AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 225/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 9 DE MAYO DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMAN MERAZ ORTIZ.
CONSIDERANDO:
4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis, P. I/2012 (10a.) de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo(2) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.
5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II,(3) en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México con sede en Nezahualcóyotl.
6. TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, al emitir sus resoluciones.
I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (recurso de revisión **********)
7. Revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, porque estimó que el Juez de Distrito violó las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, ya que debió tener a la vista la carpeta de investigación para resolver el amparo, cuyo acto reclamado fue un auto de vinculación a proceso, a fin de corroborar fehacientemente dos hechos relevantes que acontecieron en la audiencia, a saber:
a. Si los imputados contaron con defensor durante la diligencia de reconocimiento de persona.
b. Si uno de los imputados estuvo arraigado y fue golpeado.
8. Por tales razones, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia y estimó que era necesario que el Juez de Distrito se allegara de la carpeta de investigación, a fin de determinar lo conducente.
9. Máxime que en términos de los artículos 75 y 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para recabar de manera oficiosa las constancias que estime necesarias para la resolución del asunto.
II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (recurso de queja **********)
10. Declaró fundado el recurso de queja, por las siguientes razones:
a. El Juez de Control, al emitir el auto de vinculación a proceso, solamente debió considerar los datos de prueba referidos por el representante social en la audiencia correspondiente.
b. En el acuerdo dictado en el amparo indirecto **********, recurrido en queja, el Juez de Distrito indebidamente requirió al titular de la Unidad Especializada en Técnicas de Investigación adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que le remitiera copia certificada de la carpeta de investigación, a fin de resolver el juicio de amparo.
c. Al respecto, el Tribunal Colegiado determinó que no era necesario que el Juez de Distrito contara con copia certificada de la carpeta de investigación, ya que únicamente debía atender a lo que el Ministerio Público expuso en la audiencia de vinculación, en la que debió exponer los datos de prueba con los que consideró el hecho que la ley señala como delito y de manera probable que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
d. Consideró –el Tribunal Colegiado– que el Juez de Control debía abstenerse de revisar las actuaciones de la carpeta de investigación practicadas por el órgano técnico, con el fin de no prejuzgar y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones dado el control horizontal que impera entre los contendientes, ya que esas actuaciones se rigen por el principio de contradicción.
e. Actuar en contrario podría originar que se resolviera tomando en cuenta datos de prueba que no fueron expuestos ante el Juez de Control en la audiencia de vinculación a proceso, lo que sería violatorio del artículo 75 de la Ley de Amparo, respecto a que el acto reclamado deberá apreciarse tal como fue probado ante la responsable.
f. Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada VI.1o.P.39 P (10a.),(4) de rubro y texto:
"RECURSO DE QUEJA. RESULTA FUNDADO CONTRA LA SOLICITUD DEL JUEZ DE DISTRITO EFECTUADA AL JUEZ DE CONTROL PARA LA REMISIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO.—De una interpretación sistemática y armónica del texto de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo, y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse únicamente la existencia de ‘un hecho que la ley señale como delito’ y ‘probabilidad en la comisión o participación del activo’, de ahí que el Juez de control al emitir el auto referido solamente considera los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público respectivo, en la audiencia inicial correspondiente, en términos del artículo 313, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ende, resulta incorrecto que el Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se reclama el auto de vinculación a proceso, solicite la remisión de la carpeta de investigación, ya que no todos los datos de prueba que ahí constan, necesariamente tienen que tomarse en cuenta al momento de que el Juez de control emita la citada vinculación a proceso reclamada, sino que debe atenderse únicamente al contenido de la referida audiencia, en la que el representante social expone de manera oral los datos de prueba con los que estima se establece el hecho que la ley señala como delito, y de manera probable, que el imputado lo cometió o participó en su comisión, a fin de colmar uno de los requisitos que prevé el artículo 316, del invocado Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de tal auto de plazo constitucional."
11. CUARTO.—Existencia de la contradicción. En principio, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que tales criterios se sostengan a través de tesis jurisprudenciales.
12. Más bien, por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(5) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)
13. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
14. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.
15. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
16. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
a.Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
17. Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
18. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.
Primer requisito: Arbitrio judicial
19. El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito precisó que el Juez de Distrito para resolver el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, debe allegarse de la carpeta de investigación para corroborar fehacientemente los hechos relevantes que acontecieron en la audiencia de vinculación, porque en términos de los artículos 75 y 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, está facultado para recabar de manera oficiosa las constancias que estime necesarias para la resolución del asunto, pues de lo contrario se actualizaría una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo en términos de la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo.
20. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito sostuvo que es indebido que el Juez de Distrito requiera copia certificada de la carpeta de investigación, porque esa circunstancia ocasionará que resuelva el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, con base en datos de prueba que no fueron expuestos ante el Juez de Control en la audiencia de vinculación a proceso, lo que sería violatorio del artículo 75 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se apreciará el acto reclamado tal como fue probado ante la responsable, ya que el Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso solamente debe considerar la exposición y los datos de prueba referidos por el representante social en la audiencia, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones dado el control horizontal que impera entre los contendientes, conforme al principio de contradicción.
Segundo requisito: Ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto jurídico
21. Como puede advertirse, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, resolvieron una cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, ya que en los referidos amparos determinaron lo conducente respecto a si el Juez de Distrito para resolver el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, debe allegarse de la carpeta de investigación –de manera oficiosa– para corroborar fehacientemente los hechos relevantes que acontecieron en la audiencia de vinculación, en términos de los artículos 75 y 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo; o solamente debe considerar la exposición y los datos de prueba referidos por el representante social en la audiencia de vinculación a proceso, a fin de apreciar el acto reclamado tal como fue probado ante la responsable, como lo dispone el artículo 75 de la ley de Amparo.
22. En ese tenor, el ejercicio interpretativo de los Tribunales Colegiados se realizó sobre una misma problemática jurídica; sin embargo, adoptaron criterios jurídicos discrepantes.
23. Para el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito es relevante que el Juez de Distrito cuente con la carpeta de investigación para corroborar fehacientemente los hechos que acontecieron en la audiencia de vinculación, por lo que deberá recabarla de manera oficiosa para la resolución del asunto.
24. En tanto que, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, determinó que el Juez de Distrito no puede analizar el auto de vinculación a la luz de la carpeta de investigación, porque se trata de datos de prueba que no fueron expuestos ante el Juez de Control en la audiencia de vinculación a proceso, sino únicamente debe considerar la exposición y los datos de prueba referidos por el representante social en la audiencia.
25. Bajo esa línea argumentativa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que los Tribunales Colegiados efectuaron un ejercicio interpretativo sobre los mismos puntos jurídicos y arribaron a conclusiones diferentes.
Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción
26. En el caso, como ya se ha mencionado, la materia de análisis en la contradicción de tesis se hace derivar de la postura asumida por los Tribunales Colegiados contendientes, pues reviste aspectos que no son coincidentes, por lo que se consideran suficientes para que esta Primera Sala tenga por acreditada la existencia de un tema disímil que conduzca a emitir un criterio sobre los tópicos respecto de los que se formuló la denuncia.
27. A partir de todo lo anterior, se advierte que frente a esa disyuntiva jurídica, la divergencia de criterios se actualiza respecto del siguiente cuestionamiento: ¿Para resolver el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, el Juez de Distrito debe allegarse de manera oficiosa la carpeta de investigación para corroborar fehacientemente los hechos relevantes que acontecieron en la audiencia de vinculación?
28. Así las cosas, se estima que están reunidos los extremos para afirmar la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los tribunales contendientes han expresado una posición antagónica en torno a un tema determinado, en el que esencialmente se controvierten los mismos planteamientos jurídicos.
29. No obsta a lo anterior que los Tribunales Colegiados hayan resuelto medios de impugnación distintos, porque ese aspecto no impide analizar la divergencia de criterios. Tampoco es óbice para la actualización de la contienda de criterios que los autos de vinculación a proceso analizados por los Tribunales Colegiados, se hayan emitido respectivamente, conforme a dos legislaciones procesales distintas, a saber: el Código de Procedimientos Penales del Estado de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que esa circunstancia no torna inexistente la contradicción de criterios.
30. Ello, porque para emitir sus respectivas resoluciones, en el sentido de considerar necesario o no recabar de manera oficiosa la carpeta de investigación, a fin de determinar la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, los Tribunales Colegiados analizaron el artículo 75 de la Ley de Amparo vigente.
31. Sin que pase inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).—Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el Juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el Juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el Juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el Juez Federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda."
32. Sin embargo, la problemática allí abordada se ciñó a la legislación del Estado de Chihuahua, particularmente al artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua,(7) el cual dispone, en la parte que interesa, una excepción para que el Juez de garantía revise la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, a saber, cuando exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta, para resolver respecto de la orden de aprehensión o el auto de vinculación a proceso.
33. Ello pone de manifiesto que la tesis de jurisprudencia referida no tiene la característica de ser temática sino especializada, lo que evidencia que –como aconteció en la especie– no obstante existe dicho criterio, los referidos Tribunales Colegiados continúan sosteniendo criterios divergentes en torno a si es necesario para resolver el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, que el Juez de Distrito recabe de manera oficiosa la carpeta de investigación para corroborar fehacientemente lo que aconteció en la audiencia de vinculación o algún otro hecho que no tuvo lugar en la misma.
34. En ese tenor, dada la problemática que en la especie se plantea, su resolución no sólo amerita consultar el Código de Procedimientos Penales del Estado de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 75 de la Ley de Amparo, sino los artículos 19 y 20 constitucionales, a fin de emitir un criterio en relación con la forma en que el juzgador de amparo debe apreciar el auto de vinculación a proceso, que comprenda el mayor número de casos que en un futuro se presenten, porque la que actualmente existe sólo atiende a la legislación del Estado de Chihuahua.
35. QUINTO.—Criterio que debe adoptarse. Debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que a continuación se expresan:
36. Por cuestión metodológica es necesario efectuar algunas precisiones en torno al principio de contradicción, el auto de vinculación a proceso, la carpeta de investigación y la obligación del Juez de Distrito de dictar sentencia apreciando el acto reclamado tal como se probó ante la responsable, sin tomar en cuenta las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.
37. Al resolver la contradicción de tesis **********, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(8) determinó que el proceso penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción, el que debe ser entendido como:
– El derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos.
– Participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos.
38. En dicha ejecutoria se efectuó una precisión importante en torno a ese principio, relativa a que la presentación de los argumentos y contra argumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador, de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo.
39. Es decir, a través del principio de contradicción se garantiza la igualdad procesal de las partes, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria, para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador.
40. Así, tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos, con base en los datos que cada uno de ellos aporte a fin de lograr convencerlo de su versión o teoría del caso.
41. Todo lo anterior, tendrá que persuadir al Juez –quien actúa como un tercero imparcial– al analizar las teorías del caso y que constituyen lo que realmente sucedió –de acuerdo al punto de vista de quien las planteó– y los datos en que se apoya cada una de éstas. Por tal razón, conforme al principio de contradicción el ofrecimiento, presentación y desahogo de los datos de investigación o los datos ofrecidos por el imputado y su defensor, según sea el caso, queda bajo el control de todos los sujetos procesales (Ministerio Público, imputado y su defensor, ofendido o víctima del delito y demás partes intervinientes), con el fin de que tengan la oportunidad de intervenir en la audiencia donde se lleve a cabo la recepción de aquéllos, verificando la forma en que se introducen al proceso; haciendo toda clase de preguntas y observaciones, siempre y cuando sean pertinentes y conducentes con el fin que se pretende con tal intervención, de modo tal que tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor, puedan participar activamente, inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso (peritos, testigos, etcétera); solicitando y realizando aclaraciones y apreciando la manera en que su contraparte realiza esa misma labor, pudiendo controvertirlas para apoyar su teoría del caso.
42. En tal virtud, las partes también se encuentran obligadas desde la etapa de investigación a proporcionar la fuente de origen de los referidos datos, a fin de que tanto su contraparte como el Juez puedan verificar la legalidad de las actuaciones. El principio de contradicción adquiere mayor relevancia, habida cuenta que desde el inicio de la investigación el imputado y su defensa podrán tener acceso a los registros de investigación y el Ministerio Público se encuentra obligado, por el deber de lealtad, a proporcionarles la información que necesiten, a no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, e inclusive informarles si decide no incorporar algún elemento al proceso que pudiera favorecerles; así como también al solicitar una orden de aprehensión, el órgano investigador debe señalar las razones que sustenten su pretensión, precisando cuáles fueron los datos de investigación que sirvieron de fundamento a la misma, de tal suerte que tanto el imputado como su defensor cuenten con la información suficiente para desvirtuar oportunamente los hechos que se le atribuyen.
43. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversas ejecutorias que el procedimiento penal acusatorio y oral se divide en etapas, y la identificada como de investigación tiene dos fases, la investigación inicial e investigación complementaria, siendo en esta última donde tiene verificativo la audiencia inicial, que entre otros aspectos comprende: 1) la de formulación de la imputación; 2) la solicitud ministerial de vinculación a proceso; y, 3) la decisión que resuelve la situación jurídica del imputado.
44. El auto de vinculación se sitúa procesalmente en la llamada audiencia inicial, en la que también se desarrollan otros actos como el control de la detención, la formulación de la imputación, la determinación de medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación que llevará a cabo el Ministerio Público una vez que se emita la vinculación a proceso del imputado.
45. La vinculación a proceso es la determinación mediante la cual el juzgador establece si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; en él se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente; y, es el momento oportuno para que en su caso se solicite la imposición de alguna medida cautelar a fin de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, así como la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.
46. Por tanto, el artículo 19 constitucional prevé que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
47. En ese tenor, es necesario hacer referencia a que, conforme al referido precepto constitucional, la formulación de la imputación es un acto procesal previo a la solicitud ministerial de vinculación y a la resolución que determina la situación jurídica de imputado.
48. Lo anterior, porque no puede emitirse un auto de vinculación sin que previamente se haya formulado la imputación, la que constituye un derecho fundamental del detenido en términos del artículo 20, apartado B, fracción III, constitucional, consistente en ser informado de los hechos que se le imputan.
49. La formulación de la imputación estriba en la exposición inicial del Ministerio Público del hecho que se atribuye al detenido, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, su clasificación jurídica, las circunstancias de comisión, grado de intervención penal que se atribuye y las personas que deponen en su contra.
50. Ello, con la finalidad de comunicar al justiciable el hecho por el que se pretende continuar una investigación en su contra, controlada por el órgano jurisdiccional, brindándole la información necesaria para ejercer plenamente su derecho de defensa.
51. Otro acto proces
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28225-9a1e0d90/auto-de-vinculacion-a-proceso-por-regla-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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