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Modo: Corpus Pro

SANCIONES IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR POR OPOSICIÓN A SUS FACULTADES DE VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN. REGLAS PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 43/2016. · Registro digital (IUS): 27076
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-04-21
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Pág. 1638.

AMPARO DIRECTO 43/2016. 10 DE MARZO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ. SECRETARIO: FRANCISCO JOSÉ ALVARADO DÍAZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-La Sala responsable, en la sentencia materia del presente juicio, resolvió reconocer la validez de la resolución impugnada, con apoyo en las siguientes consideraciones:

• Precisó, que la actora demandó la nulidad de la resolución de seis de julio de dos mil quince, emitida por el director general de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor, por la cual se determinó una multa por contravenir lo dispuesto por los artículos 13 y 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dispositivo aplicable en términos del artículo 64 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no permitir llevar a cabo la diligencia de verificación en la empresa actora.

• Adujo, que por lo que hacía a los argumentos de que la multa combatida era ilegal, pues la autoridad emisora se fundamentó en el Reglamento Interior de la Procuraduría Federal del Consumidor, los cuales contienen diversas irregularidades relacionadas con las facultades que posee la autoridad emisora de dichos ordenamientos, y con el equilibrio que debe guardar la delegación de facultades, consideró que tales argumentos eran inoperantes, por no ser materia de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, el cual carece de atribuciones para analizar y resolver sobre cuestiones de incongruencia de ordenamientos legales, como el reglamento indicado, pues ello entraña un examen de constitucionalidad.

• Señaló, que resultaban infundados los argumentos de la actora, relativos a que la autoridad sancionadora no fundó debidamente su competencia, ya que de la transcripción que hizo de los mismos, advirtió que el Reglamento Interior de la Procuraduría Federal del Consumidor prevé la existencia del director general de Verificación de Combustibles, adscrito a la Subprocuraduría de Verificación, cuyo titular emitió el acto impugnado en este juicio.

Además, también señaló que de los preceptos legales transcritos se desprendía que la autoridad demandada acreditaba que el funcionario emisor del acto a debate era competente por materia, grado y territorio para tal propósito, y reiteró que la autoridad acreditó en el acto impugnado su competencia para emitirlo y su existencia legal.

• Refirió, que por lo que hacía a los agravios relativos a que la Procuraduría Federal del Consumidor no era competente para aplicar la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dichos argumentos eran infundados, pues existía jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, de observancia obligatoria, en el sentido de que conforme al artículo 1o. de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, correspondía al Ejecutivo, por conducto de las dependencias de la administración pública federal, la aplicación y vigilancia de dicho ordenamiento, de manera que al ser la Procuraduría Federal del Consumidor un organismo descentralizado de servicio social, encargado de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, la coloca dentro de la administración pública federal y, por ende, le correspondía la aplicación y vigilancia de dicha ley.

Al respecto, citó la jurisprudencia 2a./J. 38/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. ESTÁ FACULTADA PARA IMPONER LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE REGLAMENTA LOS PRODUCTOS PREENVASADOS, CONTENIDO NETO, TOLERANCIAS Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN."

• Estimó, que eran inoperantes, por insuficientes, los argumentos relativos a que las normas oficiales mexicanas que menciona la actora se encontraban tácitamente derogadas, o bien, que se haya pretendido verificar un producto cuyo contenido (gas LP) sufre alteraciones físicas a consecuencia de las variaciones en la temperatura ambiental y en la presión, por lo que dichas normas eran inaplicables.

Así lo consideró la Sala, pues precisó que el acto impugnado en el presente juicio consistió en la resolución de seis de julio de dos mil quince, emitida por el director general de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor, por medio de la cual determinó una multa por contravenir lo dispuesto por los artículos 13 y 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al no permitirse llevar a cabo la diligencia de verificación en la empresa citada, por lo que los argumentos expresados por la inconforme no guardaban relación alguna con la litis establecida en el presente juicio, relativa a la legalidad del acto administrativo.

• Adujo, que no podía estimarse que operara la caducidad en perjuicio de la autoridad demandada para emitir la resolución impugnada, en tanto que la misma consiste, únicamente, en la imposición de una medida de apremio ante la negativa de la actora de permitir que se realizara una visita de verificación; por lo cual, no existió procedimiento administrativo alguno que se haya sustanciado con motivo de la determinación de dicha multa, sino que la misma fue impuesta fuera de procedimiento, como un acto de autoridad encaminado a permitir a la autoridad traída a juicio, el ejercicio de sus facultades de verificación, motivo por el cual, la figura extintiva no le es aplicable, porque no existe un procedimiento administrativo, por lo que es infundado dicho argumento.

Apuntó, que eran inoperantes los argumentos de la actora, tendentes a combatir la constitucionalidad de la multa que le fue impuesta, dado que la juzgadora se encuentra impedida para analizar cuestiones de esa naturaleza.

• Refirió, que por lo que hacía a los argumentos relacionados con que la multa a debate era ilegal, porque la autoridad no consideró ninguno de los elementos de individualización, eran infundados, porque la autoridad demandada determinó imponer la sanción combatida en el considerando sexto de la resolución impugnada, de conformidad con los artículos 131 y 132 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los cuales establecen lo siguiente:

Ley Federal de Protección al Consumidor

"Artículo 131. Las sanciones por infracciones a esta ley y disposiciones derivadas de ellas, serán impuestas indistintamente con base en:

"I. Las actas levantadas por la autoridad;

"II. Los datos comprobados que aporten las denuncias de los consumidores;

"III. La publicidad o información de los proveedores y la comprobación de las infracciones; o

"IV. Cualquier otro elemento o circunstancia que aporte elementos de convicción para aplicar la sanción.

"Las resoluciones que emita la procuraduría deberán estar debidamente fundadas y motivadas con arreglo a derecho, tomando en consideración los criterios establecidos en el presente ordenamiento."

"Artículo 132. La procuraduría determinará las sanciones conforme a lo dispuesto en esta ley y su reglamento, considerando como base la gravedad de la infracción y tomando en cuenta los siguientes elementos:

"I. El perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general;

"II. El carácter intencional de la infracción;

"III. Si se trata de reincidencia, y

"IV. La condición económica del infractor.

"Asimismo, la procuraduría deberá considerar los hechos generales de la infracción a fin de tener los elementos que le permitan expresar pormenorizadamente los motivos que tenga para determinar el monto de la multa en una cuantía específica."

Señaló, que del estudio que se hace de los artículos transcritos, se concluía que la Ley Federal de Protección al Consumidor indica que las sanciones por infracciones a la misma y a las disposiciones derivadas de ella, serán impuestas, indistintamente, con base en las actas levantadas por la autoridad; los datos comprobados que aporten las denuncias de los consumidores; la publicidad o información de los proveedores y la comprobación de las infracciones; o cualquier otro elemento o circunstancia que aporte elementos de convicción para aplicar la sanción. Asimismo, las resoluciones que contengan dichas sanciones deberán estar debidamente fundadas y motivadas, con arreglo a derecho, tomando en consideración los criterios consistentes en la gravedad de la infracción; el perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general; el carácter intencional de la infracción; si existe reincidencia; la condición económica del infractor, y los hechos generales de la infracción, a fin de tener elementos que le permitan expresar pormenorizadamente los motivos que tenga para determinar el monto de la multa en una cuantía específica.

Respecto a lo anterior, la Sala precisó que por lo que hacía al argumento de que la autoridad demandada no individualizó las sanciones impuestas a la demandante, éste era infundado, pues como se constataba del análisis del acto impugnado, específicamente del considerando sexto del mismo, la autoridad demandada dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al mencionar los elementos que prevén dicho numeral, de manera que en tal sentido los agravios en estudio eran infundados.

Y que, en relación con las aseveraciones de la demandante, al indicar que la autoridad individualiza ilegalmente la multa impuesta, en virtud de que los argumentos esgrimidos al respecto son inválidos, debía decirse que dichos argumentos resultaban infundados, en virtud de que la única obligación que la autoridad está obligada a satisfacer al imponer una multa administrativa, en cuanto a la motivación de la individualización de la misma, en términos del artículo 132 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es precisamente la de especificar la situación y circunstancias particulares del sancionado, indicando el perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general; el carácter intencional de la infracción; la reincidencia y la condición económica del infractor, como en la especie aconteció y tal como se acreditó antes.

Ahora bien, en ese sentido, al ser la facultad sancionadora una atribución discrecional a favor de la autoridad, esta última únicamente estaba obligada a razonar las circunstancias particulares por las cuales consideró que la conducta cometida reunía las características referidas, lo que, al haber acontecido en la especie, lleva a estimar que el agravio en estudio resultaba infundado.

Precisó, que eran inoperantes los argumentos en los cuales la actora mencionó: "...que como en la resolución impugnada no se menciona el acuerdo por el que se establecen los criterios para la determinación de las sanciones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de gas LP y combustibles líquidos, es evidente que se dictó con fundamento en lo dispuesto por el apartado 7, fracción I, de dicho acuerdo."

La Sala adujo, que la conducta infractora se ubicó en el supuesto previsto por los artículos 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 64 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual se encuentra sancionada por el numeral 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que era evidente que el argumento en cuestión resultaba inoperante, al no controvertir de manera directa los fundamentos en los cuales se sustentó la multa.

SÉPTIMO.-La quejosa aduce, en síntesis, en sus conceptos de violación, lo siguiente:

1. La sentencia de nulidad se emitió en contravención a lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, porque la Sala responsable no se percató de que la multa impuesta es producto de un acto viciado, a saber, la orden de visita domiciliaria de verificación expedida en forma genérica, con infinidad de objetivos, en un formato confuso, complicado y hasta incomprensible, dirigido tanto a los verificadores como a la persona visitada; cuyos objetos incluyen la verificación de normas oficiales mexicanas vencidas, inaplicables y carentes de vigencia.

2. Concepto de violación plantea, (sic) la Sala deliberadamente omitió considerar que la autoridad demandada no acreditó fehacientemente su competencia para actuar como autoridad constitucional; no transcribió el párrafo de la ley en el que específicamente se le atribuyen facultades para aplicar la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Estima, que la orden de verificación está dirigida al propietario del negocio a verificar; sin embargo, de forma incoherente también está dirigida a diversos servidores públicos de la institución, con el objeto de comisionarlos, a manera de autorización y orden, para realizar la visita domiciliaria.

Aduce, que la orden es genérica, imprecisa, confusa y fraudulenta; su principal finalidad es sorprender al particular con un documento cuyo texto es extremadamente complicado e incomprensible para un particular que desconoce todo en materia de derecho.

Que los servidores públicos comisionados para realizar la visita domiciliaria de verificación son empleados sin profesional (sic) alguna; sin la más elemental formación técnico-científica, no pueden expresarse con propiedad, totalmente incapacitados para escribir coherente y correctamente el español, absolutamente imposibilitados para redactar hechos y comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas referidas a mediciones.

Expone, en la orden no se precisa el nombre de las unidades de verificación o del laboratorio acreditado, aprobado y certificado en metrología que realizaría las mediciones requeridas para la evaluación de las normas oficiales mexicanas, requisito necesario para los efectos del artículo 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuyo contenido obliga a llevarlas a cabo en laboratorios con personas con grado pericial necesario para tal efecto.

Como objeto de la visita domiciliaria se consigna la verificación de diversas normas oficiales mexicanas, en la mayoría de los casos vencidas, porque perdieron vigencia a los cinco años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Además, con la orden de visita domiciliaria los servidores públicos comisionados entregan sendos instructivos, en los cuales se especifican otros objetos de la visita, como son normas oficiales mexicanas, su justificación, aspectos a revisar, fundamentos legales de creación de cada norma, infinidad de documentos para identificar a la empresa visitada, para determinar el giro, actividades, fines, personal, categorías, entre otros, haciéndolas aún más generalizadas en su objeto; circunstancias omitidas por la Sala.

Adujo, que la Sala responsable omitió el estudio, análisis, valoración y consideración absoluta de la orden de visita domiciliaria, así como de todos y cada uno de los objetos que se apuntaron en los instructivos anexos, lo cual resulta ilegal por ser contrario a lo establecido por el artículo 16 constitucional, que exige que todo acto de autoridad que cause molestia al particular debe ser emitido por autoridad competente que funde y motive, específicamente, la razón legal del procedimiento; violación que vicia de nulidad el procedimiento instruido por la tercero.

Posteriormente, formula diversos argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la orden de verificación, como son: que fue emitida por autoridad incompetente, que nunca fue firmada por el titular de instrucción, que se deja al libre arbitrio de un servidor público que decida a quién y dónde le conviene verificar.

3. Refirió, que la Sala violó el principio de exhaustividad de la sentencia, al limitar la litis exclusivamente a los puntos que le parecieron suficientes para reconocer la validez de la resolución impugnada, no obstante que como parte juzgadora, además de ser imparcial, se encontraba obligada a impartir justicia de manera formal, precisa, exacta y extensa, por lo que tenía la obligación de haber estudiado y apreciado todos y cada uno de los hechos, las pruebas y agravios expresados.

Estima, que la Sala dejó de observar que el "Acuerdo por el que se establecen los criterios para la determinación de las sanciones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de Gas L.P. y combustibles líquidos (gasolina y diesel)" fue creado por la institución sancionadora, con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, disposición inconstitucional e insuficiente para ser parámetro de justificación para imponer la sanción por negativa de verificación, superior a los $********** (********** pesos 00/100 M.N.).

Considera, que la Sala omitió no sólo el análisis de tales planteamientos, sino también de las pruebas ofrecidas en el juicio, y ni siquiera refirió ni expresó motivos para desecharlas.

Tampoco analizó la contestación de la demanda, pues ignoró por completo que en el escrito referido se introdujo una serie de cuestiones, hechos y documentos totalmente ajenos al contenido de la resolución impugnada.

4. Expone, que la sentencia contraviene los artículos 17 y 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a causa de la inobservancia de la Sala en la introducción de cuestiones novedosas a la litis realizada por la demandada, y cambió los motivos y fundamentos de derecho de la resolución, mejorando sus argumentos y corrigiendo los errores y faltas cometidas; por ello, se debió aperturar el periodo procesal de ampliación de la demanda, ya que la mínima variación de los hechos, fundamentos y motivos contenidos en la resolución impugnada y hasta la fundamentación de la competencia amerita la apertura de dicho periodo procesal.

Estima, que la falta de apertura de la ampliación de la demanda la dejó en estado de indefensión, porque no pudo combatir los hechos expresados por la sancionadora en la contestación de la demanda, así como las pruebas ofrecidas, los cuales fueron introducidos a la litis sin tener conocimiento previo, pues la demandada, durante el procedimiento administrativo de origen, omitió entregar diversas documentales y realizó varias notificaciones por lista; impidió la consulta del expediente, alegando encontrarse en firma; impuso horarios de quince minutos para consulta y fijó citas y audiencias a deshoras, ocultando acuerdos y trabajando la sustanciación en fines de semana para abatir rezagos o fuera de las instalaciones oficiales.

5. Adujo, que la Sala transgredió los principios de congruencia y exhaustividad, porque ignoró por completo que la sanción impuesta es producto de un acto viciado de origen, a saber, la orden de verificación, pues se basa en normas oficiales mexicanas sin vigencia.

Aunado a ello, indebidamente desestimó que la autoridad demandada violó la ley, al verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas sin la intervención de un laboratorio acreditado y sin contar con una orden de verificación debidamente fundada y motivada que legitimara su actuación.

6. Apuntó, que indebidamente valida la competencia de la autoridad demandada a pesar de no estar acreditadas sus facultades y atribuciones legales, materiales y legítimas para ordenar visitas de verificación, imponer medidas precautorias, clausuras y multas excesivas y confiscatorias, y no transcribió el párrafo de la ley que le faculta para ello.

Manifestó, que el cargo público que ostenta la tercera interesada en la resolución impugnada, no existe, porque los ordenamientos legales que se mencionan en la resolución impugnada y en la contestación de la demanda no aparecen ni el cargo, ni el nombre del sancionador.

7. Manifestó, que la resolutora transgredió los artículos 50, 51, 52, 75 y 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque no expresó a detalle las razones objetivas consideradas para desechar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que omitió valorar los criterios hechos valer en la demanda de nulidad.

Plantea, que la interpretación de la ley es una facultad exclusiva del Tribunal Supremo de la Nación y de los tribunales jerárquicamente subordinados; sin embargo, la Sala no sólo ignoró la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, sino que, además, usurpó la facultad interpretativa de la ley.

8. Arguye, que se transgredió el artículo 75 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque de manera injustificada se apartó de la jurisprudencia emitida por el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa hecha valer en la demanda de nulidad, sin explicar las razones por las que decidió apartarse de los criterios sostenidos por diversas Salas; tampoco remitió copia de la sentencia al presidente del propio tribunal, con la finalidad de unificar los criterios reflejados por la mayoría.

9. Manifestó, que indebidamente se suplió la deficiencia de la queja a favor de la autoridad demandada, en contravención al artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando la hipótesis jurídica precisa lo contrario, pues ordena corregir errores, examinar agravios y suplir la deficiencia de la queja exclusivamente a favor del gobernado, siempre que se encuentre en desventaja, y al respecto citó un criterio adoptado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado (sic), al resolver el amparo directo DA-151/2013, el cual transcribió.

10. Apuntó, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado la forma para computar el plazo de caducidad; por tanto, la Sala no puede realizar una interpretación rebuscada de la ley, a efecto de determinar el cómo y cuándo habrá de llevarse a cabo dicho cómputo.

Ello, porque a partir de la notificación de la voluntad oficial de ejercer sus facultades, comenzó a transcurrir el plazo para la caducidad; esto es, a partir del momento de la notificación de la orden de visita de verificación, y no el inicio del procedimiento, como erróneamente refiere la Sala.

OCTAVO.-De conformidad con el artículo 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación.

Acorde con el principio de mayor beneficio, primeramente se analizarán los argumentos relativos a la competencia de la autoridad.

Al respecto, la quejosa estima que la autoridad demandada carece de facultades para imponer sanciones en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Aduce, que la demandada no acreditó su competencia para actuar como autoridad constitucional.

En relación con la carencia de facultades para imponer sanciones, conviene tener en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 38/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, página 441, de rubro y texto siguientes:

"PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. ESTÁ FACULTADA PARA IMPONER LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE REGLAMENTA LOS PRODUCTOS PREENVASADOS, CONTENIDO NETO, TOLERANCIAS Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN.-De conformidad con el artículo 1o. de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, corresponde al Ejecutivo, por conducto de las dependencias de la administración pública federal, la aplicación y vigilancia de dicho ordenamiento, de manera que al ser la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos del artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, un órgano descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propios que actúa por mandato de la ley a nombre del Estado, de acuerdo con el orden público y en beneficio del interés social, que está encargado de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, situación que la coloca dentro de la administración pública federal, le corresponde la aplicación y vigilancia de dicha ley. Ahora bien, si de acuerdo con el artículo 3o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía) expedir las normas oficiales mexicanas previstas en la ley y a la Procuraduría Federal del Consumidor vigilar que se cumpla con lo que se disponga y sancionar su incumplimiento, se concluye que entre las atribuciones de la mencionada Procuraduría está la de imponer sanciones por no acatar la norma oficial mexicana relativa a productos preenvasados, contenido neto, tolerancias y métodos de verificación, que se emitió como instrumento idóneo para la prosecución de los objetivos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ya que de acuerdo con las funciones que tiene legalmente encomendadas, se establece una relación de supra a subordinación con los particulares, al regular sus relaciones derivadas del consumo y contar con facultades, incluso, para sancionarlos en las hipótesis establecidas. No es óbice para lo anterior el hecho de que el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía disponga que corresponde a la Dirección General de Normas la aplicación de sanciones, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pues ello sólo ocurre en relación con su ámbito de competencia, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor y la actual Secretaría de Economía son autoridades que tienen facultades de ámbito diferente, esto es, mientras la primera se relaciona con una queja específica de los consumidores finales y concluye con la sanción a prestadores de servicios, a la indicada Secretaría se le reserva la formulación, revisión, expedición, difusión y evaluación de la conformidad respecto de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, es decir, infracciones cometidas por los permisionarios o proveedores que no tengan que ver con los derechos del consumidor final, así como el conocimiento de las denuncias por violaciones e infracciones generalizadas y de aspectos de producción, distribución y servicios industriales, lo que demuestra que no existe concurso de normas y que las sanciones y medidas precautorias que la ahora Secretaría de Economía puede imponer, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, son las relativas a las políticas generales de industria, comercio, abasto y precios; a la vigilancia y comercialización del consumo de bienes, orientando y estimulando las medidas de protección al consumidor, todo ello para promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria, en tanto que las sanciones que impone la Procuraduría Federal del Consumidor son las relacionadas con la verificación de precios, tarifas, pesas, medidas e instrumentos de medición."

• De la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, destacan las siguientes precisiones:

• De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal, la aplicación y vigilancia de dicho ordenamiento legal.

• Al ser la Procuraduría Federal del Consumidor un órgano descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que actúa por mandato de la ley a nombre del Estado, de acuerdo con el orden público y en beneficio del interés social, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, ello la coloca dentro de la administración pública federal; por lo cual, a dicha procuraduría, entre otras autoridades, corresponde la aplicación y vigilancia de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

• En términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 112 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el incumplimiento a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización será sancionado administrativamente por las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas por dicho ordenamiento legal, conforme a sus atribuciones y con base en las actas de verificación y dictámenes de laboratorios acreditados presentados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales.

• El artículo 3 del propio ordenamiento legal señala que las autoridades encargadas de sancionar el incumplimiento a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, son las dependencias de la administración pública federal, sin distinguir si se trata de la administración pública centralizada o paraestatal; por tanto, si el legislador no distinguió a cuál de ellas se refiere, debe atenderse al sentido amplio de dependencia de la administración pública federal; esto es, debe comprender tanto a la centralizada como a la paraestatal, de conformidad con los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de los que se concluye que la administración pública federal se divide en centralizada y paraestatal; las dependencias de la administración pública centralizada son las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica; por su parte, las entidades de la administración pública paraestatal son los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos.

• Si la Ley Federal sobre Metrología y Normalización no distingue a cuáles entes de la administración pública federal se refiere, si se trata de la organización centralizada o bien de la paraestatal, el juzgador no tiene por qué hacerlo y, por ende, la facultad comprendida en el artículo 112 del citado ordenamiento legal, debe entenderse

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27076-6727af53/sanciones-impuestas-por-la-procuraduria-federal-del-consumidor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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