UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. CUANDO REALIZA ACTOS DE INVESTIGACIÓN EMANADOS DE LA PRESUNCIÓN DE LA COMISIÓN DE UN DELITO, ÉSTOS SON DE NATURALEZA PENAL PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
CONFLICTO COMPETENCIAL 3/2017. SUSCITADO ENTRE LOS JUZGADOS TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL Y TERCERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS EN EL ESTADO DE JALISCO. 24 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARTÍN ÁNGEL RUBIO PADILLA. PONENTE: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. SECRETARIA: SAIRA LIZBETH MUÑOZ DE LA TORRE.
CONSIDERANDO:
QUINTO.--Por tratarse de una cuestión de estudio preferente, procede examinar si en este asunto existe o no un conflicto competencial, a efecto de precisar, en caso afirmativo, a cuál de ellos corresponde continuar el conocimiento de la demanda constitucional promovida por **********, en su carácter de administrador general único de la personal moral **********, contra actos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades.
Así, para la existencia de un conflicto de competencia, basta que dos órganos jurisdiccionales difieran sobre determinado asunto; tal controversia será competencial, cuando la causa de discusión entre los juzgadores involucrados estribe, precisamente, en los factores que delimitan el ejercicio de la jurisdicción, esto es, cuantía, fuero, materia o territorio.
Disposición en la cual, el conflicto puede ser además de naturaleza constitucional o jurisdiccional; en el primer caso, la divergencia ocurre entre órganos de distinto fuero, mientras que en el segundo, acontece entre juzgados o tribunales pertenecientes al mismo orden, quienes debaten sobre aspectos concernientes a la materia, cuantía o territorio en que debe juzgarse el asunto.
Entonces, tal discrepancia puede darse en sentido positivo o negativo; en el primer supuesto, los órganos de jurisdicción estiman ser competentes para el conocimiento del caso, en tanto que en el segundo, rehúsan admitir su competencia.
De esa manera, en el segundo caso, cuya existencia es la que se actualiza y analiza en este asunto, debe señalarse que, por regla general, es menester que los tribunales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y potestad, la no aceptación en conocer determinado asunto sometido a su jurisdicción, como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) en la tesis que a la letra dice:
"CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.-Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción."
Por tanto, es indudable que en la especie se actualiza la hipótesis de conflicto, de conformidad con el precepto 48 de la Ley de Amparo, pues están involucrados dos Jueces de Distrito que refieren carecer de competencia para conocer de un juicio de garantías.
Asimismo, el supuesto jurídico que interesa destacar en este estudio, es la competencia por materia.
Establecido lo antes precisado, este órgano colegiado estima que la jurisdicción por materia especializada para seguir en el conocimiento y resolución del juicio de amparo indirecto 2187/2016, compete al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.
Lo anterior, pues se advierte que el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, sostiene que el acto reclamado no emana de una causa penal, averiguación previa, o que siquiera consiste en un acto de autoridad relacionado con la materia penal, sino que proviene del acuerdo 162/2016, de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; mientras que el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, afirma acertadamente que el acto reclamado es de naturaleza penal, pues del acuerdo 162/2016, identificado como "Acuerdo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera por el que se designan personas para ser incorporadas a la lista de personas bloqueadas, de conformidad con los parámetros que establecen las disposiciones de carácter general que se indican.", se obtuvo información que dio lugar a la denuncia pertinente ante la Procuraduría General de la República.
Por lo que al realizar un análisis del acuerdo 162/2016, de la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual fue emitido con la finalidad de designar personas para ser incorporadas a la lista de personas bloqueadas, de conformidad con los parámetros que establecen las disposiciones de carácter general, se advierte específicamente a foja 3:
"...La lista de personas bloqueadas a que se refiere el párrafo anterior, tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 Quáter y 400 del Código Penal Federal..."
Lo que conlleva analizar la naturaleza del acto "bloqueo de cuentas" (suspensión de forma inmediata de realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante la lista de personas bloqueadas); si bien es cierto que dicha acción constituye una atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esta institución es de origen administrativo, también lo es que se trata de un acto, conforme a su propia definición, de naturaleza penal, que se ejerce dentro de un procedimiento de esta materia, atento al artículo 21 de la Constitución General de la República; lo anterior, pues resulta un acto equiparable a los que realiza el agente del Ministerio Público, respecto de los cuales se ha pronunciado la Suprema Corte señalando que aun cuando se trata de una autoridad administrativa, los actos que emite les reviste carácter penal, ya que para determinar las características jurídicas del acto debe atenderse a su propia naturaleza, de tal manera que si éste debe ser ejecutado bajo la presunción de la comisión de un ilícito; por tanto, al realizarse una investigación de carácter delictivo, debe estimarse que el asunto corresponde a la matera penal, aun cuando haya sido emitido por una autoridad administrativa.
Lo anterior, pues incluso los actos de investigación e inmovilización realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se equiparan a los actos de molestia que practica el Ministerio Público en el anterior sistema, y a los realizados por el Juez de control en el nuevo sistema penal acusatorio; por lo que si bien es cierto, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, sin que se adviertan los actos materia del conflicto competencial en que se actúa, al versar en los términos siguientes:
"Artículo 51. Los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán:
"I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito;
"III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
"IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Sin embargo, como se ha establecido, debido a que el acto (incorporación a la lista de personas bloqueadas e inmovilización de actos en las cuentas) se trata de un acto emanado de la presunción de la comisión de un delito, atendiendo a su naturaleza, y que históricamente existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados, en los que ubican a los actos de investigación, aun en tratándose del representante social, el cual si bien es cierto, se considera formalmente un órgano administrativo, materialmente es penal.
Por lo que es de explorado derecho que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición; por tanto, si los actos tendientes a precisar la probable comisión de un delito; (sic) entonces, realizar un acto de molestia para evitar que se siga cometiendo, como lo es la inmovilización de las cuentas, es puramente penal.
Aunado a lo anterior, los preceptos 2, 5 y 6 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a la letra dicen:
"Artículo 2. El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento."
"Artículo 5. La secretaría será la autoridad competente para aplicar, en el ámbito administrativo, la presente ley y su reglamento."
"Artículo 6. La secretaría tendrá las facultades siguientes:
"I. Recibir los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la sección segunda del capítulo III;
"II. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la unidad la información que le requiera en términos de la presente ley;
"III. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen actividades vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables;
"IV. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos;
"V. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley;
"VI. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas;
"VII. Emitir reglas de carácter general para efectos de esta ley, para mejor proveer en la esfera administrativa, y
"VIII. Las demás previstas en otras disposiciones de esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables." (Lo destacado no es de origen).
Lo anterior guarda relación con lo establecido en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 74, que establece:
"Artículo 74. Colaboración procesal. Los actos de colaboración entre el Ministerio Público o la policía con autoridades federales o de alguna entidad federativa, se sujetarán a lo previsto en la Constitución, en el presente código, así como a las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito de conformidad con ésta."
De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, en que se apoya la responsable para el dictado del acto reclamado, se estima que el citado acto reclamado es de naturaleza formal y materialmente penal, ya que el bloqueo de la cuenta reclamada por la parte quejosa, fue ordenado y ejecutado por una autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades, y con fundamento en normas de esa naturaleza; sin embargo, equiparables a los actos practicados por el representante social, conforme a lo previsto en el artículo 21 constitucional, y respecto de los cuales, como se ha precisado, aun siendo practicados por una autoridad administrativa, les reviste carácter penal.
Resulta aplicable a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE REALIZA. EL HECHO DE QUE LA LEY IMPUGNADA COMO INCONSTITUCIONAL TENGA CARÁCTER FORMALMENTE ADMINISTRATIVO NO EXCLUYE QUE LOS ACTOS DE AQUÉL GENERALMENTE SEAN MATERIALMENTE PENALES.-Cuando la ley impugnada como inconstitucional tiene un carácter formalmente administrativo como lo es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y, los actos que realiza el Ministerio Público son materialmente de naturaleza penal, no es suficiente para estimar que por tratarse de una autoridad administrativa, los actos que emita revistan también ese carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto, debe atenderse a su propia naturaleza, de tal manera que si éste debe ser ejecutado conforme a las leyes penales, sujetándose a esa clase de preceptos, debe estimarse que el asunto corresponde a la materia penal, aun cuando haya sido emitido por una autoridad administrativa."
Lo anterior es así, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ordenadora, coadyuva en la prevención y combate al lavado de dinero y al terrorismo y su financiamiento, mediante el análisis de operaciones financieras y económicas, así como la regulación y supervisión de instituciones obligadas a reportar operaciones, las que están a cargo de diversas unidades, entre ellas, la Unidad de Inteligencia Financiera quien, conforme a lo previsto en el arábigo 15 y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene como funciones, entre otras, las de analizar las operaciones financieras y económicas; diseminar a las autoridades competentes reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita o de terrorismo y su financiamiento, así como presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación, de ser el caso.
Lo precedente es así, pues al realizar un análisis del acto impugnado en el amparo indirecto, materia del conflicto competencial en que se actúa, se advierte que éste da la pauta y referencia para que, conforme a su naturaleza, al emanar de un acto de naturaleza penal, la competencia debe recaer en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco.
Lo que conlleva que este tribunal denuncie la contradicción de criterios, entre el criterio en que se actúa, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 52/2017 de su índice, al resolverse en sentido contrario al en que se falla en el presente asunto.
Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se declara competente para seguir en el conocimiento y resolución del juicio de amparo promovido por **********, en su carácter de administrador general único de la personal moral **********, al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, a quien deberán remitirse los autos y anexos para que se avoque al conocimiento del asunto.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe conflicto competencial suscitado entre los Juzgados Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo y Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, ambos en el Estado de Jalisco.
SEGUNDO.-El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de administrador general único de la personal moral **********.
Notifíquese; háganse las anotaciones correspondientes y con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados José Luis González (ponente) y Hugo Ricardo Ramos Carreón, siendo disidente el Magistrado Martín Ángel Rubio Padilla (presidente), quien emite voto particular.
En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
Nota: La tesis aislada 1a. XVI/96, de rubro: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE REALIZA. EL HECHO DE QUE LA LEY IMPUGNADA COMO INCONSTITUCIONAL TENGA CARÁCTER FORMALMENTE ADMINISTRATIVO NO EXCLUYE QUE LOS ACTOS DE AQUÉL GENERALMENTE SEAN MATERIALMENTE PENALES." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 143.
____________________
1. Jurisprudencia 1a./J. 30/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, visible en la página cuarenta y seis.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27190-fe065901/unidad-de-inteligencia-financiera-de-la-secretaria-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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