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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA SI EL ACTO RECLAMADO ES EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES RELACIONADOS CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), AL EJERCER LA ACCIÓN PENAL CORRESPONDIENTE, EN EL PLIEGO DE CONSIGNACIÓN, LOS PUSO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ, Y ÉSTE LA ACEPTÓ.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 200/2015. · Registro digital (IUS): 26048
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-12-04
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II , Pág. 1231.

AMPARO EN REVISIÓN 200/2015. 27 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: HUGO RICARDO RAMOS CARREÓN. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. SECRETARIA: MARÍA YOLANDA ASCENCIO LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Determinación que adopta este tribunal.

No será necesario realizar el estudio de la sentencia combatida como tampoco de los agravios hechos valer por el apoderado legal de la quejosa, en virtud de que este tribunal estima que en el trámite del juicio de amparo, origen de este asunto, se transgredieron las reglas fundamentales que rigen el juicio que da lugar a su reposición, como enseguida se expondrá.

Previamente, se considera útil narrar que el Juez sobreseyó en el juicio de amparo por dos razones:

a) Respecto de actos reclamados al secretario general de Gobierno y director del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", porque se actualizó la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XVIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo.

Dado que de las constancias recabadas se advierte que dentro de la averiguación previa **********, se decretó el aseguramiento del vehículo automotor marca **********, modelo **********, serie **********, motor número **********, placas de circulación **********; posteriormente, la quejosa **********, solicitó su devolución, a lo que el veintiocho de enero se acordó en forma negativa, invocando como una razón, lo dispuesto en el artículo 48 del Código Penal para el Estado de Jalisco.

Por lo que los actos reclamados al secretario general de Gobierno y director del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", consistentes en el refrendo y publicación, respectivamente, del decreto 19997, mediante el cual se reformó el artículo 48 del Código Penal para el Estado de Jalisco, no les revestía el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo.

b) Respecto del diverso acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 20 Sumaria de Accidentes de Transporte Público de la Fiscalía Central del Estado, se sobreseyó en el juicio por cambio de situación jurídica.

En este aspecto, el Juez de amparo sobreseyó en el juicio de amparo, al actualizarse una causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII,(3) de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando sobrevenga un cambio de situación jurídica, porque del informe justificado de la autoridad responsable se anexaron las constancias de las que se desprende que el agente del Ministerio Público responsable, consignó la averiguación previa al Juez de la causa, y puso a su disposición el vehículo asegurado, por lo que actualizó un cambio de situación jurídica.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que se transgredieron las reglas fundamentales que rigen el juicio, por los siguientes motivos:

De las constancias que obran en autos del juicio de amparo se advierten los siguientes antecedentes:

En acuerdo de veintiocho de enero de dos mil quince, dictado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 20 Sumaria de Accidentes de Transporte Público de la Fiscalía Central del Estado de Jalisco, dentro de la averiguación previa **********, se negó la devolución del vehículo automotor marca **********, modelo **********, serie **********, motor número **********, placas de circulación **********.

De las copias certificadas de la averiguación previa remitidas con el informe justificado de la responsable, se advirtió que mediante determinación de catorce de abril de dos mil quince se ejerció acción penal, dejando a disposición de la autoridad judicial el citado automotor, en virtud de que no se había hecho la reparación del daño por el delito materia de la indagatoria.

Solicitud que fue acordada por el Juez Décimo Cuarto de lo Criminal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el seis de mayo de la propia anualidad, a la que se le asignó el número de expediente **********, en la que además ordenó el aseguramiento del citado vehículo, de acuerdo con lo que establece el numeral 133 del enjuiciamiento penal para el Estado de Jalisco.

Documental a la que correctamente se le otorgó valor probatorio, conforme a la jurisprudencia 226,(4) de rubro y texto siguientes:

"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.-Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."

Ahora bien, como se adelantó, a fin de dilucidar lo que se afirma, se estima oportuno efectuar la transcripción del precepto legal que resulta aplicable al caso particular, y que habrá de dar soporte legal a la presente ejecutoria, esto es, el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, que literalmente señala:

"Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:

"...

"II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley.

"En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda."

Dicho artículo recogió los criterios jurisprudenciales, dispuestos para estimar su redacción, en la cual dispone que podrá ampliarse la demanda cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo.

En efecto, cuando se trata de una de las determinaciones definitivas del Ministerio Público y mediante la cual concluya esa etapa procedimental, como lo es resolver sobre el ejercicio de la acción penal conducente ante la autoridad judicial competente, y mediante el pliego consignatorio se pongan también a disposición de la autoridad judicial los bienes asegurados afectos a la investigación, y esta última hubiese aceptado dicha puesta a disposición o la haya ratificado judicialmente, es incuestionable que son actos estrechamente vinculados, dado que se trata del mismo acto de desposeimiento o desapoderamiento y aseguramiento, al continuar surtiendo los mismos efectos lesivos.

En efecto, si bien es cierto que al Juez Décimo Cuarto de lo Penal en el Estado de Jalisco le fue consignada la averiguación previa **********, en la que se solicitó incoar la averiguación judicial en contra de ********** (no detenido), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio a título de culpa grave, en agravio de **********, y solicitó la reparación del daño, solicitando la correspondiente orden de aprehensión, y dejando a su disposición el vehículo de transporte público, en virtud de que no se había hecho la reparación del daño.

Y el Juez de la causa, en acuerdo de seis de mayo del año en curso, se avocó al conocimiento y ordenó el aseguramiento del automotor en términos del artículo 133 del enjuiciamiento penal para el Estado, encontrándose la causa en averiguación judicial y sigilo, con motivo de la orden de captura que se giró en contra del activo por el delito de su consignación. (fojas 186-188 del juicio de amparo)

Por ende, como del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque la responsable informa que ya ejerció acción penal y efectuó la disposición de dichos bienes, y el Juez de la causa ya aceptó dicha puesta a disposición, debió darse oportunidad al quejoso mediante notificación de manera personal, requiriéndolo para que, en su caso, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de garantías, ello en aras de no dejarlo en estado de indefensión y de que el juzgador pueda resolver la litis constitucional en su integridad, logrando una pronta impartición de justicia, porque no hacerse así, implicaría obligar al quejoso a promover otro juicio de amparo contra el nuevo acto, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, pues la ampliación de la demanda tiene como finalidad integrar debidamente las pretensiones de la parte quejosa.

Todo lo cual resulta acorde con el principio de economía procesal, pues no se obliga al quejoso a agotar un nuevo juicio de garantías.

En ese orden de ideas, si el juzgador no notifica en forma personal el contenido o la vista del informe justificado, cuando de él se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, es claro que incurre en una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo, que necesariamente trasciende al resultado de la sentencia; violación que debe ser corregida por el tribunal revisor, ordenando para ello que se reponga el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Se invoca en apoyo en lo conducente a la anterior disertación, el criterio 1a./J. 136/2011, emitido por contradicción de tesis 92/2011 (9a.), por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, de registro digital 160116, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Tomo 1, mayo de 2012, página 801, que dice:

"INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.-El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: ‘INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.’, no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada."

CONCLUSIÓN.

Corolario de lo expuesto, al haberse transgredido las normas que rigen el procedimiento en perjuicio de la parte quejosa, por las consideraciones destacadas, debe revocarse la sentencia impugnada y ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de amparo a fin de que:

A) Continúe con el trámite en el procedimiento del juicio de amparo, para el efecto de que ordene dar vista personalmente al quejoso con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y, al momento de notificarle, se le prevenga -en el sentido de que podrá ampliar su escrito inicial de demanda-; y,

B) Señale día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de que las partes estén en aptitud, en su caso, de rendir las pruebas que estimen pertinentes y formular sus alegatos; hecho lo cual, dicte la sentencia que en derecho corresponda.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 2o., 5o., fracción I, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se ordena la reposición del procedimiento en los autos del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por mayoría de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que integran los Magistrados Hugo Ricardo Ramos Carreón, quien funge como presidente, José Luis González, encargado del engrose y Óscar Vázquez Marín, siendo disidente el primero de los nombrados, el cual formula voto particular.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

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3. "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

"Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ..."

4. Publicada en el Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo registro digital es 394182.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26048-e9b864f1/improcedencia-del-juicio-de-amparo-por-cambio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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