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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2018. · Registro digital (IUS): 28062
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-09-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Pág. 1484.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ (PRESIDENTE), JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, TAISSIA CRUZ PARCERO Y LUIS PÉREZ DE LA FUENTE. DISIDENTES: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO, ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO Y CARLOS LÓPEZ CRUZ. PONENTE: ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ. SECRETARIO: OMAR ALONSO ORTIZ SÁNCHEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la contradicción de tesis 6/2018, suscitada entre los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados Segundo y Décimo de este Circuito y especialidad; y,

RESULTANDO:

I. Denuncia de la contradicción de tesis.

El catorce de febrero de dos mil dieciocho,(1) el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito presentó el oficio 8/2018/ST ante la oficialía de partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, para denunciar la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por ese Tribunal Colegiado de Circuito, derivado del conflicto competencial 1/2018, de su índice y el sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el conflicto competencial 13/2017.

II. Trámite.

El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, emitió acuerdo en el que registró el asunto como contradicción de tesis 6/2018; lo admitió a trámite; ordenó girar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de que informara si existía o no alguna contradicción de tesis radicada en ese Máximo Tribunal, respecto a la materia que concierne al caso, lo que se respondió en sentido negativo. Asimismo, se solicitó al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que informara si el criterio que sustentó seguía vigente, cuyo presidente corroboró dicha situación y remitió copia certificada de la sentencia dictada en el conflicto competencial 13/2017.

El tres de abril de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, turnó los autos a la Magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio,(2) para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(3) formulara el proyecto de resolución correspondiente. Sin embargo, en sesión celebrada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, la mayoría de los integrantes del Pleno desecharon el proyecto presentado y determinaron que el Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez fuera el encargado del engrose de este asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 9, 17, 27 y 33 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien se encuentra facultado para ello, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Criterios en contradicción.

Las consideraciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción de tesis, son las siguientes:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial CCP. 1/2018,(4) consideró que el acto reclamado, consistente en la negativa de levantar el aseguramiento de una cuenta bancaria por parte del Ministerio Público, decretado en la averiguación previa, tiene ejecución material, porque se traduce en que el accionante del juicio constitucional no puede ejercer el derecho de posesión del numerario ahí depositado, y que la ejecución se materializa en el lugar en donde se inmovilizan las cuentas, por lo que el Juez competente es el que tiene jurisdicción en el lugar en que se haya abierto la cuenta bancaria.

Los argumentos de la decisión son del tenor siguiente:

"Debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo Juez tiene jurisdicción, mas no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado.

"Para que un juzgador tenga competencia, respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera el derecho fundamental de legalidad, propio de un Estado de derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y para el caso que nos ocupa, tal como lo expresaron los juzgadores federales contendientes, atendiendo a la legislación aplicable, en el artículo 37 de la Ley de Amparo se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo indirecto.

"Dicho numeral literalmente establece:

"‘Artículo 37.’ (se transcribe)

"Del precepto de orden legal trascrito, se advierte la existencia de tres hipótesis diferentes para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber:

"1. Con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si el acto reclamado tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el Juzgador Federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado.

"2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda.

"3. Para el caso de que el acto reclamado no requiera cumplimentación material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

"Como se ve, por una parte, el ámbito espacial de ejecución del acto reclamado es la pauta determinante para fijar la competencia por razón de territorio.

"En complemento, en observancia del principio de acceso a la justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, se prevé la posibilidad de que el acto de autoridad sea susceptible de cumplimentarse o tenga realización sucesiva en dos o más de una demarcación jurisdiccional, así como que la actuación del órgano del Estado no requiera de ejecución material alguna, supuestos en los que la competencia se surte, al menos como regla general, a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda correspondiente.

"Por ello, acorde a las reglas esenciales de competencia en materia de amparo para los Juzgados Federales, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por el requirente de protección federal, a fin de delimitar cuál de esos lineamientos es el aplicable en el caso a estudio y, por tanto, el órgano de control constitucional al que corresponde conocer del citado asunto.

"Del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el expediente respectivo, se advierte como actos reclamados, tanto la omisión de dar contestación por escrito, a la petición presentada por el quejoso el ocho de mayo de dos mil diecisiete, a través de la cual solicitó el levantamiento del acuerdo de aseguramiento precautorio de la cuenta bancaria ... de la institución **********, como la falta de notificación de la respuesta y propiamente el auto dictado dentro de la averiguación previa ..., en el cual comunicó la negativa a levantar el referido acuerdo de aseguramiento.

"Al respecto del examen de las actuaciones, se advierte la existencia del estado de la cuenta bancaria con número de cliente ... a nombre de ... con domicilio en ... Jalisco, aperturada en la sucursal ... en el referido Estado, correspondiente al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete; y de la constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que se remitió copia del proveído impugnado, a través del cual negó a levantar el acuerdo de aseguramiento que decretó sobre dicha cuenta bancaria.

"En ese contexto, procede establecer que el acto reclamado (omisión de dar respuesta a la petición de levantar acuerdo de aseguramiento, la falta de notificación de la respuesta y propiamente la negativa de levantar el aseguramiento de cuenta bancaria), tiene ejecución material, habida cuenta de que se traduce en que el accionante del juicio constitucional no pueda ejercer el derecho de posesión material (uso y goce), primero, en virtud de la medida cautelar decretada por la autoridad ministerial; segundo, al ser omisa al dar respuesta a la solicitud y finalmente, al negarse a levantar el aseguramiento respecto de la cuenta bancaria, lo cual es evidente, tiene impacto de manera directa en los derechos sustantivos alegados, en el caso, de propiedad y posesión del numerario depositado en esa cuenta, que se traduce en una ejecución material.

"Además, se estima que las omisiones y la negativa que se reclaman de la autoridad ministerial (levantar el aseguramiento y devolver el bien relacionado), provoca indefectiblemente que siga ejecutándose la eventual afectación en la esfera de derechos del quejoso; esto es, la restricción en su derecho de posesión material, directamente vinculado con la diversa prerrogativa de propiedad, en tanto no goza del disfrute ni disposición del numerario de que se trata, motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución. Asimismo, es factible establecer que la restricción del mencionado derecho de posesión material del promovente del amparo no sólo se afecta con motivo de los actos de autoridad que tengan como consecuencia directo e inmediata privada de ella (aseguramiento y su ejecución), sino también mediante diversos actos que determinen, de alguna forma la permanencia del numerario en su situación actual de aseguramiento, o inclusive que modifiquen las condiciones de ejecución de esa medida cautelar, de tal manera que, si la representación social federal niega la solicitud del justiciable de levantar el aseguramiento y devolverle tal bien, es evidente que esa decisión afecta o restringe los derechos aludidos, en tanto que, como se dijo, ocasiona de manera indirecta que dicha medida cautelar se siga ejecutando, y por ende, que tal bien mueble continúe asegurado, ello con absoluta independencia de las razones y fundamentos en que se apoye tal decisión, pues las mismas en todo caso, eventualmente, serán materia de análisis al resolver el juicio de amparo respectivo.

"No se soslaya la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA.’, en la cual, esencialmente, se afirma que la negativa devolver depósitos existentes en subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un acto meramente declarativo, porque no provoca cambio alguno en el estado de las cosas, ya que se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita; sin embargo, se estima que no sucede lo mismo en el caso de cuentas bancarias a nombre de los quejosos, pues en este último supuesto se trata de numerario del que ya disponían, de manera que su aseguramiento y posteriormente la negativa a levantarlo sí cambia el estado de las cosas que imperaban antes de que se emitieran esos actos, por ello es que se estima que en este caso sí tienen efectos positivos.

"Ahora, respecto al aseguramiento de una cuenta bancaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que el acto se materializa en el lugar en donde se inmovilizan las cuentas; esto es, en la localidad en el que se encuentra la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza:

"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.’ (se transcribe)

"De ahí que, en congruencia con la primera regla deducida del numeral 37 de la Ley de Amparo y atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado que implica la persistencia en la ejecución del aseguramiento de la cuenta bancaria de marras, corresponde conocer del juicio constitucional al juzgador federal que ejerza sus funciones en el lugar en que se haya aperturado la cuenta bancaria, esto es, en el estado de Jalisco.

"Consecuentemente, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por ... corresponde al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por lo que a dicho juzgador habrán de remitirse los autos respectivos para que continúe con la secuela procesal."

Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 13/2017,(5) sostuvo que el acto reclamado, consistente en la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un vehículo decretado en una averiguación previa, es un acto carente de ejecución material y, por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio es aquel ante el que se presentó la demanda de amparo.

En la parte considerativa se expuso lo siguiente:

"Establecido lo anterior, este órgano colegiado estima que corresponde al Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, resolver el juicio de amparo motivo del presente estudio, ya que el acto reclamado no requiere de ejecución material y es el Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda.

"Efectivamente, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, es una cuestión de orden público, y aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el Juez incompetente.

"En ese sentido, la Carta Magna establece en el artículo 107, fracciones VII y XII, que la competencia, por razón de territorio, recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.

"En congruencia, el artículo 37 de la Ley de Amparo señala tres reglas para establecer la competencia, según si el acto requiere o no de ‘ejecución material’, entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado; de manera que la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico.

"Así, la primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda indica que cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y la tercera, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

"De esta forma, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material.

"En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino en que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más distritos.

"Así, de conformidad con la primera regla, será competente el Juez de Distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

"En el caso que nos ocupa se reclama una negativa del Ministerio Público Federal de levantar el aseguramiento que existe sobre el vehículo del quejoso en una averiguación previa, por tanto, se trata de un acto negativo carente de ejecución, porque no tiene ejecución material, de ahí que se trata de un acto meramente declarativo.

"Efectivamente, de las copias certificadas remitidas por la responsable agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, adjuntas a su informe con justificación, se observa que informó que con fecha treinta de julio de dos mil dieciséis, el Juez Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en esta Ciudad, otorgó orden de cateo respecto del inmueble ubicado en ... Jalisco, el cual fue ejecutado, según acta circunstanciada de cateo de esa misma fecha, lugar en el que fueron encontrados trece vehículos, entre otros objetos.

"De la misma manera se aprecia que el mismo día se dictó el acuerdo ministerial de aseguramiento precautorio sobre los vehículos encontrados en el inmueble cateado.

"De igual forma, de la demanda de amparo se aprecia que señaló, respecto a los hechos que dieron origen para que la autoridad responsable tuviera a su disposición el vehículo del quejoso, lo siguiente:

"1. El treinta de julio de dos mil dieciséis, el ahora quejoso prestó a su ********** el vehículo para que fuera a la clínica en la que laboraba.

"2. La clínica se encontraba ubicada en ... Jalisco, zona colmada de oficinas, bancos, centros de entretenimiento que tornaban difícil encontrar un lugar de estacionamiento en la calle. "3. Por tal motivo, el propietario de la clínica donde laboraba la **********del ahora quejoso, llegó a un acuerdo con el representante legal de un establecimiento ubicado en ... con objeto de que le prestara el servicio de pensión para tres vehículos.

"4. Agregó como anexo las facturas relativas a los meses de abril, mayo y junio, que contienen el servicio de pensión prestado y que también fueron exhibidas ante la responsable, facturas expedidas a favor del jefe de la ********** del ahora quejoso, quien contrató el servicio de la pensión.

"5. Evidentemente no se liquidó el mes de julio y los subsecuentes por los hechos sucedidos que en adelante se detallan.

"6. El sábado treinta de julio de dos mil dieciséis, la ********** del ahora quejoso dejó estacionado el vehículo en cuestión en el interior del estacionamiento para su ingreso, entró con la tarjeta electromagnética del propio estacionamiento, dejando dentro del vehículo dicha tarjeta.

"7. El lunes uno de agosto de dos mil dieciséis, la ********** del ahora quejoso al pretender recoger el vehículo, se percató que había sellos con la leyenda de la Unidad Especializada de Investigación pegados en los ingresos del estacionamiento, sin que pudiera ingresar al inmueble.

"8. Ninguno de los custodios que estaban ahí dieron explicación de lo que había sucedido. Los vecinos informaron que hubo un operativo fuertemente armado en la madrugada del domingo treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, llevándose los vehículos que se encontraban en el interior.

"9. El representante y personal del estacionamiento asegurado no dieron razón de lo sucedido, ni apoyo para la recuperación de los vehículos de los clientes, desaparecieron sin conocer su paradero o localización.

"De lo anterior es posible determinar, como se dijo con anterioridad, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio que es el que ejerce jurisdicción donde se presentó la demanda de amparo, ya que la negativa a levantar el aseguramiento del vehículo no produce un cambio material en el mundo fáctico.

"Sin que se comparta el criterio del Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, relativo a que la negativa contiene efectos positivos; lo que no se comparte en virtud de que la afectación que eventualmente sufre el quejoso deriva directamente de la materialización del aseguramiento del vehículo del que se ostenta como propietario, no así de la negativa a levantar el aseguramiento; esto es, el aseguramiento del automotor tuvo lugar en momento y lugar determinados, de acuerdo con los antecedentes que se han relatado, pero ese no es el acto que se reclama en este juicio de amparo; el acto que aquí se reclama es sólo la negativa a levantar ese aseguramiento.

"Efectivamente, los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular.

"Así lo estimó la Segunda Sala del Alto Tribunal del País al emitir la jurisprudencia por Contradicción de Tesis, correspondiente a la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Tomo 1, agosto de dos mil doce, materia común, tesis 2a./J. 68/2012 (10a.), página seiscientos cuatro, del tenor siguiente:

"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA.’ (se transcribe).

"Criterio que se estima aplicable en el asunto que nos ocupa, por identidad jurídica sustancial, en lo conducente a los actos meramente declarativos; sin embargo, en lo relativo a la autoridad que debe conocer del juicio de amparo, es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto:

"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’ (se transcribe).

"De esa manera, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad."

Cuarto. Existencia de la contradicción de tesis.

Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron tesis contradictorias al resolver los asuntos que son materia de la denuncia. Entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción de tesis, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.

Así lo determinó el Pleno del Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)

De acuerdo con lo anterior, en el caso sí existe contradicción de tesis entre los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito en comento.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el conflicto competencial 1/2018, resolvió que el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, era legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida contra actos del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, al estimar que el acto reclamado, entre otros, la negativa de levantar el aseguramiento de una cuenta bancaria, tiene ejecución material, pues el quejoso no puede ejercer el derecho de propiedad y posesión del numerario depositado en la cuenta, lo que provoca que siga ejecutándose la eventual afectación a su esfera de derechos, independientemente de las razones para su aseguramiento.

De ahí que, conforme a la primera regla a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo y atento a la naturaleza del acto reclamado que implica la persistencia en la ejecución del aseguramiento de la cuenta bancaria, la competencia corresponde al Juez federal que ejerza sus funciones en el lugar donde se haya abierto la cuenta bancaria.

Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el conflicto competencial 13/2017, determinó que la competencia correspondía al Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo presentada contra la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento sobre un vehículo, ya que se trata de un acto declarativo carente de ejecución material. Aunado a ello, sostuvo que no podía considerarse que ese acto tuviera efectos positivos, en virtud de la eventual afectación sufrida por el quejoso, pues dicha afectación deriva del aseguramiento, mas no de la negativa de levantarlo.

Del contraste de ambas posturas, se advierte que los órganos colegiados resolvieron la misma cuestión jurídica, esto es, ambos determinaron cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda de amparo en el que se reclamó la negativa de levantar el aseguramiento decretado por la autoridad ministerial; lo que hicieron a partir del análisis sobre si dicho acto tiene ejecución o no.

Por tanto, la contradicción de tesis radica en resolver:

1. ¿La negativa de la autoridad ministerial para acordar la solicitud de levantar el aseguramiento tiene ejecución material?; y,

2. Con base en la respuesta anterior, ¿qué Juez de Distrito es el competente para conocer de dicho acto reclamado?

Quinto. Criterio determinado por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito.

Se estima que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia en este asunto, es el que se determina en esta ejecutoria.

La respuesta a la primera pregunta es en sentido positivo, pues la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de bienes en una indagatoria, es un acto que sí tiene ejecución material; y como consecuencia de ello, la respuesta al segundo cuestionamiento es que el órgano competente para conocer de la demanda de amparo es el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde ese acto se está ejecutando, lo que acontece en el lugar donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar de aseguramiento.

Previo a explicar las razones jurídicas que dan sustento a lo anterior, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto recl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28062-866f0bcf/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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