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Modo: Corpus Pro

NULIDAD DE CONVENIO DE LIQUIDACIÓN. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITARLA ESTÁ SUJETA A LA REGLA GENÉRICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 248/2017 (CUADERNO AUXILIAR 491/2017) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENT · Registro digital (IUS): 27488
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-12-01
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Pág. 1862.

AMPARO DIRECTO 248/2017 (CUADERNO AUXILIAR 491/2017) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 8 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LORENZO PALMA HIDALGO. SECRETARIO: GABRIEL RUIZ ORTEGA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Estudio del juicio de amparo.

Son infundados unos e inatendibles otros conceptos de violación planteados por el quejoso, en atención a las consideraciones siguientes, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

En principio, cabe precisar que de las constancias que en justificación de su informe remitió el presidente de la Junta responsable, relativas al expediente laboral **********, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.",(1) se advierten los antecedentes siguientes:

1. ********** demandó de **********, el pago y cumplimiento de las prestaciones que a continuación se enuncian:

I. Nulidad total del convenio de liquidación.

II. Reinstalación.

III. Prórroga del contrato por todo el tiempo en que subsista la materia de trabajo.

En los hechos de su demanda, el actor señaló, entre otras cosas, que ha laborado al servicio de la paraestatal demandada por aproximadamente diez años, ostentando el carácter de trabajador transitorio y teniendo como última categoría la de encargado "D", en el departamento de volúmenes de obras del distrito de Huimanguillo, Tabasco, percibiendo un salario de *********** diarios.

Asimismo, adujo que a pesar de haber generado derechos sobre la categoría y plaza reclamadas, se dio el caso de que fue coaccionado para celebrar un convenio de liquidación con el argumento de que la plaza se había cancelado cuando ésta aún sigue vacante. (fojas 1 y 2 del expediente laboral)

2. Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil doce, la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, a quien le correspondió conocer de la demanda laboral, radicó el expediente laboral ***********, y en mismo auto previno a la parte actora para que "señale la fecha que ingresó a laborar y la fecha en la que fue liquidado... "

Razón por la cual, el actor, mediante escrito de veintitrés de mayo de dos mil doce, en lo que interesa, precisó: "el convenio de liquidación del cual; se requiere la fecha es del día quince de mayo de 1992; asimismo, hago de su conocimiento que el trabajador ingresó a laborar al servicio de las demandadas el día 8 de enero de 1980..." (foja 6 ibídem)

3. El dos de septiembre de dos mil trece, se celebró la audiencia en su etapa de demanda y excepciones (fojas 86 a 88 ibídem); posteriormente, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, la Junta celebró la audiencia de ofrecimiento de pruebas (fojas 122 y 123 ibídem), en consecuencia, el veintidós de junio siguiente se proveyó sobre la admisión de las pruebas. (fojas 124 a 126 ibídem)

4. Una vez desahogadas las pruebas, el uno de marzo de dos mil diecisiete, la Junta Federal dictó laudo, el cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes (fojas 142 a 146 ibídem):

"Primero: El actor ********** no acreditó el ejercicio de su acción. La demandada **********, sí acreditó sus defensas y excepciones opuestas.

"Segundo: Se absuelve a la demandada **********, del pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas por el actor en su escrito de demanda, por los motivos expuestos en el considerando II de la presente resolución..."

Laudo anterior que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional.

Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso.

De manera preliminar, es oportuno acotar que en el presente asunto no existe controversia sobre la fecha de nulidad del convenio de liquidación que se demandó en el juicio natural, ya que tanto el actor como la demandada, fueron coincidentes al señalar que el convenio de liquidación es de data quince de mayo de mil novecientos noventa y dos, máxime que así se demostró en autos.

Precisado lo anterior, se procede a contestar los motivos de queja.

En primer lugar, es pertinente establecer que es infundado lo que aduce el quejoso respecto a que el acto reclamado constituye una violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, toda vez que la Junta hizo una indebida apreciación del procedimiento legal.

Se afirma lo anterior porque, contrariamente a lo expuesto por el peticionario del amparo, de las actuaciones del juicio de origen se advierte que durante su sustanciación, la Junta del conocimiento de ninguna manera realizó una apreciación incorrecta del procedimiento, ya que la autoridad responsable cumplió con las formalidades esenciales del juicio laboral que se debieron seguir, esto por las razones siguientes: se admitió a trámite la demanda presentada por el ahora quejoso, se le notificó el auto de radicación correspondiente; se emplazó a las demandadas; se dio oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas en que fincó el ejercicio de sus acciones; se le concedió el derecho de alegar lo que a su derecho convino, y se dictó el laudo aquí reclamado.

Por tanto, deviene inexacto el argumento del justiciable concerniente a la apreciación indebida que -atribuye a la Junta del trabajo- del procedimiento laboral.

Tiene aplicación, al respecto, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.-La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."(2)

Ahora, cabe destacar que, por técnica en el juicio de amparo, se dará contestación a los conceptos de violación propuestos por el quejoso en diverso orden a como fueron propuestos, analizándose, en primer lugar, el concepto de violación atinente a la prescripción.

Lo anterior, pues de conformidad con la jurisprudencia I.9o.T. J/41,(3) que se comparte, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL, EXCEPCIÓN DE. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SU ESTUDIO ES PREFERENTE AL DE LAS VIOLACIONES PROCESALES ADUCIDAS.", al ser la excepción de prescripción de carácter perentorio, ya que tiende a destruir la acción intentada, si en los conceptos de violación formulados al promover la demanda de amparo en contra del laudo emitido se combate dicha excepción, y al mismo tiempo se aducen violaciones procesales, debe examinarse, en primer término, el concepto de violación referente a la excepción de mérito.

Planteado lo anterior, se tiene que el peticionario del amparo aduce medularmente que fue incorrecto que la Junta responsable estimara procedente la excepción de prescripción que opusieron las paraestatales demandadas en relación con el convenio de liquidación, para establecer si en dicho convenio existía renuncia de derechos, y sólo en caso de que no contuviera renuncia de derechos, entonces sí debió proceder a analizar si dicha acción había prescrito o no; lo que no hizo, pues de entrada declaró actualizada la excepción de prescripción opuesta por las empresas demandadas; además de que éstas no ofrecieron documento alguno con el cual justificaran su excepción.

Es infundado el anterior motivo de disenso.

Para justificar lo anterior, en principio, se destaca que de la jurisprudencia 2a./J. 14/2012 (10a.),(4) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA LABORAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. NO ES UNA INSTITUCIÓN QUE GUARDE RELACIÓN CON LA RENUNCIA DE DERECHOS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, INCISOS G) Y H), DE LA LEY FUNDAMENTAL."; se colige que la figura de la prescripción, entendida como un modo de extinción de un derecho de naturaleza laboral, como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido en la ley, no guarda relación ni pugna directa ni indirectamente con la renuncia de derechos a que se refiere el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo.

De lo anterior, se llega a la conclusión de que, no obstante que se aduzca renuncia de derechos en las cláusulas y/o estipulaciones de algún convenio, es factible que se analice, en primer lugar, la figura de la prescripción de la acción reclamada, consistente en la pérdida de algún derecho por no ejercerse oportunamente; esto es, la acción de nulidad de pleno derecho sí resulta prescriptible, ya que el artículo 123 de la Carta Magna, nada refiere a la oportunidad para ejercer las acciones respectivas, al no hacer referencia expresa a plazos procesales para hacerlas valer, ni mucho menos establece su imprescriptibilidad; motivo por el cual, la acción relativa se encuentra sujeta a lo que establece la Ley Federal del Trabajo al respecto.

Ahora, en el caso, la Junta responsable correctamente estableció que la acción de nulidad sobre el convenio de liquidación reclamada por el trabajador se encontraba prescrita, pues consideró que de la documental consistente en el recibo finiquito y convenio de terminación de la relación laboral (véase a fojas 119 a 121 del juicio laboral), se advertía que el actor fue liquidado y se dio por terminada la relación laboral el quince de mayo de mil novecientos noventa y dos, las cuales refirió tenían valor probatorio pleno, toda vez que fueron prueba en común, al haberse ofrecido tanto por el actor como por las demandadas. Sin que obste que el trabajador hubiese objetado en cuanto a autenticidad, contenido y firma los documentos, pues lo cierto es que no ofreció prueba alguna para acreditar la objeción.

En esa medida, dijo la Junta, debía entenderse que el término prescriptivo a que se refiere el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, empezó a correr al día siguiente a partir de la fecha en que se suscribió el convenio de liquidación, es decir, el quince de mayo de mil novecientos noventa y dos, y si la demanda laboral se presentó el veinticuatro de abril de dos mil doce, era evidente que había transcurrido en exceso el término de un año a que hace alusión el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.

En mérito de lo anterior, la Junta del conocimiento declaró procedente la excepción de prescripción opuesta sobre la acción de nulidad del convenio de liquidación y, en consecuencia, estimó improcedente la reinstalación y las diversas prestaciones reclamadas (esto es, las reclamadas por el actor en su demanda bajo los incisos A, B y C).

Al respecto, este Tribunal Colegiado de Circuito considera correcta la determinación de absolver a las paraestatales demandadas ya que, de manera acertada, la responsable estimó actualizada la excepción de prescripción, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que es de un año, pues a la fecha en que el actor, aquí quejoso, presentó la demanda laboral, había transcurrido en demasía el tiempo previsto para ello.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis X.1o.2 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto siguientes:

"CONVENIOS, NULIDAD DE LOS. PRESCRIPCIÓN.-La prescripción de la acción de nulidad de un convenio o de una liquidación, por no cuantificarse correctamente las prestaciones que correspondan al trabajador conforme a la ley, está sujeta a la regla general de un año, prevista en el artículo 516 de la ley laboral y no en el caso especial de dos meses, establecido en el artículo 518 de la propia ley, que se refiere a algunos casos de excepción, pues en el mismo no se prevé lo relativo a la nulidad de un convenio o una liquidación."(5)

En efecto, como bien lo precisó la Junta Federal, la prescripción del convenio de quince de mayo de mil novecientos noventa y dos, motivo de reclamación, está sujeta a la regla general de un año, comprendida en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que establece:

"Artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes."

Atento a ello, el término prescriptivo empezó a correr al día siguiente de la data del citado convenio suscrito el quince de mayo de mil novecientos noventa y dos, es decir, el término prescriptivo inició el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y dos y feneció el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y tres; por lo que, a la fecha de la presentación de la demanda laboral que fue el veinticuatro de abril de dos mil doce, la acción de nulidad del convenio reclamado se encontraba prescrita.

Se afirma lo anterior, toda vez que, adversamente a lo sostenido por el quejoso, las paraestatales terceras interesadas demostraron durante la secuela del juicio el término de la relación laboral del quejoso con las mismas, con el convenio y el recibo de pago por liquidación finiquita, de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y dos. (fojas 119 a 121 ibídem)

Y si bien el quejoso objetó el recibo finiquito y el convenio en cuanto a su autenticidad, contenido, literalidad, procedencia, idoneidad y firma, solicitando su desechamiento por no ser idóneas para acreditar las excepciones y defensas opuestas (foja 123 del expediente laboral), no se soslaya que conforme a lo dispuesto en el artículo 811 de la Ley Federal del Trabajo, la objeción deberá justificarse con prueba idónea, es decir, cuando la parte que objeta un documento privado al cuestionar su autenticidad en cuanto a contenido, recaerá en ella la obligación procesal de acreditar tal objeción y deberá para ello ofrecer prueba para justificar su dicho, siempre y cuando sea idónea o procedente.

Por tanto, la mera objeción a tales documentales tachándolas de falsas, no puede considerarse que reúna las exigencias del citado numeral 811 pues, se insiste, al objetante corresponde acreditar los hechos en que funde su refutación, a través de los medios de prueba idóneos y conducentes pues, de lo contrario, subsistirá la presunción de autenticidad de los citados documentos cuestionados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES A LOS. CARGA DE LA PRUEBA.-En materia laboral el que objeta de falso un documento debe probar su objeción. Por lo que si una de las partes objeta en su autenticidad un documento privado, la carga de la prueba corresponde a ella, mas no a la contraparte, quien tiene a su favor la presunción de que el documento es auténtico; máxime si el documento contiene al calce la firma del objetante."(6)

De igual manera, se cita la tesis aislada emitida por la otrora Cuarta Sala de nuestro Máximo Tribunal de la Nación, de contenido:

"DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES A LOS. CARGA DE LA PRUEBA.-En materia laboral el que objeta de falso un documento debe probarlo. Por lo que si una de las partes dice haber objetado de falso un documento, la carga de la prueba corresponde a ella, mas no a la contraparte, quien tiene a su favor la presunción de que el documento es auténtico."(7)

En ese orden, resulta claro que la fecha de terminación de la relación laboral con el accionante, fue el quince de mayo de mil novecientos noventa y dos y, por ende, que al haber ejercido su acción laboral hasta el veinticuatro de abril de dos mil doce, según sello de la oficialía de partes de la Junta responsable (foja 1 del expediente laboral), transcurrió más del año previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior cobra mayor relevancia, si se toma en consideración que el impetrante, incluso, ofreció como prueba de su parte, el propio convenio de liquidación de quince de mayo de mil novecientos noventa y dos (foja 96 ibídem), en audiencia de dieciocho de febrero de dos mil quince (foja 97 ibídem), lo cual viene a corroborar lo infundado del motivo de queja.

Finalmente, respecto al argumento de que la Junta con ningún documento acreditó la excepción de prescripción, en desacuerdo con lo manifestado por el quejoso, la excepción de prescripción sí quedó debidamente acreditada con los documentos consistentes en el recibo finiquito y el convenio de liquidación celebrado entre el actor y la demandada, ambos, de quince de mayo de mil novecientos noventa y dos; consecuentemente, para corroborar el tiempo prescriptivo para hacer valer la nulidad del citado convenio, se tomó en cuenta del citado convenio, la fecha en que se dio por terminado el nexo laboral.

De ahí lo infundado del argumento en cuestión.

En otro aspecto, señala el quejoso, que le causa agravio que la Junta responsable no analizó, para declarar procedente la excepción de prescripción opuesta por las demandadas, que con ningún medio de prueba acreditaron que el documento del cual se demanda su nulidad, hubiese sido aprobado por la autoridad laboral competente.

En ese sentido, esgrime que las demandadas con ningún medio de prueba acreditaron que el documento del cual se demanda su nulidad hubiese sido aprobado por la Junta responsable, en términos del artículo 33 de la ley laboral y, por ello, resulta improcedente la excepción de prescripción opuesta.

Ello, pues refiere que el convenio no puede surtir efectos, sino hasta la fecha en que sea aprobado por alguna autoridad laboral y que, por ello, si en el caso el convenio de mérito no fue aprobado por una autoridad competente en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, entonces, la excepción de prescripción debió declararse improcedente.

Para apoyar sus argumentos, cita la tesis aislada de rubro: "CONVENIOS, CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE LA NULIDAD DE LOS."

Resulta infundado este concepto de violación, atendiendo a los razonamientos siguientes:

Es así, porque en la jurisprudencia 2a./J. 167/2016 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que de la interpretación conjunta de las disposiciones laborales respecto de los convenios de terminación de la relación laboral, dicho trámite es un acto potestativo, que no implica que el trabajador pierda la oportunidad de promover la acción de nulidad, a través de la tramitación de un juicio laboral.

Aunado a que si bien la Ley Federal del Trabajo sostiene una estructura de incentivos para motivar al patrón y al trabajador a que acudan ante la Junta a ratificar el convenio; sin embargo, esta situación no debe entenderse como una obligación que haga más onerosa la terminación de la relación laboral para las partes, pues en caso de disputa, el trabajador puede acudir ante la Junta para que verifique si hubo renuncia de derechos y, en consecuencia, si debe ser declarado nulo. De este modo se respeta la autonomía de la voluntad de las partes, sin dejar de lado el carácter protector del derecho laboral.

Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 167/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:

"CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. PARA EFECTOS DE SU VALIDEZ, LAS PARTES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE COMPETENTE PARA RATIFICARLOS. Si el patrón y el trabajador acuerdan terminar la relación laboral entre ellos a través de un convenio, para efectos de su validez no tienen la obligación de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para ratificarlo. Lo anterior es así, porque de la interpretación conjunta de las disposiciones laborales respecto de los convenios de terminación de la relación laboral, se concluye que dicho trámite es un acto potestativo, sin que esto implique que el trabajador pierda la oportunidad de promover la acción de nulidad, a través de la tramitación de un juicio laboral. Cabe destacar que el ordenamiento jurídico sostiene una estructura de incentivos para motivar al patrón y al trabajador a que acudan ante la Junta a ratificar el convenio; sin embargo, esta situación no debe entenderse como una obligación que haga más onerosa la terminación de la relación laboral para las partes."(8)

Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 142/2013 (10a.),(9) ha sustentado que, tratándose de objeción de documentos privados en cuanto a su contenido, firma o huella digital, corresponde al objetante demostrar tales objeciones mediante prueba idónea, atento al artículo 811 de la Ley Federal del Trabajo.

Criterio jurisprudencial que se inserta enseguida:

"RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR OBJETA EL ESCRITO RELATIVO EN CUANTO A SU CONTENIDO, FIRMA O HUELLA DIGITAL, A ÉL LE CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR SU OBJECIÓN.-Si el trabajador, en la audiencia de desahogo de pruebas objeta la documental privada que contiene la renuncia al trabajo, en cuanto a su contenido, firma o huella digital, a él le corresponde demostrar sus objeciones mediante prueba idónea, atento al artículo 811 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, que establece que si se objeta la autenticidad de un documento en cuanto a uno de los mencionados elementos, las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones."

En efecto, lo anterior permite establecer que son desacertadas las aseveraciones del quejoso en las que sostiene que de las constancias del expediente laboral, con ningún medio de prueba se acreditó que el documento del cual se demanda su nulidad, hubiese sido aprobado por la autoridad laboral y, por ello, resulta improcedente la excepción de prescripción opuesta, puesto que si bien es cierto, del convenio de quince de mayo de mil novecientos noventa y dos (visible a fojas 119 a 121 del juicio laboral), no queda evidenciado de manera plena que la aludida documental haya sido ratificada ante la Junta responsable, en razón de que no se advierte alguna firma de algún funcionario de la propia Junta, quien diera fe de dicha ratificación; empero, no menos lo es, como se dijo, que la citada jurisprudencia 2a./J. 167/2016 (10a.), estableció que dicho trámite es un acto potestativo; además, que en dicha documental se asentó que las partes (********** y la demandada **********) comparecieron ante la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, a celebrar el convenio con el cual dieron por terminada la relación de trabajo, aunado a que en la cláusula "tercera" del citado convenio, se dispuso que los comparecientes reconocían la celebración del citado convenio; incluso, se advierte que obran estampado un sello de la autoridad laboral responsable, así como una firma ilegible. Para mejor apreciación, se reproduce digitalmente el documento antes mencionado (foja 121 ibídem):

IMAGEN

De la inserción anterior se advierte que, como lo destacó, el acuerdo de voluntades del que se duele el amparista en el controvertido de origen no se encuentra ratificado ante la autoridad responsable; lo anterior, dado que de la lectura se advierte consignado en el mismo, que tal acto -ratificación- se efectuó ante los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa (representantes del gobierno, del obrero y del capital); sin embargo, del análisis integral realizado a dichas documentales no se advierte que la totalidad de sus miembros ni el secretario de Acuerdos que dio fe de su realización hayan estampado su firma para constancia en dicho acto.

En efecto, basta imponerse de su contenido para advertir que en éste obran tres firmas, siendo identificable sólo una de ellas, relativa al obrero; sin embargo, con relación al resto de las firmas no se tiene certeza sobre la identidad y calidad de la persona que las plasmó.

Por lo que, ante tal eventualidad, se estima válido concluir que el pacto volitivo del que se da noticia no fue ratificado ante la autoridad laboral, tal como lo prevé el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo; ya que si bien obra el sello oficial del expresado órgano laboral -lo que implica que aparentemente el documento fue presentado ante la autoridad laboral-, lo cierto es que son las firmas de los funcionarios públicos que debieron intervenir en la ratificación en comento, lo que le da valor a tal acto; ya que a través de la misma se plasma la voluntad de éstos para intervenir y sancionar tal actuación.

No obstante lo anterior, atento a las consideraciones que rigen la contradicción de tesis 21/2016, desarrollada precedentemente, la ausencia de tal ratificación no genera la invalidez del acuerdo liquidatorio que se analiza, dado que aquélla -ratificación-, no representa una carga procesal, sino el ejercicio de una potestad que la ley establece en favor de las partes.

Lo anterior, en forma alguna implica que el trabajador no cuente con la posibilidad de ejercer la acción de nulidad contra tal convenio; sino que su validez o invalidez no debe decretarse en función a la ratificación que de éste se realice ante el órgano laboral, pues aun cuando ello aconteciera, es susceptible de impugnación ante la autoridad laboral, de considerar el trabajador que con su celebración se conculcaron sus derechos laborales.

De ahí que se estime correcta la consideración de la Junta Federal de estimar procedente la excepción de prescripción respecto de la nulidad del convenio celebrado entre el trabajador y las paraestatales demandadas, dado que con independencia de que éste haya sido ratificado o no ante la propia responsable -pues tal aspecto es potestativo-, el ejercicio de dicha acción se encuentra supeditada al término prescriptivo establecido en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo (un año), el cual comenzó a partir del dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y dos, siendo que a la fecha de presentación de la demanda, esto es, veinticuatro de abril de dos mil doce, es evidente que la acción se encontraba prescrita.

Por todas estas razones se considera inexacta la aseveración del quejoso.

En otro orden de ideas, el promovente del amparo aduce que la autoridad responsable violó sus derechos fundamentales, pues no fundó ni motivó su determinación y, además, que dejó de tomar en cuenta los medios probatorios habidos en el expediente laboral.

Lo anterior resulta infundado, pues el análisis del laudo reclamado deja de relieve que para resolver en el sentido que lo hizo, la responsable se apoyó en los artículos 123, apartado A, fracciones XX y XXXI, de la Constitución Federal, 527 y 604 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a su competencia para dirimir el conflicto sometido a su potestad.

De igual modo, como se apuntó en el concepto de violación previo, la Junta expresó las causas legales y las razones del por qué estimó procedente la excepción de prescripción opuesta de las demandadas, ocupando las pruebas que para tal efecto aportaron las demandadas, apoyándose en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo e, inclusive, en diversos criterios jurisprudenciales, de rubros: "NULIDAD DE CONVENIO DE LIQUIDACIÓN EN MATERIA LABORAL. CUESTIONES QUE CORRESPONDE PROBAR AL ACTOR (TRABAJADOR), CUANDO INTENTA ESTA ACCIÓN RESPECTO DE UNO CELEBRADO CON PETRÓLEOS MEXICANOS." y "PRESCRIPCIÓN. LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AUNQUE RENUNCIABLES, SON SUSCEPTIBLES DE PRESCRIBIR CONFORME A LA LEY."

Entonces, contrario al dicho del quejoso, la autoridad responsable sí fundó y motivó debidamente el acto reclamado, cumpliendo con las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 constitucional.

Por otro lado, aduce el promovente del amparo que la autoridad responsable pasó por alto lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 37/2011, de rubro: "NULIDAD DE CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y REINSTALACIÓN. RESULTA IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN OPUESTA CONTRA ÉSTA.", no obstante de que tenía la obligación de analizar dicho criterio, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, pues se encuentra obligada a someterse a los lineamientos que establezcan las jurisprudencias.

Asimismo, señala la promovente del amparo que la Junta pasó por alto lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 36/2011, de rubro: "NULIDAD DE CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y REINSTALACIÓN. AQUÉLLA CONSTITUYE LA ACCIÓN PRINCIPAL CUANDO SE DEMANDA LA INVALIDEZ DEL CONVENIO POR VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR."

Son

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27488-facb0abc/nulidad-de-convenio-de-liquidacion-la-prescripcion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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