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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. EL TRASLADO CON LA COPIA SIMPLE DE LA DEMANDA, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA DEL DEMANDADO Y, A SU VEZ, EL DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 161/2017. · Registro digital (IUS): 27560
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-01-12
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Pág. 2116.

AMPARO EN REVISIÓN 161/2017. 5 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIO: JOSUÉ RODOLFO BERISTAIN CRUZ.

CONSIDERANDO:

1) CUARTO.-Estudio de fondo. Recurso de revisión principal. Resultan fundados los conceptos de agravio hechos valer.

2) A efecto de demostrar la calificativa anterior, es necesario realizar una síntesis de los agravios invocados, la cual es del tenor siguiente:

3) A) La persona con la que se entendió la diligencia sí dijo la causa por la cual no firmó el acta, esto es, por así convenir a sus intereses.

4) B) La jurisprudencia 1a./J. 15/99, de rubro: "NOTIFICACIONES. LOS NOTIFICADORES DEBEN SEÑALAR CLARA E INDUBITABLEMENTE LA RAZÓN POR LA QUE LOS COMPARECIENTES NO FIRMARON EL ACTA RESPECTIVA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ).", establece una guía sobre lo que el notificador debe indicar como causa para no firmar, por lo que no implica que expresamente se deba asentar "no supo, no pudo o no quiso firmar".

5) C) La ejecutoria de la cual deriva la citada jurisprudencia, señala que debe externarse la causa para no firmar, lo que en la diligencia analizada sí consta, pues la persona que la atendió no firmó en razón de un interés. En consecuencia, se interpreta incorrectamente el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y se aplica de la misma forma la jurisprudencia.

6) D) La interpretación conforme por la que se obtiene el hecho de que debe correrse traslado con la demanda y documentos anexos, impone cargas y deberes no establecidos en la ley; de ahí que atenta contra la seguridad jurídica.

7) Además, sólo el legislador tiene la atribución de imponer las formalidades del procedimiento; por tanto, si en el caso concreto la ley no prevé adjuntar los documentos que acompañan a la demanda, entonces no existe tal deber del actuario al realizar el emplazamiento.

8) E) La tesis invocada resulta inaplicable, pues trata sobre las materias mercantil y administrativa; además, los preceptos legales que son interpretados son notoriamente diferentes a los artículos 76 y 208 del Código de Procedimientos Civiles para este Estado. Por lo que, aplicar una legislación de diversa entidad federativa para un caso en Veracruz, violenta el artículo 12 del código sustantivo civil. Aunado a que sería tanto como aceptar que el Juez pudiera legislar por el hecho de aplicar una tesis con esas características.

9) De los motivos de agravio señalados, se observa que la recurrente controvierte dos circunstancias: I. La omisión de hacer constar la razón por la cual el compareciente se negó a firmar el acta respectiva; y, II. El hecho de correr traslado al demandado con las copias de los documentos anexados a la demanda.

10) Antes de entrar al análisis de los agravios, es pertinente hacer un estudio sistemático de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "El amparo indirecto procede: ...VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas."

11) En primer lugar, podemos establecer que el juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio que afecten a personas extrañas a él, se constituye como dos garantías instrumentales para proteger el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 14 constitucional, consistente en que: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

12) Las garantías a que se hace referencia, la doctrina jurisprudencial las ha catalogado como el tercero extraño stricto sensu y tercero extraño equiparado.

13) El tercero extraño stricto sensu es un instrumento procesal extraordinario, promovido por un sujeto para interferir en un juicio preexistente, del cual no es parte, en el que hace valer intereses propios y distintos a los del actor y el demandado, con lo cual este sector hace las veces de una tercería excluyente de dominio, como se desprende de la siguiente jurisprudencia 2a./J. 188/2012 (10a.):

14) "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN TRÁMITE. EL HECHO DE QUE QUIEN LA PROMUEVA INTERPONGA, COMO TERCERO EXTRAÑO, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO."(1)

15) Dicho criterio jurisprudencial surge cuando se encuentre en trámite ante una autoridad jurisdiccional una tercería excluyente de dominio donde el quejoso controvierte la propiedad y los derechos provenientes de un embargo, y a la vez intente un juicio de amparo en el que como tercero extraño reclama la posesión y que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo (ahora fracción XIX), porque la finalidad perseguida con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado.

16) Por tanto, no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que hace improcedente el juicio.

17) Por otra parte, el tercero extraño equiparado es un instrumento procesal por medio del cual se pueden dejar sin efectos una sentencia y los actos de ejecución de la misma que adquirió la categoría de cosa juzgada, promovido por el sujeto demandado en ese juicio, alegando como violación el ser extraño por falta o indebido emplazamiento, o por un sujeto que considere que debió ser parte de la relación jurídico procesal en ese proceso concluido.

18) Con lo cual en esa hipótesis el juicio de amparo se asemeja a un juicio impugnativo de cosa juzgada, como lo ha establecido la jurisprudencia 1a./J. 68/2011, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE PROMUEVE AMPARO POR SU FALTA O INDEBIDA REALIZACIÓN A UN JUICIO Y AL MISMO TIEMPO SE EJERCE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO RESPECTO DE AQUEL CUYO EMPLAZAMIENTO SE RECLAMA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE AMPARO."(2)

19) Para demostrar la aseveración anterior, es conveniente establecer un marco teórico referente a la figura jurídica del tercero extraño por equiparación.

20) El derecho fundamental que garantiza la anulación de la cosa juzgada, es la seguridad jurídica prevista en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 de la Constitución Federal, que disponen:

"Artículo 8. Garantías judiciales

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

Artículo 14 constitucional:

"...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..."

21) Ahora bien, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, en términos del artículo 25 del Pacto de San José.

22) Por lo que dichos recursos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso, esto es, con las debidas garantías o las formalidades esenciales del procedimiento que señalan los artículos 8, numeral 1, de la citada Convención y 14 de la Constitución.

23) En opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que por debido proceso se entiende los requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales, que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Asimismo, sostuvo que son condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.(3)

24) Siguiendo esa línea argumentativa, en los juicios de amparo donde el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación, el acto reclamado lo constituye la sentencia y no la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica, pues es hasta el dictado del fallo cuando se hace patente la violación a la garantía de audiencia.

25) En concordancia con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de nuestro país, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2007-PL, sostuvo que en un procedimiento laboral, cuando el quejoso comparece al juicio de amparo como tercero extraño por equiparación, bien sea por falta o vicios en el emplazamiento, una vez dictado el laudo, es indudable que dicho acto es reclamado, al regir la situación jurídica de las partes en el procedimiento. En estos supuestos el acto reclamado es el laudo y los vicios argumentados constituyen los conceptos de violación.

26) Con base en lo anterior, es dable establecer que cuando se habla de tercero extraño equiparable, el acto reclamado es la sentencia, pero no por su contenido, sino por la violación procesal que lo dejó sin defensa, que por regla general es la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa.

27) De modo que cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación, debe tenerse como acto reclamado todo lo actuado en el juicio, esto es, pide la nulidad por una violación que lo dejó en total estado de indefensión que, en el caso, es el emplazamiento.

28) Los elementos que conforman el amparo tercero extraño por equiparación son:

a) Los sujetos en el amparo, a saber: el quejoso como sujeto activo al que le corresponde el poder de obrar, y la autoridad responsable, el sujeto pasivo frente al cual corresponde el poder de obrar.

b) La causa eficiente del instrumento procesal, o sea, un interés que es el fundamento de que tal garantía corresponda, y que se desarrolla, a su vez, en dos elementos: un derecho y un estado de hecho contrario al derecho mismo (causa petendi).

En el caso, es el derecho a la seguridad jurídica y el hecho contrario al mismo, es la falta de garantía de audiencia por la omisión o indebido emplazamiento.

c) El objeto del instrumento procesal lo constituye la petición final del quejoso, que consiste en la anulación de una sentencia y los actos de ejecución de la misma, que adquirió la categoría de cosa juzgada.

29) Así, el amparo tercero extraño equiparado es un instrumento derecho-garantía procesal que pretende anular un juicio con autoridad de cosa juzgada.

30) El sustento constitucional de la cosa juzgada se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal.

31) La institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Norma Suprema, dotando a las partes en el litigio de seguridad y certeza jurídica.(4)

32) Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional.(5)

33) En ese sentido, la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.

34) La cosa juzgada se puede definir como la imposibilidad de variar una sentencia una vez que ha quedado firme.

35) Dicho en otros términos, la cosa juzgada responde a la potestad que ostenta una determinada jurisdicción para decretar el derecho vigente con un resultado definitorio o en estado de firmeza, que no admite ningún otro remedio judicial para alterar el curso de la pretensión otorgada en sentencia.(6)

36) De esta manera, dicha institución procesal es una garantía de definitividad de las resoluciones dictadas por la autoridad judicial pues, de no existir ésta, daría lugar a situaciones litigiosas interminables, puesto que todo proceso, habiendo culminado con una sentencia, estaría sujeto a revisiones posteriores indefinidas con lo cual indudablemente se crearía una situación de inseguridad y de incertidumbre jurídicas.(7)

37) La figura jurídica en comento tiene límites objetivos y subjetivos. Los primeros consisten en los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso, o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos.(8)

38) Existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros o personas que siendo parte en el juicio no intervinieron en el procedimiento respectivo, como ocurre con las cuestiones que atañen al patrimonio, al decretamiento de un divorcio, entre otras cuestiones.

39) Al respecto, cobra relevancia la figura de la cosa juzgada fraudulenta, que la Corte Interamericana ha definido como una actividad defectuosa que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los Jueces no obraron con independencia e imparcialidad.

40) Así pues, en el caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana se estableció que el principio de cosa juzgada implica la intangibilidad o legalidad de una sentencia, sólo cuando se llega a ésta respetándose el debido proceso.(9)

41) En ese sentido, Chiovenda sostuvo que no resultaba de ninguna manera irracional, el hecho de que se admita la impugnación de la cosa juzgada porque la autoridad de esta figura no es absoluta, ni necesaria, sino establecida por condiciones de oportunidad y utilidad en relación con la certeza jurídica que brinda a las partes, por lo que estas mismas consideraciones pueden, a veces, aconsejar el sacrificio para evitar el desorden y el mayor daño que derivaría de la conservación de una sentencia intolerablemente injusta.(10)

42) De tal manera, que se encuentran en juego dos valores de orden constitucional, como lo son: la certeza jurídica y la justicia.

43) Así, la Constitución tutela la seguridad y la certeza jurídica a través de los diversos principios y reglas que obran dispersos en su texto, entre ellas, las formalidades esenciales del procedimiento. Sin embargo, tutela también el derecho fundamental de acceso a la justicia que debe ser completa, imparcial e independiente, así como el debido proceso legal y que las decisiones judiciales sean fundadas y motivadas en derecho.

44) Por lo que, debe realizarse un examen de proporcionalidad para determinar en qué casos debe prevalecer la seguridad jurídica frente al debido proceso legal y el acceso a la justicia pues, a priori, no puede negarse la mutabilidad de la cosa juzgada en aras de tutelar la certeza jurídica, y excluir de un test de proporcionalidad un valor también de orden constitucional como es la justicia.

45) Ahora bien, en el amparo tercero extraño equiparable, el acto reclamado es una sentencia producto de un procedimiento en el cual se reclama una violación procesal de mayor magnitud como aquellas a las que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo.

46) Esto es, actos del procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan derechos sustantivos y, en el caso, el emplazamiento es de aquellos que tiene esa categoría, conforme al criterio jurisprudencial P./J. 149/2000, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL."

47) Pero cualquier otra violación al procedimiento ya no cae en la hipótesis de transgresión de derechos sustantivos o al menos a las que se refiere el artículo 172 de la Ley de Amparo, que son aquellas que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo.

48) Así, la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa es la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas; de ahí que se trate de una violación manifiesta a la ley que produce indefensión.

49) En ese sentido, la falta o indebido emplazamiento implica una violación procesal que afecta el derecho sustantivo de garantía de audiencia, pues impide al quejoso ser oído y vencido en juicio.

50) En tales condiciones, la cosa juzgada debe ceder ante el debido proceso y el acceso a la justicia, pues sería irracional e injusto que la misma prevaleciera en aras de salvaguardar la seguridad y certidumbre jurídicas, a costa del derecho de defensa del quejoso por haberse incumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, como lo son: el emplazamiento, la oportunidad de alegar y ofrecer, y desahogar pruebas.

51) Bajo ese panorama, se concluye que a través del amparo tercero extraño equiparable, se puede realizar un examen ulterior a la cosa juzgada en un segundo proceso, por medio del cual se puede nulificar un proceso anterior, debido a la violación de un derecho sustantivo por el que se haya dejado sin defensa al quejoso.

52) Pero cabe aclarar, que no toda violación procesal puede dar lugar a anular un juicio, sino sólo aquellas que no pudieran haber sido impugnadas por el quejoso.

53) Sentado lo anterior, se proseguirá a demostrar que el tercero extraño por equiparación se asemeja a la acción de nulidad de juicio concluido.

54) Ahora bien, en la teoría del proceso cuando se está ante la posibilidad de atacar la validez de todo un juicio, mediante otro segundo o ulterior proceso, nos encontramos en el campo de la impugnación de la cosa juzgada.

55) La acción de nulidad de juicio concluido es un juicio autónomo que procede cuando un procedimiento anterior se haya tramitado de forma fraudulenta, la cual consiste en la falta de verdad o simulación en que incurrió quien lo promovió, solo o con la colusión de los demandados o de diversas personas, para instigar o inducir a la autoridad jurisdiccional a actuar en la forma que les interesa en perjuicio de un tercero.(11)

56) Los supuestos en que un proceso aparentemente válido puede ser sujeto a un examen ulterior en un segundo proceso, han sido contemplados en algunas legislaciones, como el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en el artículo 737-A, en donde se prevé la revisión de una sentencia que ha causado ejecutoria cuando se actualiza una de las siguientes hipótesis:

"Artículo 737-A. ...

"I. Derogada.

"II. Si se falló en base a pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas con posterioridad a la resolución, o que la parte vencida ignoraba que se habían reconocido o declarado como tales antes de la sentencia;

"III. Derogada.

"IV. Derogada.

"V. Derogada.

"VI. Derogada.

"VII. Cuando existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes, en el juicio cuya nulidad se pide, en perjuicio del actor."

57) La finalidad de la acción de nulidad de juicio concluido es dejar sin efectos tanto la sentencia dictada en el procedimiento que se pretende anular, así como las actuaciones del mismo, por haberse realizado de manera fraudulenta.(12)

58) Entonces, si se declara procedente y fundada la acción, la consecuencia será dejar sin efecto todo lo actuado en el diverso juicio y ordenar su reposición a fin de volver a hacerlo conforme a las disposiciones legales correspondientes. Ello puede incluir al emplazamiento, ya que si se anula lo actuado en el juicio fraudulento, se deberán volver a realizar las actuaciones correspondientes.(13)

59) De las razones expuestas, se advierte la similitud entre el amparo tercero extraño por equiparación y el procedimiento de impugnación de la cosa juzgada, pues ambos tienen la finalidad de anular la sentencia y todo lo actuado en el juicio.

60) Así, la acción ejercitada en el juicio de nulidad es la nulidad absoluta de un juicio concluido por ser resultado de un proceso fraudulento y, la litis se centra en la violación del debido proceso legal conforme a las diversas hipótesis previstas en la ley.

61) En el amparo tercero extraño equiparable también se pretende la nulidad de la sentencia y todo lo actuado en el mismo, en virtud de una violación que dejó en total estado de indefensión al quejoso, por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, y la litis consiste en la violación al debido proceso legal, en relación con las formalidades del procedimiento previstas en el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.

62) Lo anterior encuentra apoyo en la contradicción de tesis 239/2010, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde estableció que si se promovió un juicio de amparo contra la falta o indebido emplazamiento a un juicio y al mismo tiempo se ejerció la acción de nulidad de juicio concluido en contra del procedimiento cuyo emplazamiento se reclama, consideró que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIX de la Ley de Amparo reformada.

63) Lo anterior es así, pues dicha causal deriva del principio de definitividad, según el cual el acto que se reclama en el amparo ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado.

64) Por ello, no pueden coexistir el amparo con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el aludido principio, cabría la posibilidad de que se dictaran dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias.

65) Así, la mencionada acción de nulidad busca invalidar lo actuado en el juicio natural incluido el emplazamiento hecho en el mismo. Por lo que puede considerarse una defensa legal contra el acto reclamado en el juicio de amparo y aunque no es obligatorio promoverlo para el quejoso, si lo hace debe concluirlo antes de intentar la acción constitucional pues, como se ha dicho, no puede coexistir con ella por el principio de definitividad antes mencionado.

66) Precisado lo anterior, se proseguirá a dar contestación a los agravios expuestos.

I. Análisis de los agravios relativos a la omisión de hacer constar la razón por la cual el compareciente se negó a firmar el acta respectiva.

67) Los agravios invocados en los incisos A), B) y C) resultan fundados, toda vez que es suficiente con que el notificador asentara la razón que tuvo el empleado del quejoso para no firmar el acta correspondiente.

68) Para corroborar lo anterior, es conveniente realizar las siguientes precisiones.

69) La Primera Sala del Máximo Tribunal del País resolvió la contradicción de tesis 75/97, sustentada, entre otros, por los Tribunales Segundo del Séptimo Circuito y Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, ya que ambos analizaron conforme a sus legislaciones respectivas si existe obligación, por parte del notificador, de expresar en el acta las razones por las cuales los comparecientes en la diligencia no firmaron, arribando a conclusiones divergentes.

70) Así, tanto la legislación del Estado de Veracruz como la de Jalisco,(14) prescriben que si las personas a quienes se hace una notificación no firman el acta respectiva, el notificador deberá firmar la misma "haciendo constar dicha circunstancia".

71) Razón por la cual, la Primera Sala señaló que debía establecerse el alcance de dicha obligación para los notificadores.

72) En ese sentido, precisó que ante la falta de firma por parte de quien recibió la notificación, debe asegurarse que pueda existir otro elemento de convicción que permita tener como cierto el hecho de que la notificación sí fue efectivamente entregada, y de ello es de lo cual se debe dar fe.

73) Para contar con dicha convicción, la ley exige al notificador que haga constar la circunstancia de que el interesado no supo o no quiso firmar.

74) La Sala de referencia también adujo que la falta de firma va unida a una negativa proveniente de un "no querer" o un "no saber", del cual el notificador debe dejar constancia porque con ello se afirma, al mismo tiempo, la real presencia del compareciente.

75) Por tanto, determinó que no basta con señalar vagamente que "firmaron quienes quisieron hacerlo", sino que es preciso hacer constar clara e indubitablemente, y no con base en presunciones, la falta de firma y su circunstancia, asentando el hecho de que no quiso, no pudo o no supo firmar, para lo cual es suficiente con hacer constar la razón que se dio para no firmar, mas no la razón para no poder, no saber o no querer. No se tiene que averiguar si el dicho del compareciente es cierto o no.

76) En otras palabras, el hecho del cual el notificador debe dar fe, es el de la negativa y de la forma adoptada para la misma, tomando en cuenta que cuando la ley dice "no quisieren o no supieren hacerlo" únicamente ilustra las posibles circunstancias bajo las cuales podría el interesado no firmar una notificación.

77) Concluyó que la obligación contenida en los artículos 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y 125 (reformado) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, constriñe al notificador, en su calidad de funcionario investido de fe pública, a señalar de manera clara e indubitable el hecho de que la persona con quien se haya entendido la diligencia no firmó el acta correspondiente y la causa de tal negativa, sin que sea necesario verificar la autenticidad de su dicho.

78) En el presente asunto, el Juez de Distrito determinó que en el emplazamiento se incumplió con la formalidad establecida en el artículo 84 del código adjetivo civil para Estado de Veracruz, debido a que el diligenciario no asentó clara e indubitablemente la razón por la que el compareciente no firmó el acta respectiva, es decir, debió señalar si el interesado dijo no saber, no poder o no querer firmar.

79) Ahora bien, le asiste razón a la recurrente, toda vez que el notificador sí hizo constar en el acta correspondiente, el motivo por el cual el empleado del quejoso se negó a firmarla, lo cual es suficiente para tener por cumplida la formalidad prevista en el aludido precepto legal.

80) Esto es así pues, como se dijo, la Primera Sala estableció que el notificador debe asentar de manera clara e indubitable dos elementos: 1) que la persona con quien se haya entendido la diligencia no firmó el acta correspondiente; y, 2) la causa de tal negativa, sin que sea necesario averiguar la verdad de su dicho.

81) En esa medida, el notificador satisfizo ambos elementos, pues al señalar en la diligencia que: "...se agrega placa fotográfica para constancia del acto sin firmar la copia de recibido por así convenir a sus intereses...", hizo constar que el empleado se negó a firmar el acta correspondiente y la razón de su negativa, pues tal circunstancia no iba conforme a sus intereses.

82) Con lo cual se tiene la certeza de la presencia del empleado del quejoso en la diligencia, así como de la entrega de la notificación respectiva.

83) Por otro lado, aunque la jurisprudencia 1a./J. 15/99, de rubro: "NOTIFICACIONES. LOS NOTIFICADORES DEBEN SEÑALAR CLARA E INDUBITABLEMENTE LA RAZÓN POR LA QUE LOS COMPARECIENTES NO FIRMARON EL ACTA RESPECTIVA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ).",(15) establezca que el diligenciario deberá hacer constar la circunstancia de la negativa a firmar el acta, es decir, que deberá señalar si el interesado dijo no saber, no poder o no querer firmar.

84) La Primera Sala al resolver la contradicción de tesis señalada de la cual derivó tal criterio jurisprudencial, determinó que cuando la ley dice: "no quisieren o no supieren" se refiere a las posibles causas por las que una persona puede negarse a firmar, es decir, estableció que las razones mencionadas son enunciativas y no limitativas.

85) De tal suerte, que si el notificador estableció que el compareciente no firmó por convenir a sus intereses, entonces, ello constituye el motivo por el cual se negó a firmar el acta respectiva y, por consiguiente, no se requiere asentar expresamente si el interesado dijo no saber, no poder o no querer firmar.

86) Consecuentemente, se interpretó de manera incorrecta el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y se aplicó de la misma manera la jurisprudencia citada.

II. Análisis de los ag

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27560-0b4408c1/emplazamiento-el-traslado-con-la-copia-simple-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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