doce de marzo de dos mil trece, dictó laudo en el cual determinó que: el actor acreditó en parte los extremos de su acción y el demandado justificó parcialmente sus excepciones y defensas.

Lo anterior, partiendo del argumento de que el actor era un trabajador de confianza por lo que de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal, sus derechos se encuentran limitados, disfrutando únicamente de las medidas de protección al salario y gozando de los beneficios de la seguridad social, absolviendo a la demandada del pago de prestaciones accesorias, así como de la prima de antigüedad, del pago de las aportaciones realizadas al plan de retiro a largo plazo, pago proporcional de la participación de utilidades correspondiente a dos mil once, premio de vacaciones por todo el tiempo laborado, del pago de las prestaciones de carácter extralegal no acreditadas, del tiempo extraordinario; y, condenándola al pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pago del fondo de ahorro y los salarios devengados, únicamente por el periodo del veinticinco de enero al once de noviembre de dos mil once.

3. Inconforme con dicho laudo, el actor presentó demanda de amparo, de la cual correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, donde se radicó como juicio de amparo directo laboral expediente ********** (**********), mismo que se resolvió en sesión de veinte de febrero de dos mil catorce, en el que se concedió el amparo al quejoso, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente el laudo reclamado, y dictara otro en el que resolviera si procedía o no el pago de tiempo extraordinario reclamado. En las consideraciones se aduce en esencia lo siguiente:

• El Tribunal Colegiado respectivo (sirviéndose de diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación) determinó que no le asistía la razón al quejoso en cuanto a la supuesta vulneración a los derechos humanos contenidos en los artículos 5o. y 123, apartado B, fracciones XI y XIV, de la Constitución Federal, -bajo el argumento de que el derecho que tiene el trabajador a una indemnización es independiente de si éste es de base o de confianza-. En atención a que fue voluntad del Constituyente Permanente que los servidores públicos de confianza, en razón de la actividad que efectivamente desempeñaran, no tuvieran estabilidad en el empleo.

Lo anterior, ya que los nombramientos que entrañan dicha calidad deben recaer en una persona respecto de la cual no se tenga duda que cuidará y velará de los objetos a su cuidado. Pues en caso contrario, la relación entre la entidad gubernamental y el trabajador se torna imposible en caso de poner en tela de juicio su actuación, ya que es esa confianza o certeza en el empleado, lo que origina la relación laboral.

En esa tesitura, al quedar demostrado en el juicio sumario que el quejoso efectivamente ostentaba un puesto de confianza en la entidad financiera demandada, al ser jefe de sucursal rural, resultaba irrelevante analizar la existencia o no del despido justificado, pues siempre careció de estabilidad en el empleo. Sin que en aras del principio pro persona pudiera desacatar las jurisprudencias emitidas por el Tribunal Constitucional de la Nación, ya que éstas no resultaban contrarias a las reformas constitucionales en derechos humanos.

• Finalmente, consideró fundado el segundo concepto de violación en el cual el quejoso argumenta que las razones dadas por la autoridad responsable no eran válidas para absolver a la demandada del pago del tiempo extraordinario reclamado. Lo anterior, en virtud de que la Sala laboral no examinó de manera íntegra la respuesta del actor respecto a la prestación reclamada y los hechos planteados por las partes.

4. El actor interpuso el presente recurso de revisión, en contra de la referida sentencia, aduciendo en su agravio esencialmente lo siguiente:

• Que el órgano jurisdiccional realizó una interpretación directa del artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal, vulnerando sus derechos, al no permitir un acceso a la impartición de justicia, pues el hecho de que el citado precepto indique que los trabajadores de confianza (burócratas federales) tengan derecho a las medidas de protección al salario y a los beneficios de seguridad social, es enunciativo mas no limitativo, por lo que debe gozar de las demás prestaciones de las que disfrutan los burócratas (estatales) y demás trabajadores.

• Por otra parte, en aras del control de constitucionalidad solicita la inaplicación de la última parte del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual señala que el recurso de revisión es procedente siempre y cuando la litis fije un criterio de importancia y trascendencia, pues contraviene el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, al considerar que el referido precepto realiza una discriminación respecto de los gobernados, cuyos casos no se consideren de importancia.

QUINTO. Precisado lo anterior, debe señalarse que no es óbice para analizar el recurso de revisión, la circunstancia que la Sala responsable ya haya dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Colegiado indicado, pues la resolución dictada en pretendido cumplimiento debe quedar insubsistente, de conformidad con el criterio siguiente:

"Registro: 162654

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXIII, marzo de 2011

"Materia: común

"Tesis: 2a./J. 39/2011

"Página: 471

"AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. Conforme al párrafo primero del artículo 104 de la Ley de Amparo, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que cause ejecutoria la sentencia que haya concedido el amparo solicitado o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución pronunciada en amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y a las demás partes. De lo anterior se sigue que el cumplimiento de una sentencia de amparo directo recurrible sólo puede exigirse y realizarse válidamente cuando ha causado ejecutoria, al ser una resolución que define una litis mediante la declaración de la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley o de las partes en conflicto pero sin fuerza legal, es decir, en situación de expectativa y no es imperativa ni obligatoria. En ese sentido, la resolución dictada por la autoridad responsable en vía de cumplimiento a una sentencia de amparo directo recurrible que no ha causado ejecutoria y que, por tanto, no es vinculatoria, debe dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución dictada en relación con una sentencia que no ha adquirido firmeza legal."

SEXTO. En virtud de que la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, es menester ocuparse de esa cuestión.

El artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos que se deben reunir para que sea procedente el recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo directo, a saber:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

Esta disposición se reitera en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que resulta aplicable al presente asunto de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo; ya que el artículo 81, fracción II, dispone:

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

"...

"II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno.

"La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

Cabe destacar que el recurso de revisión previsto en estas normas es un medio de defensa extraordinario, cuya finalidad es que de manera excepcional se revisen sentencias de Tribunales Colegiados donde se haga un pronunciamiento de constitucionalidad, ya sea respecto de alguna norma general o en relación con la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal. No obstante, la regla general es que las sentencias de amparo directo no admitan impugnación, pues ese juicio sólo tiene una instancia.

Por otra parte, el Pleno de esta Suprema Corte emitió el Acuerdo Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece los requisitos que se deben reunir para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, a saber:

a) Que en la sentencia recurrida se formule un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o bien, que de haberse planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y,

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio del Pleno o de la Sala respectiva.

En tanto, la fracción II del propio punto primero del Acuerdo Plenario Número 5/1999, se estableció que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

i) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado.

ii) No se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir.

iii) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente.

Importa destacar que en relación con el requisito mencionado en el inciso a), este Alto Tribunal ha reconocido la intención del Poder Reformador de la Constitución, por un lado, de establecer la inatacabilidad de las sentencias dictadas en el juicio de amparo directo, como regla general y, por otro, de consolidar el carácter de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de órgano terminal para decidir en definitiva los criterios obligatorios en materia de constitucionalidad de leyes y de interpretación directa de preceptos constitucionales, al prever la procedencia del recurso de revisión contra esas sentencias, exclusivamente en forma excepcional.

Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis jurisprudenciales de esta Segunda Sala, así como la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor literal siguiente:

"Registro: 171625

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, agosto de 2007

"Materia: común

"Tesis: 2a./J. 149/2007

"Página: 615

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes."

"Registro: 171626

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, agosto de 2007

"Materia: común

"Tesis: 2a./J. 122/2007

"Página: 614

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE CUANDO SE PLANTEAN TEMAS AJENOS A CUESTIONES CONSTITUCIONALES, COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Conforme a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 83, fracción V, 84, fracción II, 89, último párrafo, 90, último párrafo y 93 de la Ley de Amparo, así como 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto primero del Acuerdo Plenario 5/1999, el recurso de revisión en amparo directo tiene un carácter excepcional, por lo que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, debe estudiar solamente los argumentos de los Tribunales Colegiados que decidan sobre la constitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución o, cuando habiéndose planteado en la demanda, se haya omitido su estudio, siempre que en dichos supuestos se advierta que la resolución que llegare a dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para determinar su procedencia. En esa tesitura, los agravios formulados por los recurrentes que no se constriñan a demostrar que los pronunciamientos sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución entrañen la fijación de un criterio de importancia y trascendencia y que, además, sostengan los criterios de interpretación constitucional que se estimen pertinentes; no deben ser estudiados, pues no son de la competencia de este Alto Tribunal al conocer del recurso de revisión en amparo directo, en virtud de que constituyen temas ajenos, como ejemplificativamente pueden ser los referentes a la suplencia de la queja, a la inoperancia de los conceptos de violación o a la preferencia que se da a los planteados en la demanda al estudiarse, a la inaplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte, a los efectos restitutorios del fallo protector como consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad en la sentencia, a los principios generales del juicio de amparo, al trámite de éste, a las violaciones cometidas por los tribunales de origen de la causa y, en general, los temas ajenos a las cuestiones constitucionales de mérito."

"Registro: 191702

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, junio de 2000

"Materia: constitucional

"Tesis: P. LXXVII/2000

"Página: 39

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE AUN CUANDO EN LOS AGRAVIOS SE SOSTENGA ÚNICAMENTE LA INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SUSTENTAN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES CONTENIDO EN EL FALLO RECURRIDO. De lo dispuesto en el artículo 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que ha sido intención del legislador que la Suprema Corte de Justicia, como órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes e interpretación directa de la Constitución, conozca del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que en esa instancia subsistan cuestiones propiamente constitucionales, debiendo considerarse que por éstas no se entienden exclusivamente los argumentos relativos a la confrontación entre la norma con la Constitución, sino todos aquellos planteamientos cuyo estudio pueda trascender directa o indirectamente a la materia de constitucionalidad introducida en los conceptos de violación o en las consideraciones del fallo recurrido; en ese tenor, cuando en un recurso de revisión en amparo directo no se controvierte directamente la determinación de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que se argumenta que respecto de la norma cuya transgresión a la Constitución se concluyó, se actualiza una circunstancia que, tratándose de amparo indirecto, generaría la improcedencia del juicio en cuanto a aquélla, debe estimarse que tales agravios sí constituyen una cuestión propiamente constitucional, pues en caso de resultar fundados, el órgano revisor deberá concluir que los respectivos conceptos de violación son inoperantes y, por ende, revocar la determinación de inconstitucionalidad, con lo que permanecerá incólume la ley controvertida; máxime que, de estimarse lo contrario, podrían subsistir sentencias de amparo directo en cuya parte considerativa se determina la inconstitucionalidad de leyes, aun cuando no se reúnan los requisitos procesales que permiten abordar el planteamiento relativo, cuestión cuyo conocimiento corresponde, en última instancia, a la Suprema Corte de Justicia.

"Reclamación 130/99. ************. 21 de septiembre de 1999. Mayoría de siete votos. Disidentes: presidente Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina."

Criterios que aun cuando fueron emitidos cuando se encontraba en vigor la anterior Ley de Amparo, resultan aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone:

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Transitorios

"Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley."

SÉPTIMO. De los antecedentes relatados se constata que el tema que en todo caso haría procedente el presente recurso de revisión es la interpretación del artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal en relación con si los trabajadores de confianza en instituciones gubernamentales tienen derecho a la estabilidad en el empleo.

Al respecto, se advierte que no se cumplen con los requisitos de importancia y trascendencia. Lo anterior ya que esta Segunda Sala ha determinado jurisprudencialmente el alcance del artículo 123, apartado B, fracción XIV, constitucional, precisando que los trabajadores de confianza, independientemente de que sean empleados federales o estatales, carecen del derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que no tienen acción para demandar que sean reinstalados o indemnizados con motivo de la orden de separación. Lo anterior, se desprende de los siguientes criterios:

"Registro: 170580

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, diciembre de 2007

"Materias: constitucional y laboral

"Tesis: 2a./J. 241/2007

"Página: 220

"SUPRESIÓN DE PLAZAS. LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA NO TIENEN DERECHO A SOLICITAR UNA EQUIVALENTE A LA SUPRIMIDA, O LA INDEMNIZACIÓN DE LEY, EN TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES IX Y XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DE SONORA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 205/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, noviembre de 2007, página 206, con el rubro: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’, sostuvo que al armonizar el contenido de la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el de la diversa XIV, se advierte que los trabajadores de confianza no están protegidos en lo referente a la estabilidad en el empleo, sino sólo en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones de seguridad social que se extiende, en general, a las condiciones laborales según las cuales deba prestarse el servicio, con exclusión del goce de derechos colectivos, que son incompatibles con el tipo de cargo y la naturaleza de la función que desempeñan. En congruencia con el criterio expuesto, se concluye que tratándose de trabajadores de confianza que como tales se encuentran clasificados tanto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado como en la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, al no tener derecho a la estabilidad en el empleo y ante la eventual supresión de plazas, tampoco lo tienen para reclamar una equivalente a la suprimida o la indemnización de ley, en términos de las fracciones IX y XIV del apartado B del artículo 123 Constitucional, pues aunque la mencionada fracción IX no haga referencia expresa de la aplicación de dicha figura a trabajadores de base, ni excluya a los de confianza, de sus antecedentes legislativos se advierte que el Constituyente Permanente consagró como garantía de los trabajadores de base la estabilidad en el empleo, con lo que se privilegia la continuación de la laboral y, por ende, en los casos de supresión de plazas, relación aquellos trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de ley."

"Registro: 2005640

"Décima Época

"Instancia: Segunda Sala

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 3, Tomo II, febrero de 2014

"Materia: laboral

"Tesis: 2a./J. 160/2013 (10a.)

"Página: 1322

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO). Acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, la remoción de un trabajador de confianza por quien carece de facultades para hacerla, no tiene como consecuencia que se declare procedente el pago de salarios vencidos, pues tales empleados únicamente gozan de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, por lo cual, en caso de considerar como injustificado el despido, no pueden demandar la indemnización constitucional o la reinstalación, porque esas prestaciones dependen del análisis de lo justificado o injustificado del despido, lo que ningún fin práctico tendría tratándose de empleados de confianza, pues no gozan de estabilidad en el empleo y, por ende, las prestaciones derivadas del cese, aun considerado ilegal, no podrían prosperar. Además, en una relación laboral burocrática el titular demandado, al separar del cargo al trabajador, lo realiza en su carácter de patrón equiparado y no como autoridad, por lo que no es dable analizar la existencia de un despido justificado o no de un trabajador de confianza sobre la base de que quien lo realizó carece de facultades acorde con la ley orgánica del Municipio correspondiente pues, se reitera, ese tipo de trabajadores no goza del derecho a la estabilidad en el empleo."

"Registro: 2005823

"Décima Época

"Instancia: Segunda Sala

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 4, Tomo I, marzo de 2014

"Materia: constitucional

"Tesis: 2a./J. 23/2014 (10a.)

"Página: 874

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES NORMAS CONVENCIONALES. La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado la interpretación de la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artículo 123 de la Constitución P

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25463-3fdedc1c/amparo-directo-en-revision-el-articulo-81-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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