Corpus
Modo: Corpus Pro

RECTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN REFERIDA NO PUEDE CONDICIONARSE AL ENTERO CORRECTO DE LAS CUOTAS RELATIVAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 360/2017. · Registro digital (IUS): 27846
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-05-25
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Pág. 2256.

AMPARO DIRECTO 360/2017. 15 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: BEATRIZ MUNGUÍA VENTURA, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; Y REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE OTROS ACUERDOS GENERALES. SECRETARIO: MANUEL HORACIO VEGA MONTIEL.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—No se estudiarán los conceptos de violación, toda vez que, en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo,(3) este Tribunal Colegiado advierte la actualización de una violación cometida en perjuicio de la ahora quejosa.

En principio, cabe señalar que conforme al citado precepto, la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación a favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; suplencia que conforme al penúltimo párrafo de ese numeral opera, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

Al respecto, es necesario acotar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el supuesto de suplencia de la queja en comento, comprende extensivamente a las personas jubiladas o en situación de retiro, porque las causas que originaron el trato diferenciado establecido en su calidad de trabajadoras o empleadas no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, pues lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada.

Por ello, la Segunda Sala determinó que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controvirtiera el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones.

El criterio en comento está contenido en la tesis 2a. XCV/2014 (10a.),(4) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables."

Cabe destacar que la naturaleza de este asunto es administrativa, tal como lo confirman los criterios sustentados en la jurisprudencia 2a./J. 3/2010,(5) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de lo resuelto por dicha Sala en el conflicto competencial 17/2017, en sesión de diez de mayo de dos mil diecisiete, así como la jurisprudencia PC.V. J/15 K (10a.),(6) emitida por el Pleno del Quinto Circuito, en los cuales se determinó que aun cuando el procedimiento de origen se hubiese tramitado conforme a las disposiciones de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, precisamente, en la vía del servicio civil, y que el acto reclamado haya sido denominado como laudo, pues aunque el tribunal local, para sustanciar el procedimiento se hubiera apoyado en la referida ley que contempla un juicio de índole laboral, ello no desvirtúa la naturaleza administrativa del asunto, pues se toma en cuenta que el reclamo en el juicio natural es la rectificación de la pensión por jubilación que la hoy quejosa demandó de la autoridad, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al haber laborado para la **********.

Sin embargo, en la resolución del asunto se aplicará la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, y su supletoria, la Ley Federal del Trabajo, porque la sentencia reclamada se emitió dentro de un juicio del servicio civil tramitado y resuelto conforme a las leyes mencionadas, siendo obligación de este órgano colegiado apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, según lo ordenado en el artículo 75 de la Ley de Amparo.(7)

Precisado lo anterior, a continuación, para mejor comprensión del asunto, se plasmarán los antecedentes del juicio de origen:

1. ********** demandó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, al gobierno, la gobernadora, la Secretaría de Hacienda y la ********** (esta última en su carácter de patrón), todas del Estado de Sonora, por la rectificación de su pensión, a fin de que se tomen en cuenta las cantidades reales que, de manera permanente, percibió por concepto de sueldo, "complemento de sueldo", "compensación", "aguinaldos", "prima vacacional", "remuneraciones diversas", "quinquenios" o "riesgo laboral"; de lo que se obtenía que de las cantidades que realmente se le pagaron los últimos treinta y seis meses de su vida laboral, su último sueldo regulador ponderado ascendía a la cantidad de $********** (**********), por desempeñar el cargo de **********, y no el determinado por el instituto demandado en cuantía de $********** (**********); así como el pago retroactivo de la diferencia resultante por la rectificación de su pensión, y se condene a la parte patronal a pagar las diferencias económicas necesarias y correspondientes a los enteros de las cuotas omitidas que deberá realizar al instituto demandado.

2. Al contestar la demanda, los demandados fueron coincidentes en señalar que la actora no tenía derecho a reclamar las prestaciones señaladas en la demanda, porque el salario tomado en cuenta por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora al emitir la resolución concesoria de pensión, fue el realmente percibido por la accionante.

3. Agotada la secuela procesal, el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el tribunal responsable emitió el laudo correspondiente, en el cual determinó que de las pruebas exhibidas por la actora se acreditaba que ésta únicamente cotizó respecto de una parte del sueldo que en forma quincenal se le pagó, porque del contenido de los comprobantes de pago exhibidos por la demandante se evidenciaba que tanto ésta, como la **********, cotizaron una cantidad inferior al fondo de pensiones del instituto demandado, pues en dichos documentos no aparecía que se hubiese realizado descuento, acorde con lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; por tanto, no asistía razón a la demandante para exigir que se rectificara su pensión en una cantidad diversa a la otorgada inicialmente.

Añadió que, del análisis de la demanda y de las contestaciones correspondientes, resultaba que la acción de rectificación o nivelación de pensión resultaba improcedente, en virtud de que no se justificó, de manera alguna, que las cantidades que la actora pretendía se incluyeran en su pensión formaran parte de aquellas respecto de las que sí cotizó al fondo de pensiones del instituto demandado.

Señaló que con el propósito de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora cumpliera cabalmente con los compromisos que le eran propios, no podía exigírsele que, al fijar el monto de las pensiones, considerara un sueldo o salario distinto a aquel que el trabajador cotizó, pues de considerar lo contrario, se correría el riesgo de provocar su insolvencia en perjuicio no sólo de los pensionados y jubilados del referido instituto, sino también de los trabajadores en activo que cotizaban con el fin de garantizar la seguridad social a la que tenían derecho, ya que se rompería con la congruencia que debía existir entre la cantidad cotizada por el trabajador en activo, y la pensión que se le otorga al momento de jubilarse porque, sin duda, de actuar como lo pretendía la demandante, esto es, que se incluyeran en su pensión cantidades respecto de las cuales no cotizó, con el único argumento de que se trata de percepciones incluidas en el sueldo presupuestal, provocaría el riesgo de que al instituto demandado le fuese imposible financiar las pensiones, porque carecería de los recursos o fondos suficientes para ello. (fojas 311 a 364 del juicio de origen)

Precisado lo anterior, cabe señalar que la violación advertida por este tribunal consiste en la ilegal desestimación de la acción intentada por la ahora impetrante, en atención a las siguientes consideraciones:

En los artículos 15, 16, inciso A), 18, fracción I, 21, inciso A), 68, segundo párrafo y 73 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como en el artículo cuarto transitorio del decreto que reformó dicha legislación, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el veintinueve de junio de dos mil cinco, preceptos que sustentan la acción de rectificación de pensión intentada por la ahora quejosa, se establece:

"Artículo 15. El sueldo que se tomará como base para los efectos de esta ley, se integrará con el sueldo presupuestal y los demás emolumentos de carácter permanente que el trabajador obtenga por disposición expresa de las leyes respectivas, con motivo de su trabajo.

"El sueldo básico integrado por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, estará sujeto a las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta ley y se tomará en cuenta para la determinación del monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que la misma establece.

"El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos incorporados se determinará en cada caso particular mediante los convenios que celebren con el instituto, en los términos del párrafo segundo del artículo 3o. de esta ley."

"Artículo 16. Todo trabajador al servicio del Estado deberá aportar la cuota obligatoria del 17.5% sobre el sueldo básico integrado que devengue, definido en el primer párrafo del artículo anterior, aplicándose dicha cuota de la siguiente manera:

"A) El 10% para pensiones y jubilaciones."

"Artículo 18. El Estado y organismos públicos incorporados están obligados:

"I. A efectuar los descuentos de las cuotas a que se refiere el artículo 16 de esta ley y los que el instituto ordene con motivo de la aplicación de la misma."

"Artículo 21. El Estado cubrirá al instituto por vía de aportaciones el 29.5% sobre el sueldo básico integrado de los trabajadores según éste se define por el artículo 15 de esta ley.

"Estas aportaciones se aplicarán de la siguiente manera:

"A) El 17% para pensiones y jubilaciones."

"Artículo 68.

"...

"La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente a lo que resulte menor entre veinte salarios mínimos mensuales o el cien por ciento del sueldo regulador, entendiéndose por éste, el promedio ponderado de los sueldos cotizados de los últimos diez años, previa su actualización con el Índice Nacional de Precios al Consumidor o, en su caso, el incremento salarial del año correspondiente, el que sea menor, si se cumple con los requisitos abajo señalados y su recepción comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador lo hubiese devengado. En ningún caso, las pensiones por jubilación podrán ser menores al equivalente a dos salarios mínimos generales mensuales en la zona de Hermosillo, Sonora."

"Artículo 73. Para calcular el monto de la pensión a que tengan derecho los trabajadores, se tomarán en cuenta exclusivamente el sueldo o sueldos percibidos, y, a partir del 1 de enero de 1949, sólo se considerarán aquellos sobre los cuales se hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes.

"Todas las pensiones que otorgue el Instituto se calcularán sobre la base del sueldo regulador que define el artículo 68 de esta ley."

"Artículo cuarto. Para las generaciones actuales se entenderá por sueldo regulador al promedio ponderado de los sueldos cotizados de los últimos tres años, previa su actualización con el Índice Nacional de Precios al Consumidor o, en su caso, el incremento salarial correspondiente, el que sea menor."

Conforme a las disposiciones transcritas, el sueldo que se tomará como base será el integrado con el sueldo presupuestal y los demás emolumentos de carácter permanente obtenidos por el trabajador con motivo de su trabajo, por disposición expresa de las leyes, el cual se denomina sueldo básico integrado.

Asimismo, se obtiene que es obligación del Estado (patrón) realizar el descuento al trabajador, de las cuotas obligatorias para éste, entre ellas, la que corresponde al diez por ciento para pensiones y jubilaciones, mismas que conforme al artículo 16 invocado, deberán aportarse sobre el sueldo básico integrado que devengue el trabajador.

Además, el Estado también está obligado a cubrir un determinado porcentaje por concepto de aportación de seguridad social para las pensiones y jubilaciones.

Aunado a lo anterior, se advierte que en las normas en comento se prevé que para calcular el monto de la pensión a que tengan derecho los trabajadores, se tomará en cuenta exclusivamente el sueldo o sueldos percibidos y, a partir del uno de enero de mil novecientos cuarenta y nueve, sólo se considerarán aquellos sobre los cuales se hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes.

Finalmente, en los preceptos legales en comento se dispone que todas las pensiones que otorgue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se calcularán sobre la base del sueldo regulador, entendido éste en términos del artículo 68, en relación con el cuarto transitorio de la legislación en análisis, citados en párrafos precedentes, como el que se constituye por el promedio ponderado de los sueldos cotizados de los últimos tres años, previa su actualización con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Ahora, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los citados artículos, se concluye que para efectos de la determinación del monto de una pensión, en lo atinente al sueldo del trabajador y las aportaciones conducentes, debe estarse a lo siguiente:

• Debe tomarse en cuenta el sueldo básico integrado, respecto del cual, el Estado (patrón) enteró las cuotas de seguridad social correspondientes, entre ellas, la atinente a las pensiones y jubilaciones que corresponde aportar al trabajador, pero que deben ser descontadas por el Estado, al igual que las aportadas por el propio Estado.

• Con base en el sueldo básico integrado se obtendrá el sueldo regulador, el cual consiste en el promedio ponderado de los sueldos cotizados de los últimos tres años, previa su actualización con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Lo expuesto pone de manifiesto cuáles son las obligaciones que tienen tanto el Estado (patrón) respecto del entero de las aportaciones de seguridad social por concepto de pensiones y jubilaciones, así como las inherentes al ente asegurador al momento de otorgar la pensión respectiva y determinar su monto.

Asimismo, del contenido de los preceptos legales se advierte que, ante dichas obligaciones se encuentra el correlativo derecho del pensionado a exigir su exacto cumplimiento, por ser éste el principal interesado en el otorgamiento a su favor de la pensión correspondiente, pues de ese acto dependerá su subsistencia y, en su caso, de sus dependientes económicos, al haber concluido su vida laboral.

En ese tenor, es inconcuso que de lo previsto en los numerales antes transcritos y su interpretación, emana el derecho del pensionado para demandar la rectificación de su pensión cuando, a su criterio, ésta se determinó de manera incorrecta o contraria a la ley, verbigracia, porque el patrón omitió enterar las cuotas de seguridad social respecto de la totalidad de los conceptos que integraban su sueldo básico integrado, o bien, porque el instituto asegurador estableció de manera inexacta el sueldo regulador ponderado.

Precisado lo anterior, cabe señalar que de la reseña de los antecedentes del juicio de origen, plasmada en párrafos precedentes de este considerando, se advierte que la ahora quejosa demandó la rectificación de su pensión por jubilación, pues manifestó que no se incluyeron diversas prestaciones que eran parte de su sueldo básico integrado que devengaba permanentemente durante los últimos treinta y seis meses de su vida laboral, respecto de las cuales la parte patronal demandada no hizo los descuentos y aportaciones correspondientes al instituto asegurador.

Esto es, en el juicio natural se suscitó una controversia sobre el monto del salario integrado percibido por la entonces actora en los últimos treinta y seis meses previos a que causó baja, así como los descuentos y aportaciones que la patronal demandada debió realizar y enterar al instituto de seguridad social para efectos de determinar el que serviría de base para la fijación correcta de su pensión.

Empero, al dictar la resolución reclamada, el tribunal responsable determinó que de las pruebas exhibidas por la actora, se acreditaba que ésta únicamente cotizó respecto del sueldo que en forma quincenal se le pagó, porque del contenido de los comprobantes de pago se evidenciaba que, tanto la accionante como la ********** cotizaron una cantidad inferior al fondo de pensiones del instituto demandado, pues en dichos documentos no aparecía que se hubiese realizado descuento acorde con lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; por tanto, no asistía razón a la demandante para exigir que se nivelara su pensión a una cantidad diversa.

Añadió que, del análisis de la demanda y de las contestaciones correspondientes, resultaba que la acción de rectificación o nivelación de pensión resultaba improcedente, en virtud de que no se justificó, de manera alguna, que las cantidades que la actora pretendía se incluyeran en su pensión formaron parte de aquellas respecto de las que sí cotizó al fondo de pensiones del instituto demandado.

Señaló que con el propósito de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora cumpliera cabalmente con los compromisos que le eran propios, no podía exigírsele que, al fijar el monto de las pensiones, considerara un sueldo o salario distinto a aquel que el trabajador cotizó, pues de considerar lo contrario, se correría el riesgo de provocar su insolvencia en perjuicio no sólo de los pensionados y jubilados del referido instituto, sino también de los trabajadores en activo que cotizaban con el fin de garantizar la seguridad social a la que tenían derecho, ya que se rompería con la congruencia que debía existir entre la cantidad cotizada por el trabajador en activo, y la pensión que se le otorga al momento de jubilarse porque, sin duda, de actuar como lo pretendía la demandante, esto es, que se incluyeran en su pensión cantidades respecto de las cuales no cotizó, con el único argumento de que se trata de percepciones incluidas en el sueldo presupuestal, provocaría el riesgo de que al instituto demandado le fuese imposible financiar las pensiones porque carecería de los recursos o fondos suficientes para ello.

De lo anterior se evidencia que, al emitir el fallo reclamado, el tribunal responsable desconoció el derecho de la actora a demandar la rectificación de su pensión, al considerar que ésta y la parte patronal demandada cotizaron al instituto asegurador de manera distinta respecto de los ingresos que aquélla realmente percibió por su trabajo.

Sin embargo, la anterior determinación es incorrecta, porque el derecho a demandar la rectificación de pensión no puede desconocerse con el argumento relativo a que ante el ente asegurador cotizó, por concepto de pensiones y jubilaciones, de manera distinta a la que realmente correspondía, ya que, en principio, los artículos invocados que regulan lo relativo al tema, no limitan la procedencia de la rectificación del monto de la pensión otorgada, a que su quántum corresponda al salario que el demandante considera debió establecerse para su otorgamiento.

Aún más, si se tiene en cuenta que, como quedó precisado, el descuento de la cuota que corresponde a la aportación por concepto de pensiones a la que está obligado el trabajador debe, obligatoriamente por disposición del artículo 18 de la ley relativa, ser descontada por el Estado; de ahí que no pueda condicionarse la procedencia de la acción de nivelación de pensión, al cumplimiento de una obligación, como lo es el entero correcto de la cuota relativa, cuando no estaba dentro de las obligaciones del trabajador realizarla.

Por otro lado, el razonamiento de la responsable constituye una falacia de petición de principio, pues precisamente, la razón primordial por la cual la ahora quejosa demandó la rectificación de su pensión consistió, como se indicó, en que al determinarse aquélla no se incluyeron diversas prestaciones que eran parte de su sueldo básico integrado que devengaba permanentemente durante los últimos treinta y seis meses de su vida laboral, respecto de las cuales la parte patronal demandada no hizo los descuentos y aportaciones correspondientes al instituto asegurador.

Por tanto, acorde con la litis planteada en el juicio de origen al emitir la resolución correspondiente, el tribunal responsable debía determinar:

• Cuáles fueron la totalidad de los ingresos que tuvo la actora en los últimos treinta y seis meses de su vida laboral y si formaban o no parte de su sueldo básico integrado.

• En su caso, de existir diversos conceptos que formaron parte del sueldo básico integrado, establecer si, respecto de aquéllos, el patrón demandado estaba obligado o no al entero de las cuotas correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

• Consecuentemente, determinar si resultaba procedente o no la rectificación de la pensión otorgada a la accionante y condenar a la patronal al pago de las cuotas que omitió enterar a dicho instituto; además, si resultaba procedente condenar al pago retroactivo de la diferencia resultante por la rectificación de la pensión.

Sin embargo, como se precisó supralíneas, lo anterior no aconteció, pues la responsable se concretó a desconocer el derecho de accionar ejercido por la aquí quejosa, con base en las consideraciones antes reseñadas.

Aunado a lo anterior, tampoco es correcto que la autoridad responsable desconociera el derecho de la quejosa a demandar la rectificación de su pensión, con base en el argumento consistente en que de acceder a sus pretensiones, se pondría en riesgo de insolvencia al instituto demandado y que, consecuentemente, careciera de los recursos o fondos suficientes para financiar las pensiones.

Es así, en virtud de que tal consideración no constituye una razón jurídicamente válida para desestimar el referido derecho a la acción, pues resulta ajena a los requisitos exigidos por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para negar u otorgar las pensiones o su rectificación, establecidos en los artículos invocados con anterioridad en esta ejecutoria.

Resta precisar que en términos similares se resolvió por este Tribunal Colegiado el amparo directo 284/2017, en sesión de ocho de marzo de dos mil dieciocho.

En las relatadas circunstancias, al advertirse por este Tribunal Colegiado, en suplencia de la queja deficiente, una violación cometida en perjuicio de la quejosa, se impone conceder el amparo solicitado para los siguientes efectos:

1. La autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada.

2. En su lugar dicte otra en la que se abstenga de declarar improcedente la acción por las razones que en esta ejecutoria se estimaron contrarias a derecho.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, dentro del juicio **********.

Notifíquese como corresponda, publíquese, anótese en el libro de gobierno y en la estadística de este tribunal, envíese testimonio de esta sentencia a la autoridad responsable y dígasele que una vez que cause ejecutoria se le remitirán los autos y, en su oportunidad, archívese este asunto.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, Miguel Ángel Betancourt Vázquez y Alba Lorenia Galaviz Ramírez, así como la licenciada Beatriz Munguía Ventura, secretaria en funciones de Magistrada, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/0245/2018, en términos de la fracción XXII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción V del numeral 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, siendo presidente el primero de los nombrados y ponente la última.

En términos de lo previsto en los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente coma reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

3. "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

"...

"En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios."

4. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 1106 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas», registro digital: 2007681.

5. "PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.—Si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica se otorga a favor del trabajador o de su derechohabiente y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden acorde con la norma aplicable; de ahí que la competencia para conocer del juicio en que se reclama su indebida cuantificación se surte a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 282).

6. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, L

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27846-2b9c159b/rectificacion-de-las-pensiones-otorgadas-por-el-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.