HIDROCARBUROS. EL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY RELATIVA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 29 DE AGOSTO DEL 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA, JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA, GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES Y MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA. DISIDENTES: MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO Y MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES. PONENTE: MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO. ENCARGADO DEL ENGROSE: CUAUHTÉMOC CUELLAR DE LUNA. SECRETARIO: FRANZ ORTEGA DEL RIVERO.
III. COMPETENCIA
11. El Pleno de este Decimoséptimo Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como de los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y el quince de diciembre de dos mil quince, respectivamente.
IV. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por un Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, que resolvió diversos juicios de amparo indirecto, de los que derivan las resoluciones que contienen los criterios que se arguyen contradictorios.
V. CONSIDERACIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
13. A fin de propiciar un panorama más completo de la cuestión a dilucidar, se estima pertinente efectuar una breve referencia de los antecedentes del caso sometido a la jurisdicción de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y las consideraciones emanadas de las ejecutorias que dieron origen a la presente contradicción de tesis.
• La persona jurídica **********, por conducto de su apoderado **********, promovió cinco diligencias de jurisdicción voluntaria, a efecto de validar los contratos de servidumbre legal de hidrocarburos, cuyo objeto residía en el uso, goce y afectación de terreno, con el fin de hacer posible el traslado de gas natural.
• Procedimientos que una vez radicados ante los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, fueron desechados bajo el argumento toral de que fueron presentados fuera del término de treinta días establecido en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
• Inconforme, la citada empresa promovió juicios de amparo indirecto, resueltos por los juzgados Tercero y Décimo de Distrito, con residencia en esta ciudad, donde se determinó negar la protección constitucional solicitada y, por ende, confirmar la postura de los órganos jurisdiccionales de origen.
• En desacuerdo con lo anterior, la persona jurídica **********, interpuso recursos de revisión, los cuales fueron resueltos bajo los razonamientos siguientes:
a) Consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en torno al tópico de la presente contradicción, para confirmar las sentencias sujetas a revisión:
• Si bien el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, únicamente precisa el término de treinta días para que el acuerdo de voluntades de servidumbre legal de hidrocarburos sea presentado para su validación, en términos del diverso 105 de la citada ley, sin expresar sanción para el caso que no sea presentado dentro del plazo establecido; el hecho de que se presente fuera del término otorgado, conlleva la pérdida del derecho contenido en la citada norma.
• El atribuir el carácter de norma imperfecta al artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, implicaría que el promovente podría presentar la solicitud de validación en cualquier tiempo, lo cual quebrantaría el principio de seguridad jurídica.
• Los artículos 105 de la Ley de Hidrocarburos y 75 de su reglamento, no constituyen normas jurídicas imperfectas, porque si bien, no establecen implícitamente una sanción, de su interpretación conjunta se colige el deber que tiene ya sea el asignatario o contratista, de acudir ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario, dentro del término de los treinta días siguientes a la suscripción del acuerdo, para que la autoridad competente lo valide y le otorgue la categoría de cosa juzgada.
• El citado numeral reglamentario es específico en lo concerniente a la temporalidad de la presentación del contrato ya mencionado ante autoridad competente, lo cual constituye un requisito establecido por el legislador que debe cumplirse, pues no tendría sentido alguno haber fijado dicha temporalidad en el referido precepto legal y no obstante, dejar de observarse.
b) Consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para revocar la sentencia sujeta a revisión:
• El artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos no contempla sanción alguna, para el caso de que la solicitud de validación del acuerdo alcanzado a que se refiere el numeral 105 de la ley en cita, sea presentada fuera de los treinta días naturales siguientes al en que se haya suscrito.
• Por tanto, si el numeral en cuestión no prevé sanción o consecuencia alguna, éste no puede servir como fundamento para desechar una promoción inicial dentro de una jurisdicción voluntaria, planteada para validar el contrato de servidumbre legal de hidrocarburos.
• Incluso tal vacío legal no podía ser subsanado o colmado con la aplicación del diverso numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, para efecto de desechar la solicitud de validación en mención, al no existir manera de vincular tal numeral con el 75 reglamentario ante la falta de consecuencia omitida en éste.
• La laguna legislativa no puede ser en detrimento del particular, pues, considerar lo contrario conllevaría a hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal prerrogativa debe garantizar el acceso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta, prevista en el sistema legal, sin más condiciones que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución.
• Por consiguiente, los órganos encargados de administrar justicia debían asumir una actitud de facilitadores de acceso a la justicia, a fin de evitar generar un estado de indefensión a las partes, lo cual podría ocasionar una incertidumbre jurídica a los contratantes, aunado a dejar desprotegidos los derechos de los propietarios de los predios inmersos en tales actos jurídicos, lo que atentaría a la ratio de la Ley de Hidrocarburos.
• De adoptar una postura contraria, se desnaturalizaría el procedimiento otorgado por el legislador para verificar los contratos en materia de hidrocarburos, el cual busca salvaguardar los derechos de los propietarios o poseedores de las tierras, dentro del marco constitucional.
c) Consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para revocar la sentencia sujeta a revisión:
• El numeral 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos especifica que el asignatario contratista presentará por escrito, ante el órgano jurisdiccional competente y ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el acuerdo alcanzado a que se refiere el numeral 105 de la ley en mención, dentro de los treinta días naturales siguientes a su suscripción; sin embargo, el precepto mencionado no impone consecuencia alguna ante el evento de que el acuerdo de referencia, no sea presentado dentro del plazo estipulado, por tanto, se considera una norma imperfecta.
• Entonces, no es dable establecer una sanción que no se encuentre expresamente determinada en la normatividad aplicable al caso en concreto.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS
14. Sentado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciados, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes, o bien una tercera, sostenida por este Pleno de Circuito, debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.
15. Cabe destacar que la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados, no constituyan jurisprudencia ni estén elaborados como tesis, no es obstáculo para que este Pleno del Decimoséptimo Circuito se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios discordantes al resolver sobre un mismo punto de derecho.
16. Lo anterior, acorde a lo determinado por el Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 27/2001, donde apuntó que para la existencia de una contradicción de tesis basta sostener criterios discrepantes.(3)
17. Por otro lado, es dable establecer, que para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
a) Resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre, al menos, un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico -ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general-.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
18. Por tanto, existirá contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su conformación que la discrepancia no ocurra respecto de criterios expresos, ya que es factible que se configure también sobre posturas implícitas, siempre que pueda deducirse, de manera clara e indubitable, de las circunstancias particulares del caso, ya que de estimar lo contrario, seguirían resolviéndose en forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que se busca remediar con la instauración del citado procedimiento.(4)
19. De igual forma, cabe señalar como premisa, que nuestro Alto Tribunal estableció en la tesis aislada 1a. LXX/2008, que en una contradicción de tesis, al momento de determinar cuál criterio debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, uno de los elementos de juicio más relevantes debe ser el que evalúa cuál de ellas se materializa de modo más efectivo, en el caso concreto las previsiones constitucionales, ya que el contenido de la Norma Suprema debe tenerse en cuenta en la totalidad de las tareas que se tienen encomendadas, incluida la resolución de contradicciones de tesis.(5)
20. Este criterio es claro en el sentido de que, cuando se resuelve una contradicción de tesis, se está llamado a velar en todo momento a que la postura jurisprudencial que se fije sea lo más apegada a los postulados constitucionales, por lo que con independencia de que los órganos colegiados de circuito analicen o no, la situación jurídica concreta desde la óptica de los imperativos constitucionales, el contenido del artículo 1o. de la Carta Magna obliga a este Pleno de Circuito a tenerlo como eje interpretativo.
21. Más aún, si se toma en cuenta la importancia que representa para el orden jurídico nacional la postura que se fija a través de la jurisprudencia, lo que justifica adoptar esa medida protectora, a fin de concluir en una solución justa, incluyente y acorde al derecho vigente.
22. Bajo el panorama jurídico expuesto, procede determinar si en el caso, se reúnen los referidos requisitos en el tema de contradicción de tesis denunciado.
23. PRIMER REQUISITO: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
24. Ello, en la medida en que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en lo medular, estimó que si bien es cierto el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, únicamente precisa un término (treinta días) para que el acuerdo de voluntades de servidumbre legal de hidrocarburos sea presentado para su validación, acorde al diverso numeral 105 de la Ley de Hidrocarburos, sin expresar sanción para el caso que no se cumpla; el hecho de que sea presentado fuera del plazo ahí establecido conlleva la pérdida del derecho contenido en la citada norma; de lo contrario, esto es, considerar a la norma en cita, como ley imperfecta y que, por tanto, el promovente podría presentar la solicitud de validación en cualquier tiempo, quebrantaría el principio de seguridad jurídica.
25. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, estimó que si el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos no contempla sanción alguna, en caso de que la solicitud de validación del acuerdo alcanzado a que se refiere el numeral 105 de la ley de la materia sea presentada fuera de los treinta días naturales establecidos en el numeral primeramente mencionado, no podía servir como fundamento para desechar una promoción inicial dentro de la jurisdicción voluntaria para validar el contrato de servidumbre legal de hidrocarburos.
26. Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, consideró al mencionado artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, como una norma imperfecta por no contener sanción alguna para el caso de que el acuerdo de voluntades a que se refiere el numeral 105 de esa ley, no sea presentado para su validación dentro de los treinta días naturales siguientes a que se haya suscrito; por tanto, no resultaba posible sancionar a su promovente por la interposición extemporánea al no encontrarse expresamente dicha determinación en la normatividad aplicable al caso en concreto.
27. Lo antelado, permite colegir que como se apuntó, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para determinar si en el caso sometido a su potestad constitucional era factible o no, desechar la solicitud de validación del contrato de servidumbre legal de hidrocarburos, presentada fuera del término establecido en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
28. SEGUNDO REQUISITO: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este aspecto también se estima cumplido, ya que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, analizaron temas en los que a partir de supuestos similares, llegaron a una conclusión diferente.
29. Lo anterior es así, en la medida de que como quedó evidenciado párrafos atrás, es dable concluir que en los ejercicios interpretativos efectuados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar la posibilidad de desechar las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas a efecto de validar el acuerdo a que hace referencia el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, al ser presentadas fuera del término establecido en el artículo 75 del reglamento de la ley en mención; sostuvieron posturas divergentes, pues el primero de ellos estimó correcto el supuesto en mención, al considerar implícita la sanción en el numeral invocado, mientras que los dos restantes consideraron ilegal la aplicación de la sanción en mención al no estar señalada en forma explícita en la norma. Lo que revela que sí estamos ante una contradicción de criterios.
30. TERCER REQUISITO: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. En el caso, se estima cumplido, pues una vez advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, emerge el cuestionamiento siguiente: ¿Es factible desechar las diligencias de jurisdicción voluntaria cuyo objetivo constituye la validación del acuerdo de voluntades a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, al promoverse fuera del término de treinta días establecido en el artículo 75 del reglamento de la citada legislación?
VII. PREÁMBULO
31. Previo a brindar una oportuna respuesta a la referida interrogante, es menester hacer una breve referencia de los temas siguientes:
A. Nacimiento y objeto de la Ley de Hidrocarburos
B. Servidumbre legal de hidrocarburos
C. Procedimiento de validación de la servidumbre legal de hidrocarburos
32. Narrativa que se lleva a cabo, a fin de destacar el origen de la implementación del procedimiento de validación de los acuerdos de voluntades, celebrados para llevar a cabo actividades en materia de carburantes, concretamente en la servidumbre legal de hidrocarburos por ser ésta, el origen de los asuntos relacionados en la presente contradicción.
A. Nacimiento y objeto de la Ley de Hidrocarburos
33. Como punto de partida, resulta trascendental tomar en cuenta el nacimiento de la Ley de Hidrocarburos.
34. Legislación que es producto de la reforma constitucional en materia de energía de veinte de diciembre de dos mil trece, la cual constituye un cambio de paradigma en torno al aprovechamiento de los recursos naturales que posee nuestro país y abre la posibilidad a diversos entes, entre ellos los particulares, de participar en los sectores energéticos de México, incluidas las actividades estratégicas de explotación y extracción de petróleo y gas natural, para su aprovechamiento siempre en beneficio de la Nación.
35. Por lo anterior, resultó necesaria la regulación de la reforma antes mencionada y para ello se presentó por parte del Ejecutivo Federal la iniciativa con proyecto de decreto para la expedición de la Ley de Hidrocarburos, la cual, se consideró necesaria y vital, para efecto de incrementar la seguridad energética y generar mayores tasas de desarrollo económico y empleo, así como para aumentar considerablemente los ingresos del Estado.
36. Se propusieron una serie de disposiciones tendentes a regular los aspectos mandatados por el Poder Constituyente, que incluían reglas con el propósito de ordenar los procesos de negociación que habrían de celebrarse entre, por un lado, asignatarios, contratistas y permisionarios y, por el otro, los propietarios o poseedores de las tierras, bienes y derechos que pudieran ser afectados por las actividades de los primeros, cuyo objetivo constituía la salvaguarda de los derechos de los propietarios o poseedores de las tierras, dentro del marco constitucional, entre otros.
37. Se mencionó que anteriormente, los instrumentos empleados para la adquisición de dichos terrenos eran casuísticos, sin que existieran instancias o procedimientos uniformes y ágiles para valuar contraprestaciones e indemnizaciones o para resolver controversias, lo cual se traducía en incertidumbre jurídica para las partes.
38. Por ello, se propusieron mecanismos y reglas a fin de que los procedimientos de adquisición, uso, goce o afectaciones de terrenos, bienes y derechos fueran justos y respetaran los intereses de ambas partes; buscaba privilegiar la libertad contractual de los involucrados, con el objetivo de permitir negociar y alcanzar acuerdos libremente; sin embargo, a efecto de tener ciertos parámetros de base para las negociaciones y/o acuerdos que se lograran, se consideró la participación de diversas instituciones a efecto de que establecieran los valores mínimos de referencia a partir de los cuales se podría iniciar la negociación.
39. Se planteó, la intencionalidad de dotar de procedimientos especiales que permitieran a los interesados hacerse de bienes inmuebles o derechos que resultaran necesarios para el adecuado desarrollo de sus proyectos y a la par, beneficiar a los dueños de dichos terrenos, mediante contraprestaciones justas y equitativas.
40. Ello, a fin de nivelar las asimetrías de poder que puedan interferir en los procesos de negociación de los contratantes.
41. Propuestas que fueron acogidas por el legislador en la Ley de Hidrocarburos.
42. La razón adoptada para la expedición de la referida legislación, resultó producto del cambio de estrategia en el aprovechamiento de los recursos naturales del país, para permitir la participación de entes privados en el sector energético, por lo cual, se establecieron reglas y procedimientos ágiles, para la salvaguarda de los derechos de los propietarios y poseedores de las tierras, dentro del marco constitucional, lo que a su vez conllevaría a generar certidumbre jurídica, respecto a los acuerdos de voluntades celebrados de adquisición, uso, goce o afectación de terrenos.
B. Servidumbre legal de hidrocarburos
43. Precisado lo anterior, se procede atender a la materia del acuerdo de voluntades que fue sometido al procedimiento de validación en términos del artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, que con posterioridad conllevó el ejercicio interpretativo de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al examinar la legalidad del desechamiento de aquél en virtud a la extemporaneidad de su presentación, en términos del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
44. En primer término, deben precisarse diversos puntos en relación con la materia del contrato sujeto a validación (servidumbre legal de hidrocarburos), para lo cual resulta indispensable tener en cuenta algunos dispositivos de la ley sobre la materia, que regulan entre otras cosas, según su artículo 2, el aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta el país, en sectores energéticos por entes privados, como pueden ser:
• El reconocimiento y exploración superficial y la exploración y extracción de hidrocarburos;
• El tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo;
• El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de gas natural, entre otros.(6)
45. En ese tenor, para cumplir con la finalidad de realizar las actividades antes descritas, dicha ley confiere a los asignatarios o contratistas,(7) la facultad para suscribir contratos de uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos con sus propietarios según el numeral 100 ibídem. (8)
46. Acuerdos de voluntades que deben realizarse de manera transparente y sujetándose a diversas disposiciones señaladas en la propia ley o su reglamento, como puede ser la participación de testigos autorizados por la Secretaría de Energía en los procesos de negociación, la expresión por escrito al propietario del terreno del interés de usar, gozar, afectar o adquirir tales terrenos o derechos (artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos),(9) el deber de notificar a la Secretaría de Energía y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del inicio de las negociaciones de los asignatarios o contratistas (artículo 74 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos),(10) entre otras.
47. Así, el tipo de acuerdo de voluntades motivo del presente estudio, constituye una servidumbre legal de hidrocarburos, establecida en el artículo 109 de la ley en cita, la cual representa un gravamen real instaurado sobre el predio sirviente, que comprende el derecho de tránsito de personas; de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo; de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un contrato o asignación, así como todos aquellos que resulten necesarios para tal fin.(11)
C. Procedimiento de validación de la servidumbre legal de hidrocarburos
48. Uno de los propósitos de la creación de la legislación en materia de hidrocarburos, fue la implementación de procedimientos ágiles, a fin de lograr la salvaguarda de los derechos de los propietarios y poseedores de tierras, para brindar certidumbre jurídica en torno a los acuerdos de voluntades celebrados, con la precisión de que éstos sean justos, equitativos y en respeto de los intereses de ambas partes, dada la asimetría de poder que interfiere en los mismos.
49. Virtud a ello, se implementó el procedimiento de validación de los acuerdos alcanzados, el cual quedó plasmado en el numeral 105 de la Ley de Hidrocarburos, el cual contiene:
"Artículo 105. El acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes deberá presentarse por el Asignatario o Contratista ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada.
"Para lo anterior, el Juez o Tribunal Unitario Agrario procederá a:
"I. Verificar si se cumplieron las formalidades exigidas tanto en la presente ley como, en su caso, en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables, y
"II. Ordenar la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado, a costa del Asignatario o Contratista, en un periódico de circulación local y, en su caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo.
"El Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario emitirá su resolución, que tendrá el carácter de sentencia, dentro de los quince días siguientes a la primera publicación a que se refiere la fracción II anterior, siempre que no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión.
"En contra de la resolución emitida sólo procederá el juicio de amparo."
50. Como se evidencia del precepto citado con anterioridad, se desprende la facultad de generar acuerdos de voluntades en materia energética en cualquier tiempo y la obligación del asignatario o contratista de presentarlo ante el Juez de Distrito en Materia Civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con la finalidad de que tal acto jurídico sea validado en caso de cumplir con la normativa aplicable, esto es, se encuentra sujeto a revisión por autoridad competente.
51. En relación con lo anterior, encontramos los artículos 115 y 114 de la Ley de Hidrocarburos, que en lo que interesan establecen:
"Artículo 115. Sin perjuicio de las demás disposiciones y de las sanciones previstas en esta Ley y en otras aplicables, así como de las acciones legales que procedan:
"I. El acuerdo alcanzado entre las partes será nulo cuando:
"a) Se acredite la contravención a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 114, o..."
"Artículo 114. Los Asignatarios y Contratistas se abstendrán de realizar, directa o indirectamente, conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, durante las negociaciones y los procedimientos a que se refiere el presente Capítulo. ..."
52. De los dispositivos antes transcritos se advierte la facultad otorgada a los órganos jurisdiccionales correspondientes, para declarar en estos procedimientos la nulidad del acuerdo de voluntades cuando adviertan que los asignatarios y contratistas realizaron, directa o indirectamente, conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos durante las negociaciones, o bien, cuando estime que fue pactada una contraprestación asociada a una parte de la producción de hidrocarburos.
53. Facultad que se instituyó en cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo numeral primero obliga a las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y establece la prohibición expresa de prácticas discriminatorias que atenten contra la dignidad humana que anulen o menoscaben los derechos y libertades de las personas.
54. De lo hasta aquí apuntado, se puede colegir que el proceso de validación en mención establecido en el referido numeral 105 de la Ley de Hidrocarburos, emana de una solicitud unilateral carente de litigio, puesto que lo pretendido, constituye únicamente el escrutinio por parte de autoridad competente de los requisitos implementados por la ley para la celebración de contratos en materia de hidrocarburos y verificar los términos en ellos plasmados y por tanto deben sujetarse a las reglas ágiles de las jurisdicciones voluntarias.
55. Se afirma lo anterior, en virtud a que tal procedimiento sometido a la función del aparato jurisdiccional, surge de la solicitud de una o varias personas, que tiene como finalidad cooperar en el nacimiento de determinadas relaciones jurídicas, con ausencia de controversia y de parte contendiente.
56. En ese contexto, el proceso de validación del contrato de servidumbre legal de hidrocarburos contemplado en el artículo 105 de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26773-1e7836b4/hidrocarburos-el-procedimiento-de-validacion-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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