SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA SU CUMPLIMIENTO DEBEN PRECISARSE CON CLARIDAD SUS EFECTOS Y, ANTE SU AUSENCIA, NO PUEDE DETERMINARSE QUE LA AUTORIDAD HAYA INCURRIDO EN DEFECTO CULPABLE, POR NO ORDENAR AL PARTICULAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DARLE EFECTO A AQUÉLLA.
QUEJA 143/2018. 21 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. PONENTE: NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. SECRETARIO: FERNANDO ARAGÓN GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—En la resolución incidental recurrida, la Juez de Distrito estimó que para establecer si hubo o no desacato de las autoridades responsables que debieron cumplir la resolución que concede la suspensión definitiva, era menester que concurrieran los siguientes supuestos:
a) Que se haya concedido la medida cautelar;
b) Que el acuerdo por el que se otorgó surtió efectos y esto se hizo del conocimiento de las autoridades; y,
c) Que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva, las autoridades ejecuten los actos reclamados materia de la suspensión concedida.
La Juez de Distrito consideró, en primer lugar, que se acreditaron los primeros dos supuestos, ya que en la sentencia interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se otorgó a la quejosa la suspensión definitiva en relación con la orden de cancelación, congelamiento o embargo de las cuentas bancarias a su nombre, misma que se notificó mediante oficios ********** y **********, a las autoridades responsables, actuaciones con valor probatorio pleno, según lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
Que de igual manera, se acreditó el tercer supuesto, toda vez que la concesión de la suspensión se decretó para el efecto de que las autoridades se abstuvieran de efectuar acto alguno tendente a impedir que la parte quejosa dispusiera libremente de los fondos de las cuentas bancarias aperturadas a su nombre.
Que la suspensión decretada tiene efectos positivos, esto implica que las autoridades debían girar los oficios necesarios para que la quejosa pudiera disponer de los saldos de sus cuentas bancarias.
Que de las constancias que acompañó la autoridad responsable, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a su informe, específicamente del escrito de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por **********, se advierte que siguen vigentes las retenciones de los importes que obran en las cuentas ********** y **********, por ********** y **********, contrario a lo ordenado en el incidente de suspensión, consistente en que las autoridades responsables se abstuvieran de impedir que se dispusiera libremente de los fondos de las cuentas.
Que es evidente que las responsables no dieron cabal cumplimiento a la suspensión decretada, pues debieron girar oficios a las instituciones bancarias, entre ellas a **********, ********** y **********, a fin de que permitieran la disposición de los saldos existentes en las cuentas de la quejosa, esto es, las retenidas en las cuentas ********** y **********, aperturadas ante dicha institución bancaria.
Es por lo anterior, que con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Amparo,(1) se requirió a las responsables para que en un plazo de veinticuatro horas, tomaran todas las medidas necesarias para que la impetrante pudiera disponer de la totalidad de los saldos que obran en sus cuentas bancarias, apercibidas que, de no hacerlo, serían denunciadas ante el Ministerio Público de la Federación.
Contra las anteriores consideraciones, la recurrente plantea que se resolvió ilegalmente, toda vez que no se actualizaron los presupuestos para que existiera desacato por parte de dicha institución a la suspensión definitiva, puesto que la medida cautelar fue atendida conforme a derecho al ser retransmitida a la institución financiera en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.
Que por conducto del director general adjunto de Atención a Autoridades "B" se dio cumplimiento cabal a la medida cautelar, al girar los oficios ********** al **********, por los que se retransmitió a las instituciones financieras correspondientes entre ellas **********, ********** y **********, la citada suspensión definitiva para efecto de que dichas instituciones bancarias le dieran cumplimiento en los términos precisados.
Que una vez elaborados y notificados los oficios, es cada institución financiera la encargada de materializar dichas órdenes, dado que la autoridad responsable no tiene acceso directo a los bancos de datos y sistemas de las instituciones financieras, ni ningún tipo de jerarquía con el personal de éstas.
Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (autoridad responsable) limita su actuación a comunicar las órdenes de las diversas autoridades dirigidas a los bancos para su cumplimiento, conforme al artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.(2)
Que de ningún modo puede tenérsele como la encargada de materializar las instrucciones recaídas directamente sobre las cuentas bancarias de los particulares, habida cuenta de que esto concierne a las propias instituciones financieras.
Que el incumplimiento a la suspensión definitiva derivó de la institución bancaria, no así de la autoridad recurrente.
Ello, porque correspondía a la institución financiera **********, ********** y **********, al haber sido notificada de la medida suspensiva, cumplir la medida cautelar en sus términos, es decir, permitir las disposiciones de los saldos existentes en las cuentas bancarias de la quejosa.
Que la autoridad recurrente no tiene facultad de disponer de las cuentas bancarias administradas por las diversas instituciones de crédito que conforman el sistema financiero mexicano, ni tampoco variar en forma alguna sus saldos o realizar movimientos con las mismas, pues no existe atribución en tal sentido, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Que el director general adjunto de Atención a Autoridades "B", a través de los oficios ********** al **********, retransmitió a las instituciones financieras correspondientes entre ellas **********, ********** y **********, el oficio ********** mediante el cual, el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, solicitó dejar sin efecto el trámite solicitado en el diverso **********, a fin de que la ********** dispusiera libremente de los fondos de las cuentas bancarias registradas a su nombre, ello en cumplimiento a la suspensión definitiva de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio de amparo **********.
Que en ese sentido, las instituciones bancarias **********, ********** y **********, emitieron sus respectivas respuestas, en las que informaron que respecto de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa, se procedió a ejecutar la desinmovilización ordenada.
Los agravios son fundados.
El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:
"Artículo 149. Cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional."
Conforme al sentido literal del texto transcrito, cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene al particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución que concede la suspensión.
Lo relevante de la norma de que se trata es que está previsto claramente que si el particular, por virtud de un mandato expreso, de una norma o de alguna autoridad tiene o debe tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado; el efecto de la suspensión deberá ser que la autoridad responsable dicte una orden al particular para que paralice la ejecución, los efectos o consecuencias del acto.
Entonces, la actualización de ese supuesto obliga a que así debe establecerse claramente en la resolución que conceda la suspensión para que la autoridad responsable ordenadora quede claramente vinculada a dictar la orden al particular en el sentido señalado.
Por su parte, el artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dispone lo siguiente:
"Artículo 44. A la Dirección General de Atención a Autoridades, a través de su titular, le corresponderán las atribuciones siguientes:
"I. Atender los requerimientos de información y documentación, así como las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias o situación de fondos que formulen las autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas competentes, relativos a operaciones efectuadas por los clientes y usuarios de servicios financieros con las entidades, asesores en inversiones, federaciones, fondos de protección, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y demás personas físicas o morales sujetas a la supervisión de la comisión, incluyendo las oficinas de representación de entidades financieras del exterior, en el ámbito de su competencia y con sujeción a las disposiciones legales aplicables en materia de secreto financiero, así como realizar los demás actos necesarios para el ejercicio de esta atribución. Respecto de los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, el ejercicio de esta atribución será para los efectos establecidos en el artículo 95 Bis de la LGOAAC.
"Para el ejercicio de la atribución a que se refiere el párrafo anterior tendrá acceso a los archivos, libros, registros y bases de datos de las entidades, asesores en inversiones, federaciones, fondos de protección, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y demás personas físicas o morales sujetas a la supervisión de la comisión, incluyendo las oficinas de representación de entidades financieras del exterior, con el objeto de recabar en forma directa la información y documentación solicitada, previo requerimiento fundado y motivado al respecto.
"...
"II. Analizar, en su caso, las solicitudes de información y documentación, así como las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias o situación de fondos a que se refiere la fracción anterior, a efecto de verificar su apego a los requisitos legales de procedibilidad y, en su oportunidad de ser el caso, dar trámite a las mismas;
"...
"IV. Dar seguimiento a los asuntos a fin de que las entidades, asesores en inversiones, federaciones, fondos de protección, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y demás personas físicas o morales sujetas a la supervisión de la comisión, incluyendo las oficinas de representación de entidades financieras del exterior, objeto de los requerimientos a que se refiere la fracción I de este artículo, cumplan en tiempo y forma con lo solicitado, pudiendo realizar los actos necesarios para el ejercicio de lo anterior; ..." (lo resaltado es nuestro)
Conforme al sentido literal y en un análisis armónico del anterior precepto se desprende que la autoridad recurrente, esto es, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del titular de la Dirección General de Atención a Autoridades deberá:
a) Atender los requerimientos de información y documentación, así como las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades judiciales, así como realizar los demás actos tendentes para el ejercicio de esta atribución.
b) Analizar, en su caso, las solicitudes de información y documentación, así como las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias o situación de fondos a efecto de verificar su apego a los requisitos legales de procedibilidad y, en su oportunidad, de ser el caso, dar trámite a las mismas.
c) Dar seguimiento a los asuntos a fin de que las entidades (instituciones bancarias), objeto de los requerimientos a que se refiere la fracción I del artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cumplan en tiempo y forma con lo solicitado, pudiendo realizar los actos necesarios para el ejercicio de lo anterior.
Pero el ejercicio de esas facultades las puede hacer en cumplimiento a órdenes judiciales, lo que implica que si se concede una suspensión en el amparo donde interviene una autoridad judicial que, a su vez, ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que girara oficios a un banco para determinado fin; es necesario que se precise claramente cuál es la conducta que se exige de la referida comisión.
En el caso, en resolución de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, la suspensión definitiva se concedió para los efectos siguientes:
"...a efecto de que las autoridades se abstengan de efectuar acto alguno tendente a impedir que la parte quejosa disponga libremente de los fondos de las referidas cuentas bancarias. ..."
Del texto transcrito, así como de la resolución citada analizada en su integridad, no se advierte que la Juez de Distrito haya invocado expresamente el artículo 149 de la Ley de Amparo y que estableciera expresamente que se actualizaba lo dispuesto en esa norma, y que el efecto de la suspensión sería que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dictara una orden a algún particular, para que acatara la suspensión.
Esa resolución que concedió la suspensión para que las autoridades se abstuvieran de efectuar acto alguno tendente a impedir que la quejosa dispusiera libremente de los fondos de las cuentas bancarias, se notificó a la citada comisión en fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete y mediante oficio **********.
En acatamiento a esa medida cautelar, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores procedió a retransmitir el oficio **********, emitido por la Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México (autoridad recurrida), a diversas instituciones bancarias, en el cual se concedió la suspensión definitiva a la quejosa respecto de la orden de cancelación, congelación o embargo de las cuentas bancarias a su nombre.
Lo que se constata con los oficios ********** al ********** que obran en el cuaderno incidental del juicio de amparo **********, mismo que fue remitido a este Tribunal Colegiado en copias certificadas. (fojas 41 a 90)
En acatamiento a esa instrucción, por escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, **********, ********** y **********, comunicó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, Dirección General de Atención a Autoridades y Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B", lo siguiente:
"En referencia a la instrucción proporcionada por la autoridad mediante el presente oficio, mediante el cual se proporciona la suspensión definitiva a la quejosa a efecto de que las autoridades responsables se abstengan de efectuar acto alguno tendiente a impedir que la parte quejosa disponga libremente de los fondos de las referidas cuentas bancarias, siendo importante señalar que esto no va contra la congelación o embargo de las cuentas bancarias de la quejosa, sino que sólo decidió paralizar temporalmente los efectos y consecuencias que esos actos de autoridad generen en su esfera de derechos, como es la imposibilidad de disponer del numerario depositado en dicha cuenta, hasta por la cantidad a la que fue condenada y no así su remanente, en razón a lo anterior, se informa que las cuentas ********** y **********, mismas que se encuentran a nombre de **********, se encuentran activas y vigentes, teniendo las siguientes retenciones vigentes:
Ver contenido del oficio
Del contenido de ese oficio resulta que la institución bancaria precisó que recibió la instrucción sobre la suspensión definitiva para que las autoridades responsables se abstuvieran de efectuar acto alguno tendente a impedir que la parte quejosa dispusiera libremente de los fondos de las referidas cuentas bancarias y también precisó que era importante señalar que dicha instrucción no iba contra la congelación o embargo de las cuentas bancarias de la quejosa, sino que sólo decidió paralizar temporalmente los efectos y consecuencias que esos actos de autoridad generen en su esfera de derechos, como es la imposibilidad de disponer del numerario depositado en dicha cuenta, hasta por la cantidad a la que fue condenada y no así a su remanente.
De ahí que mantuvo la retención del numerario depositado en las cuentas ********** y **********.
Asimismo, informó que dichas cuentas se encuentran activas y vigentes, lo que se aprecia de la digitalización siguiente:
(Se suprime documento digitalizado) (sic)
En ese contexto, queda de manifiesto que el banco no acató la suspensión definitiva concedida para el efecto de que la quejosa dispusiera libremente de la totalidad de los fondos de las referidas cuentas bancarias, porque mantuvo la retención sobre la cantidad a que la quejosa fue condenada acorde con lo ordenado por el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, por las cantidades de ********** y **********.
En consecuencia, está demostrado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la remisión del oficio en que se transcribió la suspensión definitiva a la institución bancaria, acató la medida cautelar, en los términos en que fue concedida solamente que la institución bancaria se dio a la tarea de interpretar el efecto de la suspensión definitiva y decidió mantener la retención ordenada por el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México y únicamente dejar libre la disposición de fondos que excediera a las cantidades retenidas; con lo cual evidentemente que el banco no acató el efecto de la suspensión decretado en la interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.
De ahí que si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no dio seguimiento al asunto, para que la institución bancaria cumpliera cabalmente con el efecto de la suspensión, tal omisión está justificada porque en la interlocutoria de que se trata no se le indicó de manera clara y expresa cuál era la conducta que debía cumplir en relación con la institución de crédito, puesto que faltó la precisión de que se surtía la hipótesis del artículo 149 de la Ley de Amparo y debía dictar una orden al banco para que liberara la totalidad de los saldos de sus cuentas, así como que, en uso de sus facultades, está debía asegurarse de que el particular involucrado en la suspensión, acatara el efecto de la suspensión; por lo que ante la ausencia de motivación y precisión en ese sentido, no puede determinarse que la referida comisión haya incurrido en un defecto culpable en relación con la suspensión.
Sin que obste a lo anterior, lo expresado por la Juez de Distrito en la resolución que se impugna, consistente en que la suspensión decretada tenía efectos positivos y que esto implicaba, por tanto, que las autoridades debían girar los oficios necesarios para que la quejosa pudiera disponer de los saldos de sus cuentas bancarias.
Es así, pues si al precisar el efecto de la medida cautelar no se aplicó expresamente lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Amparo y no se precisó que el efecto era para que la autoridad responsable, aquí recurrente, ordenara a **********, ********** y **********, que liberara la totalidad de los fondos para que el quejoso pudiera disponer libremente de ellos; no puede atribuirse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un defecto en el cumplimiento de la suspensión, que resulte culpable.
Por tanto, en términos de la fracción IV del artículo 146 de la Ley de Amparo, si se concede la suspensión deben precisarse con claridad los efectos para su estricto cumplimiento pues, de lo contrario, se impidió el conocimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de cuáles son los actos que debía realizar para dar completo cumplimiento.
Con independencia de que no incurrió en defecto, es claro que a la autoridad judicial y no a la recurrente le corresponde dar cabal cumplimiento a la suspensión definitiva decretada por la Juez de Distrito, porque no aparece que haya sido la comisión inconforme la que haya ordenado la retención, máxime que la misma negó el acto reclamado que se le atribuyó al rendir su informe previo.
Por tanto, y en su carácter de autoridad ejecutora, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acató la suspensión al remitir los oficios a las instituciones bancarias y, en específico, a **********, ********** y **********, en los que se establecieron los efectos precisados en la concesión de la suspensión, ya que no se advierte que dicha comisión haya sido quien ordenó la retención, ni que hubiera ejercido facultades autónomas para hacerlo, sino que medió orden judicial para desbloquear o asegurar las cuentas.
Entonces, de conformidad con el artículo 44 de su reglamento interior, que dispone que es a la Dirección General de Atención a Autoridades, a través de su titular, a quien corresponde atender los requerimientos de información y documentación, así como las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias o situación de fondos que formulen las autoridades judiciales, si requería de orden expresa y propiamente quien debía emitir la orden de desbloqueo es la autoridad judicial que la ordenó, porque a la comisión solamente se le tuvo como ejecutora y, en esa medida, se presumieron ciertos los actos a pesar de que los negó.
Además, es fundado el planteamiento de la recurrente, referente a que el director general adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de los oficios ********** al ********** (fojas cuarenta y nueve a setenta y cinco del expediente de queja) retransmitió a las instituciones financieras correspondientes, entre ellas **********, ********** y **********, el oficio ********** de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual, el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, solicitó dejar sin efecto el trámite solicitado en el diverso oficio ********** a fin de que la parte quejosa dispusiera libremente de los fondos de las cuentas bancarias registradas a su nombre, en cumplimiento a la suspensión definitiva decretada.
Ello, toda vez que el director general adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el oficio ********** de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por medio del cual adjuntó fotocopias de los escritos de fechas quince, dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, a través de los cuales **********, ********** y **********, emitieron sus respuestas e informaron que respecto de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa, se procedió a ejecutar la desinmovilización ordenada.
Se digitalizan dichos escritos para mayor apreciación:
(Se suprimen documentos digitalizados) (sic)
Este último escrito de **********, ********** y ********** de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se transcribe en su parte medular, para mayor claridad:
"En atención al oficio señalado al rubro, nos permitimos hacer de su conocimiento que se ha procedido a ejecutar la instrucción de la autoridad requirente respecto a la(s) persona(s) que abajo se indica(n):
Ver transcripción medular del oficio
De la anterior transcripción se advierte que la institución bancaria **********, a partir del oficio que le retransmitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, procedió a ejecutar lo ordenado por el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, por oficio **********, en cumplimiento a la suspensión decretada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo **********.
En ese contexto, queda claro que era la autoridad judicial la que tenía que emitir la orden de desbloqueo y no la comisión, por lo que respecto de ésta, debe tenerse por cumplida la suspensión para los efectos precisados en la resolución interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.
Corolario de lo anterior, al desvirtuarse la legalidad de la resolución, procede declarar fundado el recurso de queja.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso g) y 101 de la vigente Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.—Es fundado el recurso de queja.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así por mayoría de votos del Magistrado presidente Gonzalo Arredondo Jiménez y del Magistrado ponente Neófito López Ramos contra el voto del Magistrado Adalberto Eduardo Herrera González, quien emite su voto particular; lo resolvió el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta ley."
2. "Artículo 142. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.
"Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
"Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:
"I. El procurador general de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;
"II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;
"III. El procurador general de justicia militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;
"IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;
"V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el artículo 115 de la presente ley;
"VI. El tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate;
"VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la cuenta pública federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se administren o ejerzan recursos públicos federales;
"VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales.
"La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y
"IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la uni
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28117-eef9bf66/suspension-del-acto-reclamado-para-su-cumplimiento-deben · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PARA EL EFECT (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. CUANDO REALIZA ACTOS DE INVESTIGACIÓN EMANADOS DE LA PRESUNCIÓN DE LA COMISIÓN DE UN DELITO, ÉSTOS (CONFLICTO COMPETENCIAL)
- RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA. DEBE CONSIDERARSE INTERPUESTO EN TIEMPO SI LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN (INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REVISION FISCAL. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION. PROCEDENCIA. DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE SITUACION PATRIMONIAL. (s/clave)
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HA (1a./J. 20/2022 (11a.))
- QUEJA ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE LA QUE SE INTERPONE ANTE LA SUPREMA CORTE EN CONTRA DE UN SECRETARIO DE TRIBUNAL COLEGIADO CUANDO LOS HECHOS U OMISIONES SANCIONABLES NO SON L (3a. XXXIII/94)
- INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES, DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 153 BIS 1 DE LA LEY DE. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis