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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO LAS PARTES ENVÍEN PROMOCIONES A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBEN HACERLO A TRAVÉS DE CORREO CERTIFICADO Y NO ORDINARIO, PARA QUE QUEDE CONSTANCIA FEHACIENTE TANTO DE LA FECHA EN QUE SE HIZO EL DEPÓSITO, COMO DE AQUELLA EN LA QUE FUERON RECIBIDAS POR EL DESTINATARIO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. III. EJERCICIO PROFESIONAL. LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALES PARA EXPEDIR TÍTULOS, RESULTA CONCORDANTE CON EL MARCO COMPETENCIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN II, DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). IV. EJERCICIO PROFESIONAL. LA OBLIGACIÓN DE TODO PROFESIONISTA QUE EJERZA EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA DE REGISTRARSE ANTE LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES LOCAL NO INVADE LA ESFERA FEDERAL (ARTÍCULO 8o. DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. EJERCICIO PROFESIONAL. LA OBLIGACIÓN DE REGISTRAR UN TÍTULO OBTENIDO EN EL EXTRANJERO ANTE LA AUTORIDAD LOCAL INVADE LA ESFERA FEDERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 9o., EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO", ASÍ COMO "Y SI LOS INTERESADOS CUMPLEN Y LLENAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY Y EN OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES", DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VI. EJERCICIO PROFESIONAL. INNECESARIO SEÑALAR EN LA LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE CADA UNA DE LAS PROFESIONES QUE NECESITEN DE UN TÍTULO PROFESIONAL PARA SU EJERCICIO (ARTÍCULO 10 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VII. EJERCICIO PROFESIONAL. EL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD TIENE FACULTADES PARA EXPEDIR LOS REGLAMENTOS EN MATERIA DE PROFESIONES Y DETERMINAR LAS BASES PARA SU EJERCICIO (ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VIII. EJERCICIO PROFESIONAL. ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN PARA PROFESIONISTAS (ARTÍCULOS 14 A 21 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). IX. EJERCICIO PROFESIONAL. EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN NO IMPONE UN DOBLE REGISTRO PARA LA VALIDACIÓN Y EJERCICIO DE LA PROFESIÓN (ARTÍCULOS 14 A 21 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). X. EJERCICIO PROFESIONAL. EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONISTAS CERTIFICADOS Y AQUELLOS QUE NO LO ESTÉN, YA QUE AMBOS PODRÁN EJERCER LIBREMENTE SUS PROFESIONES (ARTÍCULOS 14 A 21 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XI. EJERCICIO PROFESIONAL. EL SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL AUN SIENDO REMUNERADO NO GENERA UNA RELACIÓN LABORAL AL TRATARSE DE UN REQUISITO ACADÉMICO PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL O GRADO ACADÉMICO (ARTÍCULO 36 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XII. EJERCICIO PROFESIONAL. LA CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL SE EXTENDERÁ CON INDEPENDENCIA DE QUE LOS PRESTADORES SEAN REMUNERADOS O NO (ARTÍCULO 43 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XIII. EJERCICIO PROFESIONAL. LA LIMITACIÓN A DOS COLEGIOS POR CADA RAMA PROFESIONAL VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 44 Y 46 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "SIN QUE EXCEDAN DE DOS POR CADA RAMA PROFESIONAL" Y "POR CADA LICENCIATURA, CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA, ESPECIALIDAD, MAESTRÍA O DOCTORADO, PODRÁN CONSTITUIRSE EN EL ESTADO MÁXIMO DOS COLEGIOS DE PROFESIONISTAS", RESPECTIVAMENTE). XIV. EJERCICIO PROFESIONAL. LA PROHIBICIÓN A LOS PROFESIONISTAS DE PERTENECER A MÁS DE UN COLEGIO VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XV. EJERCICIO PROFESIONAL. REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE UN COLEGIO DE PROFESIONISTAS DE CONTAR POR LO MENOS CON UN MÍNIMO DEL 5% DEL PADRÓN DE PROFESIONES DE LA RAMA PROFESIONAL DE QUE SE TRATE (ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XVI. EJERCICIO PROFESIONAL. LA FACULTAD DE AUTORIZAR DISCRECIONALMENTE COLEGIOS DE PROFESIONES NUEVAS O PARA AQUELLAS QUE NO TENGAN UN NÚMERO SUFICIENTE DE PROFESIONISTAS VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA E IGUALDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XVII. EJERCICIO PROFESIONAL. LA POSIBILIDAD DE QUE LA DIRECCIÓN PROFESIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN RECOPILE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO NO VINCULA A INSTITUCIONES FEDERALES, DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS O E

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 118/2015. · Registro digital (IUS): 28399
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-03-08
Promovente: COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Pág. 339.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 118/2015. COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 2 DE AGOSTO DE 2018. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIOS: ETIENNE LUQUET FARÍAS Y RAÚL DÍAZ COLINA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por oficio depositado el veintinueve de octubre de dos mil quince en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano de Morelia, Michoacán y recibido el cinco de noviembre del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Cázares Solórzano, en su carácter de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan.

2. SEGUNDO.—Norma impugnada. Artículos 1o., fracción II; 8, 9, 10, 11, 14 a 21, 36, 43, 44, 46, 49, fracción II; 56, 57, 66, fracción XIX y 76 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada mediante Decreto Número 559, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veintinueve de septiembre de dos mil quince.

3. TERCERO.—Autoridades emisora y promulgadora. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas, respectivamente, al Congreso y al gobernador del Estado de Michoacán.

4. CUARTO.—Artículos constitucionales y convencionales que se señalan como violados. La promovente señala como vulnerados los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 14, 16, 17, 22 y 24, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

5. QUINTO.—Conceptos de invalidez. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, plantea en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:

• Primer concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del artículo 1, fracción II, de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, por violentar el sistema normativo educativo nacional previsto en el artículo 3o. constitucional, al regular las instituciones facultadas para expedir títulos.

La promovente considera que la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán de Ocampo debe limitarse a mencionar aquellas profesiones que requieren patente y, en su caso, la forma en que se expedirá la misma, sin que pueda regular el funcionamiento de las instituciones educativas como lo hace la referida Ley de Profesiones.

Al resultar invasivo de esferas competenciales, refiere que el artículo 1 cuya invalidez se demanda, resulta nugatorio de derechos humanos, específicamente, del derecho de legalidad, seguridad y certeza jurídica en su vertiente de competencia por materia, así como de los artículos 1o., 3o., 5o., 14 y 16 de la Constitución Federal.

• Segundo concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo.

El artículo impugnado dispone que los profesionistas que quisieran ejercer en el Estado de Michoacán y tuvieran título y cédula expedida por autoridad federal o de otro Estado, deben registrarse en la Dirección de Profesiones de dicha entidad.

Al efecto, la promovente aduce extraterritorialidad en la aplicación de la ley y violación a los artículos 1o., 3o., 5o., 14, 16, 101 y 104 de la Constitución Federal, por considerar que el precepto vulnera el sistema federal en materia de profesiones y el principio de seguridad jurídica, además de generar desconocimiento respecto de las facultades de las autoridades federales o estatales en la materia.

Aunado a lo anterior, refiere que la Constitución Federal dispone que cada Estado dará fe y crédito a los actos autorizados, celebrados o expedidos por otros a efecto de evitar la imposición de trámites excesivos.

Con base en lo anterior, considera que el artículo impugnado, resulta contrario a los derechos humanos de debida fundamentación y motivación, así como de seguridad jurídica, en franca violación del sistema federal.

• Tercer concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, al imponer doble requisito de revalidación –federal y local– a títulos o grados extranjeros, en contra de los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 14, 16, 101 y 104 de la Constitución Federal.

La medida es contraria al sistema educativo federal, al imponer la obligación de revalidar dos veces el mismo documento, pues desconoce las acciones de la Federación o de algún otro Estado.

México ha celebrado diversos tratados internacionales, a través de los cuales, ha acordado dispensar el requisito de la revalidación de estudios, de manera que, al imponer mayores requisitos que la Constitución y los tratados internacionales de los cuales nuestro País es parte, el precepto vulnera el contenido de tales ordenamientos.

• Cuarto concepto de invalidez. Inconstitucionalidad de los artículos 10 y 11 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, al vulnerar lo establecido en los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 14, 16, 101 y 104 de la Constitución Federal, por las razones siguientes:

a) Aun cuando el artículo 10 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, remite a los artículos 58 y 60, del mismo ordenamiento, a efecto de determinar las profesiones que requieren de título y patente en dicha entidad, éstos no establecen cuáles son esas profesiones, ni los supuestos que se requieren para ejercer una profesión, de manera que, en el caso, la referida Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo omite regular las profesiones que requieren de título y cédula.

b) El artículo 11 de la ley en mención, dispone que sus reglamentos serán expedidos por el Poder Ejecutivo Local, escuchando a las instituciones de educación superior y a los colegios de profesionistas, a efecto de fijar: (i) el ámbito de ejercicio de cada profesión y, (ii) las condiciones para su ejercicio.

No obstante, la ley no regula la materia ni sienta las bases generales para emitir el reglamento correspondiente, dejando total discrecionalidad al Poder Ejecutivo para establecer: (i) las profesiones que requieren título y cédula y, (ii) las bases para su ejercicio.

De este modo, se está ante una norma en blanco que deja a la autoridad emisora del reglamento, total libertad para fijar las profesiones y las bases para su ejercicio, sin establecer las disposiciones generales a partir de las cuales deberá ser expedido el reglamento, lo cual resulta contrario a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, así como a los derechos humanos de seguridad jurídica, fundamentación y motivación.

• Quinto concepto de invalidez. Inconstitucionalidad de los artículos 14 a 21 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, que establecen un sistema de certificación profesional ilícito contrario a lo dispuesto en los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 14, 16, 101 y 104 de la Constitución Federal.

Los artículos impugnados, establecen un doble registro profesional a efecto de que los profesionistas se certifiquen y acrediten su competencia en el Estado, debiendo obtener primero el título y la cédula correspondiente y, posteriormente, una certificación profesional.

Los preceptos resultan contrarios a los principios de igualdad, seguridad jurídica, progresividad y universalidad, al crear categorías diversas de profesionistas –simples y certificados– a quienes se otorga un trato diverso a pesar de pertenecer a un mismo grupo de sujetos.

Aunado a lo anterior, los artículos cuya invalidez se demanda, estigmatizan a quienes, en ejercicio del libre desarrollo de su personalidad, decidan no certificarse, pues se les excluye del padrón de profesionistas certificados, sin tomar en cuenta que, una vez autorizada la patente a un profesionista, no puede exigírsele evaluación ulterior alguna, por lo que se está en presencia de una autorización profesional encubierta.

Por último, las normas impugnadas generan incertidumbre jurídica, al sujetar a los profesionistas a un sinnúmero de reconocimientos y evaluaciones sucesivas por órganos no educativos, más allá de la cédula, lo cual resulta contrario al sistema federal educativo y de profesiones.

• Sexto concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del artículo 36 de la Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, que dispone que el servicio social podrá retribuirse pero no generará relación laboral.

La promovente considera que el precepto impugnado es contrario a los principios de seguridad jurídica, fundamentación y motivación, así como a los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 14,16, 101, 104 y 123, apartado A, de la Constitución Federal, toda vez que la norma estatal de profesiones no puede regular la materia laboral.

Las relaciones de trabajo entre particulares, se encuentran reservadas a la Federación –Ley Federal del Trabajo–, de manera que, al regular respecto de la remuneración del servicio social, el precepto debe ser declarado inconstitucional, pues el Congreso Local se encuentra imposibilitado para legislar al respecto.

• Séptimo concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del artículo 43 de la Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, al considerar la comisión promovente, que excluye implícitamente de la regulación, la entrega de constancias a los prestadores de servicio social remunerado.

El precepto impugnado dispone que la Dirección de Profesiones del Estado, entregará anualmente a los prestadores de servicio social voluntario, la constancia respectiva, sin hacer referencia a aquellos que hubieren sido remunerados, quedando a discreción de la autoridad respectiva, entregar o no el documento que lo acredite.

Lo anterior, indica, resulta contrario a los derechos humanos, ya que la remuneración es un hecho ajeno a la prestación del servicio social, de manera que la exclusión de la entrega de constancia, se traduce en un trato diferenciado no justificado, contrario a los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 14, 16, 101 y 104 de la Constitución Federal.

• Octavo concepto de invalidez. Se solicita la invalidez de los artículos 44, 46, 49, fracción II, 56 y 57 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, al considerar que vulneran los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 14, 16, 101 y 104 de la Constitución Federal, por las siguientes razones:

a) Los artículos 44, 46 y 57 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, son inconstitucionales al prohibir, por una parte, la existencia de más de dos colegios profesionales de cada rama y, por otra, la posibilidad de asociarse a más de un colegio profesional.

A partir de tales prohibiciones, los preceptos impugnados, vulneran los derechos de libertad de asociación, colegiación y profesión, así como de creencia y libre desarrollo de la personalidad, al impedir a los individuos crear los colegios que consideren oportunos para su profesión y adherirse a ellos de manera libre.

b) El artículo 49, fracción II, de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo es inconstitucional, al fijar como requisito para la constitución de un colegio profesional, el 5% del total del padrón de profesionistas por cada rama.

La norma observa al padrón como una base en la constitución de colegios, aun cuando se trata de un registro interno de la dirección y, por tanto, de un elemento ajeno al profesionista.

Lo que la norma debe tomar en cuenta, son los elementos determinantes para ejercer la profesión, es decir, el título y la cédula profesional, y no un requisito ajeno y excesivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, además de contrario a los principios de motivación, fundamentación y seguridad jurídica, pues el número de profesionistas del padrón es fluctuante.

c) El artículo 56 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, debe ser declarado inconstitucional, al disponer que cuando se trata de profesiones nuevas o no hubiere en el Estado el número de profesionistas que señala la propia ley, la Dirección de Profesiones del Estado autorizará, discrecionalmente, la constitución y registro del colegio respectivo.

Lo anterior es así, ya que la permisión de autorización de registro de los referidos colegios de forma discrecional por parte de la dirección, genera una categoría sospechosa, contraria a los principios de seguridad jurídica y no discriminación, al otorgar un trato diferenciado a un mismo grupo de personas, pues, a algunos se les solicita reunir el 5% en el padrón, mientras que a otros, se les exime del cumplimiento de tales requisitos.

Aunado a lo anterior, el no fijar bases mínimas para el otorgamiento de registro a dicha clase de colegios, pugna con el sistema de atribuciones y funciones establecido, generando incertidumbre jurídica.

• Noveno concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del artículo 66, fracción XIX, de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, que dispone que la Dirección de Profesiones del Estado puede recopilar datos de las instituciones de educación superior nacionales y del extranjero.

Tal proceder es inconstitucional, debido a que la ley está obrando sobre espacios ajenos al territorio estatal (violación por extraterritorialidad de la ley e invasión de esferas), lo cual es violatorio de derechos humanos, pues ninguna ley estatal puede aplicarse fuera de su territorio, es decir, en el resto del territorio nacional y menos aún en el extranjero.

De este modo, si la norma impugnada pretende que se exija a instituciones nacionales y extranjeras que le aporten datos, tal proceder es violatorio de la Constitución Federal, específicamente respecto sus artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 14, 16, 101 y 104.

• Décimo concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, que dispone que para la imposición de sanciones, la Dirección de Profesiones del Estado, deberá tomar en consideración, entre otras circunstancias, la gravedad de la conducta y el prestigio profesional.

Tal norma es inconstitucional, al dotar a la autoridad de una discrecionalidad total e ilimitada respecto de la determinación de las conductas consideradas ilícitas, ya que la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán, de la cual forma parte, no dispone de un catálogo de conductas consideradas faltas a dicho ordenamiento, ni establece límites mínimos y máximos a las conductas desarrolladas a través de los cuales pueda saberse si se trata de faltas graves o no.

La facultad otorgada a favor de la referida dirección, resulta contraria a los principios de seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley y no imposición de sanciones excesivas, en virtud de que se configura como una norma en blanco que permite la actuación discrecional e ilimitada de la autoridad, en contra de los artículos 1o., 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Federal.

No debe omitirse que las conductas o faltas a la ley que nos ocupa, deben ser previstas en sede legislativa, sin que puedan fijarse a través de disposiciones administrativas, como sucede en el caso a estudio.

Asimismo, los elementos que deben tomarse en consideración según la norma impugnada, determinan hechos subjetivos como lo es el "prestigio profesional", el cual constituye un elemento ajeno a la conducta a sancionar.

Resulta importante tomar en cuenta que el derecho administrativo se ha equiparado al penal sustantivo y que la reforma constitucional de dos mil ocho en materia penal, desterró la fórmula consistente en que el legislador tomase en cuenta las circunstancias personales del infractor –temibilidad–, para acoger la teoría de la imputación objetiva, con base en la cual lo que se castiga es el hecho en sí mismo y no la posibilidad de que el sujeto pueda, de acuerdo a su personalidad, ser temible en el futuro o no.

Al sancionar, la autoridad correspondiente debe tomar en cuenta la falta cometida y no la personalidad del posible infractor, pues de hacerlo, se permitiría constituir responsabilidades y sanciones a través de elementos subjetivos, lo cual es contrario a la Constitución Federal.

6. SEXTO.—Radicación y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil quince (foja treinta y uno y reverso del expediente), el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 118/2015.

7. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, en relación con el 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, así como 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó turnar el expediente al Ministro Eduardo Medina Mora I., como instructor del procedimiento.

8. Por su parte, en diverso proveído de diez de noviembre de dos mil quince (fojas treinta y dos a treinta y cuatro del expediente), el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad, reconoció la personalidad con que se ostenta el accionante y ordenó dar vista al Poder Legislativo que emitió la norma impugnada, al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como a la procuradora general de la República; sin que ésta emitiera pedimento.

9. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. En su informe, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo señala en síntesis lo siguiente:

a) Respecto al primer concepto de invalidez, refiere que la ley que se pretende invalidar no resulta violatoria de derechos humanos, en virtud de que regula los artículos 3o. y 23, fracción III, en lo concerniente a la obtención de cédula de ejercicio con efectos de patente, por lo que no invade la esfera competencial de la Federación, ni la naturaleza por materia, pues la competencia de la ley que se impugna corresponde exclusivamente al Estado de Michoacán de Ocampo.

b) En relación con el segundo y el tercer concepto de invalidez, el legislativo cita parte del dictamen integrante del proceso legislativo en el que se señala: "La presente iniciativa pretende consolidar el sistema educativo en el Estado, actualizando la norma en cuanto al ejercicio profesional para que evolucione al ritmo que lo hace la sociedad michoacana ..." a partir de lo cual concluye que no se violan los derechos humanos de legalidad, seguridad y certeza jurídica en su vertiente de competencia.

c) Por cuanto hace al cuarto concepto de invalidez, argumenta que el legislador concedió facultades para la expedición de un reglamento que regirá el ámbito de acción de cada profesión, especialidades y posgrados, así como las condiciones para su ejercicio, de manera que el Congreso Local no regula una norma federal, por lo que no se genera violación alguna a los derechos humanos.

d) En atención al quinto concepto de invalidez, aduce que el proceso de certificación profesional constituye un proceso de evaluación al que voluntariamente se somete un profesionista, cuyos objetivos se expresan en el artículo 18 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo.

De igual forma, señala que no se genera un doble registro profesional, pues la certificación favorece la actualización y modernización de los profesionistas, lo que no puede considerarse discriminatorio, ni genera una categoría sospechosa. Asimismo, la promovente hace énfasis en el hecho de que la certificación proporcional es un procedimiento opcional al que todo profesionista puede aspirar.

e) En cuanto al sexto concepto de invalidez, el planteamiento del legislativo refiere que el servicio social fomenta la ampliación de la información académica y fortalece la conciencia de solidaridad social del estudiante, al tiempo que abona al desarrollo comunitario e indica que no existe en la ley impugnada, exclusión implícita de regulación en la entrega de constancia a los prestadores de servicio social.

f) Respecto al séptimo concepto de invalidez, el Poder Legislativo aduce que la accionante llevó a cabo una inexacta interpretación del precepto impugnado.

g) En cuanto al octavo concepto de invalidez aduce que no existe inconstitucionalidad, pues la libertad de asociarse corresponde a cada profesionista a efecto de determinar el sector en el que desea agruparse para desarrollarse en el ámbito profesional.

A la letra señala que: "no genera actividad sospechosa el pretender limitar a los colegios de profesionistas, pues si bien es cierto al constituirse un grupo de esta naturaleza, se podrá entender como una asociación de carácter profesional o gremial integrada por quienes ejercen una misma profesión, a sus conocidos se les suele conocer como colegiados. Ello atendiendo a que un colegio profesional es una corporación democrática formada por profesionales de un determinado sector cuyo fin es tanto defender y apoyar los intereses de los colegiados, como prestar un servicio a la sociedad velando por la calidad del ejercicio de la profesión. ... un profesionista tendrá que valorar sus tiempos y compromisos, para participar en uno o más colegios, por ello, se encontrará en toda la libertad de pensamiento, de acción, de espacio, de expresión, de desarrollo profesional e individual, entre otros."(1)

h) En relación con el noveno concepto de invalidez, aduce que el artículo impugnado sólo se refiere a la recopilación de datos, para aspectos estadísticos y referenciales, a partir de lo cual no puede inferirse que se regule un espacio territorial fuera de la competencia de ese cuerpo legislativo.

i) En cuanto al décimo concepto de invalidez, indica que para valorar la gravedad de una falta y la consecuente imposición de sanción, se considerarán las circunstancias en que la misma fue cometida, la gravedad y sus consecuencias, por lo que no existe inconstitucionalidad en el precepto impugnado.

10. OCTAVO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. En su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo refiere fundamentalmente lo siguiente:

a) Respecto al primer concepto de invalidez, el Ejecutivo estatal manifiesta que la invasión de esfera competencial aducida es infundada, en virtud de que, con base en el artículo 3o. de la Constitución Federal, el Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios– impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Indica que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, faculta a la Secretaría de Educación Local, para planear, programar, desarrollar, supervisar y evaluar la educación a cargo del Estado, en todos los tipos de niveles. De este modo concluye, que el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación, sí posee facultades para regular a las instituciones que estén facultadas para expedir títulos.

b) En relación al segundo concepto de validez, advierte que las aseveraciones de la actora son inoperantes, ya que la imposición de la obligación de registrarse ante la Dirección de Profesiones de la entidad federativa, a aquellos que ejerzan la profesión en el Estado, tiene por objeto generar un padrón de profesionistas, sin que a través de ésta se pretenda desconocer las atribuciones de las autoridades federales o de otras entidades federativas.

Cabe indicar que la falta de registro por parte de los profesionistas, no tiene como consecuencia la imposibilidad de su ejercicio profesional en el Estado de Michoacán.

c) En cuanto al tercer concepto de invalidez, referente al doble requisito de revalidación de títulos o grados extranjeros, señala que los títulos profesionales expedidos en el extranjero a favor de mexicanos o extranjeros, para que puedan ser reconocidos en el Estado, deben ser revalidados previamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objeto de crear mayor certidumbre en los grados que se expidan en el extranjero.

Dicho proceder no es contrario a la Constitución Federal, en virtud de que la facultad de revalidación que tiene la Secretaría de Educación en el Estado, se encuentra consagrado en el artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán y ello se hace para crear certidumbre en el interior del Estado, en el ejercicio profesional, de manera que no se trata de una doble revalidación.

d) Respecto del cuarto concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo refiere que el artículo 10, en concordancia con el 58 y 60, de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, determina que las profesiones que necesitan título para su ejercicio son todos los estudios profesionales, técnicos superiores universitarios y técnicos ofertados en la currícula de las instituciones de educación media superior que emitan títulos.

Además, indica que las profesiones de técnico superior universitario y superior a que hace referencia el artículo 58, requerirán del título profesional, correspondiente a lo indicado en el artículo 60 de la misma ley; por lo que se sostiene que el ordenamiento impugnado sí establece claramente las profesiones que para el ejercicio profesional, requieran de ese documento oficial expedido por la institución educativa correspondiente.

e) Por cuanto hace al quinto concepto de invalidez, relativo al procedimiento de certificación profesional, indica que se trata de una evaluación a la que voluntariamente puede someterse un profesionista con el objeto de que instituciones de educación superior, públicas o privadas, con el reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública, evalúen sus conocimientos para crear mayor certeza profesional, pues es de interés público tener a profesionistas mejor preparados, sin que lo anterior implique un acto discriminatorio.

f) En lo relativo al concepto de invalidez sexto, refiere que no puede existir relación laboral del prestador del servicio social con la dependencia donde lo presta, puesto que no brinda sus servicios en forma subordinada, además de no ser remunerado, al ser un servicio que el estudiante o profesionista retribuye al Estado, además de ser un requisito indispensable en diversas instituciones educativas para lograr el título profesional.

g) Respecto del séptimo concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo refiere que la promovente hace una lectura inexacta del artículo 43 de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo que se impugna, porque éste estipula que los profesionistas que hayan cumplido con el servicio social, recibirán de la Dirección de Profesiones la constancia respectiva que lo acredite.

h) En el octavo concepto de invalidez, la accionante menciona que la ley estatal en pugna coarta el derecho a la libertad de asociación, colegiación y profesión, así como la libertad de creencia y libre desarrollo de la personalidad, por prohibir que existan más de dos colegios de profesionistas por rama, además de que prohíbe a los profesionistas asociarse a más de un colegio, argumentos que el Poder Ejecutivo califica de inoperantes, pues a su parecer, la norma respeta el derecho de asociación y libertad de trabajo como marca el numeral 5o. de la Constitución Federal, reconociendo la libertad que tienen los profesionistas de una misma rama para constituirse en el Estado como colegios.

i) Por lo que toca al noveno concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo manifiesta que si bien es cierto que el dispositivo impugnado faculta a la Dirección de Profesiones del Estado a recopilar datos relacionados con las instituciones de educación superior, de enseñanza normal, de profesional técnica y colegios de profesionistas, sobre regulación, apoyo, organización y control del ejercicio profesional en la República Mexicana y en el extranjero, eso no quiere decir que se pretenda aplicar la ley estatal en el extranjero o en otra entidad.

j) Finalmente, en relación con el décimo concepto de invalidez planteado, señala que el hecho de considerar para la imposición de sanciones derivadas del incumplimiento de la ley impugnada, las circunstancias en que fue cometida la falta, la gravedad de la misma, las consecuencias de su actualización, el prestigio profesional y la circunstancia económica del infractor, no violenta los derechos humanos ni las garantías constitucionales de los gobernados.

11. NOVENO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, el expediente se puso en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

12. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal;(2) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece,(4) toda vez que se plantea la posible contradicción entre lo dispuesto en diversos artículos de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13. SEGUNDO.—Oportunidad. Procede analizar si la demanda de la acción fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28399-a3f24501/i-accion-de-inconstitucionalidad-cuando-las-partes-envien · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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