QUEJA CONTRA EL AUTO QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LA ORDEN DE TRASLADO DEL QUEJOSO DE UNA PRISIÓN A OTRA. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL O JUEZ MILITAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, ELVIA DÍAZ DE LEÓN D´HERS, JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA, CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA Y MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ. DISIDENTES: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO, HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO, ROBERTO LARA HERNÁNDEZ Y JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ. SECRETARIO: DANIEL GUZMÁN AGUADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por el Magistrado presidente, el secretario en funciones de Magistrado y la secretaria encargada del despacho, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes tienen legitimación para denunciar las contradicciones de tesis o criterios sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito al que pertenecen.
TERCERO.-Posturas contendientes. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de ********** **********, sostuvo en lo que interesa:
"III. Legitimación. ¿La autoridad jurisdiccional tiene facultades para interponer el recurso de queja cuando es citada como autoridad responsable?-En respuesta a ese planteamiento, se considera que el Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar -autoridad citada como responsable- sí tiene legitimación para impugnar mediante el recurso de queja el acuerdo en donde se concedió de plano la suspensión solicitada por los peticionarios del amparo. Es así, porque recordemos que las autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales son imparciales por excelencia, ya que su razón de ser es encontrar la verdad jurídica mediante el ejercicio de declarar el derecho entre las partes contendientes con la única finalidad de administrar justicia, garantizando así la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público, lo que implica no involucrarse en el interés de las partes, pues tienen como función de decir el derecho y su actuación debe ser rectora del proceso, salvaguardándolo en todo momento.-Ahora, en el caso particular, se estima que la autoridad responsable que interpuso la queja, aunque es jurisdiccional, tiene legitimación para ello, porque en el auto impugnado en queja no se declaró la inconstitucionalidad de la resolución que se le reclamó al recurrente, sino que en ella se fijaron los alcances de una medida cautelar que le impone ciertas obligaciones.-Lo anterior tiene apoyo en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo,(1) en el cual se establece que carecen de legitimación las autoridades judiciales o jurisdiccionales para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional; por tanto, interpretado en forma contraria ese tipo de autoridad tiene legitimación para recurrir las resoluciones en las que no se declara la inconstitucionalidad del acto que se les reclama, como en el caso, tratándose de una resolución que resuelve sobre la suspensión de los actos impugnados, que por su naturaleza no cuestiona la constitucionalidad de éstos; además, en la jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación en su versión electrónica con registro digital: 183709, en su última parte señala que las autoridades jurisdiccionales, excepcionalmente tendrán legitimación cuando se vea afectada en lo personal, lo que ocurre en este caso porque en el auto impugnado se señaló que en caso de incumplir con la medida cautelar -que ahora se recurre- implicaría la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, por lo cual se requirió que informara su cumplimiento en el plazo de veinticuatro horas. Tal jurisprudencia es de rubro y texto: ‘REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’ (la transcribe)."(2)
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el diverso recurso de ********** **********, sostuvo en lo que interesa:
"QUINTO. Decisión de este tribunal en cuanto al recurso interpuesto por la autoridad responsable Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar.-El recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, debe desecharse, porque carece de legitimación para interponer el referido medio de impugnación al ser una autoridad jurisdiccional.-Se explica porque: Las autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales son imparciales por excelencia, su razón de ser es encontrar la verdad jurídica mediante el ejercicio de decir el derecho entre las partes contendientes con la única y exclusiva finalidad de administrar justicia, garantizando así la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público, lo que implica no involucrarse en el interés de las partes, cualquiera que resulte ser el beneficiado o perjudicado en la contienda legal, esto es, siendo imparciales ostentan una naturaleza incompatible con las otras partes, de tal manera que les impide asimilarse con ellas.-Con base en lo anterior, se estima que el Juez Militar no está facultado para interponer el recurso de queja intentado, pues de hacerlo estaría tomando partido a favor o en contra de alguna de las partes, en el caso específico de la materia penal, en contra del particular que es el promovente del juicio de amparo.-Pues de aceptarse una postura contraria y admitirse, por consecuencia, la posibilidad de que recurra la resolución que aquí interesa, ocasionaría que el órgano jurisdiccional deje de ser imparcial, ya que favorecería a una de las partes con el consiguiente perjuicio de la otra.-Luego, es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, pero esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales.-En esa medida, el Juez Militar carece de legitimación, por su condición de imparcial que le exige el artículo 17 constitucional, para interponer el presente recurso de queja, porque ello podría interpretarse como si litigara ya sea a favor o en contra de la parte que obtuvo un beneficio con la determinación del Juez de Distrito.-Orienta lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente en términos de su artículo sexto transitorio, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, julio de 2003, de rubro y texto siguientes: ‘REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’ (transcribe).-En tales condiciones, por las razones expuestas, se desecha el recurso de queja interpuesto por el Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar.-No se opone a esta conclusión, que por auto de presidencia de veintiuno de octubre de dos mil quince, se hubiere admitido a trámite la demanda de garantías, toda vez que los autos de presidencia no causan estado, ni obligan al Pleno de este Tribunal..."
CUARTO.-Análisis de los criterios denunciados como contradictorios. Por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito contendientes; cuyas consideraciones esenciales se precisarán a continuación, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
Para lo cual se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo -cuyo contenido es similar a los artículos 225 y 226 de la ley de la materia en vigor y, por ello, se considera aplicable el referido criterio jurisprudencial-; se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito, o -los Tribunales Colegiados de Circuito-, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias".
Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho, como en los de hecho.
De ahí que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
De lo anterior se sigue, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia;
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis, y no para buscar diferencias de detalle que impidan analizar dicha cuestión.
Al respecto tienen aplicación los criterios sustentados por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia y aislada de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(4)
En el mismo sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(5)
Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias, destacadas en el considerando tercero, que fueron remitidas en copias certificadas por los correspondientes Tribunales Colegiados, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos; ello con el objeto de determinar si existe la contradicción planteada.
En principio, es relevante precisar que, para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos en un tema similar sea discordante esencialmente.
Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los tribunales contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas; en ese sentido, es necesario señalar que la denuncia de contradicción de tesis se formuló en torno al tema ¿El órgano jurisdiccional señalado como autoridad responsable en el juicio tiene legitimación para interponer el recurso de queja en contra de la determinación que concede la suspensión de plano del acto reclamado?
Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conoció de un recurso de queja derivado del juicio de ********** del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, promovido por los ahí quejosos, en contra de los actos que atribuyen, entre otras autoridades, al Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, que se hicieron consistir en: a) la orden que diera para que los quejosos fueran trasladados de la prisión militar adscrita a la Primera Región Militar en esta ciudad, al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz; y, b) la ejecución y cumplimiento de esa orden.
Al resolver sobre la suspensión de dichos actos, que fue solicitada, el juzgador de amparo la concedió de manera oficiosa y de plano a los impetrantes:
"1. Respecto de cualquier actuación de autoridad que implique o tenga como consecuencia, atentar contra las vidas e integridad física; para lo cual ordenó al director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco ‘Oriente’, que tomara las medidas necesarias para preservar la integridad de los nombrados; señaló que de ser indispensable para la seguridad de los impetrantes de amparo fueran llevados a un sitio en el que no corran peligro, ni sean objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y de encontrarse en algún lugar que importe ese peligro, cambiarlos a uno en que cese este estado de riesgo; y,
"2. La autoridad jurisdiccional responsable y director de la prisión militar de la Primer Región Militar, en el improrrogable plazo de dieciocho horas deberían trasladar a los solicitantes del amparo al lugar de reclusión donde originalmente se encontraban."
Para proceder a resolver dicho asunto de fondo, el aludido Tribunal Colegiado primeramente abordó el análisis de la legitimación de la autoridad responsable recurrente, Juez Primero Militar, adscrito a la Primera Región Militar para interponer el recurso de queja cuando es citada como autoridad responsable.
Al efecto, después de formularse la interrogante, el órgano colegiado esencialmente razonó: considerar que el precitado Juez castrense, en el caso particular, sí tiene legitimación para impugnar, mediante el recurso de queja, el acuerdo en que se concedió de plano la suspensión solicitada por los peticionarios del amparo, ello en virtud de que, dijo estimar, aunque es jurisdiccional, dicha legitimación le resulta, porque en el supra aludido auto recurrido, no se declaró la inconstitucionalidad de la resolución que se le reclamó al Juez Militar recurrente, sino que en ella se fijaron los alcances de una medida cautelar que le impone ciertas obligaciones.
Consideración que dijo, a su parecer, tiene apoyo en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo (lo trascribió), precepto en el que, apuntó dicho colegiado, se establece que carecen de legitimación las autoridades judiciales o jurisdiccionales para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional; y que, interpretado en forma contraria permite establecer que ese tipo de autoridad tiene legitimación para recurrir las resoluciones en las que no se declara la inconstitucionalidad del acto que se les reclama, como, anotó, en el caso, pues al tratarse de una resolución que resuelve sobre la suspensión de los actos impugnados, por su naturaleza no cuestiona la constitucionalidad de éstos.
Además de que, abundó, la jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.", en su última parte señala que las autoridades jurisdiccionales, excepcionalmente tendrán legitimación cuando se vea afectada en lo personal, lo que, consideró, ocurre en este caso, porque en el auto impugnado se señaló que en caso de incumplir con la medida cautelar -materia del recurso- implicaría la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, por lo cual se requirió que informara su cumplimiento en el plazo de veinticuatro horas.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al conocer de un recurso de queja ********** de su índice, interpuesto por el Juez Primero Militar, y director de la prisión militar, ambos adscritos a la Primera Región Militar, los dos en su respectivo carácter de autoridades responsables, con motivo de la suspensión que, de oficio y de plano fue concedida por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a **********, dentro de los autos de juicio de amparo indirecto **********/2015, promovido, contra actos atribuidos a las aludidas autoridades responsables y otras, que la parte impetrante hizo consistir de manera textual en:
"A) De las autoridades señaladas, la orden de cambio y su ejecución de la prisión militar en que se encontraba mi representado y de la última autoridad, la indebida admisión y reclusión en ese lugar de destino que de manera injustificada y, por ende, sin derecho han dictado y cumplido en perjuicio de mi defensa ********** ...".
Al resolver el recurso de queja, el Tribunal Colegiado de mérito, en el considerando quinto de su determinación, intitulado: "Decisión de este Tribunal en cuanto al recurso interpuesto por la autoridad responsable Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar."; resolvió que el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, debía desecharse, porque, en consideración del aludido órgano colegiado, carece de legitimación para interponer el referido medio de impugnación al tratarse de una autoridad jurisdiccional.
A fin de sustentar dicha consideración, el tribunal ad quem, esencialmente razonó: Las autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales son imparciales por excelencia, su razón de ser es encontrar la verdad jurídica mediante el ejercicio de decir el derecho entre las partes contendientes con la única y exclusiva finalidad de administrar justicia, garantizando así la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público, lo que implica no involucrarse en el interés de las partes, cualquiera que resulte ser el beneficiado o perjudicado en la contienda legal, ya que por ser imparciales ostentan una naturaleza incompatible con las otras partes, de tal manera que les impide asimilarse con ellas.
Con base en lo anterior, dicho tribunal dijo estimar que, el juzgador que actúa como autoridad responsable no está facultado para interponer el recurso de queja intentado, porque de hacerlo estaría tomando partido a favor o en contra de alguna de las partes, y que en el caso específico de la materia penal, lo sería en contra del particular promovente del amparo; asimismo, puntualizó que de aceptarse una postura contraria y admitirse la posibilidad de que recurra, como en el caso concreto, el auto de suspensión, ello ocasionaría que el órgano jurisdiccional deje de ser imparcial, en tanto favorecería a una de las partes con el consiguiente perjuicio de la otra.
Asimismo abundó, que si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, también lo es que esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que su interés trascienda al juicio de amparo, dado que en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales.
En esa medida, concluyó el cuarto tribunal contendiente, dada la condición de imparcial que le exige el artículo 17 constitucional, el Juez Militar carece de legitimación para interponer el recurso de queja, porque de aceptarse podría interpretarse como si litigara ya sea a favor o en contra de la parte que obtuvo un beneficio con la determinación del Juez de Distrito. Tal consideración la estimó orientada con el contenido de la jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." (la transcribió)
De lo anterior se desprende que, ambos Tribunales de este Primer Circuito analizaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, advirtiéndose de las mismas elementos fácticos concordantes como son: que en los asuntos de su conocimiento las autoridades responsables fueron Jueces Militares; los actos reclamados consistieron en órdenes de traslado de una prisión a otra diversa, así como su ejecución; se concedió la suspensión de plano y en ambos casos las autoridades judiciales correspondientes interpusieron recurso de queja, y adoptaron criterios discrepantes al pronunciarse sobre la legitimación del órgano jurisdiccional señalado como autoridad responsable, para efectos de interponer el recurso de queja en contra del auto que concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de las órdenes de traslado señaladas como actos reclamados; siendo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal sostuvo que dicho órgano jurisdiccional si está legitimado para ello y analizó el fondo del asunto, mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal consideró por su parte que al carecer de dicha legitimación el recurso hecho valer por el Juez Militar señalado como autoridad responsable en el juicio de origen, debía desecharse por lo que hacía a esa autoridad recurrente.
Por lo cual, con las consideraciones anteriores, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada y que la litis consiste en determinar si el Juez Militar investido como órgano jurisdiccional señalado como autoridad responsable en un juicio de amparo biinstancial se encuentra legitimado para interponer el recurso de queja en contra del auto que concede la suspensión de plano de la orden de traslado del quejoso de una prisión a otra diversa señalada como acto reclamado.
QUINTO.-Estudio de Fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, lo sustentado por este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de acuerdo a los razonamientos que se exponen en este considerando.
El capítulo XI de la Ley de Amparo señala los medios de impugnación entre los que se encuentra el recurso de queja;(6) los supuestos de procedencia de éste se establecen de los diversos 97 a 103.(7)
Ante todo, es importante acotar que en el estudio de esta contradicción de tesis, al referirse a "legitimación" del órgano jurisdiccional o de su titular investido con la representación del mismo, se hace en su acepción como potestad o facultad de ese órgano jurisdiccional para que sin ser parte en un proceso, pueda interponer un recurso y no aludiendo a su significado dentro de la teoría del proceso, lo que enseguida se explica.
Por una parte, en las dogmáticas constitucional y administrativas e incluso en la dogmática internacional, los conceptos de "legitimación", "legitimidad" o "legalidad", se refieren fundamentalmente a los actos del poder público; así, estos conceptos consisten en la observancia de las normas y máximas que regulan el ejercicio de los entes que los ostentan; en estos ámbitos se utilizan como sinónimos indistintamente tales conceptos, aunque en realidad si acudimos al exacto significado de cada uno, el de "legalidad" como cualidad de lo prescrito por la ley y conforme a ella, resulta más apropiado que el de "legitimación" o "legitimidad"; es en este supuesto en el que se estima la actuación del órgano jurisdiccional señalado como autoridad responsable en un juicio de amparo biinstancial que pretende interponer el recurso de queja en contra del auto que concede la suspensión de plano de la orden de traslado de una prisión a otra diversa señalada como acto reclamado e imputado a esa autoridad.
Por otra parte, en la dogmática procesal "legitimidad" o "legitimación" aluden, en principio, a los procedimientos o bien a las condiciones o requerimientos necesarios para actuar en derecho; es decir, son dichos conceptos la justificación o fundamentación de ese actuar. Así, se habla de "legitimación" o "legitimidad" para obrar o actuar al referirse a la posesión de un interés jurídicamente justificado para intervenir en juicio; en este sentido la dogmática procesal habla de legitimación o legitimidad ad causam y de legitimación o legitimidad ad processum. La primera refiriéndose al requerimiento de que la acción sea interpuesta por su titular, y la segunda a la idoneidad del sujeto que interviene en juicio, que pertenece o debe acompañar en su caso, a la parte procesal.
Por ello, se afirma que se aludirá a legitimidad del órgano jurisdiccional o de su titular representándolo, en su sentido de condición, investidura o facultad para actuar de conformidad -ex iure- de una acción o de un comportamiento, y no en el sentido desarrollado por la teoría del proceso en cuanto a la legitimidad del individuo como titular del poder de acción o excepción de conformidad con las reglas y los límites establecidos en la ley, y en el que sólo a las partes contendientes se les reconoce esa legitimación.
Asimismo, conviene precisar que entre las partes intervinientes en el juicio de amparo, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo reconoce con tal carácter a la autoridad responsable, y al efecto señala:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de Amparo:
"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"Para los efectos de ésta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridades, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."
Además, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, es continente de los principios bajo los cuales el titular de cualquier órgano jurisdiccional debe conducir su actuar, al ejercer el acto de decir el derecho, dicho apartado normativo a la letra dice:
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales." (El resaltado no es de origen)
A fin de solucionar el problema en contradicción, es necesario establecer si la resolución que se tome dentro de la tramitación de un juicio de amparo indirecto en cuanto a ordenar la suspensión de plano de la orden de traslado de una prisión a otra diversa, señalada como acto reclamado afecta directa o indirectamente los intereses del titular del órgano jurisdiccional llamado al juicio como autoridad responsable ordenadora.
Al efecto se precisa que es el propio Estado el que les confiere a dichos titulares de los órganos jurisdiccionales, la potestad de llevar a cabo el ejercicio de la función jurisdiccion
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26620-791b3209/queja-contra-el-auto-que-concede-la-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACTA DE RECHAZO EMITIDA POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU EJECUCIÓN PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA DIVERSA QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ORDEN DE EMBARGO EMITIDA EN UN JUICIO MERCANTIL DIRIGIDA AL QUEJOSO. PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN SU CONTRA, BA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. AUNQUE, POR REGLA GENERAL, SU OTORGAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO PRESUPONE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONAL Y (IV.2o.A.58 K (10a.))
- SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA NO AFECTACIÓN AL ORDEN PÚBLICO Y AL INTERÉS SOCIAL, SON INATENDIBLES Y DEB (IV.2o.A.89 K (10a.))
- SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. (I.14o.C.8 K (10a.))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. NO PUEDE ANALIZARSE PONDERANDO EL "PRINCIPIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PAR (XVII.14 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis