PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL. LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SI SE INCUMPLIERON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA O SE INCURRIÓ EN ALGUNA INFRACCIÓN AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, DEBEN VALORARSE DESDE EL ACUERDO DE INICIO Y NO HASTA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 113/2015 (CUADERNO AUXILIAR 399/2015) DEL ÍNDICE DEL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. SUPLENTE PERMANENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL DE LA POLICÍA FEDERAL. 30 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SOFÍA VIRGEN AVENDAÑO. SECRETARIA: SILOY JAZBETH ALMAZÁN HERRERA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Los agravios serán analizados en conjunto y en orden diverso al propuesto, por así permitirlo el artículo 79 de la Ley de Amparo.
La autoridad recurrente aduce, en el último párrafo de la foja seis y siguiente del recurso de revisión, que la resolución del Juez Federal es contraria a derecho, por las razones siguientes:
a) Porque de conformidad con el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, la intervención de la autoridad recurrente se limita a recibir la solicitud de inicio del procedimiento; verificar que se encuentre fundada y motivada y que se hayan acompañado los medios de convicción pertinentes, pero no le corresponde valorar si con ellos, efectivamente, se acredita la existencia o no del requisito de permanencia que se estimó incumplido, y si las evaluaciones son o no suficientes para determinar la permanencia del presunto infractor; lo anterior, porque la valoración de los medios de prueba es materia exclusiva del Consejo Federal de Desarrollo Policial cuando resuelva en definitiva el expediente administrativo; de ahí que no se puede prejuzgar sobre la responsabilidad del servidor público, pues ello será determinado hasta que se resuelva en definitiva, de conformidad con el material probatorio que se haya aportado en autos; por lo que únicamente debe estudiarse si el acuerdo reclamado tiene algún vicio formal que haya dejado sin defensa al impetrante, lo cual no aconteció en el caso.
Los agravios reseñados son infundados.
El artículo 31 de la Ley de la Policía Federal dice:
"Artículo 31. El procedimiento que se instaure a los integrantes por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario ante el Consejo Federal iniciará por solicitud fundada y motivada del responsable de la Unidad de Asuntos Internos que corresponda, dirigida al presidente del Consejo Federal y remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.
"El presidente resolverá si ha lugar a iniciar procedimiento contra el presunto infractor, en caso contrario devolverá el expediente a la unidad remitente.
"En caso procedente, resolverá si el asunto se instruirá por el Pleno, alguna comisión o comité del propio Consejo Federal.
"El responsable de la Unidad de Asuntos Internos será nombrado por el presidente de la República; contará con autonomía de gestión y tendrá, además de la atribución de supervisión de las operaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 8 de esta ley, las que el reglamento le otorgue."
Del anterior precepto legal se advierte que el procedimiento relacionado con el incumplimiento de los requisitos de permanencia, inicia con la solicitud fundada y motivada de la Unidad de Asuntos Internos correspondiente, dirigida al presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, a quien debe remitirse el expediente del presunto infractor; por tanto, el presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal debe resolver si ha lugar o no a iniciar el procedimiento administrativo; es decir, debe constatar si esas fundamentación y motivación son suficientes para iniciar el procedimiento correspondiente. Por tal motivo, al contrario de lo que afirma la parte recurrente, sí se debe efectuar el análisis integral de las constancias que le fueron remitidas.
De la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito determinó que en el auto de inicio del procedimiento administrativo **********, de diez de junio de dos mil catorce, no se dio a conocer al quejoso la evaluación completa contenida en el reporte integral de evaluación, y las razones y motivos por los cuales daba como resultado el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en la Policía Federal.
Además, que en tal acuerdo la autoridad responsable se limitó a señalar que la infracción en que probablemente incurrió el quejoso, se desprende del cúmulo probatorio aportado por la Unidad de Asuntos Internos; sin embargo, no refiere en forma específica cuál es el examen que le fue practicado y que no aprobó, debido a que del análisis de las constancias de autos se advierte que fueron practicadas diversas pruebas al impetrante del amparo, sin que se indique en el acuerdo reclamado, cuál o cuáles son las que no aprobó.
Asimismo, que el acto reclamado carece del requisito de motivación tutelado por el artículo 16 constitucional, pues del análisis íntegro del reporte integral de evaluación no se advierte que la autoridad responsable hubiese establecido cuáles son las probanzas que tomó en consideración para determinar que el impetrante no cumplía con los requisitos de permanencia; esto es, se limitó a señalar que no aprobó el proceso de evaluación de confianza, empero, no indicó en forma ponderada el valor que dio a cada una de ellas; como consecuencia, tampoco precisó cuáles fueron las razones por las cuales arribó a la conclusión de que el quejoso no resultaba apto para permanecer en la institución.
Por tanto, contrario a lo que afirma la parte recurrente, al estar facultado para resolver si ha lugar o no a iniciar el procedimiento en contra del presunto infractor, el presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal también lo está para realizar un análisis previo de la cuestión planteada, que consiste en valorar el sustento de la solicitud que se le formuló.
Lo anterior es así ya que, se reitera, el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal establece que el procedimiento se iniciará por solicitud fundada y motivada del responsable de la Unidad de Asuntos Internos que corresponda; motivo por el cual el presidente del Consejo Federal tiene la obligación de fundar y motivar las razones del porqué la solicitud sí cumple con dicho supuesto, esto es, que está fundada y motivada, sin que la valoración de las pruebas que, en su caso, se efectúe en el acuerdo de inicio implique la invasión de la facultad conferida al Consejo Federal de Desarrollo Policial, pues el estudio de las probanzas en esa etapa procesal está limitado a su presidente para que, con base en ellas, determine presuntivamente si se incurrió en incumplimiento de los requisitos de permanencia o en alguna infracción al régimen disciplinario, lo que es legalmente distinto a la resolución definitiva que compete al Consejo Federal de Desarrollo Policial, cuyas funciones no se invaden con la valoración de pruebas que realice el suplente permanente del presidente de dicho consejo.
Es aplicable a lo antes expuesto el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional en la tesis (IV Región)1o.5 A (10a.), publicada en la página 1996, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas», que dice:
"-Del artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, se advierte que el presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de dicha corporación debe resolver si ha lugar a iniciar el procedimiento contra sus integrantes, con base en el análisis de las pruebas ofrecidas por la Unidad de Asuntos Internos correspondiente, que le permitirá determinar, presuntamente, si aquéllos incumplieron los requisitos de permanencia o incurrieron en alguna infracción al régimen disciplinario que amerite su separación del cargo, ya que si considera que no se acredita alguna de esas hipótesis, deberá devolver el expediente a la unidad remitente. En estas condiciones, la valoración de las pruebas desde el momento en que se ofrecen encuentra su justificación en la naturaleza del procedimiento, ya que el mecanismo de control y evaluación del desempeño de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, puede conducir a su separación o remoción del cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Además, en estos casos, aun cuando obtengan resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos y el Estado se limitará a pagarles la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. Por tanto, las pruebas referidas deben valorarse desde el acuerdo de inicio y no hasta la resolución definitiva, porque, de ese modo, el servidor público se encontrará en posibilidad de preparar su defensa."
En la primera parte del único agravio, la autoridad recurrente argumenta que sí motivó que el quejoso probablemente incumplió el requisito de permanencia, consistente en aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, porque obtuvo el resultado "no apto" en los exámenes de psicología, poligrafía, medicina, toxicológico y entorno socioeconómico que se le practicaron.
El anterior motivo de inconformidad es infundado, pues no es verdad que en el auto de inicio reclamado la autoridad recurrente indicara que el peticionario de amparo obtuvo el resultado "no apto" en los exámenes de psicología, poligrafía, medicina, toxicológico y entorno socioeconómico; pues lo que en realidad precisó fue que ese resultado lo obtuvo en el reporte integral de evaluación, al señalar lo siguiente (foja noventa vuelta):
"...Lo anterior es así, toda vez que al practicársele los exámenes de psicología, médico, toxicológico y análisis clínico, el dieciséis de octubre de dos mil trece, así como el poligráfico y el de entorno socioeconómico el diecisiete de octubre de dos mil trece, obtuvo como resultado único en el reporte integral de evaluación emitido por la Dirección General de Control de Confianza ‘no aprobado’."
En otra parte del único agravio, la autoridad recurrente aduce que el Juez de Distrito no respetó el principio de congruencia previsto en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, porque no consideró que de los preceptos 40, fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 17, apartado B, fracción VI, de la Ley de la Policía Federal y 123, 124, 125 y 141 a 145, todos del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial, se advierte que los elementos de la corporación policiaca se deben someter a procesos de evaluación de control de confianza con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; esto es, a los elementos policiacos se les practican exámenes de psicología, poligrafía, entorno socioeconómico, medicina y toxicología, y el resultado de todas esas evaluaciones se concentra en el reporte integral de evaluación.
Agrega que entre las pruebas que motivaron la solicitud del procedimiento administrativo está el reporte integral de evaluación, que acredita que quienes se someten a las evaluaciones poseen ciertas cualidades para acceder o mantenerse en el ejercicio de alguna actividad dentro del servicio público; por tal motivo, los exámenes de control de confianza se valorarán en su conjunto con base en un informe de resultados que constituye la evaluación conjunta en la que se hace la valoración de cada una de las áreas y los indicadores identificados de manera concatenada para emitir una determinación del proceso de evaluación, con la finalidad de apreciar integralmente las características y aptitudes de las personas evaluadas, en relación con el servicio que prestan en la institución; por lo que, en el caso, era suficiente que la autoridad anexara el reporte integral de evaluación, en el que se indicó que el quejoso "no cumple con el perfil" para sostener la legalidad de la solicitud de inicio del procedimiento administrativo.
Los anteriores motivos de inconformidad son infundados, pues contrario a lo que afirma la autoridad recurrente, el Juez de Distrito cumplió con el principio de congruencia, pues tomó en cuenta sus argumentos en el sentido de que la ley prevé que los elementos policiacos deben someterse a procesos de evaluación de control de confianza, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; sin embargo, decidió que no bastaba el contenido del reporte integral de evaluación para considerar debidamente motivado el acuerdo de seis de junio de dos mil catorce, que dio inicio al expediente administrativo de separación de que se trata.
Como lo determinó el Juez Federal, la autoridad recurrente debió precisar las razones, motivos y circunstancias especiales que se tuvieron en cuenta para decidir que las evaluaciones que se aplicaron al servidor público en el proceso de control de confianza, arrojaron el resultado de que no cumple con el perfil; así también, debió especificar cuál o cuáles exámenes de ese proceso no aprobó el quejoso, para que estuviera en aptitud de ofrecer las pruebas idóneas que posibilitaran su debida defensa.
Esto es así, ya que para garantizar al servidor público una adecuada defensa, deben hacerse de su conocimiento todos los elementos que determinaron su no permanencia en la Policía Federal; por tanto, si el motivo esencial por el que la autoridad responsable dio inicio al procedimiento administrativo de separación, fue que el impetrante de amparo no aprobó los procesos de evaluación de control de confianza que como integrante de la Policía Federal tiene obligación de cumplir y, de dicho acuerdo no se advierten las razones, motivos o circunstancias especiales en que se apoyó la autoridad responsable para declarar procedente el inicio de tal procedimiento, ni cuáles fueron las evaluaciones que se le aplicaron en el proceso de control de confianza que arrojaron el resultado de que no cumple con el perfil por no haber sido aprobadas, para que se encuentre en aptitud de ofrecer las pruebas idóneas para su adecuada defensa, entonces, es indudable que el acuerdo reclamado no contiene los elementos esenciales de información para que el quejoso se encuentre en aptitud de defenderse de un acto fundado y motivado, como lo exige el artículo 16 de la Constitución Federal.
Asimismo, la autoridad inconforme alega que no hay exigencia legal de anexar las evaluaciones de control de confianza, ya que en el procedimiento administrativo obra el reporte integral de evaluación en el que se determina si se cumple o no con el perfil requerido para permanecer en la institución.
No asiste razón a la recurrente, pues la exhibición del reporte integral de evaluación no sustituye las pruebas individuales practicadas al quejoso, pues en ese documento no se reflejan los reactivos, ejercicios, estudios o cuestionamientos efectuados en cada una de las materias: psicológica, médica, de entorno socioeconómico, poligráfica y toxicológica; ya que la finalidad de ese documento es dar una opinión general, conjunta, global e integral del resultado de las evaluaciones individuales, pero esto no evidencia lo realizado en cada una de esas pruebas, con la finalidad de conocer los elementos con base en los cuales se emitió tal documento integrador; por ende, es necesario contar con las evaluaciones de cada una de las materias en las cuales se evaluó al interesado.
En tales condiciones, los agravios planteados por la inconforme son infundados porque, como lo sostuvo el juzgador de amparo, el auto de inicio del procedimiento carece de la debida motivación, debido a que la autoridad responsable se limitó a señalar como probable infracción, que el quejoso no cumplió con los requisitos de permanencia, ya que no aprobó el proceso de evaluación de confianza; empero, no refirió de manera específica cuáles evaluaciones revelan que incumplió los requisitos de permanencia. Tampoco dice cómo fueron valoradas, qué elementos se obtuvieron de cada una de ellas para sustentar su determinación, cuál era el perfil no cumplido ni el porqué es procedente el inicio del procedimiento administrativo sustentado únicamente en el reporte integral de evaluación y las autorizaciones correspondientes, con lo cual, omitió pronunciarse respecto de su situación particular, de los medios de prueba en los que se basa, así como de su alcance y valor probatorio, pues era indispensable que se indicara, cómo es que se acreditó el probable incumplimiento del quejoso en el perfil requerido para permanecer en la institución, y cómo es que, con esas pruebas, se sustenta tal determinación, lo cual no ocurrió en el presente asunto.
Por otra parte, la inconforme argumenta que el reporte integral de evaluación se emitió con la finalidad de fortalecer los márgenes de seguridad y confiabilidad del personal en activo; que en dicho reporte sí se especificó cuáles exámenes se practicaron al quejoso y su resultado; además, que con fundamento en los artículos 141 a 143 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, basta con el resultado negativo de una sola evaluación, reflejado en dicho reporte, para iniciar el procedimiento administrativo de separación del actor, pues el resultado "no apto" que obtuvo, no es un mero calificativo que debe adminicularse con otros elementos de prueba para obtener eficacia legal y, con ello, conocer a ciencia cierta las causales por las cuales obtuvo ese resultado; de ahí que, en su opinión, dicho reporte de valuación sí se encuentra debidamente fundado y motivado.
Los argumentos antes resumidos deben desestimarse por inoperantes, ya que se encuentran dirigidos a sustentar la validez del reporte integral de evaluación, pero con ellos no combate de ninguna forma las razones en que se basó el Juez de Distrito para resolver en la forma en que lo hizo, máxime que los actos de autoridad están investidos de presunción de validez que debe ser destruida por la parte a quien perjudiquen y, se reitera, con dichas manifestaciones la recurrente no combatió las razones que sustenta la resolución reclamada.
Es aplicable a lo antes expuesto, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), publicada en la página 731, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA.-Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo."
En consecuencia, al resultar ineficaces los agravios hechos valer, procede confirmar la sentencia en lo que fue materia de la revisión.
Finalmente, los diversos criterios jurisprudenciales invocados que fueron emitidos durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, son aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la ley vigente pues no se oponen a lo dispuesto en ésta.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida que concedió el amparo a **********, en contra del acto reclamado del suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, consistente en el auto de inicio de diez de junio de dos mil catorce emitido en el expediente administrativo **********, en los términos precisados en la resolución recurrida.
Engrósese la presente resolución a los autos y remítase en versión pública para su notificación, al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en México, Distrito Federal, a través de cualquier medio de almacenamiento electrónico; háganse las anotaciones pertinentes en el libro electrónico de registro y, en su oportunidad, agréguense al cuaderno de antecedentes: testimonio de esta resolución, copia certificada del acto recurrido, del escrito de agravios y del acuse de recibo de la constancia de captura de sentencia definitiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidenta y ponente Sofía Virgen Avendaño, María Cristina Pardo Vizcaíno y Marín Acevedo Peña, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25687-89ed2c51/procedimiento-de-separacion-de-los-integrantes-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. PARA RESPETAR LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO DEBE HACERSE CONSTAR EN ESE DOCUMENTO, CUÁLES SON (AMPARO EN REVISIÓN)
- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL ACUERDO QUE LO INICIA ES INNECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA PERS (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL TRANSFERIDOS A LA GUARDIA NACIONAL. SE LES DEBE RESPETAR LA PRERROGATIVA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, CONSISTENTE E (AMPARO EN REVISIÓN)
- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA SU POSIBLE SEPARACIÓ (III.1o.A.31 A (10a.))
- SEGURIDAD PÚBLICA. LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN UN JUICIO CONTENCIOSO, QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN F (PC.XVI.A. J/8 A (10a.))
- LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTA EL ABOGADO PROSECUTOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA IMPUGNAR LA S (XXVII.1o.6 A (11a.))
- PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO ES IMPROCEDENT (I.1o.A.68 A (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis