ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE DEL PROCESO PENAL MIXTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 9 DE FEBRERO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de nueve de febrero de dos mil veintidós.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Trámite de la denuncia. En escrito que se recibió en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete de junio de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez,(1) denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 265/2018, y el que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 522/2019.
2. El presidente de este Alto Tribunal, en auto de catorce de junio siguiente, ordenó formar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis, con el número 147/2021, la admitió a trámite, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que, vía MINTERSCJN, remitieran la versión digitalizada del original, o en su caso, de la copia certificada de las correspondientes ejecutorias, así como de la versión digitalizada del proveído en el que informaran si se encontraban vigentes sus criterios, o bien, señalaran las causas que tuvieron para superarlos o abandonarlos; remitió los autos a la Primera Sala, según el turno virtual de la Secretaría General de Acuerdos, y turnó el asunto para su estudio al señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
3. SEGUNDO.—La presidenta de la Primera Sala, en auto del uno de julio posterior, ordenó avocarse al conocimiento del asunto, y enviarlo a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.
4. TERCERO.—En auto de seis de julio siguiente, se tuvo por recibido el oficio 2698/2021, a través del cual, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, informó que al resolver el amparo directo 172/2021, modificó el criterio sustentado en el amparo directo 522/2019, que fue por el que se denunció la contradicción de criterios.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en sus términos el criterio que sustentó el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(2) así como los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, tercero y sexto, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; ello, en atención a que el conflicto denunciado, se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos circuitos judiciales, respecto de un tema que no requiere la intervención del Tribunal Pleno. Lo anterior, además, con base en la decisión adoptada por este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la contradicción de tesis 259/2009.
6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, con relación al 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo;(3) toda vez que fue hecha valer por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez.
7. TERCERO.—Criterios en conflicto. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones.
8. I. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 265/2018.
1) A través del correspondiente oficio, el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formuló querella en contra de **********, porque en su carácter de administrador general único de la contribuyente **********, Asociación Civil, a través del uso de engaños, omitió el pago del impuesto al valor agregado por $**********, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil nueve, ya que en las declaraciones informativas que rindió, manifestó que no se realizaron actos o actividades que generaran el impuesto; sin embargo, de la documentación recabada por las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación, dentro de la que obraban diversos estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se evidenciaban transacciones que originaron la obligación de pago del impuesto de referencia a cargo de la contribuyente.
2) La averiguación previa que al efecto se integró, se consignó ante la Jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, donde se radicó como causa penal **********, y el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictó sentencia en la que consideró a **********, como penalmente responsable del delito de defraudación fiscal, previsto y sancionado en el artículo 108, párrafo primero, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos, por lo que le impuso entre otras penas, tres años de prisión.
3) En desacuerdo con esa determinación, el sentenciado, por conducto de su defensora pública federal, interpuso recurso de apelación, del que conoció el Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, donde se registró como toca penal **********; y en sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, confirmó el fallo de primera instancia recurrido.
4) Inconforme con esa resolución, el sentenciado, por conducto de su defensor público federal, en escrito que se presentó ante el Tribunal Unitario, el dieciséis de noviembre siguiente, promovió amparo directo, en el que, en lo conducente a la contradicción de criterios, planteó como conceptos de violación:
• La querella que se formuló en su contra y el ejercicio de la acción penal, se sustentaron en documentación bancaria que constituye información privada y confidencial, que se obtuvo de forma ilícita, por lo que debió excluirse; ello, porque la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría Fiscal de la Federación, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contratos de apertura de cuentas, estados de cuenta y listado de movimientos, pertenecientes a la contribuyente; específicamente, copias certificadas de los depósitos aclarados y no aclarados, del primero de enero al treinta de junio de dos mil nueve, referentes a los bancos **********, **********, ********** y **********, de los que se agregó copia certificada.
Información que solicitó la autoridad hacendaria, e ilegalmente se incorporó a la indagatoria mediante oficio **********, suscrito por el director general Adjunto de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que sirvió para la emisión de los dictámenes periciales en materia contable, en los que se determinó la omisión de pago del impuesto al valor agregado a cargo del sentenciado.
• La Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria, no se encontraban constitucionalmente facultados para requerir, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información y/o documentación relativa a operaciones bancarias previstas en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se encuentran protegidas por el "secreto bancario", en términos del primer párrafo de su artículo 117.
Además, la información bancaria se obtuvo de forma ilícita, sin que mediara autorización judicial, lo que violentaba el derecho fundamental a la vida privada y/o intimidad, que se erige en un concepto amplio que abarca diversas manifestaciones específicas y/o ámbitos de protección.
5) Conoció del asunto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, donde se registró con el número 265/2018; y en sesión de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictó sentencia en la que, por unanimidad de votos, le negó al quejoso el amparo que solicitó; y para tales efectos, en lo conducente, señaló:
• Los conceptos de violación que expresó el quejoso, son infundados.
Ello, porque si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro: "SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, VIOLA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.", interpretó la legislación vigente en la época de los hechos relativos a la causa, y estableció que la solicitud de información bancaria realizada por la autoridad ministerial, debía estar precedida de autorización judicial.
Sin embargo, ello no era suficiente para otorgarle la razón legal al quejoso, en el sentido de que los estados bancarios que obraban en autos, debían excluirse por tratarse de pruebas ilícitas, porque la información bancaria de referencia, no la recabó la representación social para comprobar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal del sujeto activo en su ejecución.
La información bancaria se gestionó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por medio del Sistema de Atención de Requerimiento de Autoridad (SIARA), para conocer los contratos de apertura y sus modificaciones, tarjetas de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, documentos de identificación que presentó el titular al abrir las cuentas, estados de cuenta, así como las cuentas activas e inactivas que se localizaran a nombre del contribuyente auditado.
La autoridad fiscal no se encontraba imposibilitada para obtener información de esa naturaleza al practicar la visita domiciliaria de origen, y menos para solicitarla a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales, como ocurrió en el caso, en que se pretendía determinar el impuesto al valor agregado durante el periodo de revisión comprendido entre el uno de enero y el treinta de junio de dos mil nueve; así, contrario a la pretensión del quejoso, el administrador local y el subadministrador "3", de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, con sede en Guadalajara, Jalisco, dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, podía obtener a través de ese medio, información referente a los estados de cuenta bancarios del contribuyente sujeto a la visita domiciliaria, que con motivo de la querella se puso en conocimiento del Ministerio Público que integró la averiguación.
En apoyo, reprodujo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE ENERO DE 2004, NO FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE."
• Así, se consideró correcto el proceder de la autoridad responsable, al tener por acreditado el delito de defraudación fiscal por el que se acusó al sentenciado, previsto en el artículo 108, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.
• También estimó acertado que desentrañara como elementos del delito: i) la calidad específica del sujeto activo, en el caso, la de contribuyente; ii) la acción consistente en que el sujeto activo del delito, a través del uso de engaños, omita total o parcialmente, en la especie, el pago de alguna contribución; y, iii) que la conducta desplegada ocasione perjuicio al fisco federal.
• Reiteró que el primero de los elementos del delito, se demostró con los siguientes medios de prueba:
a) Oficio **********, suscrito por la administradora local de Servicios al Contribuyente de Guadalajara, del Servicio de Administración Tributaria, al que anexó copia certificada de la solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, elaborada por **********, en su carácter de administrador general único de **********.
b) Copia certificada del acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, elaborada por **********, en su carácter de administrador general único de **********, con clave de RFC: **********; y,
c) Copia certificada de la escritura pública **********, pasada ante la fe del notario público número treinta y siete de Zapopan, Jalisco, mediante la cual se constituyó la sociedad civil denominada **********, estableciendo la administración a cargo de **********.
Pruebas que constituían documentos públicos, que se valoraron en forma correcta por la autoridad responsable, acorde con lo dispuesto por el artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, con valor probatorio pleno, al justificar la calidad específica del sujeto activo del delito, pues efectivamente se trata de un contribuyente.
• El segundo de los elementos del delito, relativo a la acción que se atribuye al sujeto activo, se demostró, contrario a lo que consideró el quejoso, con las copias certificadas de los documentos siguientes:
1. Oficio **********, de diecinueve de marzo de dos mil diez, suscrito por el administrador local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, a través el cual, se ordenó la práctica de visita domiciliaria a la contribuyente **********.
2. Acta parcial de inicio de visita domiciliaria, de veintitrés de marzo de dos mil diez, practicada por los visitadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, a la contribuyente **********.
3. Oficio **********, suscrito por la Administradora Local de Servicios al Contribuyente de Guadalajara, por el que remitió las declaraciones mensuales normales y/o complementarias del impuesto al valor agregado del periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil nueve, de la contribuyente **********, así como el vaciado de datos de declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado, presentadas por dicha contribuyente.
4. Declaraciones informativas sobre las razones por las que no se realizó el pago del Impuesto al Valor Agregado, presentada por la contribuyente **********, a través de internet SAT, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de dos mil nueve.
5. Copia certificada de los depósitos aclarados y no aclarados del **********, referentes a los bancos **********, ********** y **********, de los que se agregó copia certificada de los estados de cuenta de cada uno de ellos.
6. Copia certificada del oficio **********, de seis de mayo de dos mil diez, suscrito por el administrador local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, mediante el cual requirió a la contribuyente **********, información y documentación relativa al periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil nueve.
7. Copia certificada del escrito firmado por **********, en su carácter de administrador general único de la contribuyente **********, que se recibió el veintisiete de mayo de dos mil diez, por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, a través del cual remitió: libros diario y mayor, auxiliares y balanza de comprobación, pólizas de diario, ingresos y egresos, copias de facturas, papeles de trabajo que sirvieron para el cálculo de pagos mensuales del impuesto al valor agregado, estados de cuenta bancarios, así como registros de firmas y conciliaciones bancarias, del periodo del uno de enero al treinta de junio de dos mil nueve.
8. Copia certificada del oficio **********, suscrito por el director general adjunto de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del cual, remitió al Servicio de Administración Tributaria, información y documentación bancaria relativa a la contribuyente **********.
9. Copia certificada del oficio **********, de ocho de diciembre de dos mil diez, suscrito por el administrador local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, mediante el cual, dio a conocer a la contribuyente **********, la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los bancos ********** y **********.
10. Copia certificada del oficio **********, de diecisiete de enero de dos mil once, suscrito por el administrador local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, mediante el cual solicitó a la contribuyente **********, diversa información y documentación.
11. Copia certificada de la última acta parcial de cuatro de febrero de dos mil once, practicada por el visitador adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, a la contribuyente **********.
12. Copia certificada del acta final de once de marzo de dos mil once, realizada por **********, en su carácter de visitadora adscrita a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, a la contribuyente **********.
13. Dictamen técnico contable de uno de junio de dos mil doce, emitido por los peritos adscritos al Servicio de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y,
14. Dictamen en materia de contabilidad, emitido por los peritos adscritos al Departamento de Asuntos Fiscales de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.
• Medios de convicción a los que la autoridad responsable, correctamente les otorgó valor probatorio pleno, en términos de los artículos 221, 225, 227, 234 y 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque fueron ratificados durante la instrucción por sus suscriptores, y no fueron objetados por las partes, con los que se acreditó que el sujeto activo del delito, a través del uso de engaños, omitió en los términos consignados en esas pruebas, el pago de una contribución, en el caso, el impuesto al valor agregado.
• El tercero de los elementos del delito, relativo al perjuicio al fisco federal, efectivamente se demostró con el oficio **********, mediante el cual, el administrador de análisis técnico fiscal "2" de la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en los resultados del dictamen técnico contable, cuantificó el perjuicio causado al fisco federal, cuyo contenido fue ratificado ante el Ministerio Público de la Federación. • Medio de convicción que se consideró correctamente valorado por la autoridad responsable, acorde con lo establecido en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales.
• Por tanto, contrario a lo que estimó el quejoso, se acreditó la calidad específica del sujeto actuante del delito, en el caso, la de un contribuyente, la acción consistente en que a través de engaños, omitió totalmente el pago de una contribución por el periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil nueve, y que la conducta desplegada ocasionó un perjuicio al fisco federal, acorde con los dictámenes correspondientes.
• Además, la autoridad responsable procedió conforme a derecho, al tener por acreditada la plena responsabilidad penal del sentenciado, en términos del artículo 95, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a título de autor material, con los mismos medios de convicción con los que se acreditó el delito.
• En cuanto a la individualización de la sanción, estimó adecuado que la autoridad responsable convalidara la pena de tres años de prisión, de conformidad con el artículo 108, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos, así como el pago de la reparación del daño por el perjuicio ocasionado al fisco federal, por $**********.
• En consecuencia, se negó al quejoso el amparo que solicitó.
9. II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 172/2021; a través del cual, modificó el criterio sustentado al resolver el amparo directo 522/2019, que fue por el que se denunció la contradicción de tesis.(4)
1) En escrito que se presentó el veintiuno de mayo de dos mil catorce, el director de investigaciones de la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formuló querella en contra de la contribuyente **********, porque en la declaración anual del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil nueve, consignó ingresos acumulables menores a los que realmente obtuvo, lo que se determinó con la información que las autoridades hacendarias recabaron en ejercicio de sus facultades de comprobación, y que determinaban que omitió el pago de ese impuesto, por $**********.
También omitió el pago del impuesto empresarial a tasa única, al consignar en la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil nueve, ingresos gravados menores a los realmente obtenidos, con lo que omitió el pago de ese impuesto por $**********.
Y a través del uso de engaños, omitió el pago del impuesto al valor agregado, correspondiente a los meses de enero a diciembre de dos mil nueve, por $**********, en perjuicio del fisco federal.
2) Se integró la averiguación previa correspondiente, que se consignó ante la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, donde se radicó como causa penal **********, y el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictó sentencia en la que consideró a **********, como penalmente responsable del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, y sancionado en la fracción III del artículo 108 del mismo ordenamiento legal, por el que le impuso, entre otras penas, tres años de prisión.
3) En contra de esa determinación, la sentenciada y su defensor particular interpusieron recurso de apelación, del que conoció el Sexto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, donde se registró como toca penal **********; y en sentencia de doce de septiembre de dos mil dieciocho, así como en su aclaración de veinte siguiente, revocó el fallo de primera instancia; ordenó reponer el procedimiento para notificar el inicio del proceso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte ofendida; proveer lo necesario para llevar a cabo la ratificación del dictamen en materia de contabilidad, rendido por ********** y **********; y hecho lo anterior, continuar con la secuela del procedimiento.
4) Inconforme con lo resuelto, la sentenciada, por conducto de su defensor particular, promovió amparo indirecto, del que conoció el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, donde se radicó con el número **********, y en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictó resolución en la que se concedió a la quejosa el amparo que solicitó, para el efecto de que el Magistrado responsable dejara insubsistente la resolución materia de la apelación; y dictara un nuevo fallo, en el que se abstuviera de reponer el procedimiento para llamar al juicio de origen, con el carácter de víctima u ofendida, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
5) En desacuerdo, el Ministerio Público de la Federación interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, donde se registró con el número **********; y en sesión de cuatro de abril de dos mil nueve, dictó sentencia en la que confirmó la resolución de amparo impugnada.
6) En cumplimiento, el Sexto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, el treinta y uno de mayo posterior, dictó sentencia en la que ordenó reponer el procedimiento para llevar a cabo la ratificación del dictamen en materia de contabilidad, expedido por ********** y **********; y hecho lo anterior, se continuara la secuela procedimental.
7) La sentenciada, por conducto de su defensor particular, promovió amparo indirecto, del que conoció el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, donde se radicó con el número **********; y en sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, le concedió a la quejosa el amparo que solicitó, para el efecto de que se revocara la resolución recurrida y se repusiera el procedimiento en la causa penal, a partir del auto de once de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se declaró cerrada la instrucción.
8) Al respecto, la Juez Séptimo de Distrito del Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, sustanció las etapas del procedimiento pendientes, y el tres de marzo de dos mil veinte, dictó sentencia en la que absolvió a la acusada.
9) Inconforme con esa determinación, el Ministerio Público de la Federación interpuso recurso de apelación, del que conoció el Sexto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, donde se registró como toca penal **********, y en sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, revocó la sentencia absolutoria impugnada, y en su lugar, consideró a **********, como penalmente responsable del delito defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción I, y sancionado por el numeral 108, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, por el que le impuso, entre otras penas, de ********** años de prisión.
10) Inconforme con esa determinación, la sentenciada, por conducto de su defensor particular, en escrito que se presentó ante el citado Tribunal Unitario, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, promovió amparo directo, en el que, en lo conducente, planteó como conceptos de violación:
• El Magistrado responsable, suplió la queja deficiente al Ministerio Público apelante, al realizar una indebida revisión oficiosa de la causa penal.
Ello, porque declaró fundado el agravio en el que se impugnó la consideración de la Juez de origen, referente a que la información bancaria de la contribuyente, obtenida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, violentaba su derecho a la privacidad, por lo que debía ser excluida por constituir material probatorio ilícito; respecto de lo que se alegó que los estados de cuenta no se consideraban pruebas ilícitas, porque se obtuvieron por autoridad competente para un procedimiento administrativo, por lo que podían ser utilizados en el proceso penal.
• Además, de conformidad con la fracción IV del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de autoridad fiscal, tenía facultad para romper el secreto bancario y la vida privada de la contribuyente, únicamente para fines fiscales, y no para dar soporte a la querella. Por ello, era ilegal usar los estados de cuenta bancarios en la causa penal, porque ello no constituía un fin fiscal.
• Los dictámenes técnico-contables y todas las pruebas que tenían como base los citados estados de cuenta, eran ilícitos, porque para ser aportados al proceso penal, los debió recabar el fiscal investigador por conducto del Juez.
• Por tanto, era ilegal la revocación de la sentencia absolutoria y la condena que se decretó en segunda instancia.
• No estaban acreditados el dolo ni la plena responsabilidad penal, porque las pruebas de cargo eran insuficientes e ilegales.
11) Conoció del asunto el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, donde se registró con el número 172/2021; y en sesión de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que, por unanimidad de votos, le concedió a la quejosa el amparo que solicitó, al tenor de las siguientes consideraciones:
• Se calificó de infundado que el Magistrado responsable hubiera suplido la deficiencia de la queja respecto de los agravios del Ministerio Público.
• Sin embargo, en suplencia de la deficiencia de la queja, declaró fundado el concepto de violación en el que se argumentó la existencia de prueba ilícita, que sirvió de sustento para la sentencia de primer grado, y que fue desestimado en el fallo reclamado.
Al respecto, se estimó que le asistía razón a la quejosa al señalar que los estados de cuenta bancarios que recabó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para "fines fiscales", en términos de la fracción IV del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, considerados como prueba d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30569-4a453ae9/estados-de-cuenta-bancarios-proporcionados-por-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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