SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA DIVERSA QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA LA REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2019. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JAIME RUIZ RUBIO, ISAÍAS CORONA CORONADO, FAUSTINO CERVANTES LEÓN, JOSÉ AVALOS COTA, FRANCISCO DOMÍNGUEZ CASTELO Y MARIO ALEJANDRO MORENO HERNÁNDEZ. DISIDENTE: GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO. PONENTE: RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS FLORES BENÍTEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—El Pleno de este Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito y órganos colegiados auxiliares que emitieron sentencia en apoyo a Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima, en razón a que el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, establece, que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, ante los Plenos de Circuito, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón a que se formuló por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de este Décimo Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, el cual es uno de los Tribunales que emitió uno de los criterios en contienda.
TERCERO.—A fin de estar en aptitud de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes en las determinaciones respectivas.
Consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado.
• De la resolución correspondiente al recurso de queja penal 186/2016, se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado estableció, que cuando se reclama la resolución que revoca la determinación que confirmó el inejercicio de la acción penal y se ordena la reapertura de la carpeta de investigación, es factible conceder la suspensión, dado que con ésta no se afecta ni el orden público ni el interés social, a virtud de que la misma no trae consigo el paralizar ni el obstaculizar el procedimiento de investigación.
• Para arribar a dicha determinación el mencionado Tribunal Colegiado analizó el contenido de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, y estableció, que en el caso, resultaba procedente el otorgamiento de la medida cautelar, ya que en esencia el acto reclamado no consistía en la tramitación (investigación) de la carpeta de investigación, sino en la orden de reabrirla.
• Destacó, que el acto reclamado consistía en la sentencia de veinte de octubre de dos mil dieciséis, emitida por la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, así como sus consecuencias jurídicas y de hecho, las cuales indicó implicaban la reapertura de la carpeta de investigación por lo que en determinado momento la representación social debería determinar de nueva cuenta si ejercitaba o no la acción penal.
• Con sustento en tales premisas, determinó, que existía una diferencia entre suspender el procedimiento y suspender el acto reclamado que ordena su reapertura; agregando, que suspender un acto implica interrumpir su desarrollo en sus etapas procesales e impedir en su caso la consignación; en cambio, suspender la orden o la sentencia que ordena la reapertura de un procedimiento significa detener su ejecución.
• Bajo esas premisas concluyó, que cuando se reclama una resolución que ordena la reapertura de un procedimiento es factible suspender sus consecuencias, porque no implica por sí mismo suspender el procedimiento; añadiendo que es procedente otorgar la citada medida cautelar, para el efecto de que de que (sic) la representación social no continúe con la integración de la carpeta de investigación, en tanto no se resuelva sobre la suspensión definitiva, porque esto no trae perjuicio al interés social, ni contraviene alguna disposición de orden público, pues la concesión es para el efecto que se paralice la orden de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, y no per se la integración de la indagatoria.
• En apoyo a sus consideraciones aplicó por analogía la jurisprudencia 1a./J. 21/2011 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."
Consideraciones del Cuarto Tribunal Colegiado.
• De la ejecutoria correspondiente al incidente en revisión 458/2018, se observa, que el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, estimó correcto que el Juez de Distrito hubiese negado la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que no se reabriera la carpeta de investigación y, con ello, el agente del Ministerio Público no continuara con la investigación de los hechos ahí denunciados.
• Como argumentos de su determinación sostuvo que no es factible constitucionalmente conceder la suspensión para esos efectos, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad de investigación por parte del Ministerio Público en los procedimientos sometidos a su conocimiento, y que éstos son de orden público e insuspendibles.
• Refirió, que de otorgarse la citada medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, lo que dijo se traduce en que, no se colme el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que es de interés para el Estado y la sociedad, que los delitos se investiguen y, por ende, se castigue a los responsables, por lo que el interés del quejoso no puede estar por encima del interés social.
• Asimismo expuso que, dicha consideración se ve corroborada con lo establecido por la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, ya que la investigación ministerial conduce a esclarecer los hechos materia de la denuncia efectuada dentro del expediente y de concederse la suspensión se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social, lo cual resulta contrario a la Constitución y a la propia legislación de amparo.
• Agregó que el artículo 131, fracciones IV y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que entre las obligaciones del Ministerio Público, se encuentran las de ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo; el cerciorarse de que se han seguido las reglas y los protocolos para su preservación y procesamiento; el iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional; y el recabar los elementos necesarios que determinan el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. Por ende estimó, que no era procedente el otorgar la suspensión definitiva, para que el representante social no continuara con la integración de la carpeta de investigación.
• De la misma manera precisó, que los actos reclamados no son una reposición del procedimiento, sino la declaración de ilegalidad de la resolución (no ejercicio de la acción penal) y la orden de reaperturar la carpeta de investigación, para que el agente del Ministerio Público continúe con la investigación de los delitos ahí denunciados, entendiéndose como significado de apertura; descubrir o hacer patente lo que está cerrado u oculto, por su parte, reapertura significa reabrir.
• También, sostuvo, que no resultaba aplicable la jurisprudencia 1a./J. 21/2011 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 205, del Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativa a la Décima Época, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."
Lo anterior, bajo el argumento de que de dicho criterio se desprende, que reponer el procedimiento es dejar insubsistente todo lo que se declaró ilegal para purgarlo y volver a emitir (repetir) los actos procesales correspondientes hasta su debida resolución; mientras que abrir o reaperturar un procedimiento, es iniciarlo para que el mismo se geste, se genere por primera vez y en su momento procesal se concluya.
• Añadiendo que en el acto reclamado no existe esa repetición de actuaciones como es la reposición de procedimiento; sino que se declaró ilegal una resolución (no ejercicio de la acción penal) y se ordenó su reapertura de la carpeta de investigación para que el agente del Ministerio Público continúe con la investigación de los delitos en la que se deberá determinar de nueva cuenta si se ejercita o no la acción penal, además de que las resoluciones jurídicas que contendieron en aquella contradicción de tesis, emergen de la materia civil, específicamente, en lo relativo a la guarda, custodia, alimentos y disolución de la sociedad conyugal y bienes, y el acto reclamado es en materia penal y no podía aplicarse por analogía, lo que iría en contra del artículo 14 constitucional.
CUARTO.—Previo a determinar si existe contradicción de criterios, es oportuno establecer, que para que proceda la contradicción de tesis, es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea en el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
También conviene indicar, que el sistema de contradicción de tesis es un medio jurídico de unificación de criterios contradictorios, de lo que se obtiene, que su finalidad es preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer cuando existe oposición entre los que sustenten los mencionados órganos jurisdiccionales en torno a un mismo problema legal; en ese orden, dicho procedimiento tiene como propósito garantizar al gobernado la seguridad jurídica a través de la resolución de esa contienda.
Es decir, el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción de tesis consiste, en terminar con la incertidumbre que genera para los gobernados la existencia de criterios contradictorios de los tribunales, mediante la definición de un criterio producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver de manera uniforme casos que en lo futuro se lleguen a presentar.
De ahí que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.
Lineamientos que se precisaron en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital: 164120, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
En el caso, se actualizan los supuestos antes señalados para la existencia de la contradicción de tesis de que se trata, respecto a los criterios sustentados en el incidente en revisión número 454/2018, dictado por el Cuarto Tribunal Colegiado, y con lo resuelto en la queja penal 186/2016, del índice del Tercer Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Quinto Circuito.
Lo anterior, porque del examen de las ejecutorias reseñadas, destaca, que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, se pronunciaron sobre una misma cuestión jurídica, arribando a conclusiones diversas, cuyas características de generalidad y abstracción pueden actualizarse en otros asuntos, ya que se ocuparon de analizar si en el caso es procedente otorgar la suspensión, respecto de la resolución que revoca la diversa que confirma el inejercicio de la acción penal y ordena la reapertura de la carpeta de investigación.
De lo anterior se advierte, que dichos Tribunales Colegiados adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, a pesar de que partieron de los mismos elementos, pues ambas ejecutorias tienen como origen la solicitud de suspensión dentro del juicio de amparo indirecto con respecto a la resolución que revoca la determinación que confirmó el no ejercicio de la acción penal y ordenó la reapertura de la carpeta de investigación.
Sin embargo y no obstante que ambos tribunales se encontraban ante una misma cuestión jurídica, y que coincidieron en que la resolución que revoca el no ejercicio de acción penal no trae consigo el que se suspenda el procedimiento de investigación, cada uno de estos resolvió de manera diversa.
En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado de este Circuito, consideró que no era procedente otorgar la suspensión solicitada para el efecto de que no se reabriera la carpeta de investigación y con ello, el agente del Ministerio Público no continuara con la investigación de los hechos ahí denunciados, porque según dijo, de otorgarse la citada medida cautelar se impediría el reiniciar la investigación a cargo del representante social y con ello, se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimó que, sí era procedente otorgar la suspensión solicitada para el efecto de que no se reabriera la carpeta de investigación, dado que el otorgamiento de esa medida cautelar no trae consigo el suspender el procedimiento de investigación a cargo del agente del Ministerio Público, sino la no ejecución de la orden de reapertura de dicha carpeta de investigación.
De lo anterior, se advierte con claridad, que sí existe contradicción entre los criterios sustentados por los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que para dar seguridad jurídica a los gobernados se procede a resolver la discrepancia de mérito.
En esos términos, la materia de la contradicción de tesis consiste en determinar:
• Si procede conceder la suspensión que se solicita en relación a la resolución que revoca la determinación que confirmó el no ejercicio de la acción penal y ordenó la reapertura de la carpeta de investigación.
QUINTO.—Para dilucidar tal discrepancia es oportuno precisar cuál es la naturaleza, el objeto y los requisitos que se deben cumplir para otorgar la suspensión que se solicita dentro del juicio de amparo.
En esa tesitura, cabe señalar, que la suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el juicio de amparo en lo principal.
Asimismo, el objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio constitucional; y el evitar perjuicios al quejoso o a terceros que pudiese producir la ejecución del acto que se reclama.
Por lo anterior, los efectos de la suspensión son obrar sobre la ejecución del acto reclamado ya que afecta las medidas tendentes a su ejecución paralizándolas impidiendo que el acto reclamado se ejecute o haciendo cesar tales medidas si la ejecución ya se ha iniciado y se traduce en un mandato que tiende a preservar el cumplimiento y la ejecución de la sentencia protectora que pudiere llegar a dictarse en el juicio de amparo.
Ahora bien, a través de la reforma constitucional de dos mil once, se dotó a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad es conservar la materia de la controversia y evitar que los particulares sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto.
Lo anterior se puede advertir del primer párrafo del artículo 107, fracción X, constitucional, el cual dispone que:
"Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social."
En este sentido, y al no tratarse de un acto que restrinja la libertad de la personas, se debe precisar que la Ley de Amparo en su artículo 147 reguló los efectos que puede tener la suspensión en los siguientes términos:
"Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.
"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
"El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo."
Para determinar sobre el otorgamiento de suspensión de los actos reclamados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido, que se deberá ponderar la apariencia del buen derecho, el orden público y el interés social.
En ese contexto, los requisitos para otorgar la suspensión que dentro de un juicio de amparo se solicita, son los siguientes:
1. Que sean ciertos los actos reclamados cuya paralización se solicita;
2. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión (artículo 107, fracción X, constitucional); y,
3. Que la suspensión no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho (artículos 107, fracción X, constitucional y 128, fracción II y 138 de la Ley de Amparo).
Establecido lo anterior y, dado que en el caso el acto reclamado con respecto al cual habrá de determinarse si es procedente la suspensión, consistente en la resolución que revoca la determinación que confirmó el no ejercicio de la acción penal y ordenó la reapertura de la carpeta de investigación; resulta necesario precisar cuál es la naturaleza, el objeto y los principios que regulan la investigación de las conductas posiblemente constitutivas de un ilícito.
En efecto, en principio debemos de señalar, que el Estado tiene como objetivo primordial el bien común, el cual se procura garantizar a través de la protección individual y social los derechos humanos.
Sin embargo, se debe aclarar que en materia de seguridad pública todo acto o conducta es materia de investigación y, desde una política criminal, sólo lo que el Ministerio Público considera que debe sancionarse será materia de un proceso jurisdiccional.
Asimismo, la investigación en el sistema acusatorio sólo está orientada a la obtención de información y de medios de prueba que, para poder ser valorados desde el punto de vista de su resultado, deben ser desahogados y sometidos a un control de contradicción e inmediación en la audiencia del juicio oral frente a Jueces imparciales o, cuando corresponda y con sus respectivos alcances –sobre suficiencia y pertinencia– en las audiencias previas ante Jueces de Control en las que se requiera el dato o el medio de prueba como elemento sustentador de la decisión judicial de que se trate.
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación debe ser libre pero está disciplinada por el principio de licitud y de libertad probatoria, así como los de reserva y registro, y se regula de forma tal que se incluye como un procedimiento de obtención libre de la información, no sujeta a formalismos pero si a su debida reserva y a su necesario registro, y encauzada a la obtención de resultados útiles para el esclarecimiento de los hechos, por lo que cualquier dato o medio que haya sido obtenido sin vulnerar derechos fundamentales, puede ser utilizado, aun y cuando su procedimiento o regulación no se contenga expresamente en la legislación procesal.
De ahí que, de conformidad con el artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los principios que rigen la investigación son los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte.
En ese orden de ideas, la investigación inicial tiene como objeto principal el que el Ministerio Público reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos, así como los datos y medios de prueba que hagan creíble la participación del imputado y sirvan de sustento para dar inicio al ejercicio de la acción penal.
Además, de conformidad con el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un deber del Ministerio Público, al tener conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, el dirigir la investigación penal, hasta lograr el esclarecimiento de los hechos; esto es, hasta dilucidar si tales hechos constituyen o no la comisión de una conducta que la ley prevé como delictuosa y el que sea creíble la participación en ésta del imputado.
Lo anterior se traduce en que la citada investigación, constituye una facultad otorgada a un órgano del Estado –Ministerio Público– para que de manera genérica lleve a cabo las indagaciones necesarias para descubrir si se ejecutó una conducta que la ley describe como delito y quién participó en ésta; lo cual revela que en dicha facultad de investigación, se encuentran inmersos los principios de orden público y de interés social; en tanto forman parte de un sistema de normas que tienden a conservar y encausar el orden en la sociedad; así como al logro de las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de la sociedad.
Expuesto lo anterior, y toda vez que la materia del presente asunto es dilucidar si es procedente o no otorgar la suspensión contra los efectos y las consecuencias de la resolución, que revoca la resolución que confirma el no ejercicio de la acción penal, y que ordena la reapertura de la carpeta de investigación, se estima, que en el caso no es procedente otorgar dicha medida cautelar, a virtud de que no se cumple con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo; esto es, por afectar el interés social y el orden público.
En efecto, los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes."
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."
"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:
"I. Concederá o negará la susp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28759-26be6af8/suspension-en-el-juicio-de-amparo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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