INFORME JUSTIFICADO. SI CON ÉSTE SE DA VISTA AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD Y NO CUENTA CON AUTORIZADO O PERSONA DE CONFIANZA QUE LO REPRESENTE, ESA FINALIDAD SE COLMA SI SE ENTREGA COPIA DE AQUÉL O SE ACREDITA QUE SE LE PUSO A LA VISTA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, O QUE SE LE DIO LECTURA AL MOMENTO DE QUE SE LE NOTIFICÓ EL AUTO QUE LO INCORPORA.
AMPARO EN REVISIÓN 97/2019. 25 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ANTONIO SANTIBÁÑEZ CAMARILLO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIA: LILIANA PÉREZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio y resolución del asunto.
Violación a las reglas fundamentales del proceso. Este tribunal de amparo no estudiará el fondo del asunto, toda vez que, acorde con lo dispuesto en la fracción IV del precepto 93 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se detecta que en la tramitación del juicio de amparo que se revisa se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento, con trascendencia al resultado del fallo, lo que amerita revocar la sentencia recurrida y ordenar reponer el procedimiento para los efectos que más adelante se indican.
Orienta a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 65/99, emitida por la Primera Sala, cuyos rubro y texto son:(14)
"PROCEDIMIENTO, REPOSICIÓN DEL. SÓLO CUANDO LA VIOLACIÓN TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES PROCEDENTE.—Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico."
A efecto de corroborar la conclusión adelantada, en principio, debe traerse a contexto la fracción IV del numeral 93 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:
"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:
"...
"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento."
De conformidad con el invocado precepto legal, en el recurso de revisión, previo al análisis de la sentencia impugnada, el Tribunal Colegiado tiene la obligación de revisar el trámite del juicio, y si encuentra que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento, con trascendencia al resultado del fallo, se debe revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento.
Tal hipótesis es aplicable única y exclusivamente a la violación al procedimiento del juicio de amparo en primera instancia, es decir, alude expresamente a la inobservancia de las normas que lo regulan, en alguna de sus etapas. Y, ello hace necesario que el tribunal revisor ordene su reposición a partir del momento procesal en que se incurrió en la transgresión, pues la sentencia de segunda instancia, que es la que resuelve el recurso de revisión, tendrá el efecto de subsanar la deficiencia en el trámite del amparo, lo que significa una garantía de seguridad para las partes, toda vez que estarán ciertas en que se acatará en su favor, en todas sus etapas, el procedimiento legalmente establecido para dicho juicio.
Por su parte, el artículo 117 de la Ley de Amparo, en sus primeros cuatro párrafos (sic), establece:
"Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.
"Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.
"...
"Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.
"En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. ..."
Transcripción de la que se desprende que la intención del legislador fue que el quejoso tuviera conocimiento integral del informe justificado de manera previa a la celebración de la audiencia constitucional, e impone como plazo obligatorio intermedio entre ambas actuaciones, el de ocho días hábiles, así como el imperativo de diferir la aludida audiencia, en caso de que dicho lapso no transcurra íntegramente.
Esto es así, porque el informe justificado no sólo representa una carga procesal, sino que constituye el deber que tiene la autoridad responsable para señalar si es o no cierto el acto que se le reclama y, en caso afirmativo, defender su constitucionalidad o invocar, en su caso, las causas de improcedencia o de sobreseimiento en el juicio que considere actualizadas.
En relación con el punto que antecede, es conveniente señalar los supuestos y las consecuencias que produce el contenido del informe justificado.
a) La autoridad debe, en primer lugar, negar o admitir la existencia del o de los actos que se le reclaman;
b) Si admite la certeza, entonces podrá exponer las razones para defender su constitucionalidad;
c) Al defender la regularidad constitucional del acto, la autoridad debe acompañar los documentos o constancias en los que se apoyó para emitir el acto reclamado, así como los documentos respecto de los cuales el quejoso afirme desconocer, o bien, cuando dicho desconocimiento se desprenda de la lectura de la demanda; y,
d) También puede la autoridad hacer valer causas de improcedencia o de sobreseimiento en el juicio.
De lo anterior se advierte que la forma y contenido del informe justificado pueden influir en forma determinante en el sentido del fallo, por lo que a fin de no generar un estado de indefensión en perjuicio de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, es necesario que tenga pleno conocimiento de dicho informe, para que así pueda alegar o probar lo conducente en relación con aquél.
Por lo anterior, es que el informe justificado debe ser dado a conocer al quejoso –a través de la vista correspondiente cuando se agregan a los autos– y que cuente con el tiempo suficiente para controvertir o desvirtuar las consideraciones y razonamientos expresados por la autoridad, para que, en su caso, ofrezca las pruebas que al efecto estime pertinentes.
En contexto con lo anterior, debe decirse que la notificación es el medio legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero el contenido de una providencia judicial. El acto de hacer saber alguna cosa jurídicamente, para que la noticia dada a la parte le genere perjuicio en la omisión de lo que se le manda, o para que le corra término.
Además, la notificación es un acto procesal vinculado con el derecho fundamental de audiencia, consagrado en el artículo 14 constitucional, cuyo propósito fundamental consiste en que no se afecte a persona alguna en su vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, sin tener antes la oportunidad de defenderse en forma adecuada. Lo cual resulta pertinente destacar, pues es precisamente a través del acto procesal de la notificación que se debe cumplir con la exigencia de poner en conocimiento del quejoso el contenido del informe justificado.
En el caso, de los antecedentes que informan la génesis del asunto, en sentido relevante destaca que la parte quejosa solicitó la protección constitucional contra un acto de las autoridades responsables mencionadas en el resultando primero de esta ejecutoria, consistente en la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Número Uno "Altiplano", a diverso centro penitenciario al en que se encuentran recluidos;(15) mediante proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho,(16) se tuvo por recibido el informe justificado del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad; sin embargo, se aprecia que dicho acuerdo no fue notificado, lo que implica que tampoco se hizo del conocimiento de la parte quejosa el contenido del informe justificado de dicha autoridad.
Por ende, este órgano colegiado estima que en el caso se infringieron las reglas que norman el procedimiento del juicio de amparo, con trascendencia al resultado del fallo, lo cual conduce a revocar la resolución recurrida y reponer el procedimiento.
Es así, porque el hecho de que no se notificara dicho informe justificado, ocasiona que no exista certeza de que la parte quejosa haya tenido conocimiento del contenido de éste, porque si bien del aludido proveído se aprecia que el juzgador de amparo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ordenó que se le diera vista con dicho informe, para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo cierto es que no se les notificó el contenido de éste o, en su caso, que hubieran recibido copia de él.
Aunado a lo anterior, no se observa que se le hubiera notificado de manera personal al representante común de los impetrantes el proveído de catorce de diciembre del año en curso,(17) por el que se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la referida autoridad en el párrafo que antecede; situación que, en forma palmaria, vedó a los peticionarios del amparo la posibilidad de imponerse del contenido íntegro de lo comunicado, así como del aludido informe en los términos referidos.
Ello es así, puesto que de la revisión de los autos del juicio constitucional no se aprecia alguna otra diligencia tendente a demostrar tal circunstancia.
De esta manera, se estima que el Juez soslayó considerar que la disposición a que alude el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que indica que la autoridad responsable debe rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes, significa que "dar vista" al quejoso con el informe justificado no implica simplemente asentarlo así en el acuerdo, sino conferirle la verdadera oportunidad de imponerse debidamente del sentido en que fue rendido, su contenido, alcance y anexo (en su caso), lo cual se logra corriéndole traslado con copia de aquél y de las constancias que se adjuntaran, o mediante el acreditamiento de que se dio lectura del contenido del informe justificado, o que se aprecie que existe transcripción del informe en el acuerdo que se notifique.
No obsta a lo anterior, el hecho de que la frase "dar vista" signifique que los autos se encuentren en la secretaría del órgano jurisdiccional para que se impongan de ellos los interesados, esto es, para que se le entregue copia, tome apunte, alegar o glosar cuentas; sin embargo, en el caso, dicha circunstancia es inaplicable, puesto que los aquí quejosos se encuentran en privación de su libertad y no cuentan con autorizado legal que los represente, por lo que evidentemente no estaban en aptitud de acudir al local del Juzgado de Distrito para imponerse de los autos a la celebración de la audiencia constitucional y hacer las manifestaciones correspondientes, esto es, ante el estado de reclusión que guardan los peticionarios, se revierte la carga procesal impuesta para que acudan y se cercioren del desarrollo del procedimiento, a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga.
A fin de sustentar lo anterior, es pertinente transcribir lo que previenen los artículos 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de mil novecientos cuarenta y ocho; 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (suscrito por el Estado Mexicano el veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y uno) y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dicen:
"Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."
"Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y Cortes de Justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores."
"Artículo 8. Garantías judiciales.
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."
De la interpretación de dichas normas de los aludidos instrumentos internacionales, se desprende la obligación del Estado Mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran, tengan una real aptitud de someter la resolución de sus conflictos a los tribunales, en condiciones de equidad, y que las respuestas que obtengan de éstos diriman los conflictos en forma efectiva, tanto para los individuos involucrados como para la sociedad en general.
Lo que se armoniza con la ley de la materia, en razón de que los quejosos se encuentran en reclusión, de manera que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece para el peticionario privado de su libertad, medidas especiales, dada esa posición, pues su artículo 26, fracción I, inciso a), prevé que las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal al quejoso privado de su libertad, ya sea en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; del cual, además, relacionado con los artículos 27, fracción I, inciso a) y 117, párrafos primero y cuarto, del ordenamiento legal en cita, se desprende la manifiesta intención del legislador de que el gobernado tenga conocimiento del informe justificado y de los documentos que se acompañen, para que esté en aptitud de acudir al juicio de amparo a objetar las pruebas aportadas por la o las responsables, o bien, para desvirtuarlo y alegar lo que a su derecho convenga.
Sostener lo contrario, significaría hacer nugatorio el derecho del gobernado en estado de reclusión de controvertir lo sostenido por las autoridades responsables en su respectivo informe justificado, lo cual convertiría al juicio de amparo en un medio de protección constitucional ilusorio, lo que es inadmisible.
En esa medida, se vulneran las reglas esenciales del procedimiento de amparo ante la omisión destacada del Juez de Distrito, ya que se traduce en que la parte quejosa no conoció cabal y oportunamente el contenido de todos los informes justificados, lo que se torna trascendente en la medida en que sus efectos no quedan limitados al mero desconocimiento de tales constancias, sino que trasciende superando ese límite y se extiende o puede extenderse a provocar que los afectados no ejerzan, con toda oportunidad, el derecho de defensa que les corresponde para evitar ser afectados o para lograr ser beneficiados por esas constancias; todo derivado de la falta de conocimiento de su contenido y su imposibilidad de imponerse de ellas de inmediato, como consecuencia de ser sujetos de una privación de la libertad.
De ahí que, en su caso, los órganos del Poder Judicial de la Federación deben interpretar los derechos fundamentales del quejoso privado de su libertad atendiendo a sus circunstancias; luego, en el caso, el Juez de Distrito debió dictar las medidas pertinentes para que, sin lugar a duda, pudiera afirmar que después de darle vista a la parte quejosa con todos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, como se hace en la resolución recurrida, aquélla efectivamente omitió ofrecer prueba alguna para desvirtuar tales manifestaciones, lo cual evidentemente no hizo, al no otorgársele la posibilidad real de así hacerlo.
En otras palabras, la vista del informe justificado se colmaría si se entrega copia o se le pusiera a la vista en el lugar de su reclusión o, por lo menos, se le diera lectura al momento de que se le notificaron los autos que los incorporan.
Ello es así, porque como se ha destacado, tampoco obra en autos razón de la notificación hecha por el fedatario judicial, respecto del acto en que se ordenó dar vista con el informe rendido por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad.
Consecuentemente, no se puede aseverar que los quejosos tuvieran conocimiento del contenido del informe rendido para que, en su caso, estuvieran en aptitud real de aportar las pruebas que estimaran conducentes a efecto de objetarlos y, de esta manera, desvirtuar las manifestaciones hechas respecto al acto que reclamaron.
Así las cosas, ante la premisa atinente a que el juicio de amparo, como especie de recurso judicial efectivo, debe entenderse en sentido amplio y como instrumento eficaz que garantice la protección de los derechos de carácter fundamental de las personas, con apoyo en el numeral 93, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede revocar el sobreseimiento decretado y ordenar reponer el procedimiento en el juicio; lo anterior, para que el Juez de Distrito ordene notificar el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho y correr traslado a **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, por conducto de su representante común, con copia del informe justificado o a través de cualquier medio que permita que se impongan de su contenido y se les dé opción a manifestar lo que a su interés convenga, para incorporarla a juicio, con el plazo de ocho días previsto en el numeral 117 de la Ley de Amparo.
Finalmente, es de destacar que similar criterio se sostuvo al resolverse, por unanimidad de votos, entre otros, los amparos en revisión 332/2017, 72/2018, 78/2018, 302/2018 y 94/2019, del índice de este tribunal, en sesiones de veintidós de febrero, aprobado el veintitrés siguiente, veintiséis de marzo, catorce de junio, veintisiete de septiembre, todos de dos mil dieciocho y veinticinco de abril de dos mil diecinueve, respectivamente. Tal criterio se reflejó en la tesis II.3o.P.47 P (10a.), de título y subtítulo:(18)
" Dar vista con los informes justificados, genéricamente, significa que los autos se encuentran a disposición de los interesados en la secretaría de Acuerdos del órgano jurisdiccional para que ejerzan sus derechos; sin embargo, dicha circunstancia no opera cuando se trata del quejoso privado de su libertad y no cuenta con autorizado o persona que lo represente, porque evidentemente no puede acudir a las instalaciones del juzgado, lo que implica que se revierte la carga procesal impuesta a las partes para que acudan y se cercioren del desarrollo del procedimiento, pues "dar vista" no implica simplemente asentarlo así en el acuerdo, sino conferirles la verdadera oportunidad de imponerse debidamente del sentido en que fue rendido el informe, su contenido, alcance y anexos (en su caso), lo cual se logra corriendo traslado con copia de éste y de las constancias que se adjuntarán, o acreditando que se dio lectura de su contenido o que se aprecie que existe transcripción de éste en el acuerdo que se notifique. En esa virtud, la vista del informe justificado a quien se encuentra privado de la libertad y no cuenta con autorizado, se colma si se entrega copia o se acredita que se le puso a la vista en el lugar de su reclusión o que se le dio lectura al momento de que se le notificó el auto que lo incorpora."
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo vigente, así como 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.—Se revoca la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.—Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto **********, promovido por los quejosos **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resuelve el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Juan Pedro Contreras Navarro (presidente) y María de Lourdes Lozano Mendoza, así como el secretario en funciones de Magistrado licenciado José Antonio Santibáñez Camarillo (ponente).
En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 16, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
_____________________
14. Jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, materia común, página 336.
15. Fojas 2 a 8 del juicio de amparo indirecto **********.
16. Foja 35, ibídem.
17. Foja 38, ibídem.
18. Tesis sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, con registro digital: 2017682, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, página 2862 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas».
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28932-6f91380a/informe-justificado-si-con-este-se-da-vista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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