IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL. SI LA VÍCTIMA U OFENDIDO LO PROMOVIÓ PORQUE LA SALA REVOCÓ LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO AL ACUSADO Y LO ABSOLVIÓ DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, Y SÓLO ÉSTE INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, A PESAR DE QUE A AQUÉLLA SE LE NOTIFICÓ PERSONALMENTE, ELLO ACTUALIZA LA CAUSA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO DIRECTO 499/2014. 5 DE MARZO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ACUÑA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. No se transcriben las consideraciones que realizó la autoridad responsable para revocar la sentencia de nueve de junio de dos mil catorce, emitida por el Juzgado Segundo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que revocó la resolución de primer grado, y absolvió como responsable del delito de lesiones a **********, previsto y sancionado por el artículo 130 del Código Penal para el Distrito Federal, cometido en agravio de la ofendida ********** -quejosa-, ni los conceptos de violación, pues resulta innecesario su estudio, dado que este órgano colegiado advierte que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente que establecen:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;
"..."
"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:
"...
"V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."
De los anteriores preceptos puede concluirse que para que se actualice el sobreseimiento en el juicio de amparo por actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, opera cuando el afectado de manera clara expresa su consentimiento con el mismo, o en su caso, no hace valer el medio de impugnación que proceda contra esa determinación.
Ahora, el numeral 414 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal prevé: "El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada."
En términos del arábigo 415 de dicha codificación, la segunda instancia: "... solamente se abrirá a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante al interponer el recurso o en la vista; pero el tribunal de alzada podrá suplir la deficiencia de ellos, cuando el recurrente sea el procesado o se advierta que sólo por torpeza el defensor no hizo valer debidamente las violaciones causadas en la resolución recurrida."
Por su parte, el ordinal 417 dispone que tiene derecho de apelar: "I. El Ministerio Público; II. El acusado y su defensor; III. El ofendido o sus legítimos representantes, cuando aquél o éstos coadyuven en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta."
En términos de la fracción I del artículo 418 del ordenamiento legal en cita, son apelables, entre otros supuestos, "las sentencias definitivas, incluyendo aquellas que se pronuncien en los procesos sumarios".
Conforme a las disposiciones precedentes, la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida. Por tanto, es en función de la parte que recurre la sentencia de primer grado -Ministerio Público, inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes- y los argumentos formulados en los agravios, como se define la litis en la alzada.
La fracción I del artículo 443 del multicitado código adjetivo de la materia y fuero, establece: "Las sentencias pronunciadas en primera instancia cuando se hayan consentido expresamente, o cuando expirado el término que la ley fija para interponer algún recurso, no se haya interpuesto."
En ese sentido, si un ofendido o sus legítimos representantes no interponen recurso de apelación dentro del término de cinco días a que alude el numeral 416 de la norma en consulta, debe señalarse que la consienten en sus términos, es decir, están de acuerdo con las consideraciones del Juez en las que concluyó dicha determinación.
Para una mejor comprensión del asunto, y de la conclusión a la que habrá de arribarse, resulta necesario destacar los siguientes antecedentes:
a) El veintiséis de septiembre de dos mil trece, el agente del Ministerio Público ejerció acción penal sin detenido en contra de **********, por la comisión del delito de lesiones cometido en agravio de **********, misma que fue radicada en el Juzgado Segundo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal bajo la partida **********, y solicitó se librara la orden de aprehensión en contra de la referida imputada (fojas 1-160 de la causa penal).
b) El nueve de octubre de dos mil trece, se negó la orden de aprehensión solicitada (fojas 161-184 de la causa penal).
c) En razón de ello, el veintinueve de enero de dos mil catorce, el agente del Ministerio Público volvió a ejercer acción penal sin detenido en contra de **********, por la comisión del delito de lesiones cometido en agravio de **********, misma que fue radicada ante el juzgado penal citado supra, y solicitó se librara la orden de aprehensión en contra de la referida imputada (fojas 188-241 de la causa penal).
d) El catorce de febrero de dos mil catorce el Juez de la causa giró la orden de aprehensión solicitada, misma que fue cumplimentada el tres de marzo de ese año, y se puso a disposición del Juez de la causa a la probable responsable, misma que rindió su declaración preparatoria al día siguiente.
Hecho lo anterior, el seis de ese mes y año se dictó auto de formal prisión en contra de **********, por la comisión del delito de lesiones cometido en agravio de ********** (fojas 243-370 de la causa penal).
e) Seguido el procedimiento penal en todas sus fases, el nueve de junio de dos mil catorce, se dictó sentencia condenatoria en contra de **********, por la comisión del delito de lesiones doloso cometido en agravio de **********; sin embargo, en el considerando VIII se le absolvió de la reparación del daño material, moral y de cualquier perjuicio (foja 682 de la causa penal).
Sentencia que les fue notificada personalmente a la sentenciada de mérito, al Ministerio Público y a la ofendida ********** en esa misma fecha (fojas 689 vuelta y 692 de la causa penal) **********.
f) Inconforme con dicha determinación solamente la sentenciada ********** interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el veintinueve de agosto de dos mil catorce, por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que revocó el fallo apelado.
g) En contra de la citada determinación, la aquí quejosa **********, mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil catorce, ante la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promovió demanda de amparo directo en la que señaló como acto reclamado la sentencia definitiva de veintinueve de agosto de dos mil catorce, emitida por dicha Sala Penal.
En tal virtud, dado que la promovente del amparo, no obstante que fue notificada el nueve de junio de dos mil catorce(1) no apeló la resolución del inferior, aun cuando en ésta se absolvió a la sentenciada de la reparación del daño material, moral y de cualquier perjuicio; por tanto, es inconcuso que la falta de impugnación es una manifestación de la voluntad por parte de aquélla que entraña su consentimiento, por lo que el juicio constitucional es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo vigente, por ser una consecuencia de un acto consentido, lo que obliga a sobreseer en el juicio con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de dicha legislación.
Al respecto, es aplicable la tesis 1a./J. 92/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 37, Tomo XXXIII, febrero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época(2), del tenor:
"AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN). Cuando el juzgador de primera instancia dicta sentencia condenatoria al considerar comprobados el delito y la responsabilidad penal del inculpado, pero en lo relativo a la reparación del daño resuelve absolverlo, ello se traduce en un agravio a la víctima impugnable mediante el recurso de apelación, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, y en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la ejecutoria de segundo grado confirme lo relativo a la reparación del daño, se concluye que el juicio de amparo directo promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por la autoridad ministerial."
Ello es así, pues de la ejecutoria de dicha jurisprudencia se advierte lo siguiente:
"...
"En efecto, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el asunto sometido a su potestad jurisdiccional, sostuvo el criterio en el sentido de que si al dictarse sentencia en una causa penal, se absuelve al sentenciado de la reparación del daño, no obstante haber sido declarado penalmente responsable del delito por el que se le instruyó juicio de reproche y la parte ofendida, coadyuvante del Ministerio Público en la acción persecutoria, no interpone el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, a pesar de haber sido notificada de esa resolución, sino sólo lo hace la representación social, en caso de que la ejecutoria del tribunal de segunda instancia no modifique el fallo del inferior, el juicio de garantías que promueva la parte ofendida contra esta última es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque la sentencia de apelación es la consecuencia de un acto consentido tácitamente, al evidenciarse una manifestación de voluntad por parte de la parte quejosa, que entraña el consentimiento de esa resolución.
"También se razona, que el Ministerio Público, como representante social, es el titular de la acción penal, con la obligación de procurar que se condene al sentenciado a la reparación del daño, por tratarse de una pena pública, pero ello no significa que deba ser considerado representante del ofendido, ya que el artículo 417 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal hace la distinción entre el Ministerio Público (fracción I) y el ofendido o su legítimo representante (fracción III). Además, de considerarse al Ministerio Público como representante del pasivo, por consiguiente gozaría de legitimación para interponer el juicio de garantías, lo que no acontece.
"Así, se concluye que la improcedencia del juicio constitucional deriva del hecho de que en la ejecutoria de apelación no varió la situación jurídica del ofendido, quien ‘expresó conformidad’, porque no interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, por lo que al no estarse en el caso de una ‘situación novedosa’, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo que da lugar al sobreseimiento del juicio de garantías, conforme al artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal.
"...
"Como quedó expuesto en el considerando que antecede, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a dilucidar si se actualizan las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, en los casos en que el ofendido promueve juicio de garantías contra la sentencia de segundo grado, en lo relativo a la reparación del daño, aunque no se haya inconformado mediante el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sino únicamente el Ministerio Público la impugnó y no varió lo resuelto en tal sentido.
"Para efectos de resolver el tema de mérito, se tomará en cuenta la legislación adjetiva penal del Distrito Federal, la del Estado de Nuevo León, así como la Ley de Amparo, ya que las dos primeras establecen quiénes pueden apelar en el proceso penal, en tanto que la última señala las partes que pueden promover juicio de garantías.
"...
"Como se advierte, en las dos legislaciones se faculta a la parte ofendida, por sí o mediante su legítimo representante, a interponer recurso de apelación, pero única y exclusivamente por lo que se refiere a la reparación del daño, lo que significa que se trata de la apelación contra la sentencia de primera instancia.
"...
"En este orden de ideas, queda claro que el ofendido, por sí o mediante su representante, puede interponer el recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia; e igualmente podrá promover juicio de amparo directo contra la resolución de segundo grado, pero en los dos casos única y exclusivamente por lo que se refiere a la reparación del daño.
"Empero, la circunstancia antes referida no significa que el ofendido pueda prescindir de los medios de defensa ordinarios, previo a la promoción del juicio de garantías. Específicamente, si el juzgador de primera instancia dicta sentencia condenatoria, en la que considera que está comprobado el delito y la responsabilidad penal del inculpado, pero en la parte relativa a la reparación del daño resuelve absolverlo de ese concepto, es claro que ello puede traducirse en un agravio a la víctima, impugnable mediante el recurso de apelación, con independencia de que también lo haga el Ministerio Público, pues como ya se precisó, cada uno está legitimado para ese efecto y las obligaciones constitucionales conferidas a la representación social no excluyen las prerrogativas y derechos conferidos al ofendido, quien, en consecuencia, también debe agotar los medios de defensa con que cuente. Así, en el caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, si al dictarse la ejecutoria correspondiente no se modifica lo resuelto en cuanto a la reparación del daño, debe concluirse que el juicio de amparo directo que en su caso promueva el ofendido, contra la sentencia de segunda instancia, será improcedente, en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque ese acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye una manifestación de voluntad en ese sentido, que no es subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por el Ministerio Público, entre otros aspectos, en lo relativo a la reparación del daño.
"En estas condiciones, debe insistirse, si la legislación establece un medio de impugnación -como es el caso del recurso de apelación-, para que la parte ofendida impugne la resolución que llegue a pronunciarse, en lo relativo a la reparación del daño, entonces se entiende que existe obligación de agotar ese medio de defensa, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, es decir, no se trata de una cuestión que quede a su discreción, sino que es forzoso hacer uso del recurso establecido legalmente.
"De lo antes expuesto, no se inadvierte que la autoridad ministerial representa los intereses del ofendido, los que desde luego incluyen la pretensión de que se condene al responsable de un ilícito a la reparación del daño; empero, esa representación no significa que aquél esté liberado de sus obligaciones procesales, pues no debe soslayarse que la reparación del daño es la única hipótesis de excepción en que puede apelar. En efecto, como ya se precisó, en las legislaciones procesales se dispuso que el ofendido o su legítimo representante tendrá derecho a apelar, sólo por cuanto hace a la acción reparadora, facultad que también se le confiere, pero en diversa fracción, al Ministerio Público, de lo que queda claro que si éste apela, lo hace como parte de su obligación constitucional y para salvaguardar los derechos del ofendido, pero sin que ello signifique que al interponer el recurso de apelación, lo haya hecho a nombre de la parte ofendida, ya que, se insiste, éste tiene expedito su derecho conforme a la legislación adjetiva.
"Máxime que la Ley de Amparo no faculta al Ministerio Público para que promueva juicio de garantías en favor del agraviado, situación que reafirma el hecho de que es el titular de la acción persecutoria y representante social, pero no sustituye al ofendido en los casos en que a éste corresponde el inconformarse contra lo que se resuelva en cuanto a la reparación del daño con independencia de que también lo haga aquél. ..."
Asimismo, cobra aplicación la tesis II.2o.P.215 P, que comparte este tribunal y que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con número de registro digital 173109, Tomo XXV, marzo de 2007, página 1595 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"APELACIÓN INTERPUESTA POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DE UN DELITO. EL TÉRMINO PARA PROMOVER DICHO RECURSO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE NOTIFIQUE PERSONALMENTE LA SENTENCIA EMITIDA EN PRIMERA INSTANCIA O SE HACE SABEDORA DE ELLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil, se adicionó el apartado B al artículo 20 de la Constitución Federal, reconociendo los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal como garantías individuales. En el mismo orden de ideas y dado el reconocimiento que constitucionalmente se le ha otorgado al ofendido, cobra relevancia lo dispuesto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que dice: ‘Artículo 280. Tendrá derecho de apelar: I. El Ministerio Público; II. El acusado o su defensor; y III. El ofendido o su representante, cuya personalidad haya sido reconocida en los términos de este código, únicamente respecto a los autos y las sentencias que afecten de manera estrecha e inseparable su derecho para reclamar la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito.’. Por su parte, el diverso numeral 89, párrafo primero, del citado código vigente en la entidad establece: ‘Artículo 89. Las resoluciones contra las cuales proceda el recurso de apelación, se notificarán personalmente a las partes. En la misma forma se harán las que den entrada a un incidente que no sea de libertad bajo caución o bajo protesta, y a quien se encuentre detenido.’. De tales preceptos se colige que, si en la actualidad la propia ley faculta a la parte ofendida -de manera independiente al Ministerio Público- para acudir ante la autoridad correspondiente (en este caso las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México) a apelar la sentencia emitida en primera instancia, ello conlleva igualmente a considerar que, a fin de que efectivamente la parte ofendida esté en aptitud de ejercer este derecho se requiere que la notificación de aquella sentencia dictada por el Juez natural sea personal y no a través del Ministerio Público, pues ya no puede aducirse que por el carácter de representante social la notificación que a la institución ministerial se haga, dé inicio al plazo para la impugnación por parte de la víctima que, como se ve, tiene ya reconocido un derecho independiente a inconformarse, en lo conducente, el cual se haría nugatorio si no se garantiza su conocimiento en términos de ley respecto del fallo correspondiente. Por tanto, el término para impugnar por parte de la víctima debe computarse a partir de que se le notifique o se haga sabedora de la resolución."
Finalmente, debe decirse que este Tribunal Constitucional no soslaya las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 1a./J. 21/2012 (10a.), de rubro: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ABSUELVE AL ACUSADO." y 1a./J. 22/2012 (10a.), de rubro: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ABSUELVE AL ACUSADO NO IMPLICA QUE ADQUIERA FACULTADES QUE CORRESPONDEN AL MINISTERIO PÚBLICO.", ya que de la ejecutoria que dio origen a las tesis anteriores se advierte que las sentencias que se analizaron en dichas contradicciones fueron las siguientes:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que resultaba procedente el juicio de amparo directo promovido por el ofendido en contra de la sentencia de la Sala responsable que absolvía al sentenciado, pues dicha resolución sí afecta la esfera jurídica de las víctimas u ofendidos, porque si bien no impacta de manera directa a la reparación del daño, al no hacerse un pronunciamiento al respecto, sí implica que, de facto, la reparación no ocurra por afectar la pretensión reparatoria.
El anterior asunto dio origen a la tesis aislada I.1o.P.113 P, del tenor siguiente:
"Novena Época
"Núm. Registro: 161719
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXIII, junio de 2011
"Materia: Común
"Tesis: I.1o.P.113 P
"Página: 1611
"VÍCTIMA U OFENDIDO. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ABSUELVE AL ACUSADO. Tradicionalmente se ha sostenido el criterio de que no procede esa acción constitucional, porque la víctima u ofendido no es parte en el proceso penal sino sólo coadyuvante del fiscal y porque el dictado de una sentencia sólo le causa un agravio indirecto; sin embargo, los criterios vigentes generados a través del derecho positivo y la jurisprudencia permiten dar un cambio de rumbo. Constitucionalmente se le han reconocido derechos -entre ellos el de reparación del daño-, la situación de la víctima y ofendido actual es situada en la posición procesal de parte. Y, por otro lado, hoy puede sostenerse que sí se ve afectada su esfera jurídica por resoluciones que, si bien no impactan de manera directa a la reparación del daño, en tanto que no se hace un pronunciamiento al respecto, sí implican que, de facto, la reparación no ocurra por afectar la pretensión reparatoria. Estas consideraciones en un sentido u otro, no derivan de una norma expresa sino que se han tenido que construir a partir de una interpretación constitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: primero en las tesis -y ejecutorias que las originaron- 1a. XXIX/2002 y 1a./J. 90/2008, se sostuvo el criterio de no reconocer legitimación en amparo directo; pero después en la tesis 1a./J. 114/2009 (así como en los amparos en revisión 151/2010 y 502/2010), el criterio es también expreso pero con el sentido contrario -sí reconocer legitimación-. Es cierto que este último criterio se refiere al amparo indirecto -y como tercero perjudicado-, pero las razones en que se sustenta son aplicables para el amparo directo -y como quejoso-, ciertamente, ahora se dijo que la víctima u ofendido se equipara prácticamente a una parte y que una resolución puede, de facto, afectar la reparación del daño, cuando no ocurra por afectarse la pretensión reparatoria. Y estas dos razones son sustanciales por la naturaleza de los temas examinados e inciden en cualquier vía, de modo que permiten sostener que ahora la víctima u ofendido sí está legitimado para promover juicio de amparo directo en contra de una sentencia definitiva absolutoria. Lo cual no implica que se pueda rebasar la acusación del Ministerio Público, pues la promoción del amparo tendría como presupuesto que hubo acusación; además, si bien pudiera objetarse el nuevo criterio por la posibilidad de dejar en estado de indefensión al acusado ante una eventual concesión lisa y llana (a favor de la víctima, que implicara que sí hay delito y responsabilidad), lo cierto es que ello no puede erigirse en un obstáculo que genere la improcedencia del juicio de amparo, entre otras razones, porque se trata de una cuestión de fondo que no puede obstaculizar la procedencia y porque vedar esta vía al no haberse definido los alcances de una ejecutoria favorable lo único que hace es, justamente, evadir el estudio de ese tema -los alcances-."
En tanto que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que resultaba improcedente, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues, a su juicio, si bien el Alto Tribunal amplió las facultades de la víctima u ofendido para promover el juicio de amparo, esa legitimación atiende a los actos reclamables en la vía de amparo indirecto, no así en el directo, pues en su concepto, la existencia de la sentencia absolutoria tiene como consecuencia que la expectativa de derecho a la reparación del daño se extinga y no forme parte de la esfera de derechos de dicha persona, por lo que estimar lo contrario, provocaría la tramitación del juicio constitucional, sin existir un derecho qué tutelar, más aún, se otorgarían a la víctima u ofendido facultades para impugnar lo relativo al delito y la responsabilidad del acusado a fin de que se declare responsable al procesado y se le condene, en consecuencia, al pago de la reparación del daño, presupuestos o tópicos sobre los que le está vedado realizar argumento alguno.
En razón de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el problema jurídico resuelto por los tribunales contendientes se resumía en las siguientes preguntas: ¿El ofendido se encuentra legitimado para acudir al juicio de amparo directo reclamando la sentencia definitiva que absuelve al acusado?, y de ser afirmativa esta interrogante ¿La legitimación de la víctima u ofendido para interponer amparo directo contra una sentencia absolutoria, implica reconocerles facultades para controvertir directamente el acreditamiento del delito y la responsabilidad del acusado?
En este sentido, la Corte señaló que:
"La legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el particular objetivo del medio de control constitucional, que como se indicó, actualmente, consiste en la protección contra violaciones a los derechos humanos y garantías individuales y su consiguiente restitución.
"En esta medida, la legitimación debe atender a los principios que rigen al juicio de amparo, particularmente los de instancia de parte y agravio personal y directo.
"La importancia del principio de agravio personal y directo radica desde su propia concepción, al entenderse como el daño o perjuicio, una ofensa o violación a los derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela mediante las garantías individuales. Por tal motivo, cuando no se actualiza esta circunstancia entonces la acción intentada se torna improcedente.
"Razones que permiten sostener que la legitimación para acudir al amparo está reservada únicamente para quien resienta un agravio, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos tutelados en la Constitución Federal, legitimándolo para solicitar la restitución en el goce de la garantía violada.
"...
"La importancia del reconocimiento de derechos sustantivos a favor de la víctima u ofendido del delito, mediante su inserción en la Constitución Federal, también generó un impacto en el juicio de amparo. Obligó a cuestionar la procedencia de la acción constitucional de amparo a fin de salvaguardar la protección de las garantías individuales tuteladas desde el ámbito constitucional.
"Ya desde la redacción original del artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconocía al ofendido y/o a las personas que conforme a la ley tuvieran derecho a la reparación del daño legitimación para acudir al juicio de amparo. La legislación reglamentaria del medio de control constitucional comprendía claramente que ante la existencia de un agravio personal y directo, la víctima u ofendido del delito contaba con legitimidad para promover el juicio de amparo a fin de reclamar actos derivados del incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, así como aquellos emanados de un procedimiento penal que se relacionaran con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.
"El objetivo de la legitimación estaba directamente vinculado y delimitado a la protección del derecho a la reparación del daño o para exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión del delito que hubiera resentido.
"...
"La víctima u ofendido del delito está legitimada para accionar, con el carácter de parte quejosa, el juicio de amparo contra aquellos actos de autoridad que representen un agravio personal y directo a sus garantías individuales, contenidas en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Federal -con anterioridad a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho-, entre las que se comprenden los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 10 de la Ley de Amparo.
"En síntesis, contra aquellos actos que impliquen una afectación a sus derechos subjetivos, derivados del asunto penal al que se encuentre relacionado.
"Así, al resolverse la contradicción de tesis 146/2008-PS se precisó que la víctima u ofendido del delito tiene legitimidad para intervenir en el juicio de amparo indirecto, con el carácter de tercero perjudicado, en el que se reclamen actos que, aunque no estén vinculados directamente con la reparación del daño, de forma indirecta inciden en hacer nugatoria la garantía constitucional q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25617-a751b372/improcedencia-del-amparo-en-materia-penal-si-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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