FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA EXIGENCIA EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA SENTENCIAS DE TRIBUNALES DE JUICIO ORAL, RECLAMADAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, BASTA CONSTATAR QUE EL TRIBUNAL RESPONSABLE ATENDIÓ AL ARTÍCULO 461, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y SI SE TRATA DE ASUNTOS DEL ORDEN CASTRENSE, AL DIVERSO 422, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
AMPARO DIRECTO 259/2017. 15 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL CRUZ CRUZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio.
Los conceptos de violación que expone el quejoso, en síntesis, son los siguientes:
1. La sentencia reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, ya que no se contestaron fundada y razonadamente sus agravios en los que hizo valer que el tribunal de juicio oral sólo enlistó los medios de prueba y citó los artículos que le facultaban a concederles valor, pero sin analizarlos individualmente, establecer su tipo de valor y su alcance demostrativo; que no estableció ni analizó cuáles eran los elementos objetivos, subjetivos y normativos del delito y que los mismos no se comprobaron; no se precisó el elemento normativo "prescripciones legales" y de cuáles ordenamientos se refería, como tampoco se analizó el elemento subjetivo dolo; que se hizo un indebido análisis de la causa de justificación del delito prevista en el artículo 15, fracción III, del Código Penal Federal pues, erróneamente, no se consideró que el bien jurídico tutelado del delito son la integridad física y la voluntad para disponer de su jerarquía, siendo que los ofendidos consintieron que les pegara con una tabla, por lo que expresaron su voluntad a disponer de dichos bienes; que en el caso no se lesionó la disciplina militar, porque su conducta no fue contraria a los ordenamientos militares, no rompió con la armonía y la convivencia en el Ejército, a que se refiere el numeral 3o. de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea e, incluso, los pasivos no denunciaron los hechos.
2. Se violó el debido proceso o formalidades del procedimiento, pues no se cumplieron con los requisitos de la sentencia, a que aluden los artículos 261, 399, 400 y 403 del Código Militar de Procedimientos Penales, ya que la responsable no realizó un debido análisis de los elementos de prueba y no contestó sus agravios que hizo valer al respecto.
Lo que afirma, tiene apoyo en la tesis de título y subtítulo:
"SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 406, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE POR QUÉ NO SE ACTUALIZA ALGUNA CAUSA DE ATIPICIDAD, JUSTIFICACIÓN O DE INCULPABILIDAD EN FAVOR DEL SENTENCIADO."
3. Se violó su derecho a la libertad, la cual sólo puede ser restringida mediante el dictado de una sentencia debidamente fundada y motivada, en la que previamente se hayan cumplido las formalidades del procedimiento, es decir, no se cumplió con los artículos 14 y 16 constitucionales.
4. El Tribunal Superior de Justicia Militar fue parcial al momento de contestar sus agravios, pues indicó que el bien jurídico tutelado era la integridad física, la jerarquía y la voluntad, por lo que se actualizaba la causa de justificación consistente en el consentimiento del titular del bien jurídico tutelado y el Ministerio Público se limitó a decir que no se actualizaba la misma por ser un delito castrense y que se perseguía de oficio, pero no hizo valer que el bien jurídico fuera la disciplina militar, en tanto la responsable reiteró que lo que protegía el delito era la jerarquía, la autoridad y, por ende, la disciplina militar e, incluso, en el considerando octavo señaló que eran "la existencia y seguridad del Ejército", pero con ello además de ser imparcial, subsanó los errores del representante social y del tribunal de juicio oral, así como al indicar que el elemento normativo del delito "prescripciones legales", se refería al artículo 1 del Reglamento General de Deberes Militares, lo que no dijo el tribunal de primera instancia. Por ende, violó la imparcialidad, igualdad, contradicción y congruencia que debe tener toda sentencia.
Los conceptos de violación que hace valer el quejoso ********** son infundados, sin que se advierta motivo alguno para suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
I. Análisis de las formalidades del procedimiento, exacta aplicación de la ley en materia penal y debida fundamentación y motivación del acto reclamado.
Como cuestión previa, se precisa que al estudiar la legalidad de la sentencia reclamada, este tribunal federal advierte que en la etapa de juicio, que incluye el dictado del acto reclamado, tanto el Tribunal Superior Militar, como el Tribunal Militar de Juicio Oral, se apegaron a lo establecido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el peticionario del amparo gozó de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte, así como de los derechos para su protección, sin que su ejercicio haya sido restringido ni suspendido, pues no se estuvo en algún caso de excepción y bajo las condiciones que la Constitución establece para ello.
Ahora bien, el principio pro persona, en términos del segundo párrafo del dispositivo constitucional citado, de los ordinales 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de los numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se refiere a que debe atenderse la norma más favorable, en caso de que existan dos o más que contengan un mismo derecho humano.
Por tanto, el principio pro persona no deriva necesariamente en que las cuestiones planteadas por los gobernados deban resolverse de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben resolverse las controversias correspondientes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) que establece:
"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.’, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de ‘derechos’ alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes."
En el caso, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento.
Lo anterior es así, porque en el auto de radicación del juicio oral de veintidós de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el auto de apertura a juicio oral; fue señalada como fecha para la celebración de la audiencia de debate las nueve horas del dieciocho de agosto del mismo año; asimismo, se ordenó la divulgación de la celebración de dicha audiencia, en la que se precisó que el Tribunal Militar de Juicio Oral se integraría en forma colegiada, por un Juez presidente, un Juez relator y un Juez tercero integrante, sin que se advierta que dichos juzgadores conocieran del asunto previamente y las partes tampoco así lo alegaron; fue ordenada la citación de los testigos, y se notificó conforme a derecho el acuerdo aludido al quejoso, a su defensa, así como al Ministerio Público Militar.
Durante el desarrollo continuo, sucesivo y secuencial de la audiencia de juicio oral, el tribunal de enjuiciamiento se constituyó legalmente, pues el Juez presidente, una vez que declaró abierta la audiencia, verificó la presencia ininterrumpida de los demás Jueces integrantes, de las partes y testigos que debían participar en el debate.
El Juez presidente advirtió al acusado y al público en general sobre la importancia y el significado de lo que acontecería en la audiencia, e indicó al implicado que estuviera atento a la misma; señaló la acusación que sería objeto del juicio en términos del auto de su apertura y que las partes habían concertado como acuerdos probatorios que: 1. El teniente de sanidad, hoy quejoso **********, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se encontraba desempeñando el servicio de oficial de día en la Escuela Militar de Clases de Sanidad; y, 2. Los ofendidos cabo de sanidad ********** y los soldados de sanidad **********, en la misma fecha estaban desempeñando el curso de sargentos de sanidad en dicha escuela.
Asimismo, verificó que el acusado conociera y comprendiera sus derechos, en específico, que su defensa técnica estaría a cargo del defensor público que había designado; además de que no se promovió algún incidente.
De igual forma, le hizo saber los hechos punibles materia de la acusación, así como que el Ministerio Público propuso como clasificación jurídica del mismo, la siguiente:
• Abuso de autoridad, previsto y sancionado en los artículos 293 y 299, fracción I, del Código de Justicia Militar.
En el debate, los Jueces integrantes del tribunal de enjuiciamiento conocieron de manera directa los alegatos de apertura, el desahogo de los medios de prueba admitidos en el orden propuesto por su oferente representante social militar, consistentes en las testimoniales de los ofendidos ********** y **********, de los testigos ********** y **********, de los peritos médico forense Ayari Natielli Onofre López, en fotografía forense Gilberto Juárez Romero, en criminalística de campo Jesús Joel Velázquez Sánchez y en informática Félix Adrián Palacios Crecencio y, finalmente, la testimonial y ratificación del peritaje en mecánica de lesiones propuesto por la defensa del quejoso, a cargo de la perito médico forense Jazmín López López; los alegatos de clausura, réplica y dúplica que el representante social y defensa, en ese orden, expusieron; de manera que las partes tuvieron la misma oportunidad procesal para sostener la acusación o la defensa, debatir los hechos y argumentos jurídicos de su contraparte, y controvertir los medios de prueba, a través del interrogatorio y contrainterrogatorio que formularon a los testigos; además, atento a que en el auto de apertura a juicio oral de nueve de junio de dos mil diecisiete, se admitieron tres dictámenes de integridad física, tres de mecánica de lesiones, uno de criminología, uno de fotografía, otro de informática y una tabla asegurada en el lugar de los hechos con la que los pasivos indicaron que el quejoso los golpeó en los glúteos, así como el dictamen en materia de mecánica de lesiones ofrecido por la defensa, en la audiencia de juicio oral fueron incorporados.
Por último, el órgano jurisdiccional concedió la palabra al acusado, quien refirió que su servicio y formación en el Ejército le requirieron un carácter fuerte, pero que gracias a ello ha recibido tres veces el reconocimiento de oficial del mes y otras condecoraciones; que si cometió un error lo acepta y asume sus consecuencias, pero la realidad de los hechos era que a las veintiuna horas del día veinte de diciembre de dos mil dieciséis, pasó lista en la Escuela Militar de Clases de Sanidad, para revisar el cumplimiento de los deberes militares, por lo que en la formación le preguntó su nombre al personal, ya que era su obligación saberlo, pero que como los pasivos **********, ********** y **********, no lo supieron, les indicó que hicieran el aseo y luego lo fueran a ver, por lo que a las veintidós horas, éstos tocaron en su alojamiento, refiriéndole que querían pagar por su falta y les preguntó que cómo querían pagar, si con "mamuquiza o tabla", por lo que los tres eligieron tabla y, por ello, les dio tres tablazos a cada uno, pero no los amenazó ni insultó. El veintidós del mismo mes y año, llegaron el Ministerio Público, policías judiciales y personal de derechos humanos y se enteró de la denuncia anónima en su contra, pero acata las consecuencias y acepta sus errores.
Antes de cerrada la audiencia, se precisó que los elementos del delito se analizarían de forma pormenorizada en la sentencia escrita; determinación en contra de la cual ninguna de las partes expresó inconformidad u objeción alguna.
Posteriormente, se declaró cerrado el debate y ordenó un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, al final de lo cual resolvió, por unanimidad, emitir sentencia condenatoria, con base en las pruebas desahogadas y los hechos materia de la acusación; se llevó a cabo la individualización de sanciones y después de que se emitió el fallo respectivo, se citó a las partes para la audiencia de lectura y explicación de sentencia, que tuvo lugar el veinticinco de agosto siguiente a las nueve horas.
Por tanto, se respetaron los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad que deben prevalecer en la etapa de juicio, el cual, en todo momento, se tramitó de manera oral, dado que las pretensiones, argumentos y pruebas en el desarrollo del proceso se plantearon, introdujeron y desahogaron en forma oral ante el tribunal.
Asimismo, el Tribunal Superior Militar responsable, al sustanciar la segunda instancia con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor de oficio militar del ahora quejoso **********, se ajustó a los lineamientos que establece el artículo 422 del Código Militar de Procedimientos Penales, pues circunscribió el análisis de la apelación a todos los agravios expresados por el recurrente y verificó de oficio que no existieron violaciones a derechos fundamentales del peticionario, de manera que el tribunal de apelación agotó su jurisdicción; de ahí que cumplió con las exigencias respectivas.
Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.—La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida y libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."(2)
También resulta aplicable la tesis 1a. LXXVI/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto dicen:
"PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.—De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad esencial del procedimiento el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, y por su parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial."(3)
Por otra parte, la autoridad responsable no vulneró en agravio del quejoso la garantía de exacta aplicación de la ley penal, porque dicho principio constriñe a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo.
En el presente caso, la conducta atribuida al quejoso, por la que se le dictó sentencia condenatoria, está regulada como delito en el artículo 293 del Código de Justicia Militar, además de que la sanción está señalada en el numeral 299, fracción I, del mismo ordenamiento, sin que exista reforma alguna que le favorezca; las disposiciones aplicables son claras al precisar la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión del ilícito de que se trata, de manera que no se causó un estado de incertidumbre jurídica al impetrante al aplicarle la norma, ya que tuvo conocimiento de la conducta que constituye el delito, así como de la duración mínima y máxima de las sanciones, por lo que la actuación de la responsable al aplicar las penas no fue arbitraria.
También cabe precisar que la autoridad responsable fundó y motivó suficientemente el acto reclamado, ya que citó los preceptos legales que sirvieron de apoyo a su resolución; expresó en forma razonada las circunstancias especiales y particulares que le llevaron a resolver en el sentido que lo hizo, es decir, contestó con base en los registros del juicio oral de origen todos los agravios planteados por la defensa del quejoso.
Al respecto, es importante destacar que el derecho humano de legalidad en sentido amplio, reconocido en el artículo 16, párrafo primero, constitucional, constituye la esencia del régimen jurídico de un Estado de Derecho, en la medida en que se sustenta en la idea de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es decir, todo acto de autoridad debe ser expresión del derecho.
La fundamentación y motivación constituyen un elemento básico de dicho derecho humano, que tiene como finalidad evitar que la autoridad actúe de forma arbitraria y, en su caso, permitir que el gobernado tenga la posibilidad de defenderse, la cual alcanza a través de la exigencia de que los actos de autoridad sólo se emitan cuando: i) se cuente con respaldo legal para ello; y, ii) exista algún motivo para dictarlo.
Así, el respaldo legal para emitir actos de autoridad se traduce en la fundamentación que éstos deben tener, la cual se entiende como la obligación de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto; en tanto que el motivo para dictar dicho actos, constituye la motivación de los mismos, que consiste en señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; en el entendido de que es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.
Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."(4)
En ese sentido, si la fundamentación y la motivación de los actos de autoridad, en tanto que es un elemento esencial del derecho humano de legalidad en sentido amplio, está delimitado por las exigencias legales que los establecen, es evidente que su cumplimiento deriva de explicitar la observancia de las mismas.
Por tanto, para apreciar la debida fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas en el recurso de apelación interpuesto contra sentencias de tribunales del juicio oral, cobra especial relevancia el artículo 422, párrafo primero, del Código Militar de Procedimientos Penales, dado que señala el alcance jurídico de los recursos, en los términos que se transcriben:
"Artículo 422. Alcance del recurso.
"El órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. ..."
El precepto transcrito establece el alcance jurídico de los recursos, a través de una regla general y su excepción; la primera, consiste en que el tribunal de alzada al que corresponda resolver un recurso, sólo se pronuncie sobre los agravios expresados por los recurrentes, de lo que se sigue que está prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos; en tanto que la excepción se actualiza cuando el órgano jurisdiccional encuentre violaciones a derechos fundamentales que debe reparar de oficio, pero sin que exista la obligación de dejar constancia del análisis efectuado para advertir dichas violaciones, cuando se concluya que éstas no existen.
Por ello, no debe exigirse al tribunal de apelación que reproduzca o haga suyos los diversos temas de la sentencia de primera instancia que no fueron expresamente impugnados, pues una correcta interpretación del artículo invocado permite entender que en sus demás aspectos quedó firme y en sus propios términos la sentencia recurrida.
Lo anterior, desde luego, no constituye un obstáculo para que en el juicio de amparo directo se lleve a cabo el análisis que corresponda de los conceptos de violación, inclusive en suplencia de la queja, en cuanto a diversos aspectos no abordados de manera expresa en la sentencia de segunda instancia.
Sirve de apoyo la tesis I.8o.P.8 P (10a.), de este Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito,(5) que dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA EXIGENCIA EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA SENTENCIAS DE TRIBUNALES DE JUICIO ORAL, RECLAMADAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, BASTA CONSTATAR QUE EL TRIBUNAL RESPONSABLE ATENDIÓ AL ARTÍCULO 461, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La fundamentación y motivación constituyen un elemento básico del derecho humano de legalidad en sentido amplio, reconocido en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la esencia del régimen jurídico de todo Estado de derecho, en la medida en que se sustenta en la idea de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es decir, todo acto de autoridad debe ser expresión del derecho; tiene como finalidad evitar que la autoridad actúe arbitrariamente y, en su caso, permite que el gobernado tenga la posibilidad de defenderse, la cual alcanza a través de la exigencia de que los actos de autoridad sólo se emitan cuando se cuente con un respaldo legal y exista un motivo para ello; por tanto, su cumplimiento deriva de explicitar la observancia de las exigencias legales que se establezcan para el acto de autoridad de que se trate. En ese sentido, para verificar la debida fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas en los recursos de apelación interpuestos contra sentencias de tribunales de juicio oral, reclamadas en el juicio de amparo directo, basta constatar que el tribunal responsable atendió al artículo 461, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establece el alcance jurídico de los recursos, a través de una regla general y su excepción; la primera, consiste en que el tribunal de alzada, al que corresponda resolver un recurso, sólo debe pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, sin extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas por las partes; en tanto la excepción, se actualiza cuando el órgano jurisdiccional encuentra violaciones a derechos fundamentales que debe reparar de oficio, circunstancia que no le genera la obligación de hacer constar el análisis efectuado, cuando concluya que dichas violaciones no existen. Por ello, no debe exigirse al tribunal de apelación que reproduzca o haga suyos los diversos temas de la sentencia de primera instancia que no fueron expresamente impugnados, pues la interpretación del artículo invocado permite entender que, en sus demás aspectos, quedó firme y en sus propios términos la sentencia recurrida. Lo anterior, desde luego, no constituye un obstáculo para que en el juicio de amparo directo se emprenda el análisis que corresponda de los conceptos de violación, inclusive en suplencia de la queja, en cuanto a diversos aspectos no abordados expresamente en la sentencia de segunda instancia."
Tampoco se aprecia que en la sentencia reclamada la responsable fuera parcial, por el contrario, se advierte que se ajustó al precepto 17 de la Carta Magna, ya que se administró justicia por las autoridades jurisdiccionales competentes (en primera y segunda instancias), en forma expedita, pues el procedimiento penal en su contra se siguió de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Al igual que se respetó que al tratarse de una sentencia que puso fin al juicio en un procedimiento oral, se le dio lectura de la misma en audiencia pública, previa citación a las partes para la misma.
Por ende, contrariamente a lo aducido por el quejoso en su motivo de inconformidad cuarto, en la ejecutoria reclamada no se violó el numeral 17 constitucional, pues no se advierte que en la misma se hayan inobservado los principios de exhaustividad y congruencia, por el contrario, no actuó con parcialidad a favor de la parte ofendida o del Ministerio Público, ya que correctamente se apoyó en las pruebas que obran en la causa, sin que se favoreciera a alguna de las partes, pues quedaron comprobados el delito de abuso de autoridad y la plena responsabilidad penal del quejoso en su comisión, como se analizará en esta ejecutoria y, como consecuencia de ello, le fueron impuestas las sanciones correspondientes a ese ilícito, ya que el hecho de conferir valor probatorio al dicho de los pasivos y de los testigos, así como a las periciales que obran en autos, no implica parcialidad o incongruencia, porque como se verá, sus testimonios fueron dignos de tal valor y se corroboraron entre sí, así como con otros indicios de autos.
Tampoco se advierte que hubo violación a los derechos fundamentales, porque de acuerdo con el análisis del juicio oral, así como de la sentencia reclamada, dictada en segunda instancia con motivo del recurso de apelación que se hizo valer, se advierte que la misma se fundó en la Ley Suprema, en los códigos penales sustantivo y adjetivo militares, así como en los tratados internacionales en los que México es Parte, a los cuales, el tribunal responsable ajustó la propia resolución reclamada, por lo que tampoco violó en su perjuicio el artículo 133 constitucional, por lo que se insiste, con lo hasta aquí analizado, se considera que se respetaron al quejoso los derechos humanos que prevén tanto la Constitución, como dichos tratados.
II. Análisis de los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto.
En el acto reclamado, la autoridad responsable analizó los agravios planteados por el recurrente, contra la sentencia que emitió el tribunal de enjuiciamiento de origen, en la que consideró acre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28607-517a7f0a/fundamentacion-y-motivacion-para-verificar-el-cumplimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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