MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS FEDERALES. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, INCLUSO SI SE CONTIENE EN ORDENAMIENTOS LABORALES Y LA IMPONE UNA AUTORIDAD LOCAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 387/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE FEBRERO DE 2015. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la Magistrada presidenta del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito.
TERCERO. Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.
El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, al resolver en sesión del dos de octubre de dos mil catorce, la competencia administrativa 8/2014, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"TERCERO. Este Tribunal Colegiado estima que la competencia legal para conocer de la demanda promovida por empresa actora **********, corresponde a la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa.
"Previo a exponer las razones por las que se arriba a esa conclusión, precisa señalar que las constancias que informan los autos del presente asunto revelan que **********, por conducto de su apoderado, ante la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia en esta ciudad de Mazatlán, demandó la nulidad de la resolución administrativa de veinticuatro de enero de dos mil catorce, contenida en el expediente **********, que emitió la directora del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa, mediante la cual le impuso una multa por la cantidad de **********, derivado de una acta de inspección en condiciones generales de trabajo.
"La referida Sala Regional Zona Sur, por auto de veintisiete de marzo de dos mil catorce, estimó que carecía de competencia para conocer de la demanda planteada, porque el acto impugnado no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevén los artículos 3 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, ya que la autoridad demandada había impuesto la sanción por violación a la Ley Federal del Trabajo, lo cual no le daba competencia para conocer de asuntos como el que se plantea, y en aras de administrar justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, desaplicó lo dispuesto por el artículo 93, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para esta entidad federativa, que otorga la potestad de desechar la demanda, y con apoyo en el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estimó que el competente para conocer de la demanda, era el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque la resolución impugnada contiene multas impuestas por violación a la Ley Federal del Trabajo.
"Lo anterior lo apoyó en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, página 137, registro digital 206480, del tenor siguiente:
"‘MULTAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA LABORAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA CONOCER DE LAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA AUTORIDAD QUE IMPONGA LA SANCIÓN SEA LOCAL O FEDERAL.’
"La Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Culiacán, de esta entidad federativa, que conoció del anterior planteamiento, por acuerdo de dieciséis de mayo del presente año, negó admitir la competencia planteada, sobre la base de que la autoridad demandada es una unidad administrativa de la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral de la Secretaría de Gobierno de este Estado de Sinaloa, que tiene a cargo asuntos en materia de trabajo que competen al titular del Poder Ejecutivo estatal, al que corresponde sancionar las infracciones a las leyes en materia del trabajo a que se refiere el apartado A del artículo 123 constitucional, como son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que la resolución que se impugna, fue emitida por una autoridad administrativa local, en uso de las facultades que le confiere el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Federal.
"Sobre todo, afirmó, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción V, constitucional, la Sala Regional Zona Sur del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, fue creada para resolver los conflictos que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, en tanto que al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, le compete dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública federal, en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal.
"En la especie, existe conflicto competencial, pues tanto la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, como la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Culiacán, Sinaloa, manifestaron expresamente en ejercicio de su autonomía y potestad, que no aceptan conocer del asunto sometido a su jurisdicción por considerar no ser legalmente competentes por razón de la materia.
"Consecuentemente, se surte la hipótesis contenida en la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 46, Novena Época, del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2003, que dice:
"‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.’
"Como se hizo hincapié, corresponde a la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Culiacán, Sinaloa, conocer de la demanda promovida por **********, en contra de la directora del Trabajo y Previsión Social de esta entidad federativa, contrario a lo que sostiene la citada autoridad en el acuerdo por el que no acepta la competencia planteada.
"Ahora bien, el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece, que compete conocer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, en los que se impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Tal precepto legal es el siguiente:
"‘Artículo 14. ...
"Luego, al haberse impugnado en la demanda que dio lugar a este conflicto competencial, una resolución en la que se impusieron multas por infracción a normas administrativas federales (Ley Federal del Trabajo), es claro que corresponde conocer de esa demanda al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por razón de la materia.
"‘No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, lo expuesto por la citada Sala Regional del Noroeste III, en Culiacán, Sinaloa, consistente en que es incompetente para conceder del asunto, en tanto que ... en virtud de que la autoridad demandada es una unidad administrativa de la Secretaría de Normatividad e Información Registral de la Secretaría de Gobierno de esta entidad, que tiene a cargo asuntos que competen en materia de trabajo al titular del Ejecutivo Estatal, y corresponde sancionar las violaciones a las leyes en materia laboral a que se refiere el artículo 123 constitucional, como son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como lo es la resolución que se impugna, toda vez que fue emitida por una autoridad administrativa local en uso de las facultades que le confiere el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, constitucional. Máxime que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción V, constitucional, la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, fue creada para resolver los conflictos que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, mientras que a este tribunal, le corresponde dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública federal, atento a lo establecido en el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional ...’ (foja 2)
"Ello es así, porque como se analizó, el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, expresamente faculta al mencionado tribunal, para conocer de las resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales y, al no distinguir tal precepto legal, el carácter local o federal de la autoridad que imponga la sanción, debe entenderse que tal competencia se establece a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con independencia de que la autoridad que imponga la multa sea federal o local.
"Al respecto, es aplicable como apoyo la tesis 137 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 137, Tomo V, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘MULTAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA LABORAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA CONOCER DE LAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA AUTORIDAD QUE IMPONGA LA SANCIÓN SEA LOCAL O FEDERAL.’
"Criterio que es aplicable al caso, en tanto que la redacción del artículo 23, fracción III, de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación es, en lo sustancial, del mismo contenido que el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en cuanto establece que compete al citado tribunal conocer de las resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales, sin precisar el carácter federal o local de las autoridades sancionadoras.
"En las relatadas consideraciones, lo procedente es declarar que la competencia para conocer de la demanda de nulidad promovida por **********, se surte a favor de la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por lo que será esa Sala Regional quien deba conocer del asunto de que se trata."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el conflicto competencial 1/2014 en la parte que interesa, sostuvo:
"SEGUNDO. ...
"Como se ve, el conflicto a dirimir tiene por objeto dilucidar a cuál de los órganos contendientes corresponde conocer y resolver el juicio de nulidad promovido contra la resolución a través de la cual la directora del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa impuso a **********, diversas multas en cantidad total de $********** (**********), por incumplir diversas obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
"Para lograr ese propósito, resulta necesario tener en cuenta que el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Congreso de la Unión de expedir leyes que organicen el trabajo entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, de todo contrato de trabajo, en las que se prevean condiciones mínimas de contratación, así como el otorgamiento de prestaciones de seguridad social que garanticen respeto a la dignidad de las personas.
"La fracción XXXI de dicho precepto constitucional establece que la aplicación de las leyes del trabajo que se emitan en términos de esa norma corresponde a las autoridades de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, pero siempre serán de competencia exclusiva de las autoridades federales los asuntos relativos a las ramas industriales y de servicios y a las empresas que ahí se establecen.
"El último párrafo del apartado A del artículo 123, también precisa que serán competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas, contratos colectivos que hubieran sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa, obligaciones patronales en materia educativa y las relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, y de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
"Como se ve, la norma constitucional regula el ámbito de aplicación de las leyes laborales reservando a la Federación la competencia exclusiva de las materias ahí precisadas.
"Esto es, conforme a dicha norma, tanto las autoridades locales como las federales pueden aplicar las leyes de trabajo que sean expedidas por el Congreso de la Unión para regular las condiciones mínimas de contratación y el otorgamiento de prestaciones de seguridad social que garanticen el respeto a la dignidad de las personas; sin embargo, las locales no podrán aplicar las que se refieren a la competencia exclusiva de la Federación.
"Sentado el marco constitucional que rige la aplicación de las leyes laborales se debe tener en cuenta que de la lectura de la resolución administrativa impugnada se advierte que la directora del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa fundó su actuación, entre otras normas, en los artículos 36 y 41, fracciones I, II, X y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa y 1, 2, fracciones I y III, 7, fracciones I, II, III, IV y V, 8, 13, 14 y 15 del Reglamento Interior de la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado Sinaloa, que en la parte que interesa establecen:
"Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa
"‘Artículo 36. ...’
"‘Artículo 41.’
"Reglamento Interior de la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado Sinaloa
"‘Artículo 1o. ...’
"‘Artículo 2o. ...’
"‘Artículo 7o. ...’
"‘Artículo 8o. ...’
"‘Artículo 13. ...’
"‘Artículo 14. ...’
"‘Artículo 15. ...’
"De las normas transcritas se advierte que la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa es la unidad administrativa de la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral de la Secretaría de Gobierno de esa entidad que tiene a su cargo los asuntos que competen en materia de trabajo al titular del Ejecutivo Estatal, como es la vigilancia de la estricta aplicación y observancia de las leyes y reglamentos en materia laboral a que se refiere el apartado A del artículo 123 constitucional.
"Para desempeñar las funciones que tiene a su cargo, la Dirección del Trabajo y Previsión Social cuenta con la facultad de practicar visitas e inspecciones a las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo y, en caso de detectar infracciones a la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás disposiciones, podrá tramitar y resolver los procedimientos administrativos que al efecto se instauren.
"Como se ve, las normas en cita definen la competencia de la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa para vigilar e inspeccionar que las empresas y establecimientos privados apliquen las leyes en materia laboral a que se refiere el apartado A del artículo 123 constitucional, excepción hecha por supuesto de aquellos casos de competencia exclusiva de las autoridades federales.
"Pues bien, de las explicaciones hasta aquí expuestas se advierte que las normas que sirvieron de fundamento a la autoridad demandada para sancionar a **********, establecen su facultad como autoridad administrativa del Estado de Sinaloa para vigilar, inspeccionar y, en su caso, sancionar, las violaciones a las leyes en materia laboral a que se refiere el apartado A del artículo 123 constitucional, como son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las cuales consideró infringidas porque la empresa inspeccionada no demostró haber cumplido su obligación de pago al Instituto Mexicano del Seguro Social de las cuotas que le corresponden, ni acreditó haber registrado a los trabajadores a su servicio en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ni en el Sistema del Ahorro para el Retiro (folios 17 a 20 del cuaderno de antecedentes).
"En otras palabras, la resolución impugnada fue emitida por una autoridad administrativa local en uso de las facultades que le confiere el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, constitucional.
"Sentadas las bases anteriores, para definir a cuál de los órganos jurisdiccionales contendientes corresponde conocer de la demanda promovida por **********, contra esa resolución, resulta necesario tener en cuenta los artículos 73, fracción XXIX-H y 116, fracción V, constitucionales, que respectivamente establecen:
"‘Artículo 73. ...’
"‘Artículo 116. ...’
"El artículo 73, fracción XXIX-H, establece no sólo la facultad del Congreso de la Unión para legislar respecto de la organización y funcionamiento del Tribunal Contencioso Administrativo Federal y para establecer los procedimientos y recursos a seguir en los juicios de la materia, sino también la competencia de dicho tribunal, previendo que le corresponderá dirimir, entre otros casos, las controversias entre los particulares y la administración pública federal.
"Por su parte, el artículo 116, fracción V, establece que los Estados también podrán instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los cuales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares.
"Como se ve, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define la competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, estableciendo que corresponderá al tribunal federal el conocimiento y resolución de las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública federal, mientras que los conflictos entre particulares y la administración pública estatal deberán ser resueltos por los tribunales locales.
"Sobre esa base, es posible asumir que si la controversia que dio origen a esta cuestión competencial emana de un conflicto entre un particular y la directora del Trabajo y Previsión Social de la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa, dependencia de la administración pública de esa entidad, su solución compete a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa.
"Esa afirmación se corrobora si se tiene en cuenta que el artículo 13, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa será competente para conocer y resolver de los juicios que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades estatales, municipales o sus organismos descentralizados y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares.
"No pasa inadvertido que el Magistrado instructor de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa sustentó el rechazo de la competencia que le fue declinada en la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘MULTAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA LABORAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA CONOCER DE LAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA AUTORIDAD QUE IMPONGA LA SANCIÓN SEA LOCAL O FEDERAL.’; sin embargo, el criterio que informa no es obligatorio para este órgano precisamente porque se trata de un criterio aislado que no constituye jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo."
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Procede ahora determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se estima indispensable destacar los aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados, cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios.
Lo anterior, con el propósito de dilucidar que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010 (registro digital número 164120), cuyos rubro y datos de publicación son los siguientes:
"Época: Novena Época
"Registro: 164120
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Materia: común
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
QUINTO. Existencia de la contradicción de tesis. De la lectura de las ejecutorias que participan en esta contradicción de tesis, se advierte que sí se verifica la divergencia de criterios que ha sido denunciada.
En efecto, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
a) Estableció que la competencia legal para conocer de la demanda corresponde a la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa.
b) Lo anterior, atendiendo a que en el caso concreto se advierte que se demandó la nulidad de la resolución administrativa de veinticuatro de enero de dos mil catorce, contenida en el expediente **********, que emitió la directora del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa, mediante la cual impuso una multa por la cantidad de **********, derivada de una acta de inspección en condiciones generales de trabajo.
c) La referida Sala Regional Zona Sur, por auto de veintisiete de marzo de dos mil catorce, estimó que carecía de competencia para conocer de la demanda planteada, porque el acto impugnado no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevén los artículos 3 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, ya que la autoridad demandada había impuesto la sanción por violación a la Ley Federal del Trabajo, lo cual no le daba competencia para conocer de asuntos como el que se plantea, y en aras de administrar justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, desaplicó lo dispuesto por el artículo 93, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para esta entidad federativa, que otorga la potestad de desechar la demanda, y con apoyo en el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estimó que el competente para conocer de la demanda era el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque la resolución impugnada contiene multas impuestas por violación a la Ley Federal del Trabajo.
d) Que es correcta esa determinación, en virtud de que el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece, que compete conocer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, en los que se impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
e) Que al haberse impugnado en la demanda una resolución en la que se impusieron multas por infracción a normas administrativas federales (Ley Federal del Trabajo), es claro que corresponde conocer de esa demanda al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por razón de la materia.
f) Que no es obstáculo para arribar a esa conclusión, lo expuesto por la citada Sala Regional del Noroeste III, en Culiacán, Sinaloa, consistente en que es incompetente para conocer del asunto, en tanto que la autoridad demandada es una unidad administrativa de la Secretaría de Normatividad e Información Registral de la Secretaría de Gobierno de esa entidad a la que corresponde sancionar las violaciones a las leyes en materia laboral a que se refiere el artículo 123 constitucional, como son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, toda vez que fue emitida por una autoridad administrativa local en uso de las facultades que le confiere el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, constitucional.
Lo anterior, en virtud de que el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, expresamente faculta al mencionado tribunal, para conocer de las resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales y, al no distinguir tal precepto legal, el carácter local o federal de la autoridad que imponga la sanción, debe entenderse que tal competencia se establece a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con independencia de que la autoridad que imponga la multa sea federal o local.
Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró lo siguiente:
a) Estableció que la materia de la litis consistió en el caso, en dilucidar a cuál órgano corresponde conocer y resolver el juicio de nulidad promovido contra la resolución a través de la cual la directora del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa impuso a **********, diversas multas en cantidad total de $********** (**********), por incumplir diversas obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
b) Para ello, partió del análisis del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la obligación del Congreso de la Unión de expedir leyes que organicen el trabajo entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, de todo contrato de trabajo, en las que se prevean condiciones mínimas de contratación, así como el otorgamiento de prestaciones de seguridad social que garanticen el respeto a la dignidad de las personas; que la fracción XXXI de dicho precepto constitucional establece que la aplicación de las leyes del trabajo que se emitan en términos de esa norma corresponde a las autoridades de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, pero siempre serán de competencia exclusiva de las autoridades federales los asuntos relativos a las ramas industriales y de servicios y a las empresas que ahí se establecen; que el último párrafo del apartado A del artículo 123, también precisa que serán competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas, contratos colectivos que hubieran sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa, obligaciones patronales en materia educativa y las relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, y de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
c) Que la norma constitucional regula el ámbito de aplicación de las leyes laborales reservando a la Federación la competencia exclusiva de las materias ahí precisadas; que tanto las autoridades locales como las federales pueden aplicar las leyes de trabajo que sean expedidas por el Congreso de la Unión para regular las condiciones mínimas de contratación y el otorgamiento de prestaciones de seguridad social que garanticen el respeto a la dignidad de las personas; sin embargo, las locales no podrán aplicar las que se refieren a la competencia exclusiva de la Federación.
d) Que de la resolución administrativa impugnada se advierte que la directora del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa fundó su actuación, entre otras normas, en los artículos 36 y 41, fracciones I, II, X y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa y 1, 2, fracciones I y III, 7, fracciones I, II, III, IV y V, 8, 13, 14 y 15 del Reglamento Interior de la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado Sinaloa, de los que deriva que la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa es la unidad administrativa de la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral de la Secretaría de Gobierno de esa entidad que tiene a su cargo los asuntos que competen en materia de trabajo al titular del Ejecutivo Estatal, como es la vigilancia de la estricta aplicación y observancia de las leyes y reglamentos en materia laboral a que se refiere el apartado A del artículo 123 constitucional.
e) Para desempeñar las funciones que tiene a su cargo, la Dirección del Trabajo y Previsión Social cuenta con la facultad de practicar visitas e inspecciones a las empresas y establ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25611-917a4d12/multa-por-infracciones-a-disposiciones-administrativas-federales-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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