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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE NULIDAD EN LA VÍA LABORAL. ES PROCEDENTE CONTRA LOS CONVENIOS LABORALES QUE CAREZCAN DE LAS FIRMAS DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2022. · Registro digital (IUS): 30752
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-07-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, Pág.2639.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 10 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS FERNANDO ZÚÑIGA PADILLA, MARÍA LIZETH OLVERA CENTENO, MANUEL MARÍA MORTEO REYES, ARTURO CASTAÑEDA BONFIL Y FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS. DISIDENTE: JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO CASTAÑEDA BONFIL. SECRETARIA: MARÍA EUGENIA ROBLES LEYVA.

CONSIDERANDO

14. PRIMERO.—Competencia. El Pleno de este Quinto Circuito, es legalmente competente para conocer de la denuncia presentada por la posible contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y décimo primero transitorio de la Ley de Amparo; 42, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por los diversos 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el mencionado medio de comunicación oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince; en relación con los artículos primero y quinto transitorios del Acuerdo General 1/2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) relativo al inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, que determina, que hasta en tanto entren en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia emitida por aquéllos a la que se refiere dicho instrumento normativo, será fijada por los Plenos de Circuito.

15. Así mismo, porque la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de quince de abril de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo 26/2021, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de justicia federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación", comunicado a través de la circular SECNO/17/2021, de veintitrés siguiente, en cuya primera directriz se determinó lo siguiente:

"PRIMERA. En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta en tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."

16. Lo anterior, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis suscitada entre los criterios sostenidos por Tribunales Colegiados pertenecientes a este Quinto Circuito.

17. SEGUNDO.—Forma de resolución. La resolución de este asunto se lleva a cabo vía videoconferencia, haciendo uso de medios electrónicos, dada la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (Covid-19).

18. Lo anterior, en el entendido de que así fue dispuesto en el mencionado Acuerdo General 7/2022 que prorrogó la vigencia del diverso 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dado que en su artículo 27, fracción III, el segundo de los acuerdos mencionados a la letra establece:

"Artículo 27. Sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito. Las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados y de los Plenos de Circuito se prepararán, celebrarán y registrarán conforme a las siguientes reglas:

"...

"III. Las sesiones se celebrarán, invariablemente, por videoconferencia y sin la presencia del público. La sesión por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos que las que se realizan con la presencia física."

19. TERCERO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(3) en virtud de que fue planteada por **********, autorizado de ********** en el expediente laboral ********** del conocimiento de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, quejoso en el juicio de amparo directo laboral 360/2020 de la estadística interna del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, cuyo criterio es materia, en parte, de la presente contradicción de tesis.

20. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantías está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes."(4)

21. CUARTO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, es conveniente analizar las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito discrepantes basaron sus respectivas resoluciones.

22. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en el amparo directo laboral 360/2020, en lo que interesa, resolvió:

"Por otra parte, en el apartado de la demanda denominado ‘corolario’ y en el segundo concepto de violación, alega el solicitante de amparo que es inaplicable lo resuelto por la Junta responsable en el sentido de que el convenio celebrado con la demandada adquirió la categoría de cosa juzgada por virtud de la sanción realizada por la Junta de Conciliación, pero es el caso que el convenio de referencia nunca fue sancionado por alguna Junta de Conciliación y Arbitraje ya que nunca participaron los integrantes de la Junta Especial Número Veintitrés, ya que la secretaria auxiliar de trámite estampó su firma, atribuyéndose facultades que únicamente le corresponden a la Junta, de ahí que siempre estuvo expedito el derecho del trabajador para solicitar su nulidad, y por los mismos motivos no es aplicable la jurisprudencia que la responsable utilizó en el laudo reclamado.

"Además, refiere el quejoso, la autoridad laboral contraviene lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mediante jurisprudencia que los convenios celebrados fuera de juicio y ratificados ante la Junta de Conciliación sólo se considerarán ratificados válidamente cuando contengan en el acuerdo sancionatorio la firma de todos los integrantes de la Junta y además la firma del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe; dicha jurisprudencia es la de rubro: ‘CONVENIO CELEBRADO FUERA DE JUICIO LABORAL RATIFICADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. PARA SU VALIDEZ ES NECESARIO QUE TENGA LA FIRMA DE TODOS SUS MIEMBROS, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE.’ [Número de registro digital: 2019581, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia: Laboral, Tesis: 2a./J. 48/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, página 1846, Tipo: Jurisprudencia; publicada, además, el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación].

"Abunda en su argumento y señala que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo directo laboral 690/2019, hace un extenso análisis de dicha jurisprudencia (lo transcribe).

"Lo anterior es infundado.

"El artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo señala lo siguiente:

"‘Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla.

"‘En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual.

"‘Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de laudo ejecutoriado.’

"Por su parte, el diverso numeral 33 del citado ordenamiento establece que:

"‘Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores.’

"De los precitados numerales se colige que:

"* Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su ratificación o aprobación.

"* Sólo serán aprobados los convenios que: 1) se hagan por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos comprendidos en él; 2) desglosen la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación de utilidades; y 3) no contengan renuncia de los derechos del trabajador.

"* La aprobación del convenio hará que éste tenga efectos definitivos, por lo que se elevará a la categoría de laudo ejecutoriado. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 94/2014, cuya materia se circunscribió a definir ‘...si es procedente el análisis de fondo de la nulidad del convenio aprobado por la Junta con posterioridad a la emisión del laudo cuando se alega renuncia de derechos derivada de la no conformidad del acuerdo de voluntades, con la condena del laudo o su liquidación, cuando aquél se aprobó antes de que se resolviera el juicio de amparo intentado en contra de dichas resoluciones y éste fue sobreseído como consecuencia de la celebración de dicho convenio o del desistimiento motivado por este último, o bien, si en ese supuesto, tal análisis resulta improcedente porque no puede existir renuncia de derechos que conduzca a la nulidad del convenio, dado que en el momento de su celebración existía la posibilidad de que las prestaciones laudadas o liquidadas fueran revocadas o modificadas con motivo de la sentencia que se llegare a emitir en el amparo...’, determinó, entre otras cosas, lo siguiente:

"* Si lo que se demanda es la nulidad del convenio por considerar que en él se narraron hechos falsos, que existe renuncia de derechos respecto de salarios, indemnizaciones u otras prestaciones devengadas o adeudadas, y ese cuestionamiento tiende a impugnar la determinación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, al aprobar el convenio, la acción de nulidad es improcedente, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones que fueron materia de dicho pronunciamiento.

"* En este caso, no se trata de la nulidad de pleno derecho de cláusulas que establecen condiciones de trabajo, sino que el cuestionamiento de validez se relaciona con declaraciones y cláusulas que se refieren a hechos y prestaciones devengadas o adeudadas, que ya fueron admitidos por las partes al ratificar el convenio, cuya legalidad debe ser verificada por la Junta, al aprobar el convenio, de manera que ni dicho órgano jurisdiccional ni las partes pueden desconocer lo ya admitido y aprobado conforme al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.

"* El citado artículo 33 estableció el procedimiento idóneo para que la autoridad judicial laboral verifique que en los convenios celebrados en esta materia no existe renuncia de derechos, con el fin de tutelar a los trabajadores, pero también para dotar de certeza y estabilidad a lo pactado. Tal precepto es aplicable a todos los convenios en materia de trabajo, con independencia del momento procesal en que se celebren.

"* Por consiguiente, una vez que hay pronunciamiento de la Junta en el sentido de que en el convenio no existe renuncia de derechos, después de haber verificado su contenido y lo expuesto en la audiencia de su ratificación, debe tenerse como una resolución firme, por lo que ya no es posible que sea revocada ni modificada en un juicio posterior, en el que se pretende cuestionar lo que fue materia de verificación por la Junta al aprobar el convenio, salvo la posibilidad que existe de su impugnación por medio del juicio de amparo, sea indirecto o directo. Al respecto, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que las Juntas no pueden revocar sus propias determinaciones.

"* En apoyo de lo anterior, debe considerarse que si un convenio reúne los requisitos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, y así lo determina la Junta laboral al aprobarlo, tanto los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y vinculan a las partes, por lo que no es procedente que con posterioridad el trabajador haga valer la nulidad del convenio aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral, en el procedimiento de garantías establecido para ese fin.

"*Además, de estimarse procedente el planteamiento de nulidad implicaría admitir la posibilidad de que el trabajador pudiera en una vía distinta retractarse en cualquier momento, incluso muchos años después, de lo establecido en el convenio, en el cual expresó su voluntad, situación que, por una parte, afecta la seguridad jurídica de las partes y, por otra, desnaturaliza dichos convenios, los cuales se celebran en un procedimiento específico que permite su ratificación en audiencia ante la Junta laboral, quien se encuentra obligada a verificar que no existe renuncia de derechos, y ello dota de certeza jurídica y estabilidad a lo pactado.

"* Tal conclusión es idónea, además, para garantizar la eficacia de los medios alternativos de solución de controversias ordenados en el artículo 17 constitucional, sin que la estabilidad resultante de respetar lo pactado y determinado en el propio procedimiento establecido por el legislador en el citado artículo 33 sea lesiva de los derechos de los trabajadores, pues no debe olvidarse que tales convenios deben ser ratificados por el propio interesado, quien podrá exponer las aclaraciones y alegaciones que estime pertinentes en la audiencia de ratificación, y en términos del mencionado precepto, la Junta está obligada a verificar que no existe renuncia de derechos. Aunado a lo anterior, al tratarse de una resolución judicial, el trabajador está en aptitud de impugnar ésta mediante el juicio de amparo, en la vía que resulte procedente, en el cual podrá plantear las posibles deficiencias en la actuación de la Junta.

"* Un supuesto distinto, como ya se expuso, es la celebración de convenios que no fueron ratificados ni sancionados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, respecto de los cuales no existe pronunciamiento firme sobre la existencia de renuncia de derechos en perjuicio del trabajador, por lo que su validez no ha sido sancionada por la autoridad laboral.

"De la citada contradicción de tesis, derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), del contenido siguiente:

"‘CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajadores. Asimismo, el segundo párrafo del último precepto citado prevé como requisitos de los convenios, liquidaciones y finiquitos, que: a) consten por escrito; b) contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) se ratifiquen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; y, d) ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores. Por tanto, con la aprobación de la Junta, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, lo que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medida que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, la improcedencia de la acción de nulidad respecto de convenios aprobados por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez de los que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye que ésta, o los tribunales de amparo, deban aplicar las normas generales de protección a favor de los trabajadores, cuando las cláusulas dispongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, deban tenerse por no puestas para regir la relación de trabajo o las prestaciones derivadas o relacionados con ésta.’ [Número de registro digital: 2008806, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias: Constitucional y Laboral, Tesis: 2a./J. 17/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 699, Tipo: Jurisprudencia; publicada, además, el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación]. "Posteriormente, la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 21/2016, cuyo punto a dilucidar consistió en: ‘...determinar si los convenios de terminación de la relación laboral son o no actos unilaterales y, como consecuencia de esa decisión, estipular si deben ser ratificados por la Junta laboral...’, consideró, entre otras cosas, lo siguiente:

"* Dentro del ámbito procesal, la Ley Federal del Trabajo establece distintos procedimientos de ratificación de los convenios de terminación de la relación pactados entre el patrón y el trabajador. Esta diversidad responde a que cada uno se actualiza dependiendo del momento procesal en el que el convenio se ratifica, pues puede ser antes de que comience una disputa jurisdiccional, durante la audiencia de conciliación, o bien, en el cumplimiento del laudo dictado por la Junta.

"* El caso que nos ocupa es antes de que se inicie el procedimiento jurisdiccional, es decir, antes de que se presente una demanda ante la autoridad laboral. Este supuesto está regulado en el artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento contenido en el artículo anterior confirma la posibilidad de que las partes puedan pactar el fin de la relación laboral antes de iniciar un juicio.

"* En el ordenamiento jurídico no sólo se enuncian las limitaciones al contenido de los convenios, liquidaciones o finiquitos, establecidas en los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, constitucional y 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo, sino que también se prevén requisitos y procedimientos como garantía de protección de los trabajadores, contenidas en el artículo 987 de la legislación federal, que deben observarse y seguirse ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, la interpretación de dichas disposiciones permite concluir que la ratificación ante la Junta no es una obligación, sino un ejercicio potestativo de las partes.

"* Si bien el artículo 33 obliga a que los convenios sean ratificados, es importante destacar que en el procedimiento paraprocesal, el artículo 987 establece que las partes ‘podrán’ concurrir a la Junta competente para ratificar el convenio. Esta redacción refleja que la intención del legislador fue abrir un espacio de deliberación entre las partes para que tuvieran la posibilidad de elegir acudir a la Junta a ratificar el acuerdo al que llegaron. Por lo tanto, presentar el convenio ante la Junta para su ratificación no constituye una obligación para las partes y no hacerlo no implica que dicho convenio pierda validez. Incluso, este escenario concuerda con la naturaleza de tutelar del derecho laboral respecto de la protección al trabajador.

"* La sanción impuesta en las disposiciones mencionadas en el apartado anterior, es la nulidad; esto quiere decir que si el trabajador o la autoridad advierten que el convenio de terminación de la relación laboral contiene cláusulas que implican la renuncia de algún derecho, la Junta tendría que aplicar esa sanción. Por lo tanto, existen dos momentos para que la Junta pueda pronunciarse al respecto: 1. En el momento en que ambas partes consientan terminar la relación y decidan llevar su convenio ante la Junta; y, 2. Al tramitar un juicio laboral, si es que el trabajador advierte que en la creación de dicho convenio renunció indebidamente a alguna de las prestaciones o derechos que legalmente le correspondían.

"* Que el ejercicio de ratificación ante la Junta sea potestativo, no quiere decir que el trabajador no cuente con la posibilidad de ejercer la acción de nulidad en contra de ese convenio y solicitar la aplicación del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con el contenido del artículo 123, apartado A, fracción XXVII, incisos g) y h), siempre que no haya sido ratificado previamente por la Junta de Conciliación y Arbitraje.

"* Es factible sostener que estos convenios pueden servir para que las partes puedan probar la terminación de la relación laboral; sin embargo, si no son sancionados por la Junta, su validez puede ser impugnada en el juicio laboral.

"De la dictada contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 2a./J. 167/2016 (10a.), del contenido siguiente:"

"‘CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. PARA EFECTOS DE SU VALIDEZ, LAS PARTES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE COMPETENTE PARA RATIFICARLOS. Si el patrón y el trabajador acuerdan terminar la relación laboral entre ellos a través de un convenio, para efectos de su validez no tienen la obligación de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para ratificarlo. Lo anterior es así, porque de la interpretación conjunta de las disposiciones laborales respecto de los convenios de terminación de la relación laboral, se concluye que dicho trámite es un acto potestativo, sin que esto implique que el trabajador pierda la oportunidad de promover la acción de nulidad, a través de la tramitación de un juicio laboral. Cabe destacar que el ordenamiento jurídico sostiene una estructura de incentivos para motivar al patrón y al trabajador a que acudan ante la Junta a ratificar el convenio; sin embargo, esta situación no debe entenderse como una obligación que haga más onerosa la terminación de la relación laboral para las partes.’ [Número de registro digital: 2013496, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia: Laboral, Tesis: 2a./J. 167/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, enero de 2017, Tomo I, página 549, Tipo: Jurisprudencia, publicada, además, el viernes 20 de enero de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación].

"Con base en las consideraciones anteriores es dable concluir que, al haberse promovido la demanda laboral (diecinueve de octubre de dos mil dieciséis) que motivó el juicio de origen ya estando vigente la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), es improcedente la acción de nulidad de convenio laboral celebrado fuera de juicio laboral ratificado ante la Junta, aun cuando esta actuación no haya sido firmada por la totalidad de los miembros de la Junta.

"Ello es así, pues al tratarse del auto por el cual se aprueba un convenio laboral fuera de juicio, de una resolución judicial, el trabajador estuvo en aptitud de impugnarlo mediante el juicio de amparo indirecto, como acto fuera de juicio en términos del artículo 107, fracción VI (sic) de la ley de la materia, en el cual pudo plantear las posibles deficiencias en la actuación de la Junta, como lo es la ausencia de facultades del secretario auxiliar de trámite de la Junta para suplir al presidente de ésta en la ratificación de convenios, o bien, la falta de firma de los demás miembros de dicho órgano jurisdiccional; luego, al no haberlo hecho así, operó el consentimiento tácito del acto relativo y, con ello, la preclusión del derecho del trabajador para inconformarse al respecto.

"De estimar lo contrario y permitir en el juicio laboral de origen que el actor impugne el convenio en virtud de no encontrarse la resolución por la cual se ratificó, firmada por todos los miembros de la Junta, ello sin importar si en contra de ésta anteriormente promovió o no el juicio de amparo indirecto para impugnar dicho vicio formal, implicaría admitir la posibilidad de que el obrero pudiera retractarse en cualquier momento, incluso muchos años después, de lo establecido en el citado convenio, en el cual expresó su voluntad, situación que precisamente la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación pretendió evitar al resolver la precitada contradicción de tesis 94/2014; de ahí que resulten infundados los argumentos en estudio.

"Sin que sea obstáculo a lo aquí expuesto la jurisprudencia 2a./J. 48/2019 (10a.), de rubro: ‘CONVENIO CELEBRADO FUERA DE JUICIO LABORAL RATIFICADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. PARA SU VALIDEZ ES NECESARIO QUE TENGA LA FIRMA DE TODOS SUS MIEMBROS, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE.’, [número de registro digital: 2019581, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia: Laboral, Tesis: 2a./J. 48/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, página 1846, Tipo: Jurisprudencia, publicada, además, el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación] en la que el quejoso sustenta su concepto de violación; sin embargo, el convenio cuya nulidad se pretende en la controversia laboral fue ratificado por la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, incluso, es dicha aprobación a la que el quejoso, en esta oportunidad, pretende atribuirle vicios formales (que la secretaria auxiliar de trámite de la Junta no tiene facultades para sancionar el citado acuerdo) que, en su opinión, invalidan la citada aprobación del acuerdo de voluntades ‘de terminación de contrato de trabajo por mutuo consentimiento’, mientras que, en este criterio sólo se establece como exigencia para validez de la actuación relativa la firma de todos los integrantes de la Junta, sin abordar el tema referente a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30752-a3b17f0e/accion-de-nulidad-en-la-via-laboral-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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