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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 309/2018. · Registro digital (IUS): 28326
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-02-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pág. 983.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 309/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa de distintos Circuitos, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(1)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, es decir, un Juez de Distrito.

TERCERO.—Criterios contendientes. A continuación, se destacan las consideraciones más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias.

I. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 33/2018, consideró lo siguiente:

"...

"Por otra parte, los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: (se transcriben ...)

"Del análisis sistemático de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando el quejoso reclame actos que no provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo.

"Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, con relación al concepto de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo, estableció en lo conducente, lo siguiente: (se transcribe ...)

"Derivado de las anteriores consideraciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la tesis número 2a. XXXVI/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, que dice:

"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.’ (se transcribe ...)

"De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes:

"a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular.

"b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.

"c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular.

"d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado.

"Las anteriores reflexiones están sustentadas en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis número 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, que dice:

"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (se transcribe ...)

"Conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, y supra a subordinación.

"En ese tenor, se dice que los actos reclamados pueden consistir en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva.

"En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los órganos del Estado actúan como autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando emiten actos unilaterales a través de los cuales, con fundamento en la ley, crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado.

"Para distinguir un acto de otro, se tiene en cuenta la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.

"Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir la justicia por propia mano, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, administrativo, mercantil, agrario y laboral.

"Este tipo de relaciones se distinguen porque las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.

"Las relaciones de supra a subordinación son las que se presentan en la interacción entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional a través del juicio de amparo.

Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.

"Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República.

"Para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si el acto sujeto de análisis en el juicio de amparo se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior.

"En la especie, como bien lo destacó el Juez del conocimiento, de la lectura de la demanda de amparo, se observa que la quejosa reclamó la determinación de pago con número de ajuste 1178/2017, de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el encargado de Operación Comercial SB Zona Tacuba DVMC de la Comisión Federal de Electricidad, por un monto de $********** (**********), por un periodo de cinco años comprendido del tres de mayo de dos mil doce al treinta de octubre de dos mil diecisiete.

"Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia en la que consideró que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.

"El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia número 2a./J. 156/2017 (10a.), emitida por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Tomo I, enero de 2018, página 336, que dice:

"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.’ (se transcribe ...)

"Conforme al criterio anterior, se puede concluir que actualmente existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que define que las controversias suscitadas entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares con motivo del contrato de suministro de energía eléctrica, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil, pues su origen deriva de un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, traducido en una relación de coordinación, lo que permite constatar que los actos emitidos por dicha comisión, con motivo de la existencia del referido contrato no se originan en un plano de supra a subordinación (Estado-particular) y, por ende, no pueden constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

"En ese contexto, como se dijo, el agravio es infundado, pues el hecho de que la recurrente afirme que en su demanda indicó que la autoridad responsable, la Comisión Federal de Electricidad, no respetó su derecho de estar presente en la inspección del medidor de luz y, con ello, estar en posibilidad de controvertirla, era insuficiente para que se estimara procedente la admisión de la demanda de garantías.

"Lo anterior es así, pues ese tipo de actuaciones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad y los particulares, como es la inspección del medidor de luz y, en su caso, la posterior determinación del monto adeudado, se originaron con motivo del contrato de suministro de energía eléctrica y, conforme a su naturaleza, debe acudir a la vía ordinaria mercantil a combatirlas.

"Aunado a que, como se dijo, existe jurisprudencia que actualmente define la naturaleza de los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad a partir de la celebración de un contrato de suministro de energía eléctrica, esto es, que se emiten en un plano de coordinación o entre particulares y no así, en un plano de supra a subordinación (Estado-particular), por lo que, era claro que los actos atribuidos a la autoridad responsable no son de autoridad para efectos del juicio de garantías, tal como lo consideró el Juez Federal.

"Por lo tanto, se estima que resulta acertada la decisión del Juez del conocimiento, en el sentido de desechar la demanda de amparo promovida en contra de actos de la Comisión Federal de Electricidad.

"No es óbice a lo anterior, la existencia de la jurisprudencia número 2a./J. 54/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 929, que dice:

"‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe ...)

"Esto, porque en el caso particular, existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que define la naturaleza de los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad a partir de la celebración de un contrato de suministro de energía eléctrica, esto es, que se emiten en un plano de coordinación o entre particulares y no así, en un plano de supra a subordinación (Estado-particular), y como consecuencia, deben controvertirse a través de la vía ordinaria mercantil; de ahí que, no es necesario esperar a examinar las pruebas aportadas en el juicio de garantías para definir la naturaleza de los actos reclamados, cuando ese tema ya se estableció en dicha jurisprudencia.

"En tales condiciones, ante lo infundado del único agravio planteado por la recurrente, lo que procede es confirmar el acuerdo recurrido y desechar la demanda de amparo ..."

II. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 129/2018, consideró lo siguiente:

"...

"Es fundado el agravio hecho valer, sustancialmente en la parte en que la recurrente trata de evidenciar que, no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juzgador Federal, al no ser notoria e indubitable, pues la actualización de lo previsto en el artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, –que el acto reclamado de Comisión Federal de Electricidad, sea o no un acto de autoridad para tales efectos–, requiere de un análisis profundo, no propio del auto inicial de trámite de la demanda sino de la sentencia definitiva.

Lo que apoya en la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’

"Así pues, en el auto recurrido, el titular del Juzgado Octavo en cita, desechó de plano la demanda de Amparo, promovida por la aquí recurrente, por considerar actualizada –de forma manifiesta e indudable– la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, pues según dijo, los actos reclamados que se atribuían a la Comisión Federal de Electricidad, carecían del atributo de ser actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.

"Lo anterior, dado que su actuar no se basaba en una relación de supra a subordinación con la demandante del amparo, sino que se trataba de una relación de coordinación entre particulares, pues las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil.

"Pues bien, con independencia de si en el asunto en trato, los actos por los cuales el titular del citado órgano constitucional, estimó procedente desechar la demanda de origen, pudieran finalmente considerarse o no como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cierto es que el auto inicial de trámite de dicha demanda no es la actuación procesal oportuna para analizar y definir esa circunstancia, de donde deriva lo fundado del agravio hecho valer.

"En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor establece: (se transcribe ...)

"Del citado numeral se advierte que el órgano jurisdiccional puede desechar una demanda, únicamente cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

"Entonces, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente demostrado, porque se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones.

"Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes.

"En sentido opuesto, de no actualizarse esos requisitos; es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable, o si se tiene duda de su operancia, debe admitirse la demanda, pues de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio.

"Sobre ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 297/2011, en sesión de dos de mayo de dos mil doce, dilucidó si el Juez Federal en el auto de trámite que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, puede realizar el análisis del acto reclamado, con el propósito de verificar si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y al respecto consideró que: (se transcribe ...)

"De la ejecutoria anterior, derivó la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 54/2012 (10a.), que dice:

"‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.’ (se transcribe ...)

"Como puede advertirse, la Segunda Sala de nuestro Tribunal Máximo del País, en la ejecutoria en cuestión consideró que en el auto de trámite que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, no puede llevarse a cabo el análisis del acto reclamado, con el propósito de verificar si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

"Por ello, es que resulta desacertado que el juzgador desechara la demanda de amparo, porque como se precisó, el auto inicial no es el momento para analizar si el acto reclamado es o no un acto de autoridad, por no ser la actuación procesal oportuna para analizar tal extremo, según lo definido en la señalada jurisprudencia 54/2012, sino hasta el dictado de la sentencia, ya con mayor información recabada en el juicio y no solamente con los datos que al respecto se adviertan de la demanda inicial y sus anexos.

"Máxime que en la actual Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, el concepto de ‘autoridad responsable’ es definido de modo diferente a como se encontraba en la abrogada Ley de Amparo en que se sustentaron, pues actualmente la ley de la materia en vigor, en su artículo 5o., fracción II, establece que tiene el carácter de ‘autoridad responsable’ quien ‘con independencia de su naturaleza formal, ... dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas’. Además, dicho concepto emplea un cambio radical, pues permite que un particular pueda concebirse como ‘autoridad’.

"Asimismo, como se adelantó, no se excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para afectos de la procedencia de juicio de amparo.

"Tampoco es óbice a lo previamente considerado, que en el auto recurrido en el presente asunto, el Juez Federal se apoyó en los criterios de títulos, subtítulos y rubros: «2a. CVI/2014 (10a.)», ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)].’, «2a. CVII/2014 (10a.)» ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.’, «2a. XLII/2015 (10a.)» ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’, ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.’, ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.’, «2a. XLII/2015 (10a.)» ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’, «2a./J. 112/2010» ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ y «2a./J. 113/2010» ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’

"Ello, en virtud de que la existencia de tales criterios, no constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que justifique siempre el desechamiento de la demanda de amparo, pues la aplicación de un criterio supone un análisis cuidadoso que debe hacerse hasta la audiencia constitucional en el contexto del caso concreto; estimar lo contrario, atentaría contra el derecho del gobernado a instar en su defensa la acción de los tribunales federales, así como contra el fin del legislador de permitir un acceso flexible y libre de tecnicismos a un pronto y efectivo control constitucional, además de que existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpa o modifique el criterio establecido.

"En consecuencia, ante lo fundado del agravio analizado, procede revocar el acuerdo recurrido y ordenar que, siguiendo los lineamientos de este fallo, se provea nuevamente sobre la demanda de amparo promovida por la recurrente, y salvo que exista algún diverso motivo de improcedencia que sea manifiesta e indudable, provea sobre su admisión ..."

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Procede ahora determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se estima indispensable destacar los aspectos más relevantes de las consideraciones que desarrollaron los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios.

Lo anterior, con el propósito de dilucidar si los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P. /J. 72/2010 (registro digital: 164120), cuyo rubro es el siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)

Del contenido de las ejecutorias que han sido reseñadas, se destacan como aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados contendientes, los siguientes:

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 33/2018, consideró lo siguiente:

• Declaró infundados los agravios propuestos, porque estimó acertada la decisión del Juez de Distrito de desechar la demanda promovida contra actos de la Comisión Federal de Electricidad en el acuerdo inicial, ya que consideró que al existir jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que define que la mencionada Comisión no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, no es necesario esperar a examinar las pruebas aportadas en el juicio de garantías para definir la naturaleza de los actos reclamados, pues ese tema ya se estableció en dicha jurisprudencia.

Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 129/2018, estableció lo siguiente:

• Declaró fundado el recurso de queja, debido a que consideró que con independencia de si en el asunto en trato, los actos por los cuales el titular del órgano constitucional estimó procedente desechar la demanda de origen, pudieran finalmente considerarse o no como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cierto es que el auto inicial de trámite de dicha demanda no es la actuación procesal oportuna para analizar y definir esa circunstancia.

Lo anterior, dado que para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente demostrado, porque se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones. Por ello, estimó desacertado que el Juzgador desechara la demanda de amparo, pues el auto inicial no es el momento para analizar si el acto reclamado es o no un acto de autoridad, sino hasta el dictado de la sentencia, ya con mayor información recabada en el juicio y no solamente con los datos que al respecto se adviertan de la demanda inicial y sus anexos.

Asimismo, señaló que la existencia de criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definen si los actos impugnados son actos de autoridad o no, no constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que justifique siempre el desechamiento de la demanda de amparo, pues la aplicación de un criterio supone un análisis cuidadoso que debe hacerse hasta la audiencia constitucional en el contexto del caso concreto, pues estimar lo contrario, atentaría contra el derecho del gobernado a instar en su defensa la acción de los tribunales federales, así como contra el fin del legislador de permitir un acceso flexible y libre de tecnicismos a un pronto y efectivo control constitucional, además de que existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpa o modifique el criterio establecido.

En ese sentido, declaró fundado el recurso y revocó el acuerdo emitido por el Juez de Distrito.

Del contenido de las ejecutorias que participan en la presente contradicción de tesis que ha sido denunciada, se advierte que sí existe la divergencia de criterios entre los sustentados, en virtud de que ambos órganos colegiados se pronunciaron en torno a una misma temática, a saber, determinar el momento procesal oportuno para desechar la demanda de amparo promovida en contra de los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad cuando, en el caso particular, existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que define la naturaleza de dichos actos, es decir, establecer si el criterio emitido en una jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal puede considerarse como una causa de improcedencia manifiesta y notoria.

Sobre esta temática, arribaron a conclusiones opuestas, pues en tanto que por una parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que desde el acuerdo inicial puede desecharse la demanda de amparo promovida contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, ya que la Segunda Sala definió en jurisprudencia que aquélla no puede ser considerada como autoridad cuando se le reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía para efectos del juicio de amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo; por otra, el diverso Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito estimó que el hecho de que exista jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que defina si los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad pueden ser o no considerados como autoridad, no es una causa manifiesta y notoria de improcedencia, lo que impide que se deseche la demanda en el acuerdo inicial, dado que el juzgador debe hacer un análisis del caso concreto en la respectiva audiencia constitucional.

En tales términos, queda configurada la divergencia de criterios cuya litis consiste en dilucidar si constituye una causa de improcedencia notoria y manifiesta para desechar la demanda de amparo indirecto promovida en contra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28326-6b2b92b7/comision-federal-de-electricidad-la-existencia-de-jurisprudencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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