APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO CONDENA A ENTERARLAS, EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO EN UN PLANO DE IGUALDAD CON LOS PARTICULARES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, DAVID SOLÍS PÉREZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JUAN CARLOS MORENO LÓPEZ, GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA Y JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS. IMPEDIDA: ARMIDA ELENA RODRÍGUEZ CELAYA. PONENTE: DAVID SOLÍS PÉREZ. SECRETARIA: VERÓNICA RAMÍREZ VILLA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a través de las ejecutorias respectivas:
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 540/2015, en sesión de dos de junio de dos mil dieciséis, en lo que interesa al asunto, determinó:
"... CUARTO.-Estudio.
"25. Se omite la transcripción de la sentencia reclamada, así como los conceptos de violación expuestos en su contra, dado que no serán materia de estudio, pues, como enseguida se verá, el presente juicio de amparo es improcedente:
"26. En efecto, del juicio de origen es posible advertir que la parte actora demandó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la nivelación y rectificación del monto de su pensión tipo jubilatoria, para que se incluyera en ella la cantidad promedio mensual que percibió durante los últimos treinta y seis meses laborados como trabajador del servicio civil del Gobierno del Estado de Sonora, que fue de **********, mensuales.
"27. Lo anterior, en virtud de que la pensión que le fue otorgada es por la cantidad de ********** mensual, correspondiente, según, al cien por ciento del sueldo regulador ponderado.
"28. Asimismo, demandó el pago retroactivo de las diferencias existentes entre la pensión que reclamó y la que fue otorgada; así también, que se condenara al gobernador del Estado de Sonora, a la Secretaría de Hacienda y al Poder Judicial, ambos del Estado de Sonora, por conducto del Supremo Tribunal de Justicia de dicho Estado, al pago de las cuotas omitidas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, considerando todos los ingresos percibidos; entre otras prestaciones.
"29. El tribunal señalado como responsable, al resolver el juicio de origen, concluyó lo siguiente:
"‘PRIMERO.-Ha procedido en parte la acción intentada por **********, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Gobierno del Estado, Secretaría de Hacienda, gobernador del Estado de Sonora y Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
"‘SEGUNDO.-Se condena al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora a nivelar la pensión por jubilación de **********, a la cantidad de $********** (**********) mensuales, con efectos retroactivos al ********** de dos mil once; y a pagarle las diferencias entre la pensión que le fue asignada el ********** de dos mil once y la que se determina en este laudo, que ascienden a $ ********** (**********); diferencias que seguirán cayendo a razón de de (sic) $********** (**********) mensuales, hasta que el demandado nivele la pensión en los términos determinados en esta sentencia y con los incrementos que se hayan dado a las pensiones en ese lapso; cantidad que seguirá cayendo en la misma proporción mensual, hasta que el demandado nivele la pensión en los términos de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando IV.
"‘TERCERO.-Se condena al actor, a la Secretaría de Hacienda del Estado y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, a cubrir al ISSSTESON las aportaciones y cuotas omitidas por concepto de fondo de pensiones y jubilaciones, requiriéndoseles para que en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de esta resolución, cumplan con esta obligación, en los términos precisados en el considerando IV.
"‘CUARTO.-Se condena al gobernador del Estado a sancionar el dictamen que emita la Junta Directiva del ISSSTESON, en relación a la modificación de la pensión por jubilación de **********, en términos del artículo 108 de la Ley 38 de dicho instituto, por las razones expuestas en el considerando IV.
"‘QUINTO.-A petición de parte, ábrase incidente de liquidación, para el efecto de calcular las diferencias de pensión, los incrementos que haya tenido la pensión por jubilación otorgada a **********, así como las diferencias existentes entre el aguinaldo que le fueron pagados en los años dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, y el que debió percibir conforme a lo resuelto en esta sentencia; los aumentos generados y las cuotas y aportaciones, por las razones expuestas en el considerando IV.
"‘SEXTO.-Notifíquese personalmente. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.’
"30. Contra dicha sentencia, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, por conducto de su Magistrado presidente, Juan Sebastián Sotomayor Tovar, promovió el presente juicio de amparo.
"31. Una vez precisado lo anterior, cabe establecer que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 7o., ambos de la Ley de Amparo en vigor.
"32. En efecto, a fin de precisar lo anterior, es menester reproducir el contenido de la fracción I del artículo 103 y el inciso b) de la fracción V del numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente:
"‘Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
"‘I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos.’
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"‘...
"‘V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
"‘...
"‘b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. ...’
"33. Asimismo, resulta necesario citar los preceptos 6o. y 7o. de la nueva Ley de Amparo, que disponen:
"‘Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.’
"...
"‘Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.
"‘Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes.’
"34. Sentado lo anterior, debe precisarse que la Constitución creó el juicio de amparo para proteger a los individuos contra el proceder del Estado lesivo de derechos humanos, por lo que siendo estas restricciones al poder público que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de los mismos.
"35. A esta regla general, se opone la excepción prevista en el transcrito artículo 7o. de la Ley de Amparo en vigor, la cual radica en el hecho de que el Estado puede obrar con un doble carácter, esto es, como entidad pública y como persona moral de derecho privado.
"36. El primer supuesto se origina cuando actúa soberanamente imponiendo sus decisiones a la voluntad de los particulares y ejerciendo la facultad de imperio; mientras que el segundo se actualiza cuando se coloca en una situación análoga a aquella en que jurídicamente se halla el particular, convirtiéndose en un ente capaz de adquirir derechos y obligaciones en un plano de igualdad.
"37. Sin embargo, si bien una persona moral, de acuerdo a la disposición legal en comentario, puede estar legitimada para promover el juicio de amparo contra actos que afecten su patrimonio, ello no sucede así cuando el órgano estatal actúa en uso de su facultad de imperio, toda vez que no es posible conceder a los órganos del Estado la instancia constitucional por los actos del mismo Estado, porque de llegar a tal extremo se establecería una contienda entre los mismos órganos de poder, lo cual es opuesto a la naturaleza del juicio de amparo.
"38. En ese tenor, si el Estado actúa como persona moral de derecho privado y es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones y, como consecuencia de ello, resulta afectado por una ley o acto de autoridad en bienes propios, de los cuales es poseedor y que le son indispensables para llevar a cabo sus funciones; entonces, está legitimado para ejercer la acción constitucional de que se habla en defensa de sus intereses patrimoniales; pero si aquél no promueve el juicio extraordinario con el carácter de entidad jurídica privada, sino como pública, es claro que no se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 7o. de la citada Ley de Amparo.
"39. Además, no por la circunstancia de que el Estado acuda a litigar como parte demandada a un juicio seguido ante un tribunal contencioso administrativo, debe gozar de los mismos derechos que un particular, porque no es posible que la autoridad se despoje de su investidura, y tampoco que por el hecho de actuar como litigante se convierta en un gobernado, con todas las prerrogativas de éste, pues admitir lo contrario sería tanto como desnaturalizar el juicio de amparo, para convertirlo en una mera instancia dentro de un juicio ordinario, lo cual, no es jurídicamente concebible.
"40. Sobre el tópico en comentario, es dable invocar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos ochenta y cuatro, Tomo LXVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:
"‘PERSONAS MORALES DE DERECHO PÚBLICO, CASOS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR LAS.-Las personas morales de derecho público, en cuanto defienden derechos patrimoniales, pueden promover el juicio de amparo, porque entonces tales personas no actúan en funciones de autoridad; pero cuando las personas morales de derecho público actúan en ejercicio de su soberanía, funcionando como autoridades, no pueden pedir amparo, porque en ese supuesto, carecen de garantías individuales, que son los derechos del hombre protegidos por el juicio constitucional, frente al poder público.’
"41. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 45/2003,(1) de rubro y texto siguientes:
"‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.-Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado.’
"42. Así pues, con base en lo expuesto, y en relación con la naturaleza y fines del juicio de amparo, es factible puntualizar lo siguiente:
"‘a) Es necesario que quien lo promueva goce de derechos humanos;
"‘b) Las personas morales públicas u oficiales sólo pueden acudir en demanda de amparo como sujetos de derecho privado, a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o ley que se reclame afecte de modo directo sus derechos patrimoniales; sin embargo, cuando actúa como autoridad para defender un acto que emitió con aquel carácter, no puede constitucionalmente promover el juicio extraordinario;
"‘c) El simple significado de la palabra amparo, que es tutela, protección, abrigo, defensa, está indicando que se concede al débil contra el fuerte, contra el que puede otorgar; por ello cuando la potestad pública en un acto clásico y típico del ejercicio de su soberanía ocurre por conducto de uno de sus órganos, en demanda de protección y amparo de la Justicia Federal, contra actos de una autoridad que dicta sus fallos en representación del mismo poder, no procede el respectivo juicio de amparo; y,
"‘d) El Estado cuando actúa como autoridad demandada en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a pensiones de servidores públicos, no lo hace como persona moral de derecho privado, sino en funciones de autoridad.’
"43. En ese contexto, es importante destacar que de las constancias del juicio contencioso de origen, se advierte que la controversia allí planteada, derivó del dictamen de otorgamiento de pensión emitido por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, firmado por la directora general de dicho organismo, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once.
"44. En la sentencia que constituye el acto reclamado, se advierte que se condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a nivelar la pensión por jubilación de ********** (tercero interesado) a la cantidad $********** (**********), mensuales, con efectos retroactivos al ********** de dos mil once; y a pagarle las diferencias que existen entre la pensión por jubilación que le fue asignada por el instituto demandado y la que se determinó en la sentencia reclamada.
"45. Asimismo, se condenó a ********** (tercero interesado), a la Secretaría de Hacienda del Estado y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, a cubrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, las aportaciones y cuotas omitidas por concepto de fondo de pensiones y jubilaciones.
"46. Precisado lo anterior, es menester tener presente el contenido de los artículos 2, fracciones II y III; 16, inciso ‘A’; 18; 21, inciso ‘A’; y 22; todos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, vigente al momento de la emisión de la sentencia reclamada, los cuales son del tenor siguiente:
"‘Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
"‘...
"‘II. Estado: a las dependencias de la administración pública estatal, al igual que los Poderes Legislativo y Judicial;
"‘III. Organismos públicos incorporados: a las entidades de la administración pública estatal, los Municipios de la entidad y los organismos o instituciones que se incorporen al régimen de seguridad social que regula esta ley; ...’
"‘Artículo 16. Todo trabajador al servicio del Estado deberá aportar la cuota obligatoria del 17.5% sobre el sueldo básico integrado que devengue, definido en el primer párrafo del artículo anterior, aplicándose dicha cuota de la siguiente manera:
"‘A) El 10% para pensiones y jubilaciones; ...’
"‘Artículo 18. El Estado y organismos públicos incorporados están obligados:
"‘I. A efectuar los descuentos de las cuotas a que se refiere el artículo 16 de esta ley y los que el instituto ordene con motivo de la aplicación de la misma; ...’
"‘Artículo 21. El Estado cubrirá al instituto por vía de aportaciones el 29.5% sobre el sueldo básico integrado de los trabajadores según éste se define por el artículo 15 de esta ley.
"‘Estas aportaciones se aplicarán de la siguiente manera:
"‘A) El 17% para pensiones y jubilaciones; ...’
"‘Artículo 22. El Estado y organismos públicos incorporados harán entregas quincenales al instituto, por conducto de sus respectivas tesorerías o departamentos correspondientes, del monto de las cantidades que correspondan por concepto de las cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16 y 21. También entregarán quincenalmente el importe de los descuentos que el instituto ordene que se hagan a los trabajadores por otros adeudos derivados de la aplicación de esta ley.’
"47. Ahora, de los citados preceptos legales se observa lo siguiente:
"• Para efectos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por Estado se entiende a las dependencias de la administración pública estatal, al igual que los Poderes Legislativo y Judicial.
"• Que el Estado, en este caso, el Poder Judicial, efectuará los descuentos de las cuotas a que se refiere el artículo 16 de dicha ley, entre las que se encuentran la de pensiones y jubilaciones.
"• Que el Estado, en este caso, el Poder Judicial, cubrirá al instituto, por vía de aportaciones el veintinueve punto cinco por ciento sobre el sueldo básico integrado de los trabajadores, y de dicho porcentaje, el diecisiete por ciento será para pensiones y jubilaciones.
"• Que el Estado, en este caso, el Poder Judicial, entregará quincenalmente al instituto, por conducto de sus respectivas tesorerías o departamentos correspondientes, el monto de las cantidades que correspondan por concepto de las cuotas y aportaciones.
"48. Por lo que de una interpretación armónica de los numerales transcritos, se advierte que el Estado, en este caso, el Poder Judicial, efectuará los descuentos de las cuotas relativas a las pensiones y jubilaciones, y las cubrirá al instituto, esto es, entregará quincenalmente a dicho instituto, por conducto de sus respectivas tesorerías o departamentos correspondientes, el monto de las cantidades que correspondan por concepto de las cuotas y aportaciones.
"49. En este sentido, es claro que el Poder Judicial, al cumplir con la obligación que le impone la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de efectuar los descuentos de las cuotas relativas a las pensiones y jubilaciones, y de cubrirlas al citado instituto, lo hace en su calidad de autoridad para efectos del amparo.
"50. En efecto, pues tal actividad la realiza bajo una relación de supra a subordinación, ya que dicha relación tiene su nacimiento en el referido ordenamiento legal, el cual, en el caso, dota al Poder Judicial de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad, y con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea por sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, esto, al entregar quincenalmente a dicho instituto, por conducto de su departamento correspondiente, el monto de las cantidades que correspondan por concepto de las cuotas y aportaciones, y para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado, pues la referida ley le impone dicha obligación.
"51. Resulta aplicable la jurisprudencia con número de clave 2a./J. 164/2011,(2) de rubro y texto siguientes:
"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.’
"52. De lo anterior se sigue que si la autoridad, ahora quejosa, tuvo el carácter de autoridad demandada, compareció al juicio natural y fue condenada a cubrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, las aportaciones y cuotas omitidas por concepto de fondo de pensiones y jubilaciones, actividad que, como ya se vio, la realiza con el carácter de imperio que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, le otorga para llevar a cabo tal función, debe concluirse que no pierde el carácter de autoridad a pesar de que la sentencia reclamada le haya sido adversa, pues no existe razón jurídica que permita considerar que por el dictado de ese fallo hubiere perdido esa calidad, para adquirir automáticamente la de particular y, por tanto, de titular de derechos humanos; de ahí que carece de legitimación para promover juicio de amparo contra la sentencia dictada por el citado tribunal, que constituye el acto reclamado.
"53. Conclusión que se ve corroborada con lo establecido en el inciso b) de la fracción V del artículo 107 de la Constitución Federal, que previene que contra sentencias definitivas en materia administrativa, procede el amparo ‘cuando se reclamen por particulares’, lo cual implica que tal demanda no puede válidamente formularla el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, por conducto de su Magistrado presidente, dado que sólo pretende defender aspectos inherentes a los actos que generaron la sentencia que señala como reclamada, mas no así intereses patrimoniales, dado que el acto impugnado no es, en puridad jurídica, bienes nacionales o derechos patrimoniales; razón por la cual, es evidente que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 7o. de la Ley de Amparo vigente.
"54. En conclusión, se precisa que si bien el último precepto mencionado (7o.), autoriza que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas, esto sucede única y exclusivamente cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, lo que no acontece cuando, como en el caso, en un procedimiento contencioso se controvierte la nivelación y rectificación del monto de una pensión por jubilación, para que se incluya en ella la cantidad promedio mensual que percibió durante los últimos treinta y seis meses laborados, pues en ese supuesto, la demandada actuó como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida, siendo inaceptable, por ende, que en casos como éste pueda solicitar amparo, habida cuenta que el juicio constitucional sólo es procedente contra actos de autoridades para tutelar los derechos públicos subjetivos de los gobernados.
"55. En apoyo a lo expuesto, se invoca, además, la jurisprudencia con número de clave 2a./J. 110/2008,(3) que establece:
"‘DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO EN SU CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA EN UN JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD, EN EL QUE SE RECLAMA LA NEGATIVA DE AQUÉLLA DE OTORGAR UNA PENSIÓN JUBILATORIA.-Conforme a los artículos 2o., 3o., 6o., 25, 26, 77, fracción I, 78 y 81 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, la Dirección de Pensiones se encarga de los servicios de seguridad social para los servidores públicos de la propia entidad federativa, teniendo como funciones administrar, reglamentar y otorgar prestaciones y servicios, entre otros, las pensiones por jubilación y, en su caso, resolver sobre las solicitudes para el otorgamiento de éstas, contando con un Consejo Directivo, facultado para cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la propia ley. De ahí que la resolución dictada por la indicada dirección, en el sentido de negar la solicitud de pensión jubilatoria, es emitida en el ámbito de sus atribuciones de forma unilateral, en ejercicio de su potestad administrativa; modificando una situación jurídica ajena a la relación laboral entre el servidor público y la dependencia relativa; y que dada la resolución de negarla, afectando la esfera jurídica del trabajador afiliado a la misma. Por tanto, la citada Dirección carece de legitimación para promover juicio de amparo por haber actuado en los términos que precisa la Ley de Pensiones, esto es, como ente de derecho público y, por ende, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, en cuanto a que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo cuando la ley o el acto que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, es decir, cuando actúen como personas morales de derecho privado.’
"56. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia clave IX.2o. J/7,(4) que este órgano jurisdiccional comparte, de rubro y texto siguientes:
"‘AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-Respecto de este tema existen varios criterios vinculados, establecidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en síntesis, pueden reseñarse en la forma siguiente: a) Las garantías individuales son propias de los individuos y no de la sociedad, y que ésta, en su conjunto, no puede tener derechos particulares heridos y, por lo mismo, garantías individuales; b) Que de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que para la procedencia del juicio de garantías es necesario, que quien lo promueva sea capaz de gozar de tales garantías; c) Que el amparo es una contienda entre la persona que se queja de una violación de garantías y la autoridad que la cometió, sin que sea factible que tal contienda quepa entre autoridad y autoridad, pues para esos casos las leyes previenen la vía correspondiente; d) Que la autoridad, para defender un acto que emitió con ese carácter, no puede constitucionalmente entablar el juicio de amparo; e) Que el simple significado de la palabra amparo, que es favor, protección, abrigo, defensa, está indicando que se concede al débil contra el fuerte, contra el que puede otorgar; por ello, cuando la potestad pública en un acto clásico y típico del ejercicio de su soberanía ocurre en demanda de amparo por conducto de uno de sus órganos, en demanda de protección y amparo de la Justicia Federal, contra actos de una autoridad que dicta sus fallos en representación del mismo poder, no procede el respectivo juicio de garantías; f) Que el fisco, cuando ejercita su facultad soberana de cobrar impuestos, obra ejercitando una prerrogativa inherente a su soberanía, por lo cual no puede concebirse que el poder pida amparo en defensa de un acto del propio poder. Con base en estos principios se puede considerar que si una autoridad administrativa con motivo del quehacer legítimo de sus facultades emite determinado acto, contra el cual el particular promueve ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado juicio de nulidad que culmina con una sentencia adversa a la indicada autoridad, debe concluirse que ésta no pierde tal carácter a pesar de que tal resolución no haya favorecido a sus intereses, puesto que no existe razón jurídica alguna que permita considerar que por el dictado de esa clase de resolución dicha autoridad hubiere perdido la mencionada calidad para adquirir automáticamente la de particular y, por tanto, de titula
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27498-efaaadc4/aportaciones-de-seguridad-social-el-supremo-tribunal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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