EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL HECHO DE QUE ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO ELIJA UNA VÍA DE NOTIFICACIÓN DISTINTA A LA ELECTRÓNICA, NO IMPIDE QUE ÉSTA O SUS AUTORIZADOS PUEDAN PROMOVER ESCRITOS O INTERPONER RECURSOS MEDIANTE DICHO SISTEMA, SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISTOS CONDUCENTES. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO. NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL HECHO DE QUE ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO ELIJA UNA VÍA DE NOTIFICACIÓN DISTINTA A LA ELECTRÓNICA, NO IMPIDE QUE ÉSTA O SUS AUTORIZADOS PUEDAN PROMOVER ESCRITOS O INTERPONER RECURSOS MEDIANTE DICHO SISTEMA, SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISTOS CONDUCENTES.
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO.
NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
QUEJA 41/2018. 17 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. SECRETARIO: ERIK ERNESTO OROZCO URBANO.
CONSIDERANDO:
II.—Oportunidad. El recurso es oportuno, de acuerdo con lo que a continuación se detalla.
Como se señaló en el resultando 1, en la presente queja se impugna el auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 52/2018-I.
De la revisión de autos, se desprende que las partes que conforman al controvertido constitucional fueron notificadas de ese proveído por medio de lista el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho; pero también se observa que el autorizado de la parte quejosa (**********), en esa misma data, se le notificó vía electrónica dicho acuerdo.
En ese escenario, como preámbulo de lo que más adelante se explicará, cabe decir que en materia de amparo, la ley reglamentaria respectiva, en su artículo 26(6) prevé cuatro vías para notificar los autos o resoluciones que se emitan en el juicio de control constitucional, siendo:
a) Las de forma personal.
b) Por medio de oficio.
c) Por lista.
d) Vía electrónica.
De conformidad con el aludido precepto legal, cada una de estas cuatro vías de notificación, están expeditas para ser empleadas en situaciones jurídicas concretas, incluso, para partes procesales en particular, como por ejemplo, la indicada en el inciso a), se efectúa únicamente hacia la parte quejosa y tercero interesada –salvo en los casos que tenga la calidad de autoridad–, o bien, la referida en el inciso b) está dirigida para ser utilizada sólo cuando se trata de la autoridad responsable o la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado, entre otros casos.
Sin embargo, las notificaciones a) y b) están edificadas para fungir como comunicaciones físicas y de índole personal entre el órgano de amparo y la parte procesal a la que se desea notificar el acuerdo o resolución de que se trate; mientras que la notificación señalada en el inciso c), se emplea en todos aquellos casos en que no sea necesario que se comunique personalmente el auto o determinación que corresponda, a través de una lista que se publique en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación; esto, pues es indudable que no todos los pronunciamientos que se emiten durante la tramitación y sustanciación del juicio de amparo, conllevan que sean notificadas personalmente las partes.
De ese modo, las notificaciones a), b) y c) resultan ser las vías "tradicionales" en las que se practican las notificaciones en un juicio de amparo, pues se comprende que si el órgano jurisdiccional pretende notificar personalmente una determinación a alguna de las partes, ya sea por previsión de la ley o porque lo estima necesario, dependiendo de la parte procesal de que se trate, empleará alguna de las vías de notificación a) y b), es decir, en forma personal o por medio de oficio; pero si considera que no es necesario que la comunicación respectiva se haga en ese sentido, el auto o resolución deberá ser notificado como lo dice el inciso c), o sea, por medio de lista, pues no puede haber proveído alguno que carezca de publicidad.
Por su parte, la notificación citada en el inciso d), es decir, la referente a la vía electrónica (figura jurídica que la Ley de Amparo en vigor introdujo para el juicio de control constitucional), constituye un medio "especial" a través del cual, las partes que así lo soliciten, se hacen sabedoras de los acuerdos o resoluciones que se dicten en el controvertido constitucional, siendo que, salvo en situaciones específicas, la notificación electrónica sustituye a las indicadas como vías "tradicionales" (o sea, la notificación personal, por oficio y por lista), debiendo practicar el órgano de amparo toda clase de comunicación con la parte que así lo designe, a través de ese medio.
En efecto, esto se desprende del texto del artículo 30 de la Ley de Amparo,(7) en el que se reglamenta la manera en que deben llevarse a cabo las notificaciones electrónicas, tanto para quienes tienen el carácter de autoridades –ya sea responsables o como terceros interesados–, o bien, a los particulares que fungen con la calidad de quejosos o de terceros interesados. En ambos casos, se dispone que la parte que escoja este instrumento como vía de notificación, debe satisfacer los siguientes aspectos:
• Contar con firma electrónica;
• Está obligado a ingresar diariamente al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación;(8)
• A partir de que el órgano jurisdiccional la envíe al sistema, tiene un plazo máximo de dos días para obtener la constancia de consulta del auto o resolución a notificar;
• Con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso el plazo es de veinticuatro horas.
• En aquellos asuntos que por su especial naturaleza, cuando las autoridades responsables consideren que pudiera alterarse su normal funcionamiento, éstas podrán solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos en el sistema de información electrónica.
• En caso de que no ingrese al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación.
• Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto, podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario.
Con base en estos lineamientos, dentro de los que se aprecia la carga procesal u obligación de ingresar diariamente al sistema correspondiente, se llega a la convicción de que cuando una de las partes escoge que se le notifiquen electrónicamente las actuaciones emanadas del juicio, lo conducente es que se le practiquen todas sus notificaciones a través de esa vía, incluso las de carácter no personal, salvo en los casos en los que el órgano de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto, estime que deban efectuarse por el actuario a través de otro método.
Lo anterior, pues la ley de la materia instruye a que las partes que elijan dicho modo de notificación, deban estar permanentemente al pendiente del expediente electrónico, a fin de que estén oportunamente enteradas de los pronunciamientos que se decreten en el mismo (tanto los de carácter personal como los no personales), siendo que ni la Ley de Amparo ni el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se regula lo conducente al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, prevén alguna disposición que indique que la notificación electrónica deba emplearse única y exclusivamente respecto de proveídos o determinaciones que deben hacerse del conocimiento personal de la parte procesal que se trate, mientras que el resto (o sea, las de carácter no personal) deban efectuarse por otra vía, como por ejemplo, por medio de lista, ni tampoco en los referidos ordenamientos jurídicos existe dispositivo que señale que la notificación electrónica deba duplicarse o estar a la par de cualquiera de las vías "tradicionales".
Esto es así, pues la notificación electrónica constituye un mecanismo de carácter digital que es adoptado de manera libre y voluntaria por las partes que conforman al juicio de amparo, con el fin de que puedan tener conocimiento y consultar de manera más pronta, rápida, ágil e inmediata, todas y cada una de las determinaciones que en aquél se lleguen a emitir, sin soslayar que es una vía que representa la utilización de menos recursos humanos, materiales y hasta logísticos del órgano jurisdiccional para llevar a cabo la diligencia de notificación.
Aspecto que guarda sentido con la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo vigente, en la que el legislador optó por instaurar la vía electrónica como otro camino para la práctica de notificaciones en el juicio de amparo, con el objetivo de simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional, otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Lo anterior, atendiendo a que hoy en día los dispositivos digitales ocupan un lugar central en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana; siendo un hecho incontrovertible que los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de la sociedad mediante la sistematización de datos que anteriormente requerían para su consecución de largos periodos y de considerables esfuerzos, ya que tanto las bases de datos como el manejo de los mismos, han adoptado procesos de naturaleza expedita que facilitan a los usuarios el envío, manejo, recepción y control de la información que es de su interés.
Por tanto, como se dijo, cada una de las vías de notificación explicadas, se encuentran expeditas para ser empleadas en situaciones jurídicas concretas, incluso, para partes procesales en particular; siendo que este último aspecto tiene directa repercusión respecto a la manera en que dicha notificación surtirá sus efectos.
Así es, de acuerdo con lo que se dispone en el numeral 31 de la Ley de Amparo, tratándose de las notificaciones que este órgano colegiado se ha permitido denominar como "tradicionales" (las personales, por oficio y por lista), las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, surtirán sus efectos desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas; para las demás partes que integran a la litis constitucional, surtirán sus efectos desde el día siguiente al que se realice la notificación de que se trate.
En cambio, tratándose de la notificación "especial", es decir, la electrónica, para que surta sus efectos no depende respecto de a quién o a cuál de las partes se efectúa la notificación respectiva, sino que de acuerdo con el aludido normativo de la ley reglamentaria invocada, ello ocurre a partir de cuando se genera la constancia de la consulta realizada, es decir, cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico.
Entonces, con base en lo que hasta aquí se ha expuesto, se colige que la notificación por medio de lista y la electrónica que en el caso se llegaron a realizar respecto al auto impugnado de veinte de febrero de dos mil dieciocho, aluden a dos vías distintas de comunicación de las resoluciones y autos que se dictan en el juicio de amparo. Por lo que ante ese contexto, es importante que se advierta cuál fue la vía de notificación que la parte quejosa designó en el sumario para tal fin y, de ese modo, indicar cuál de dichas notificaciones es la que debe servir de parámetro para computar el plazo que tuvo la parte quejosa para interponer el presente medio de impugnación, pues aunque ambas se practicaron en la misma data, lo cierto es que conforme a la manera en que surten efectos cada una de ellas, tal circunstancia trasciende en la oportunidad de la presentación del recurso.
Del sumario se desprende lo siguiente:
1. En el escrito inicial de demanda:
• ********** –en adelante sólo **********– designó un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones.
• Señaló como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, entre otras personas, a **********; y para consulta del expediente, toma de fotografías y recepción de notificaciones y documentos, a **********, entre otros.
• Solicitó que se autorizara al usuario ********** para ingresar, consultar y recibir notificaciones en línea del expediente electrónico.
2. En el auto admisorio de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito:
• Tuvo como domicilio para recibir notificaciones el que se mencionó en la demanda de amparo.
• Tuvo por autorizados a las personas indicadas (en el escrito de demanda) para los efectos que ahí se precisan.
3. En auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho:
• Con el estado que guardaban los autos, el Juez de Distrito autorizó al usuario ********** para la consulta de actuaciones judiciales "por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal".
• Asimismo, el Juez de Distrito autorizó que las notificaciones se practicaran por la vía electrónica.
4. En auto de treinta de enero de dos mil dieciocho:
• A raíz de la promoción presentada por ************, el Juez de Distrito autorizó al usuario ********* para la consulta de actuaciones judiciales "por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal".
• Asimismo, el Juez de Distrito autorizó que las notificaciones se practicaran por la vía electrónica.
5. En auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho:
• Se generó el auto impugnado.
•No obstante, como se dijo, se aprecia que dicho proveído se notificó a ********** por dos vías distintas:
Por lista –ya que no ordenó que la notificación se hiciera de modo personal–, lo cual aconteció el día veintiuno de ese mes y año.
Electrónicamente, a través del usuario del autorizado ************, ocurriendo esto el mismo día veintiuno del mes y año en mención.
Conforme a estos antecedentes, se advierte que la quejosa ********** estableció dos vías para que le fueran notificadas las determinaciones dictadas en el juicio de amparo: 1) por un lado, "las tradicionales", es decir, las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin, cuando la naturaleza del acuerdo así lo indique, o por lista, cuando no es necesario hacerlas de modo personal; y, 2) por otro, la "especial", o sea, por la vía electrónica, al haber señalado el nombre de usuario ********** registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para que pudiera ingresar, consultar y recibir notificaciones en línea del expediente electrónico; aunque se sabe que posteriormente el autorizado de la quejosa ***********, solicitó que de igual manera se le permitiera que su nombre de usuario **********, pudiese realizar las diligencias señaladas, o sea, el de ingresar, consultar y recibir notificaciones en línea del expediente electrónico.
Por tanto, ante la imprecisión de ********** de señalar cuál de las dos vías ("tradicional" o "especial") optaba para efectos de notificación en el juicio de amparo, hubiese sido idóneo que el Juez de Distrito desde el auto admisorio, la llegase a requerir para que indicara con claridad cuál de los dos métodos elegiría para tal fin.
Lo anterior, porque aunque es entendible que conforme a una estrategia de litigio, la quejosa en conjunto con sus autorizados estén interesados en señalar ambos medios de notificación para poder estar enterados de las actuaciones decretadas en el sumario constitucional, lo cierto es que ello no puede ocurrir de tal modo, o sea, no es posible que la misma parte procesal (como lo es la quejosa) tenga dos o más vías para que se le practiquen sus notificaciones, y no porque física o materialmente sea imposible que así se realice, sino porque jurídicamente el señalamiento de dos o más medios de notificación respecto a una misma parte, genera incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del juicio de control constitucional, por ejemplo, para el cómputo de los plazos y términos que se fijen en el sumario, pues al haber dos o más vías de notificación sin precisar cuál de ellas es la efectiva para tales fines (como ocurre en el caso), podría derivar en que se tuvieran que hacer dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, lo cual, además que se estima impropio desde un enfoque adjetivo, también podría ser utilizado intencionalmente para obtener ventajas procedimentales inadecuadas, verbigracia, para la presentación de escritos, desahogo de vistas, ofrecimiento de pruebas o interposición de recursos, entre otros supuestos.
Esto, sin soslayar que –como se apuntó– las notificaciones "tradicionales" y la "especial", surten sus efectos de manera distinta.
Y, es que cabe decir que los autorizados que el quejoso, o en su caso, el tercero interesado puedan designar en el trámite del controvertido constitucional, no pueden ser concebidos como partes para efectos del juicio de amparo, pues esa calidad no se las reconoce el artículo 5o. de la ley de la materia, ya que únicamente tienen ese carácter: el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación, sino que de conformidad con los diversos 12 y 24, los autorizados sólo son representantes de aquéllos en la litis constitucional con el propósito de que realicen actos procesales a favor de los intereses legales de la parte que así los designó, tan es así, que por mandato legal no pueden substituir o delegar dicha autorización a un tercero.(9)
En mérito de la naturaleza jurídica y de las facultades que tiene un autorizado conforme a la Ley de Amparo, cabe mencionar que el Alto Tribunal de la Nación ha establecido –en jurisprudencia– que en lo que corresponde a la parte quejosa, sus autorizados "en términos amplios" –y con mayor razón, los de "en términos estrictos"–, no tienen facultades para desistirse del juicio de amparo y sus recursos;(10) para ampliar la demanda(11) e, incluso, para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse "bajo protesta de decir verdad", antecedentes del acto reclamado que se omitieron al presentarse la demanda relativa.(12) Esto, porque la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del solicitante de la Justicia Federal, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de control constitucional, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, siendo el quejoso, y no el autorizado, el titular de la acción, por lo cual, dichos representantes procesales adquieren sus facultades una vez que son designados, mas no antes.
Por tanto, a los autorizados no se les puede desvincular o desligar de la parte procesal –principal– a la que representan, pues ultimadamente quien se beneficia o se perjudica de las decisiones adoptadas tanto de trámite como de fondo que se emitan en el juicio de amparo, es justamente su autorizante (quejoso o tercero interesado). Es decir, cualquier acto procesal que los autorizados realicen durante la tramitación y resolución del juicio de amparo, no lo hacen "a nombre propio", sino como representantes de la persona (física o moral) quien los autoriza.
De ese modo, en el caso no puede aceptarse que existan dos notificaciones y, por ende, dos cómputos para una misma parte procesal (quejosa), o sea, uno para ********** conforme a la manera en que surten efectos las notificaciones denominadas "tradicionales", y otra para sus autorizados de acuerdo a cómo surte efectos la notificación llamada "especial", o sea, la electrónica, pues no se trata de dos partes procesales distintas entre sí, sino los segundos son únicamente representantes de la parte principal que conforma al juicio de amparo, o sea, la parte quejosa.
De ahí que en el sumario constitucional era dable que se requiriera a la agraviada para que precisara cuál de las vías referidas era la que deseaba que fungiera para oír y recibir notificaciones, pues como se ha dicho, no hay fundamento legal que prevea que las notificaciones electrónicas deban duplicarse o tengan que estar a la par de cualquiera de los otros tres modos "tradicionales" de notificación, aunado a que no genera certeza procesal el que existan dos o más formas de notificar a la misma parte.
No obstante, a pesar de lo que se ha argüido y a la luz de los antecedentes del asunto, si el Juez de Distrito es el encargado de regular el procedimiento en el juicio de amparo, y no previno a la quejosa ni estableció cuál sería la vía por la que se le practicarían sus notificaciones, aun las de carácter personal, tan es así, que realizó la notificación del auto impugnado tanto de manera "tradicional" como electrónicamente; por tanto, atendiendo al principio non reformatio in peius, en el caso concreto debe avalarse que ambas formas de notificación que se hicieron respecto del auto impugnado son dables de que surtan sus consecuencias de derecho.
En esa tesitura, por favorecerle y resultarle de mayor beneficio a los intereses legales de **********, debe tenerse como fecha de notificación aquella que se practicó por medio de lista, pues ésta surte efectos al día siguiente en que se hace.
Por lo que teniendo como base dicha notificación, el recurso de queja que nos ocupa es procedente por haberse interpuesto oportunamente, pues el plazo de interposición transcurrió del veintitrés de febrero al uno de marzo del año en curso –con deducción de los días veinticuatro y veinticinco de febrero, por haber sido inhábiles–, siendo que el medio de impugnación se interpuso electrónicamente el último día de ese plazo, o sea, el día uno de marzo, por medio del "Portal de Servicios en Línea" del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, hágase del conocimiento del Juez de Distrito que, en atención a lo argüido en el presente considerando, deberá dictar un proveído en el que requiera a ********** para que en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente en que surta efectos su notificación, misma que se deberá realizar en el domicilio que señaló en su demanda para tal efecto, manifieste (ella o alguno de sus autorizados) cuál es la vía que elige para las subsecuentes notificaciones que se le realicen respecto de los autos o determinaciones que se emitan en el juicio de amparo, con el apercibimiento que, de no hacerlo y mientras no exista alguna manifestación sobre ese tópico, se tendrá como lugar para notificarla el domicilio convencional que citó en su demanda y, en su caso, por medio de lista (tratándose de comunicaciones oficiales no personales).
Para finalizar este apartado, no sobra señalar que el hecho de que la parte quejosa designe una vía "tradicional" para oír y recibir notificaciones, no es obstáculo ni impedimento que ella o alguno de sus autorizados, de estar registrada y tener un nombre de usuario en el portal digital aludido, pueda promover sus escritos o interponer sus recursos electrónicamente, obvio, siempre y cuando satisfaga las condiciones que el Acuerdo General Conjunto 1/2015 dispone para ello, como por ejemplo, que cuente con firma electrónica y que solicite las autorizaciones correspondientes al juzgado de amparo donde se tramita su asunto. Lo anterior, porque conforme a los artículos 75 y 77 de ese ordenamiento normativo, no es requisito que la parte interesada señale la vía electrónica como medio de notificación, para que pueda consultar y presentar sus promociones a través del expediente que se integra en el referido portal.(13)
III. Decisión.
Por los motivos que se explicarán, es parcialmente fundada la queja.
********** señaló como acto reclamado en el juicio de amparo, el acuerdo ministerial de veintidós de enero de dos mil dieciocho dictado en la carpeta de investigación **********, por medio del cual se decretó el aseguramiento del inmueble denominado ********** o **********, que se ubica en calle **********, colonia **********, delegación **********, código postal **********, en esta Ciudad de México.
En esa guisa, en el auto impugnado de veinte de febrero de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito ordenó mantener en sigilo las constancias remitidas en el informe justificado que rindió la autoridad responsable: Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación número Uno sin detenido de la Agencia "C" de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Lo anterior, porque contienen información confidencial con carácter de reservada, además de que no advirtió que ********** hubiese tenido intervención en la carpeta de investigación en cita.
En contra de este proveído, la recurrente –en síntesis– esgrime los siguientes agravios:
1. El Juez de Distrito omitió analizar y dilucidar hasta qué punto podía permitir el acceso a la quejosa respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable junto a su informe justificado, de conformidad con la clasificación de información reservada o confidencial que dicha autoridad les brindó a tales documentales. Siendo que al no haber hecho dicho ejercicio, limita a la parte agraviada para que pueda alegar contra la fundamentación y motivación sostenida en el acto reclamado.
2. El Juez de Distrito no realizó la clasificación de la información con carácter de reservada de acuerdo a lo que se dispone en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con base en la cual, los Jueces son sujetos obligados a que la información que está bajo su disposición, sea pública, completa, oportuna y accesible; circunstancia que es acorde con la jurisprudencia que se citó en el auto impugnado, de la que se desprende que el Juez de amparo tiene que cumplir con la obligación de proteger y resguardar la información que previamente esté clasificada como reservada, mas no puede hacer esa clasificación de motu proprio.
3. Conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se faculta a los sujetos obligados para que puedan clasificar como reservada la información contenida en una carpeta de investigación; sin embargo, tal previsión no es un mandato obligatorio, sino sólo otorga una posibilidad para que el sujeto obligado pueda hacerlo. Además, no se pueden emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o información reservada, como de manera desacertada lo hizo el Juez de Distrito en el auto impugnado. Asimismo, la clasificación de información como reservada debe hacerse conforme a un análisis de caso por caso, aplicando la prueba de daño, y una vez hecho este estudio, si el sujeto obligado aprecia que la información debe ser catalogada de esa manera, tiene que realizar una versión pública para las partes; siendo que estos aspectos no fueron realizados por el juzgador federal.
4. Solicita que se declare la inconvencionalidad del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al resultar contrario al derecho de acceso a la información.
Es inoperante el agravio sintetizado con el número 4, mientras los resumidos en los numerales 1, 2 y 3, en su conjunto, son esencialmente fundados, siendo que por razón de método, se iniciará diciendo por qué se califican de tal modo estos últimos.
********** en los referidos puntos de desacuerdo que este tribunal aprecia como esencialmente fundados, parte de la premisa de que el Juez de Distrito omitió analizar y dilucidar hasta qué punto podía permitirle su acceso respecto de las constancias que remitió la autoridad responsable junto a su informe justificado; postura que se estima acertada.
Para entender lo anterior, se considera que el problema jurídico que en el presente asunto se plantea, halla en gran medida solución en el contenido de la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.),(14) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisamente citó el Juez de Distrito en el auto que se impugna, la cual dispone lo siguiente:
"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrect
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28064-aa06b2a8/expediente-electronico-del-portal-de-servicios-en-linea · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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