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Modo: Corpus Pro

PLAZO DE OCHO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI AÚN NO TRANSCURRE EN SU INTEGRIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO, NI SIQUIERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 250/2021. · Registro digital (IUS): 30413
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-03-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, Pág. 2859.

AMPARO EN REVISIÓN 250/2021. 3 DE FEBRERO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—En principio, y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar conviene señalar que, acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese tenor, debe decirse que este Tribunal Colegiado verificará la necesidad de ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad ex officio, cuando se advierta que una norma es sospechosa o dudosa, de cara a los parámetros de control de los derechos humanos, para lo cual determinará si es indispensable una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, atendiendo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a.), visible en la página 430 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero 2016, con número de registro digital: 2010954, de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO."

En el caso, este tribunal revisor advierte de oficio una violación a las normas del procedimiento que impone ordenar su reposición, conforme a lo establecido en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.(1)

En efecto, el numeral 117, párrafos primero y segundo, de la ley de la materia prevé:

"Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.

"Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado."

El artículo transcrito destaca que, entre la fecha de notificación al peticionario de amparo del informe justificado y la celebración de la audiencia constitucional, debe mediar un plazo de por lo menos ocho días.

También precisa que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidad de conocerlo.

Lo anterior evidencia que dicho precepto tiene como finalidad asegurar que las partes se impongan del contenido de los informes justificados y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlos, pues de esta manera se logra un equilibrio procesal entre éstas.

Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer, siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia.

En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación aplicando aislada y restringidamente el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sino que debe hacerse de una manera lógica, sistemática y armónica, a fin de cumplir con el objetivo esencial de que las partes –principalmente la parte quejosa– se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo o, en su caso, para ampliar la demanda de amparo.

Por tanto, el referido informe, por imperativo legal, debe darse a conocer a las partes, independientemente de que se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación al quejoso o tercero interesado y la de celebración de la audiencia constitucional pues, de lo contrario, debe diferirse o suspenderse dicha audiencia, con independencia de que exista o no solicitud de las partes en tal sentido.

Precisado lo anterior, conviene destacar lo siguiente:

a. El veintidós, veintisiete y veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Juez de amparo tuvo por recibidos los informes justificados de la directora general de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación; del subrepresentante federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional y del titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambos en la Ciudad de México, respectivamente.

b. El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Juez de Distrito tuvo por recibido el informe justificado de la encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Correspondencia en Tabasco del Instituto Nacional de Migración.

Informes que puso a la vista de las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. (fojas 344 a 358 del juicio de amparo)

c. Los acuerdos de veintinueve de octubre y cinco de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, fueron notificados por lista el tres y seis de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente, y surtieron efectos el cuatro y siete siguientes; por ende, el plazo previsto en el citado numeral empezó a contar, respecto del primero, del cinco de noviembre siguiente y los ocho días concluyeron el dieciséis de los mismos mes y año; por lo que hace al segundo, el plazo previsto en el citado numeral empezó a contar a partir del ocho de noviembre y los ocho días concluyeron el diecisiete siguiente.

d. El once de noviembre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia constitucional, como consta a fojas 361 a 365 del juicio de amparo.

Sin embargo, no se dio el tiempo suficiente para que la parte quejosa pudiera manifestar lo que a su derecho corresponda.

De lo expuesto, se advierte que se vulneraron las formalidades del procedimiento del juicio de amparo, pues en el caso se infringió lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dado que la Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional sin dar oportunidad a que transcurriera en su integridad el plazo que señala dicho precepto, a efecto de que el peticionario, una vez impuesto de todos y cada uno de los informes con justificación, pudiera controvertirlos.

Luego, con tal proceder se transgredieron en perjuicio de la parte quejosa recurrente las formalidades esenciales rectoras del procedimiento constitucional, lo cual trasciende al resultado del fallo, pues la parte impetrante no estuvo en posibilidad de aportar más elementos de prueba o formular los alegatos que estimara conducentes.

Cierto, el juicio de amparo permite garantizar y proteger la materialización del derecho a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales; así, para hacerlo eficaz, deben observarse las formalidades que integran su procedimiento, entre otras, el que en la audiencia respectiva las partes puedan rendir pruebas en torno a la certidumbre del acto reclamado o, en su caso, de la existencia de las autoridades responsables, así como formular sus alegatos, ya sea por escrito o verbalmente, según el caso, como se advierte de los artículos 117 a 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo.

Por tanto, sobreseer cuando está transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, desatiende las formalidades del juicio y lo priva de su naturaleza como recurso judicial efectivo.

Máxime que la obligación del Juez de amparo de dar vista al quejoso con los informes correspondientes, tiene su justificación en la posibilidad de alegar o probar lo conducente, esto es, desvirtuar las afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por la autoridad, en su caso, preparar las pruebas que estime pertinentes o insistir en el ofrecimiento de otras; de ahí que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, debe mediar el plazo de por lo menos ocho días.(2)

Sin que sea óbice para concluir como se hace, que la Juez de amparo en la sentencia recurrida justificó su determinación de no diferir la audiencia constitucional, bajo el argumento: "No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que está transcurriendo la vista ordenada en proveídos de veintisiete y veintinueve de octubre, así como cinco de noviembre de dos mil veintiuno, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, dado que no cambiaría el sentido de la sentencia la manifestación que, en su caso, hiciera el impetrante de derechos fundamentales, y sí en cambio retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios."

En razón de que de la lectura del citado numeral 117 de la Ley de Amparo, se observa la obligación de dar vista a las partes con los informes justificados, así como que ocho días es el plazo mínimo que debe mediar entre la notificación de la vista de los informes justificados y la de celebración de la audiencia constitucional.

Lo anterior, en virtud de que fue previsto por el legislador para que las partes tengan la oportunidad de conocer, con la anticipación necesaria, el informe y la documentación proporcionados por la autoridad responsable para, en su caso, debatir su contenido, el cual no puede ser disminuido a voluntad del juzgador.

Circunstancia que no se justifica bajo el amparo de los principios de celeridad y de justicia pronta y expedida, en virtud de que tratándose de plazos legales, el juzgador debe sujetarse a ellos, por encontrarse establecido en la ley de la materia, pues éstos se relacionan con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma, y fijar términos diversos a los establecidos contraviene los derechos a una defensa adecuada y a un recurso efectivo, que si bien ninguno está por encima del otro, deben armonizarse.

En consecuencia, dado que en el caso se privó a la parte quejosa del plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para desahogar la vista de los informes justificados rendidos por las citadas autoridades, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, lo procedente es revocar la determinación recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, en términos del diverso numeral 93, fracción IV, de la ley en cita, para el efecto de que:

a. La Juez recurrida señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de dar vista con los referidos informes justificados y otorgar a las partes la oportunidad de imponerse de su contenido, en los términos establecidos en el invocado precepto 117 de la Ley de Amparo;

b. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda.

Lo anterior, tiene apoyo en la tesis I.9o.P.19 K (10a.), de este Tribunal Colegiado, visible en la página 3022 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Tomo IV, marzo de 2021, materia común, con número de registro digital: 2022792, de rubro y texto: "

"Hechos: El juzgador de amparo al celebrar la audiencia constitucional determinó sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, aun cuando no había transcurrido en su integridad el plazo señalado en el artículo 117, párrafo segundo, de la propia ley, bajo el argumento de que la sentencia se emitía acorde con los principios fundamentales establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de resolver el asunto de manera pronta y expedita, con el objeto de evitar dilaciones innecesarias; además de que no se dejaba en estado de indefensión al quejoso, toda vez que contaba con los medios de defensa respectivos; sobreseimiento que fue recurrido mediante el recurso de revisión.

"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si aún no transcurre en su integridad el plazo de ocho días que como mínimo debe mediar entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito no tiene facultad para sobreseer en el juicio, ni siquiera con base en los principios de celeridad y de justicia pronta y expedita.

"Justificación: Lo anterior, en virtud de que el artículo 117, párrafo segundo, mencionado establece que entre la notificación de la vista de los informes justificados y la celebración de la audiencia constitucional debe mediar un plazo no menor de ocho días, a fin de que las partes tengan oportunidad de conocer con la anticipación necesaria el informe y la documentación proporcionados por la responsable para, en su caso, debatir su contenido. De ahí que el Juez de amparo no esté facultado para disminuirlo, ni aun bajo la justificación de los principios de celeridad y de justicia pronta y expedita, previstos en el artículo 17 de la Constitución General, ni con el argumento de que el quejoso cuenta con el recurso correspondiente, en virtud de que tratándose de plazos, debe sujetarse a ellos, por encontrarse establecido en la ley de la materia y no existir facultad para que los juzgadores lo reduzcan, pues éstos se relacionan con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma, y fijar términos diversos contraviene los derechos a una defensa adecuada y a un recurso efectivo que, si bien ninguno está por encima del otro, deben armonizarse."

Por lo expuesto y fundado, además, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 91 de la Ley de Amparo y 38, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de derechos fundamentales **********, del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos precisados en el considerando último de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvanse los autos al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos del Magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez (presidente), de la Magistrada Emma Meza Fonseca (ponente) y del Magistrado Ricardo Paredes Calderón.

En términos de lo previsto en los artículos 73, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a.) y aisladas I.9o.P.19 K (10a.) y XXVII.3o.7 K (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas, 5 de marzo de 2021 a las 10:08 horas y 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas, respectivamente.

________________

1. "Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

"...

"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento."

2. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 54/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 191995, que si bien hace referencia al artículo 149 de la Ley de Amparo de vigencia anterior es aplicable, en lo conducente, dada la similitud de dicho numeral con el actual ordinal 117, es decir, la legislación que se interpretó no se opone a esta última legislación y, por ello, resulta obligatoria conforme a los artículos sexto transitorio y 217 de la invocada ley vigente, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (‘... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...’), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (‘Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."

De igual forma, la tesis aislada en materia común XXVII.3o.7 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1451, Libro 5, Tomo II, abril de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2006279, que se comparte y dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30413-62e12da3/plazo-de-ocho-dias-previsto-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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