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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA SU EXISTENCIA.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 30/2022. · Registro digital (IUS): 31962
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-12-01
Promovente: SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA Y EL JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo IV, Pág.3533.

CONFLICTO COMPETENCIAL 30/2022. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA Y EL JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DAVID CORTÉS MARTÍNEZ. SECRETARIO: JESÚS RICARDO AÑORVE CALZADA.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—Existencia del conflicto.

En principio, debe señalarse que la Ley de Amparo y la jurisprudencia del Máximo Tribunal han fijado criterios para que se analice la existencia o no de un conflicto competencial.

En efecto, existen requisitos formales y requisitos materiales para que un conflicto competencial quede debidamente entablado y, reunidos aquéllos, válidamente un Tribunal Colegiado de Circuito pueda pronunciarse al respecto.

Los requisitos formales serán aquellos presupuestos necesarios y esenciales para que se produzca el conflicto competencial.

Tratándose de los requisitos formales para que se suscite un conflicto competencial entre Juzgados de Distrito en materia de amparo, debe tenerse en cuenta lo que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

"Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.

"Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior.

"Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente.

"Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva."

De lo anterior es posible advertir que para que una cuestión de competencia quede debidamente integrada, es necesario que se sigan los siguientes requisitos formales:

a) En uso de la facultad para declarar carecer de competencia que la norma le otorga, el órgano requirente debe hacer la declaratoria correspondiente y remitir al que, a su consideración, lo sea.

b) En ese sentido, deberá dirigirse al órgano requerido, a fin de que éste exprese si acepta o no la competencia; si la acepta, sea implícita o explícitamente, no existirá controversia competencial; si no la acepta, entonces, el órgano requerido debe comunicar su resolución al requirente y devolver el expediente correspondiente.

c) Recibido el expediente por el requirente, si éste insiste en declarar carecer de competencia, deberá enviarlo al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción sobre ese juzgado para que decida el conflicto.

Ahora bien, tratándose de los requisitos materiales para su existencia, éstos se refieren al fondo de lo que se resolverá, por tanto, para analizar si se satisfacen, primero debe verificarse que el conflicto verse sobre la misma instancia; de tal forma que ambos órganos jurisdiccionales se nieguen a conocer de un mismo expediente y no de instancias diversas; posteriormente, se debe atender a la materia o territorio –conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal–, pues es importante que aun cuando se colmen los requisitos formales, los órganos deben pronunciarse de manera expresa y coincidente sobre la materia –según la naturaleza del acto, podrá ser civil, penal, laboral, administrativa genérica o especializada en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica– o el territorio –según la ejecución del acto, en cualquier Distrito de los 32 Circuitos–.

Es aplicable la tesis II.3o.A.1 K (11a.), de este Tribunal Colegiado, de rubro y texto siguientes:

" La Ley de Amparo y la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País han fijado criterios para que se analice la existencia de un conflicto competencial; de ahí que concurran requisitos formales y materiales para que quede debidamente entablado y, reunidos, pueda válidamente un Tribunal Colegiado de Circuito pronunciarse al respecto. Los requisitos formales son presupuestos necesarios y esenciales para que aquél se produzca, previstos en el artículo 48 de la ley citada, y se satisfacen cuando: 1. El órgano requirente hace la declaratoria correspondiente y remite al que, a su consideración, sea competente; 2. El requerido manifiesta no aceptar la competencia planteada y devuelve los autos al requirente; y, 3. Este último insiste en la incompetencia propuesta. Por otro lado, los requisitos materiales para su existencia se refieren al fondo de lo que se resolverá, por tanto, para analizar si se satisfacen, primero debe verificarse que el conflicto verse sobre la misma instancia, de tal forma que ambos órganos jurisdiccionales se nieguen a conocer de un mismo expediente y no de instancias diversas; posteriormente, se debe atender a la materia o territorio –conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal–, pues es importante que aun cuando se colmen los requisitos formales, los órganos deben pronunciarse de manera expresa y coincidente sobre la materia –según la naturaleza del acto, podrá ser civil, penal, laboral, administrativa genérica o especializada en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica– o el territorio –atendiendo a la ejecución del acto, en cualquier Distrito de los 32 Circuitos–. Por lo que, de no colmarse dichos requisitos, el conflicto competencial será inexistente."

Es importante referir que en cualquiera de estos casos, implica que ambos juzgadores lo han establecido en pleno ejercicio de su autonomía y potestad para tal efecto.

Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 30/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción."

De no colmarse los requisitos referidos, el conflicto competencial será inexistente.

En el caso particular, de los resultandos relatados en la presente ejecutoria se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca –requirente–, determinó carecer de competencia por tratarse de un asunto –según su criterio– que tiene ejecución en una jurisdicción distinta aquella en la que tiene competencia por razón de territorio, por lo que corresponde conocer de él al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues es el órgano que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos los actos reclamados.

De dicha demanda, por cuestión de turno, conoció el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez –requerido–, el cual no aceptó el conocimiento del asunto, por considerar que se actualiza la hipótesis prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado carece de ejecución en un Distrito y quien debe conocer en tal hipótesis, es el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien fue el órgano jurisdiccional que conoció en un principio de la demanda de amparo.

Finalmente, el órgano requirente insistió en declarar carecer de competencia y remitió la cuestión competencial a este órgano colegiado.

Como puede advertirse, es claro que ambos órganos se pronunciaron sobre cuestiones competenciales –territorio–, por lo que este Tribunal Colegiado de Circuito debe pronunciarse al respecto.

TERCERO.—Estudio.

A fin de determinar qué Juez es competente para conocer del juicio de amparo, en principio, debe tenerse presente que el artículo 37 de la Ley de Amparo, fundamento que contiene las reglas para resolver cuestiones de competencia entre Jueces de Distrito, prevé lo siguiente:

"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."

Del análisis de este artículo se obtienen las reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan en el orden siguiente:

a) La primera regla se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la peculiaridad para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución;

b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado deba tener ejecución en más de un Distrito, haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente aquel ante el que se haya presentado la demanda de amparo; y,

c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, el órgano resolutor de un conflicto debe tener presente la naturaleza del acto reclamado –si requiere ejecución material o carece de ésta–, así como sus características fundamentales –acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado–, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir.

A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico.

En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en:

1. Positivos.

2. Negativos, y éstos a su vez en:

• Actos negativos simples.

• Actos negativos con efectos positivos.

• Actos negativos prohibitivos.

3. Omisivos o abstenciones.

De los anteriores, importa destacar los actos omisivos o abstenciones, que son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable.

Ahora, para efecto de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, se trae a contexto lo resuelto por la Primera Sala en el amparo en revisión 1241/97, en el que puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido.

En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, la misma Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción –no hacer– no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones.

En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente.

Expuesto lo anterior, ahora se precisa que el acto reclamado en el juicio de amparo del cual los juzgadores plantean su incompetencia por razón de territorio, es la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión presentada en la Unidad de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el seis de mayo de dos mil veintidós.

En esas condiciones, debe tenerse presente el contenido de los artículos 3, 11 y 18 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que disponen lo siguiente:

"Artículo 3. El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes."

"Artículo 11. El Comité de Pensiones tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

"I. Analizar y dictaminar las solicitudes de pensión o del estímulo por permanencia;"

"Artículo 18. Los dictámenes o resoluciones que emita el Comité de Pensiones serán entregados o estarán a disposición del solicitante en las unidades receptoras donde se inició el trámite de pensión o de estímulo por permanencia, con la finalidad de que sean notificados del resultado."

De las normas transcritas se obtiene que la resolución que determina la procedencia de una pensión es emitida por el Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mientras que la obligación de tenerlas a disposición del interesado, o bien, entregarlas, queda a cargo de las unidades receptoras en donde se haya iniciado el trámite de pensión; esto, con la finalidad de ser notificadas.

Consecuentemente, la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista se genera una violación a los derechos de seguridad social. Violación que subsistirá hasta tanto se lleve a cabo la notificación de la resolución que se emita.

De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a resolver la solicitud de pensión del quejoso, implicando con ello un actuar que tendrá alcances materiales en la situación particular del solicitante.

Por tanto, es de concluir que, en el caso, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material.

Sobre esa consideración, este tribunal estima que el presente conflicto competencial debe resolverse a favor del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, pues es en su jurisdicción en donde los efectos positivos de la omisión señalada a las autoridades responsables de dar contestación a la solicitud de pensión, tendrán efectos.

Lo anterior, porque de las constancias que acompañaron la demanda de amparo se observa que la solicitud de pensión se tramitó en la Unidad de Atención al Derechohabiente Atlacomulco de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que en términos del artículo 18 del manual antes transcrito, es dicha unidad quien tendrá a disposición para efectos de su notificación, el dictamen o resolución que debe emitir el Comité de Pensiones del referido instituto de seguridad social.

Por tanto, tomando en consideración la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo requiera ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, es evidente que quien debe conocer de la demanda que nos ocupa, es el Juez requirente.

En consecuencia, este Tribunal Colegiado considera que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, pues es el Juez en donde la omisión tiene una ejecución material.

En sentido similar se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, el conflicto competencial **********/2022, en sesión ordinaria virtual de uno de septiembre de dos mil veintidós, siendo ponente el Magistrado Carlos Hugo Luna Baraibar.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 38, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Existe el conflicto competencial.

SEGUNDO.—Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto presentado por **********, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por los razonamientos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese, anótese en el libro de gobierno, con testimonio de la presente sentencia, remítanse los autos del juicio de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, infórmese esta decisión al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió en sesión extraordinaria por videoconferencia el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos, en cuanto el sentido, de los Magistrados Guillermo Núñez Loyo (presidente), David Cortés Martínez y Carlos Hugo Luna Baraibar, fue ponente el segundo de los nombrados. El Magistrado Carlos Hugo Luna Baraibar se reservó el derecho de formular voto concurrente.

Con fundamento en el artículo 188 de la Ley de Amparo, firman electrónicamente los Magistrados,(4) ante el secretario de tribunal que autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 108, 110, fracción XIII y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo y el diverso que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis aislada II.3o.A.1 K (11a.) y de jurisprudencia 1a./J. 30/2003 citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de marzo de 2022 a las 10:07 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 11, Tomo IV, marzo de 2022, página 3308 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 46, con números de registro digital: 2024230 y 184186, respectivamente.

La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 343/2019 y 70/2011 citadas en esta sentencia, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 76, Tomo I, marzo de 2020, página 295 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 370, con números de registro digital: 29358 y 22946, respectivamente.

________________

4. Atento a lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley de Amparo, así como la fracción XI del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el "Manual de firmado electrónico en módulo de trámite para el Tribunal Colegiado" de la Dirección General de Gestión Judicial, haciendo uso de la herramienta Word SISE, dentro del "Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31962-fe7acd0f/conflicto-competencial-entre-juzgados-de-distrito-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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