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Modo: Corpus Pro

USURA. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONDENA A LA QUEJOSA AL PAGO DE INTERESES ORDINARIOS Y/O MORATORIOS, A FIN DE PROTEGER Y GARANTIZAR SUS DERECHOS HUMANOS, DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA DE SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INCLUSO, ANTE SU AUSENCIA, SÓLO EN RELACIÓN CON AQUÉLLA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 345/2018 (CUADERNO AUXILIAR 588/2018) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUX · Registro digital (IUS): 28139
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-10-19
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Pág. 2117.

AMPARO DIRECTO 345/2018 (CUADERNO AUXILIAR 588/2018) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 5 DE JULIO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ FAUSTINO ARANGO ESCÁMEZ. SECRETARIA: LUCERO EDITH FERNÁNDEZ BELTRANI.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Los conceptos de violación, en lo general, salvo el tema relativo a la usura, se analizarán conforme al principio de estricto derecho, al no surtirse alguna de las hipótesis legales de suplencia previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

No obstante, dado que en el presente asunto se condenó a la impetrante al pago de intereses ordinarios y moratorios, en caso de que los conceptos de violación no logren revertir esa condena, este Tribunal Colegiado suplirá su deficiencia a fin de determinar si la tasa para calcular tales intereses es o no usuraria, dado que la usura constituye una práctica proscrita que implica una forma de explotación del hombre por el hombre.

Ello, al tenor de una interpretación sistemática e integradora en la protección de derechos humanos, a la luz de lo previsto en los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo, así como los criterios jurisprudenciales y/o tesis aisladas que se invocan en este considerando, además de las disposiciones convencionales relacionadas con el tema de usura y los principios generales de derechos humanos.

Todo esto, adminiculado y vinculado entre sí, a más de una interpretación protectora de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 386/2014, llevan a este tribunal a concluir sobre la procedencia en la suplencia de la queja de los conceptos de violación sólo en lo relativo al tema de la usura, o bien, aun ante la ausencia de los conceptos de violación sobre este aspecto.

Para evidenciarlo se tiene lo siguiente:

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada 1a. CXCIII/2015 (10a.), que constituye un abuso del hombre por el hombre, cualquier tipo de explotación, tales como la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzados o la propia usura, cuya práctica se encuentra proscrita en el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La citada tesis aislada 1a. CXCIII/2015 (10a.), se encuentra publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 586, registro digital: 2009281«y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas», a continuación se reproduce:

"EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. CONCEPTO. La ‘explotación del hombre por el hombre’, contenida en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es aquella situación en la que una persona o grupo de personas utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de las personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas. Aun cuando el concepto de ‘explotación’ al que hace referencia la prohibición está afectado de vaguedad, existen casos claros de aplicación del concepto, pues dicha prohibición abarca cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre, tal y como ocurre con otras manifestaciones específicas dentro del mismo ordenamiento, tales como la esclavitud (artículo 6.1), la servidumbre (artículo 6.1), los trabajos forzados (artículo 6.2) o la propia usura (artículo 21.3). Todas estas situaciones son instancias indiscutibles de explotación del hombre por el hombre."

Ahora bien, el artículo 1o. de la Constitución Federal de la República establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese sentido, la obligación de proteger consiste en que el Estado debe evitar que terceras personas obstaculicen o impidan el acceso de derechos; esta obligación conlleva básicamente a que el Estado realice conductas positivas para proteger los derechos humanos.

Tal obligación se encuentra contemplada implícitamente en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice:

"Artículo 2. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."

Por otra parte, la obligación de garantizar se traduce en el deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar, jurídicamente, el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; lo anterior se puede lograr, por ejemplo, a través del Poder Judicial, cuyos órganos tendrán la obligación de asegurar que los gobernados gocen de sus derechos humanos restituyéndolos en casos de violación.

Por otro lado, el principio de universalidad refiere que todos los derechos humanos son universales e inalienables, pues todas las personas los poseen y no pueden renunciar voluntariamente a ellos ni éstos pueden ser usurpados por otras.

Asimismo, el principio de interdependencia exige que en la medida en que se disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos, se gozará de otro derecho o grupo de derechos; igualmente, a la inversa, en tanto se viole un derecho o grupo de derechos, se estará violando otro derecho o grupo de derechos.

Por su parte, el principio de indivisibilidad establece que un derecho humano no puede catalogarse, exclusivamente, dentro de una clasificación, pues puede ser que una prerrogativa de índole patrimonial impacte en otros derechos como lo puede ser la vida o la libertad de trabajo.

Mientras que la progresividad de los derechos humanos, como principio, atiende a la constante evolución de tratar de incrementar la protección de un derecho sin desconocer otro o establecer la preferencia de protección de un derecho sobre otro en el caso concreto, sin que ello implique desconocimiento de derecho humano alguno.

Todo esto se pondera por este tribunal para concluir sobre la necesidad de la suplencia de la queja, en los términos expuestos en el preciso tema de la usura, aunado a que al resolver la contradicción de tesis 386/2014, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País estableció que cuando en un asunto el Juez del conocimiento (o en su caso la alzada), no se pronuncie respecto de la posible configuración de usura tratándose del cobro de intereses derivado del impago de un título de crédito en términos de las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), de títulos y subtítulos: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", si el Tribunal Colegiado de Circuito al que toque conocer del juicio de amparo directo advierte indicios de usura, entonces, deberá conceder la protección constitucional para que la autoridad responsable examine lo conducente atendiendo a las citadas jurisprudencias.

De la citada contradicción de tesis 386/2014 derivó la jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 879, registro digital: 2013074 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas», que a continuación se reproduce:

"USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De acuerdo con la tipología y la forma en que deben repararse las diversas violaciones que puedan presentarse durante el juicio de amparo, y en atención a que de conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el Juez de origen debe llevar a cabo, en primer lugar, un análisis indiciario de la posible configuración del fenómeno usurario y, ante la sospecha de su actualización, proceder al estudio de los elementos que obren en autos para constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de interés. En el supuesto de que el Juez responsable no se haya pronunciado al respecto y de que el tribunal colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable repare la violación apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al tenor de los parámetros establecidos en las citadas jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá determinar la posible actualización de la señalada forma de explotación del hombre por el hombre. La justificación de que sea la autoridad responsable la que realice ese ejercicio atiende a la necesidad de no dejar sin un medio de defensa a las partes sobre la fijación de una tasa de interés diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite que, una vez que la autoridad responsable haya realizado el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de considerar que el estudio correspondiente corre a cargo del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que la determinación del tribunal colegiado nunca podría ser sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de legalidad y sus decisiones en ese ámbito son inimpugnables."

Aunado a esto, existe jurisprudencia en el sentido de que la institución de la suplencia de la queja en materia del juicio de amparo debe analizarse para decretar su aplicación dentro de un marco constitucional de derechos humanos y atendiendo a la protección de éstos como, así lo exige el precepto 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya invocado y lo cual también es un aspecto que este tribunal pondera.

Dicha jurisprudencia es 2a./J. 154/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 317, registro digital: 2010623 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas», que a continuación se transcribe:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. En la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 (10a.) (*), esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que si bien la reforma indicada implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional –principio pro persona–, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la reforma citada, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Bajo esa directriz, se advierte que los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, consagran la igualdad, en su acepción universal, que debe existir entre todas las personas, sin distinción alguna. Por su parte, la propia Sala en la diversa tesis aislada 2a. XCII/2013 (10a.) (**), interpretó el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que prevé un principio de reserva legal del orden interno del Estado parte, con arreglo al cual se instrumentará el derecho al recurso, reconociendo, en este aspecto, la prevalencia del orden interno. Ahora bien, el principio de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo se erige como una institución de capital importancia dentro de nuestro sistema jurídico, con características particulares, con el fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-jurídicas; por ello, dicha institución debe analizarse desde la perspectiva constitucional y legal nacional, y es en función de ese examen interno como debe contrastarse si efectivamente tal principio satisface el mandato universal de igualdad, o si existe una justificación razonable en la distinción de trato que respecto de ciertas personas o grupos establece el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el precepto 79 en la ley de la materia en vigor a partir del día siguiente."

En esos términos, como se anunció, de una interpretación sistemática e integradora de los artículos 1o. de la Constitución Federal, 2 y 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 79, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo, de los criterios (jurisprudencias y/o tesis aisladas) ya invocadas y atendiendo, además, a lo resuelto en la contradicción de tesis 386/2014, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), al margen de lo determinado en el acto reclamado o de lo esgrimido en la demanda de amparo directo, este Tribunal Colegiado de Circuito protegerá y garantizará los derechos humanos de la parte quejosa supliendo la deficiencia de la queja de ser necesario respecto de sus conceptos de violación o, incluso, ante la ausencia de éstos, únicamente en relación con el tema de usura, pues la configuración de ese abuso no sólo vulnera sus derechos patrimoniales, sino que atendiendo a los principios de interdependencia y universalidad, pueden verse involucrados otros, tales como la vida, el mínimo vital, la libertad de trabajo, el proyecto de vida, etcétera, los cuales en términos del diverso principio de universalidad son irrenunciables e innegociables, incluso, en el caso de que dos particulares así lo pacten en un contrato privado que implique el pago de intereses excesivos que constituyan explotación del hombre por el hombre.

En ese orden de ideas, este tribunal concluye sobre la aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja en los términos expuestos, sólo sobre el preciso tema de la usura.

SÉPTIMO.—En su primer concepto de violación, la peticionaria se inconforma con la desestimación que aduce realizó el Juez de la causa de la excepción de incompetencia por declinatoria que opuso, pues refiere no fundó ni motivó las razones por las cuales declaró improcedente la excepción de marras, lo que conculca sus derechos fundamentales de debido proceso y acceso a la justicia tutelados por los artículos 1o. y 17 de la Carta Magna, ya que indebidamente se consideró competente cuando el asunto consiste en un contrato de crédito regulado en el Código de Comercio cuyo conocimiento corresponde a un Juez Federal.

El anterior concepto de violación es ineficaz por las razones que se expondrán a continuación:

En principio, conviene destacar que de los autos del juicio ejecutivo mercantil **********, se aprecia que no fue el Juez de primer grado quien desestimó la excepción de incompetencia a que alude y determinó continuar conociendo de la controversia mercantil; sino que fue el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, el que al resolver el toca de apelación **********, relativo a la incompetencia por declinatoria planteada por la demandada, aquí impetrante, mediante resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, declaró improcedente la excepción de que se trata (fojas 204 y 205 del expediente del juicio natural); siendo que los planteamientos expresados en este primer concepto de violación que se examina en contra de tal determinación constituyen meras afirmaciones sin sustento jurídico o material que no señalan, verbigracia, en qué aspectos de ausencia o indebida motivación o fundamentación incurrió la Sala responsable, es decir, sobre qué temas omitió pronunciarse, o cuáles analizó de forma deficiente, para que así válidamente este Tribunal Colegiado pudiera avocarse a su estudio.

Lo anterior, puesto que era necesario que la quejosa expresara tales cuestiones a fin de que este órgano jurisdiccional estuviera en posibilidad jurídica de examinarlas y pronunciarse; habida cuenta de que, en el caso, no opera la suplencia de la deficiencia de la queja en su favor, siendo que es a la propia peticionaria a quien corresponde señalar, de manera destacada, los aspectos particulares que estima le causa perjuicio o por los que considera le asiste la razón; de modo que, al no haberlo hecho así, los argumentos en examen resultan ineficaces.

Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, registro digital: 185425, que se transcribe a continuación:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.—El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

En su segundo concepto de violación, la peticionaria aduce que el Juez de origen fue omiso en pronunciarse sobre la procedencia o no de la excepción de improcedencia de la vía a pesar de que la opuso en su contestación de demanda y que se trata de un presupuesto procesal que la autoridad debe analizar oficiosamente; lo que refiere, la deja en total estado de indefensión.

Lo anterior es ineficaz.

En efecto, de la sentencia reclamada se aprecia que a foja diecinueve, el Juez responsable expresamente señaló:

"Corolario obligado de las consideraciones expuestas, es declarar procedente la vía ejecutiva mercantil intentada y, como consecuencia de ello, ha lugar a condenar a la accionada a pagar a favor de la parte actora las diversas prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda."

De la transcripción que precede se colige que, aunque es cierto que, en la sentencia reclamada el juzgador no señaló de manera expresa que analizaría dicho presupuesto procesal con base en la excepción opuesta por la peticionaria en su ocurso de contestación de demanda, ni declaró textualmente la improcedencia de ésta; es evidente que al haber concluido en la procedencia de la vía ejecutiva mercantil intentada por las múltiples razones que precisó de la foja doce a la diecinueve de la sentencia reclamada, implícitamente desestimó la excepción de marras opuesta.

Por lo que, en oposición a lo aducido, si como se ha visto el Juez del conocimiento sí analizó dicho presupuesto procesal, es inconcuso que, por lo que ve al examen de la procedencia de la vía ejercida, la rea-peticionaria no puede alegar que se le dejó en estado de indefensión, ya que, se reitera, la autoridad responsable sí analizó y se pronunció sobre dicho tópico.

Además de que, en todo caso, si de lo que se duele la peticionaria es que el Juez hubiera omitido analizar determinados aspectos que planteó específicamente en relación con dicha excepción, entonces así debió haberlo formulado explícitamente en su concepto de violación; no obstante, no se advierte que así lo hubiera hecho, ni que se hubiera inconformado con los motivos y fundamentos de derecho que el juzgador expresó para concluir en la procedencia de la vía ejecutiva intentada.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo II, junio de 2016, página 827, registro digital: 2011781 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas», de contenido:

"AMPARO DIRECTO. NO CONSTITUYE UN FORMALISMO O RIGORISMO JURÍDICO EXIGIR AL QUEJOSO QUE SEÑALE EXPRESAMENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EL PERJUICIO LO CAUSA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE PRONUNCIARSE SOBRE DETERMINADO PLANTEAMIENTO (INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). En los asuntos en los que es improcedente la suplencia de la queja deficiente, debe combatirse expresamente la omisión de la responsable de analizar un argumento en la sentencia definitiva reclamada, debiendo estimarse inoperantes los planteamientos que tiendan a repetir aquello sobre lo que no hubo pronunciamiento, porque es obligación del quejoso señalar el perjuicio que le causa el acto reclamado, pues de lo contrario, se deja la carga al juzgador de interpretar en qué consiste el agravio a estudiar lo que, de acuerdo con la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo, no es factible que éste realice, al ir más allá del alcance que tiene la figura de atender a la causa de pedir; sin que ese requisito constituya un formalismo o rigorismo jurídico, toda vez que sólo se trata de una exigencia mínima que no lesiona la sustancia del derecho del acceso a la justicia. Aunado al hecho de que no se impone cierta forma para hacer valer el agravio respectivo, ya que, por ejemplo, podrá el quejoso señalar que existe una omisión de estudio, o que el acto reclamado carece de congruencia y exhaustividad en el estudio de los argumentos planteados; es decir, que de cualquier forma indique qué perjuicio se le causa."

Además, apoya lo anterior, la jurisprudencia sin número sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, Volumen CXXVI, Cuarta Parte, diciembre de 1967, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 269435, que dispone:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.—Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable."

En el tercer concepto de violación, la peticionaria refiere que el Juez responsable no se pronunció en relación con la excepción de falta de personalidad que opuso, lo que conculca los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como el 1205, 1237 y 1292 del Código de Comercio y la deja en total estado de indefensión, pues –aduce– se trata de un presupuesto procesal que debió analizar en el juicio natural al tenor del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que quienes intervinieron como acreditantes no tenían facultades expresas para actuar en nombre del banco accionante.

Lo anterior también es ineficaz como se verá a continuación.

En efecto, de constancias se advierte que por auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el juzgador dio trámite a la excepción de falta de personalidad que la rea-quejosa opuso al contestar su demanda, de conformidad con los artículos 1122, fracciones IV y VII, y 1129 del Código de Comercio. (foja 145 del expediente del juicio natural)

Así, mediante resolución interlocutoria de uno de noviembre de dos mil diecisiete, el propio Juez responsable declaró improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta con base en las razones que expresó en dicha interlocutoria (fojas 161 a la 167); motivo por el cual ya no analizó tal tópico en la sentencia definitiva de ocho de marzo de dos mil dieciocho reclamada, puesto que tal tópico ya había sido materia de examen y pronunciamiento en la vía incidental.

De ahí lo ineficaz del planteamiento que se examina, ya que contrariamente a lo aducido, la autoridad responsable sí examinó y se pronunció en relación con la excepción de falta de personalidad opuesta de conformidad con los artículos 1122, fracción IV y 1129, ambos del Código de Comercio, que disponen que la excepción de que se trata, entre otras, deberá tramitarse y resolverse en la vía incidental; lo que así llevó a cabo el juzgador natural.

En la inteligencia de que, en oposición a lo pretendido, por tales motivos el Juez de instancia ya no tenía porqué analizar tal tópico en la sentencia reclamada, por lo que no puede considerarse que fue omisa en examinar tal cuestión; habida cuenta de que como se ha evidenciado, ya había desestimado la excepción de marras en la resolución interlocutoria de uno de noviembre de dos mil diecisiete, respecto de la cual no se advierte que la peticionaria se hubiera inconformado propiamente con las razones y fundamentos de derecho que sustentan tal incidencia.

Es aplicable la tesis sin número sustentada por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 211, Volumen LXI, julio de 1962, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 803403, de contenido:

"PERSONALIDAD, ESTUDIO DE LA.—Aun cuando la personalidad de los litigantes en el juicio, es un presupuesto procesal y su comprobación debe ser estudiada, aún de oficio, cuando tal cuestión ha sido resuelta en el procedimiento, no puede volver a tratarse, so pena de violar el principio de preclusión procesal."

Asimismo, cobra aplicación la diversa tesis aislada sin número sustentada por la citada Tercera Sala del Supremo Órgano Jurisdiccional, Volumen CXXXVII, noviembre de 1968, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 803702, que dice:

"PRECLUSIÓN Y COSA JUZGADA. PERSONALIDAD.—Entre los diversos principios que rigen el proceso civil, está el de la preclusión. Este principio está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados; esto es, que a virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; resulta, normalmente, de tres situaciones: 1a. Por no haber observado el orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; 2a. Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; 3a. Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Por lo que hace a la tercera situación o posibilidad, y que es la que se refiere a situaciones en que ha operado la cosa juzgada se ha dicho que ésta es la máxima preclusión, en cuanto ella impide la renovación de alegaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28139-2aad4daf/usura-el-tribunal-colegiado-de-circuito-que-conozca · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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