DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2016. SUSCITADA ENTRE EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 19 DE OCTUBRE DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
III. COMPETENCIA
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que por su naturaleza penal corresponde a la materia, especialidad de esta Primera Sala.(8)
IV. LEGITIMACIÓN
11. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue denunciada por el Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, al considerar que existe contradicción entre el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el emitido por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación prescrito en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) así como 226, fracción II,(10) y 227, fracción II,(11) de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.(12)
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
12. En principio, es menester destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(13)
13. Por lo que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
14. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
15. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la procedencia de una contradicción de criterios:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
16. En el caso, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de tesis. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se estima su existencia:
17. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En efecto, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
18. En efecto, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo penal ********** analizó un asunto con las siguientes características:
19. Antecedentes. El Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales de Tijuana, Baja California, el treinta de julio de dos mil catorce dictó auto de formal prisión en contra de ********** y **********, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito **********, en la modalidad de ********** con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, en relación con el diverso 193 del Código Penal Federal, así como en términos del artículo 13, fracción II, del mismo ordenamiento legal.
20. Recurso de apelación. En contra de la anterior determinación, los indiciados y su defensor particular interpusieron recurso de apelación. El Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, al que correspondió conocer del asunto, el veintiocho de octubre de dos mil catorce resolvió confirmar el auto de formal prisión.
21. Amparo indirecto. Inconformes con la anterior resolución, ********** y ********** promovieron juicio de amparo. El Magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, a quien por razón de turno le correspondió conocer del asunto, ordenó su registro bajo el número de expediente 28/2014.(14) El citado órgano jurisdiccional, el diez de abril de dos mil quince dictó sentencia en la que determinó conceder el amparo solicitado, al considerar que la resolución que constituyó el acto reclamado vulneró los derechos fundamentales de debido proceso y de seguridad jurídica de **********.
22. Recurso de revisión. En contra de la resolución que antecede, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Quinto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, promovió recurso de revisión. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al que correspondió conocer del asunto, el quince de julio de dos mil quince, dentro de los autos del amparo en revisión penal ********** dictó sentencia en la que determinó conceder para efectos(15) el amparo solicitado por la autoridad ministerial. Las razones en las que se sustentó el fallo son las siguientes:
"QUINTO. Resultan por una parte infundados y por otra, fundados los agravios expuestos por la representante fiscal federal, en el recurso de revisión que se atiende, en atención a las siguientes consideraciones:
"Como antecedentes del caso destaca, que ********** y **********, fueron detenidos el veintidós de julio de dos mil catorce, por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Tijuana, Baja California, alrededor de las dieciséis horas con quince minutos, sobre la calle dos y boulevard Venecia, de la colonia ********** en Tijuana, cuando se encontraban a bordo de un vehículo marca **********, modelo **********, color **********, placas **********, número de serie **********, pues al efectuar una revisión en el interior del mismo, los agentes aprehensores localizaron ********** continentes de lo que al parecer era la droga conocida como cristal, cuyo peso bruto aproximado fue de **********.
"La diligencia de fe ministerial practicada, arrojó como resultado que la agente del Ministerio Público de la Federación tuvo a la vista ********** de plástico, que en su interior contenían una sustancia granulada, al parecer de la droga conocida como ice, con un peso bruto de ********** gramos (**********) y un peso neto de ********** (**********).
"Asimismo, que la perito químico oficial adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, realizó dictamen en química forense a la sustancia granulada contenida en los envoltorios antes referidos, de los cuales tomó la respectiva muestra para el análisis de laboratorio, así como otra para enviarse al Juez correspondiente, análisis que arrojó como resultado, que las muestras correspondían a **********, sustancia considerada como psicotrópico por la Ley General de Salud.
"En sus declaraciones ministeriales, los indiciados manifestaron no estar de acuerdo con el parte informativo, y fueron contestes en indicar que efectivamente se encontraban en el lugar de la detención el día y hora que señalan los agentes aprehensores, sin embargo, que estaban en dicho lugar, pues ahí hay una gasolinera a la cual llegaron para echar gasolina a la camioneta fedatada, la cual tenían en préstamo; que los agentes aprehensores les indicaron que les harían una revisión, por lo que los hincaron frente a la patrulla que pusieron detrás del carro que manejaban, mientras uno de los agentes tomó las llaves de dicho vehículo y se subió en él; que a bordo de una patrulla los llevaron rumbo al ********** por la **********, donde avanzaron como dos cuadras hasta llegar a un terreno baldío donde estaba estacionada la camioneta ********** que les aseguraron, y donde también estaba otra persona que habían visto, que de igual manera detuvieron en el lugar donde los detuvieron a ellos, dejándolo ir en ese momento; que después los llevaron a una casa que estaba cerca del referido lote baldío donde los aprehensores se bajaron y se metieron, reteniéndolos a ellos en la patrulla; que escucharon que hablaban claves por radio, y que los agentes les indicaron que estaban metidos en una bronca y que si tenían dinero para responder, pero como les contestaron que no, es por eso que los llevaron a las inmediaciones de la policía estatal preventiva.
"Con esos elementos de prueba, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el treinta de julio de dos mil catorce, dictó formal prisión en contra de ********** y ********** por el delito **********, en la modalidad de ********** con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, en relación con el 193 del Código Penal Federal, así como en términos del artículo 13, fracción II, del mismo ordenamiento legal.
"Inconforme con esa determinación, los indiciados y su defensor particular interpusieron recurso de apelación, del que tocó conocer al Magistrado del Octavo Tribunal Unitario de este Circuito, quien por resolución de veintiocho de octubre de dos mil catorce determinó confirmar el auto de formal prisión de mérito.
"Contra ese fallo, ********* y ********** promovieron juicio de amparo en la vía indirecta, del que correspondió conocer al Magistrado del Quinto Tribunal Unitario de este Circuito, lo que originó la formación del expediente ********** de su índice, donde previa resolución constitucional, el nueve de marzo de dos mil quince, decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia, ya que durante la tramitación del mismo sobrevino el fallecimiento del quejoso **********; posteriormente, el diez de abril de dos mil quince, emitió resolución constitucional, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, al estimar que la resolución que constituyó el acto reclamado vulneró los derechos fundamentales de debido proceso y seguridad jurídica de **********.
"Las consideraciones en que se sustenta la sentencia que se revisa, se hacen descansar esencialmente en el hecho de que el auto de prisión preventiva decretado contra el quejoso, infringía los derechos fundamentales aludidos, pues el caudal probatorio que integra la causa penal **********, resultaba insuficiente para acreditar el elemento del cuerpo del delito ********** en la modalidad de ********** con fines de comercio en su variante de venta, consistente en la existencia de alguno de los narcóticos que prevé el artículo 193 del Código Penal Federal, en el caso de ********** y, la probable responsabilidad del impetrante en la comisión del mismo.
"Que la ineficacia de las pruebas derivaba de que el dictamen pericial practicado el veintitrés de julio de dos mil catorce, por la perito químico oficial a la sustancia fedatada por el agente del Ministerio Público de la Federación, constituía una prueba imperfecta, que no podía ser utilizada para fincar auto de formal prisión, atento a que carecía de confiabilidad, pues presentaba inconsistencias; asimismo, porque no cumplía con la condición formal que la ley le impone para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto contenido en la misma; y finalmente, porque no se respetó la cadena de custodia de la sustancia implicada, conforme lo disponen los ordinales 123 al 123 Quintus del Código Federal de Procedimientos Penales.
"Indicó el Magistrado recurrido, que dichas inconsistencias derivaban del hecho probado de que la perito actuante, llegó al absurdo de establecer en su tabla de pesos, en el recuadro relativo al ‘peso bruto entregado en gramos’, una cantidad mayor a los ‘pesos brutos recibidos en gramos’, no obstante que precisó haber tomado ********** para peso muestra de laboratorio y ********** de peso muestra para el Juez, lo cual evidenció a través de la transcripción de la citada tabla, concluyendo el resolutor, que dicho dictamen reflejaba falta de confiabilidad porque no cumplía con una de las obligaciones que la ley impone a los peritos, que es rendir el dictamen con estricto apego a la verdad.
"Además, que la pericial también resultaba imperfecta, al no cumplir con una condición formal que la ley le impone para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto contenido en la misma, en específico, por no haber sido ratificado el dictamen de mérito; en esa medida, que si la finalidad de las formalidades era dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, resultaba una exigencia válida para cualquier perito que ratificara su dictamen, sin que se advirtiera una razonabilidad lógico-jurídica que llevara a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte del perito oficial, pues de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el inculpado. Sustentó dicha consideración, en la tesis LXIV/2015 (10a.), del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL.’
"De igual manera, el Magistrado del Quinto Tribunal Unitario indicó, que no se acreditaba el primer elemento del delito en análisis, toda vez que el parte informativo, inspección ministerial de la sustancia afecta y dictamen pericial que concluyó que la sustancia dictaminada se trataba de **********, permitían concluir fundadamente que no se respetó la cadena de custodia de los indicios recabados en la escena del hecho delictivo para generar convicción sobre la veracidad de lo informado por los agentes aprehensores; al respecto, que la cadena de custodia consiste en el registro de los movimientos de la evidencia, es decir, el historial de la vida de un elemento de evidencia, desde que se descubre hasta que ya no se necesita, resultando también en el conjunto de medidas que deben tomarse para preservar integralmente las evidencias encontradas en una escena del crimen, convirtiéndose en requisitos esenciales para su posterior validez; que su finalidad es garantizar que todos los indicios recabados sean efectivamente los que se reciban posteriormente en los laboratorios para su análisis, debiendo conocer para tal efecto, el itinerario de cómo llegaron hasta tal fase, así como el nombre de las personas que se encargaron de su manejo, pues, de lo contrario, no podrían tener algún alcance probatorio.
"Que en el caso quedaba probado que el agente del Ministerio Público de la Federación, no cumplió con las reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de averiguación previa que refieren los artículos 123 al 123 Quintus del Código Federal de Procedimientos Penales, derivado de las inconsistencias que presentaban el parte informativo, la fe ministerial de la sustancia afecta, y el dictamen pericial practicado a la misma en cuanto al objeto material del delito; toda vez que conforme al parte policiaco se aseguraron treinta y cuatro ‘paquetes’ de plástico transparente con un peso bruto aproximado de ********** gramos y ********** de plástico transparente de un peso bruto aproximado de ‘**********’ gramos, mientras que el agente del Ministerio Público de la Federación, hizo constar la existencia de ********** **********, unos de plástico transparente, otros de cinta canela, y todos de diferentes medidas mayores y menores a **********; asimismo, que la perito oficial describió en su dictamen que el peso bruto que entregó una vez elaborado el análisis, era mayor al peso bruto que recibió, no obstante haber extraído ********** para el dictamen y ********** para el Juez.
"Por ende, el Magistrado en comento señaló, que debía concluirse que los indicados elementos (parte informativo, fe ministerial y dictamen pericial), carecían de confiabilidad respecto a que el objeto material cuya existencia constató el agente del Ministerio Público de la Federación, se trataba del mismo objeto material que los agentes aprehensores afirmaron haber asegurado al quejoso, y más aún, que el objeto material sobre el que emitió dictamen la merito (sic) adscrita, en efecto fuera la sustancia contenida en los cuarenta paquetes que los agentes policiacos comunicaron haber asegurado al indiciado el veintidós de julio de dos mil catorce; incumpliendo la representación social con lo dispuesto en el artículo 136, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, es decir, con su obligación legal de allegar al juzgador pruebas que cumplan con las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso.
"Finalmente, la ejecutoria que se analiza, concluye que se vulneró contra el impetrante el derecho fundamental de puesta a disposición sin demora ante el agente del Ministerio Público de la Federación, contenido en el párrafo quinto del artículo 16 constitucional; ello, al resultar que el citado numeral dispone que sin excepción alguna, las personas detenidas al momento de sucedido el supuesto delito, deben ser puestas a disposición, sin demora, ante la autoridad inmediata y ésta a la vez a la del Ministerio Público y que en esa medida, los elementos indicativos para determinar la justificación o injustificación del tiempo de retención del detenido por parte de las autoridades policíacas, no podrá exceder de lo estrictamente necesario para realizar el traslado y entregar al detenido al Ministerio Público, en cumplimiento al concepto constitucional ‘sin demora.’
"Que en el caso a estudio, estaba acreditado que se prolongó injustificadamente por seis horas con cinco minutos la detención del quejoso, por parte de los policías estatales preventivos, pues conforme parte policíaco, la detención del ahora recurrente tuvo verificativo aproximadamente a las dieciséis horas con quince minutos del veintidós de julio de dos mil catorce, y por otra parte, conforme al acuerdo de inicio del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa VII, de Averiguaciones Previas, fue hasta las veintidós horas con veinte minutos del veintidós de julio de dos mil catorce, que se recibió parte informativo, detenidos y sustancia asegurada.
"Por cuestión de técnica jurídica, los agravios planteados por la parte recurrente, serán analizados en diverso orden al en que fueron propuestos.
"Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia que este Tribunal comparte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, tesis VI.2o.C. J/304, página 1677, que dispone lo siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO .’(se omite transcripción)
"La presente resolución se ocupará de los agravios planteados por la autoridad recurrente, sin suplir la deficiencia de la queja, pues la inconforme es la agente del Ministerio Público Federal adscrita al Quinto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, parte que no se encuentra en ninguno de los supuestos de suplencia que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo.
"Se estima aplicable en lo conducente, la jurisprudencia formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, III.2o.P. J/2, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de registro «digital» 219026, Núm. 54, Junio de 1992, página 40, y que este tribunal comparte, cuyos rubro y texto son: ‘LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL RECURRENTE ES EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL.’ (se omite transcripción)
"La Representación Social recurrente en su único agravio alega que difiere con la estimación del a quo, en cuanto a que el dictamen pericial constituye una prueba imperfecta porque no se respetó la cadena de custodia de la sustancia implicada, toda vez que existe un parte informativo en donde los agentes aprehensores narran como detuvieron a la persona en flagrancia del delito que se le imputa, la existencia de la fe ministerial del agente del Ministerio Público de la Federación en donde se corrobora la existencia de los ********** o paquetes, siendo éstos lo mismo, ya que envoltorio según el Diccionario de la «Lengua española de la» Real Academia española se define como: ‘cosa o cosas envueltas’, mientras que paquete se entiende como: ‘lío o envoltorio bien dispuesto y no muy abultado de cosas de una misma o distinta clase’, por lo que, dice la autoridad reclamante, paquete y envoltorio son sinónimos, no dos cosas diferentes y, por ende, no debe haber incertidumbre si son o no son los mismos, ya que en el parte informativo se relacionan ********** envoltorios que contenían en su interior al parecer la ********** conocida como **********, dando un peso aproximado de **********, el cual se concatena con la fe ministerial en la cual se describe cada uno de los paquetes con su peso aproximado, a la que se anexaron unas impresiones fotográficas, lo cual a su vez se relaciona con la cadena de custodia que obra dentro del expediente en donde los agentes aprehensores entregaron los indicios al agente del Ministerio Público de la Federación, la cual cuenta con todos los requisitos que debe contener la cadena de custodia.
"Agravio de la inconforme, que este tribunal estima fundado.
"En efecto, este Tribunal estima que asiste razón a la autoridad recurrente, cuando aduce que para considerar que se quebrantó la cadena de custodia de los indicios recabados en la indagatoria, no es suficiente que en el parte informativo se estableciera el aseguramiento de ********** ‘paquetes’ unos con peso de ********** y otros de ********** gramos, mientras que la agente del Ministerio Público dio fe de la existencia de cuarenta ‘envoltorios’, cuyos pesos resultaron mayores a ********** y ********** gramos; pues tal como lo indica la inconforme, los términos paquetes y envoltorios, para el caso concreto deben considerarse sinónimos, pues no se advierte una diferencia sustancial entre el significado de ambas palabras, por el contrario, en las dos actuaciones (parte informativo y fe ministerial), se corrobora la existencia de 40 unidades, tal como se advierte de fojas 213 a 218 y 265 a 267 del expediente de origen, las cuales contenían en su interior una sustancia granulosa al parecer la droga conocida como **********, de tal suerte que con independencia de la denominación que los agentes aprehensores o el agente del Ministerio Público de la Federación les otorgó, se debe inferir que se trata de los mismos indicios, llámese paquete o envoltorio.
"Considerar lo contrario, llevaría al absurdo de exigir que las actuaciones obrantes en la indagatoria, reiteren a exactitud los vocablos expresados por los agentes captores, sin que las autoridades ministeriales correspondientes, pudieran utilizar sinónimos para referirse a objetos que bien pueden ser llamados de una u otra manera; cuando lo trascendente es, como en el caso, que se conserve la naturaleza de lo incautado, es decir, se especifique el aseguramiento de ********** paquetes o bien envoltorios, continentes de una sustancia granulosa, al parecer la droga conocida como **********, y que se indique la forma en que éstos fueron descubiertos, su peso, sus características, colores y tamaños, lo que en la especie se cumplió, tanto en el parte informativo, como en la diligencia de fe ministerial relativas al asunto que nos ocupa.
"Por consiguiente, es fundado el alegato de la autoridad inconforme, atento a que este Tribunal disiente con el criterio del Magistrado recurrido, en el sentido de que se quebrantó la cadena de custodia en las actuaciones signadas por los agentes aprehensores y el agente del Ministerio Público Federal, por considerar que el primero hizo constar el hallazgo de ********** ‘paquetes’, mientras que el segundo dio fe de la existencia de ********** ‘envoltorios’; empero, como se apuntó, dicha circunstancia por sí sola no es suficiente para considerar que no se cumplieron las formalidades que respecto al manejo de los indicios y cadena de custodia señala el Código Federal de Procedimientos Penales, atento a que resulta evidente que el término ‘envoltorios’, fue usado de forma sinónima por el agente del Ministerio Público consignador que recibió el parte informativo y los indicios relacionados, sin que ello le reste credibilidad o certeza, pues de ninguna manera hace presumir que está dando fe de objetos distintos a los asegurados por los captores.
"Lo mismo debe decirse del argumento de disenso que esgrime la inconforme, relativo a que el juzgador (sic) no le dio el valor probatorio que corresponde a cada uno de los elementos de prueba que obran en el sumario, en específico al dictamen pericial, toda vez que éste no presenta inconsistencias como lo afirma el Magistrado resolutor, ya que no es absurdo que el peso bruto entregado en gramos sea mayor al peso bruto recibido, si se toma en consideración que cuando se efectúa el dictamen en química se abre cada paquete, se saca la muestra y después se vuelve a embalar, por lo que no es absurdo que pese más, en virtud de que el perito, al momento de embalar nuevamente tuvo que haber utilizado más material embalando la droga con el paquete o envoltorio que lo contenía originalmente para entregar tanto la droga como el paquete original, por lo que es de presumir que el excedente del peso es el embalaje hecho por el perito químico para poder devolver dicho indicio al agente del Ministerio Público.
"Además, indica la recurrente, tampoco hay inconsistencias en dicho dictamen, porque en relación con los pesos netos recibidos (que es el peso del narcótico asegurado) es menor al peso neto entregado, ya que de la sustancia se extrajo la muestra Juez y la muestra laboratorio, más aún, si la pericial en cita cumple con los requisitos que deben contener los dictámenes, siendo éstos el planteamiento del problema, técnicas empleadas, procedimientos efectuados y la conclusión, soportando todo esto con las gráficas llamadas espectros; en consecuencia, el dictamen, contrario a lo determinado por el Magistrado del Tribunal Unitario, no carece de confiabilidad.
"En efecto, se estima fundado el razonamiento anotado.
"Ciertamente, como lo indica la recurrente, al analizar la tabla de pesos contenida en el dictamen pericial, donde el perito químico indica el número de envoltorios, peso bruto recibido, peso neto recibido, peso muestra laboratorio, peso muestra Juez, peso neto entregado y peso bruto entregado; se advierte que en el campo relativo a los pesos netos, recibidos y entregados, cada una de las cuarenta columnas, relativas a cada una de las muestras analizadas, las cantidades son conformes con los gramos que la perito indicó haber tomado para muestras, es decir, cada peso neto entregado es menor que el peso neto recibido, exactamente **********, que corresponde a la suma de ********** gramos peso muestra laboratorio y ********** peso muestra Juez.
"Esto es, en relación con la cantidad neta de la sustancia recibida y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26917-9b4daf83/dictamen-pericial-oficial-el-emitido-pero-no-ratificado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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