AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS OPUESTOS EMITIDOS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN PROVENIR NO SÓLO DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN REVISIÓN, SINO DE CUALQUIER OTRO RECURSO O PROCEDIMIENTO DE LOS QUE LES CORRESPONDA CONOCER EN ATENCIÓN A SU COMPETENCIA O ATRIBUCIONES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/98-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA ACTUAL SEGUNDA SALA Y LA ANTERIOR PRIMERA SALA, AMBAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 19/89, en sesión de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa, sostuvo la siguiente jurisprudencia:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. HIPÓTESIS EN QUE PUEDE DIFERIRSE O SUSPENDERSE, CONFORME AL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. El texto del artículo 149 de la Ley de Amparo, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, establece como requisitos para que la audiencia constitucional pueda ser diferida o suspendida, los siguientes: 1. Que el informe justificado se rinda, cuando menos con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional. 2. Que el quejoso o el tercero perjudicado solicite se difiera o suspenda la audiencia, y 3. Que el Juez, ejerciendo su potestad decisoria, acuerde diferirla o suspenderla. Estos requisitos se establecieron al presuponer que si el informe justificado se recibió en menos de ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, el quejoso no estaba en condiciones de conocerlo con la debida oportunidad, en cuya hipótesis podría pedir el diferimiento o la suspensión de la misma, esto último en el caso de que se lo hubiese solicitado, lo que, incluso, puede hacerse verbalmente en ese momento. Es claro que el espíritu de esta reforma tiende a evitar que los juicios de amparo se prolonguen innecesariamente y, por eso, quedó limitada a los casos en que la parte quejosa o el tercero perjudicado soliciten que se difiera o suspenda la audiencia constitucional, pues sólo a ellos podría perjudicar el arribo extemporáneo del informe justificado; por lo que, sabedores de que está pendiente su recepción, deberán estar atentos a ello para tener la oportunidad de solicitar el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional. De esta manera, si las partes no se presentaron a la audiencia constitucional, para hacer valer su derecho, debe entenderse que tácitamente consintieron los términos en que se hubiere rendido el informe, o bien han demostrado desinterés en cuanto a las consecuencias que les pueda originar su ausencia, ya que la misma les reportará la pérdida de la oportunidad de combatir el contenido del informe justificado. En consecuencia no es al Juez a quien corresponde tutelar ese derecho y, sustituyéndose a las partes, diferir oficiosamente la audiencia."
La parte considerativa de la resolución de donde emana el texto anterior se hizo consistir:
"... Procediendo al examen de la tesis, se advierte que su contradicción radica en que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sostiene que ante la circunstancia de que se dé cuenta con el informe justificado hasta la audiencia constitucional a la que no comparecieron el quejoso ni el tercero perjudicado, quienes no tienen obligación de asistir, motivo por el cual no se enteraron de la llegada del informe; lo procedente es diferir la audiencia si se recibió antes de que se inicie, o suspenderla si la recepción fue en el momento de celebrarla, dando vista a las partes para el efecto de que tengan oportunidad de ofrecer pruebas que desvirtúen el informe. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ante la hipótesis de que el informe justificado se presentara en el Juzgado de Distrito el día anterior a la audiencia constitucional, en la que se dio cuenta con el mismo, en ausencia de las partes, estimó que la ley de la materia no obliga a que la audiencia sea diferida o suspendida, ya que el Juez de Distrito podría proceder de esa manera, sólo en el caso de que el quejoso o el tercero perjudicado así lo hubieran solicitado, lo cual puede hacerse de manera verbal en la audiencia misma. Esta Sala estima que el criterio que debe prevalecer es el mencionado en segundo término, por las razones expresadas a continuación. El artículo 149 de la Ley de Amparo, cuyo texto actual entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en la parte que suscita la presente contradicción prevé que las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, pues de esta manera el quejoso estará en posibilidad de conocerlo. Ahora bien, si el informe se recibiera con posterioridad a ese término, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia sólo cuando se haya satisfecho el requisito para que el Juez pueda proceder así, y ese presupuesto consiste precisamente en que el quejoso o el tercero perjudicado así lo soliciten pudiendo hacerse tal petición de manera verbal hasta el momento mismo de la audiencia constitucional. También es importante señalar que una vez manifestada la petición para que se difiera o suspenda la audiencia, eso no quiere decir que de manera indefectible al Juez deba obsequiar esa solicitud, ya que el verbo empleado en el precepto legal que se interpreta es ‘podrá’, esto es, que se concede al Juez la potestad para decidir si accede o no a lo pedido. De acuerdo con lo que se ha venido argumentando pueden desprenderse los siguientes requisitos para que la audiencia sea diferida o suspendida: a) Que el informe justificado se rinda dentro de los ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional. b) Que el quejoso o el tercero perjudicado solicite que se difiera o suspenda la audiencia, y c) Que el Juez ejerciendo su potestad decisoria, acceda a diferir o suspenderla. A mayor abundamiento, se advierte que la reforma al artículo 149 de la Ley de Amparo, tiende a evitar que los juicios de amparo se prolonguen innecesariamente, y por eso limitó a los casos en que la parte quejosa o el tercero perjudicado lo soliciten, el que se pueda diferir o suspender la audiencia constitucional, pues sólo a ellos podría perjudicar la llegada del informe justificado extemporáneamente, por lo que sabedores de que está pendiente su recepción deberán estar atentos a ello, y así estar en posibilidad de solicitar el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional; de tal manera que si no se presentaron a ésta para hacer valer su derecho, es que tácitamente consienten los términos en que se hubiere rendido el informe, o bien manifiestan su desinterés de la consecuencia que les puede repercutir el no haber comparecido a la audiencia, a la que si bien no tienen obligación de asistir, el no acudir les reportará la pérdida de la oportunidad de combatir el contenido del informe justificado, lo que únicamente a las partes podría causarles perjuicio; por ende, no es al Juez a quien corresponde tutelar ese derecho y sustituirse a su interés, difiriendo oficiosamente la audiencia. ..."
TERCERO. Por su parte la actual Segunda Sala en el amparo en revisión 2639/97, en sesión de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, sostuvo la siguiente tesis aislada:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89."
La parte considerativa de la resolución de donde emana el texto anterior se hizo consistir:
"TERCERO. Resulta fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida el agravio que gira en torno a que existe una violación a las normas fundamentales del procedimiento que amerita la reposición del mismo. Al efecto aduce el quejoso recurrente que la Juez de Distrito transgredió lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, porque no obstante que los informes justificados de las autoridades responsables de la Procuraduría General de la República fueron rendidos sin la anticipación debida que exige dicho precepto legal, no se le dio la oportunidad de imponerse de su contenido para estar en aptitud de ofrecer las pruebas que tendieran a desvirtuarlos. Sobre el particular debe decirse, en primer lugar, que efectivamente la Juez de Distrito, en proveído de cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, admitió la demanda de garantías promovida por el quejoso José Armando Canto Huitzil en contra de actos del Congreso de la Unión, del presidente de la República y del secretario de Gobernación (como las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) y del oficial mayor de la Procuraduría General de la República y otras autoridades de la propia dependencia (como emisoras y ejecutoras de los actos de aplicación de la ley combatida); habiéndose fijado para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con veinte minutos del primero de agosto del mismo año. Consta en el expediente de amparo (fojas de la 162 a la 195) que las autoridades señaladas como responsables de la Procuraduría General de la República, a las que se atribuyeron los actos de aplicación de la ley reclamada, presentaron sus informes con justificación a las nueve horas con ocho minutos del día primero de agosto del año próximo pasado, según se advierte del sello de recibido de la Oficialía de Partes del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla. En dichos informes las autoridades negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron. No obstante lo anterior, la Juez Federal, a las nueve horas con veinte minutos de los mencionados día y año, procedió a celebrar la audiencia constitucional, en la que se ordenó agregar los informes de referencia para los efectos legales a que hubiera lugar. Ahora bien, tratándose del plazo y de la anticipación para la rendición del informe con justificación, así como de la oportunidad que se otorga al quejoso para que se imponga de su contenido, el artículo 149, párrafos primero y último, dispone lo siguiente (lo transcribe). De la transcripción anterior se advierten las siguientes hipótesis: 1. El informe con justificación deberán rendirlo las autoridades responsables en el plazo de cinco días, lapso que podrá duplicarse a consideración del Juez de Distrito atendiendo a la trascendencia del asunto. 2. Pero además del plazo mencionado para la rendición del informe justificado, ello deberá acontecer con una anticipación de ocho días antes de que tenga verificativo la audiencia constitucional. La finalidad de esta anticipación es que el peticionario de garantías conozca la contestación de la autoridad responsable a su demanda para poder controvertirla si lo estima conveniente, pues así se deriva de la locución legal ‘... con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso ...’ . 3. En el supuesto de que el informe no se rinda con la indicada anticipación (ocho días), el Juez de Distrito puede diferir o suspender la audiencia según lo que proceda, mediante solicitud del quejoso o tercero perjudicado, la que podrán hacer verbalmente en el momento mismo de la audiencia. Cabe destacar en este punto la diferencia que existe entre el diferimiento y la suspensión de la audiencia constitucional, pues mientras que lo primero significa posponer la celebración de dicha actuación, ya sea porque así lo estimó el Juez oficiosamente y por regla general para salvaguardar la equidad procesal de las partes, o porque alguna de éstas lo solicitó expresamente con la finalidad de preparar o desahogar alguna probanza, en cambio, la suspensión de la audiencia solamente opera, por obvias razones, ya iniciada la misma, aunque los motivos sean idénticos, ya que se trata de paralizar temporalmente el acto que ya comenzó, en lo que oficiosa y procesalmente se equilibra a las partes, se culminan los referidos preparación y desahogo de los medios de convicción, o se resuelve alguna objeción, etcétera. Por ende, resulta evidente que la disposición en el sentido de que ‘... si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia ...’, únicamente se refiere a la hipótesis de la suspensión, ya que las manifestaciones verbales sólo se hacen al estarse verificando la audiencia y no antes. 4. Finalmente, ordena el último párrafo del artículo preinserto que cuando el informe justificado no se rinda en el plazo establecido (entiéndase cinco días a partir de que haya surtido efectos la notificación del auto admisorio de la demanda y con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia), será considerado por el Juez Federal en la sentencia respectiva, siempre y cuando las partes lo hayan conocido y estado en condiciones de preparar las probanzas que lo controviertan. De los supuestos anteriormente relacionados y que se derivan de los párrafos primero y último del artículo 149 de la Ley de Amparo, pareciere que existe una contradicción entre los destacados en los puntos tres y cuatro, y que a criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más bien se trata de un problema de interpretación que se debe resolver, en acatamiento al principio de equidad procesal consagrado en el análisis lógico, sistemático y armónico de las disposiciones legales aplicables. En efecto, ordena la última parte del primer párrafo del artículo invocado que cuando el informe justificado no se rinda con la anticipación debida, la audiencia podrá diferirse o suspenderse (recuérdese la distinción realizada en líneas precedentes) a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, petición que se podrá hacer verbalmente al momento de la audiencia. Nótese que la carga procesal de los mencionados diferimiento o suspensión se deja al promovente del amparo o al tercero perjudicado, no obstante que la autoridad responsable incumpla su obligación de rendir el informe en el plazo y con la anticipación que la ley prevé. Por su parte, el párrafo final del multicitado artículo 149 de la ley de la materia es imperativo en el sentido de que el Juez de Distrito tomará en cuenta el informe justificado, aunque se rinda fuera del plazo previsto legalmente, siempre y cuando las partes lo hayan conocido y por ende, estado en condiciones de desvirtuarlo. Como se ve, por un lado se prevé que si el informe justificado se rinde sin la anticipación debida, el diferimiento o la suspensión de la audiencia constitucional sólo procederá a petición del quejoso o del tercero perjudicado; y por otro, la norma dispone que se tome en cuenta el informe justificado rendido fuera del plazo para ello otorgado, a condición de que las partes lo hayan conocido y tenido oportunidad de rebatirlo. Entonces, ante la rendición del informe justificado fuera del plazo y sin la anticipación requeridos, primero se deja a cargo del quejoso o del tercero perjudicado el diferimiento o suspensión de la audiencia, y después se consagra en su favor el beneficio relativo a que dicho informe será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar los medios de convicción que lo desvirtúen. Además, la aplicación coetánea de ambas disposiciones puede carecer de efectos prácticos y lógicos, en la medida de que, rendido el informe justificado sin la anticipación debida y sin que haya mediado solicitud del quejoso o del tercero perjudicado para diferir o suspender la audiencia, ésta se llevara a cabo, y al momento de dictarse la sentencia correspondiente el Juez de Distrito no podrá tomar en cuenta dicho informe porque no se satisfizo aquel requisito y además porque las partes no lo conocieron y por ende no pudieron desvirtuarlo, lo que a su vez provocará que se tengan por presuntivamente ciertos los actos reclamados en acatamiento al párrafo tercero del dispositivo en examen, quedando a cargo del peticionario la comprobación de su inconstitucionalidad cuando tal acto no lo sea en sí mismo. En otras palabras, la única sanción que en todo caso merece la autoridad responsable ante la rendición sin la anticipación debida de su informe justificado (con independencia de la multa que procede en términos del párrafo cuarto del artículo 149, que sólo constituye un castigo económico pero que carece de trascendencia jurídico-procesal alguna), es la de tener por presuntivamente ciertos los actos que se le atribuyen; consecuencia que de suyo resulta leve si se toma en cuenta que, por excepción y no como regla, los actos son inconstitucionales en sí mismos, por lo que generalmente es al quejoso al que corresponde probar los hechos que determinen su inconstitucionalidad. Mientras tanto, al quejoso o al tercero perjudicado toca, ante la conducta contumaz de la autoridad por desacato a un imperativo legal (rendir su informe justificado dentro del plazo y con la anticipación debidos); cuidar si se cumplió o no con dichos requisitos para que, en su caso y según proceda, soliciten expresamente el diferimiento o la suspensión de la audiencia constitucional, en la inteligencia que de no mediar dicha petición tal acto se llevará a cabo y a continuación se dictará sentencia, en donde si bien se deberán tener por presuntivamente ciertos los actos reclamados porque no es el caso de tomar en cuenta los informes justificados, no lo es menos que nuevamente quedará a cargo del quejoso probar la inconstitucionalidad de esos actos cuando no lo sean en sí mismos. ¿Pero cómo hacerlo si se desconoce el contenido de los multicitados informes porque no se dio tiempo al impetrante para preparar las pruebas que estimara convenientes con esa frialdad?-Luego es patente, por un lado, la sanción leve a que se hace acreedora la autoridad responsable, y por otro, las cargas e infracciones procesales que tienen que soportar tanto el quejoso como el tercero perjudicado (pero principalmente el primero), cuando que todo ello se origina por el incumplimiento de un imperativo legal por parte del referido ente público. Ciertamente, todo deriva del hecho de que el órgano gubernamental responsable no cumple con la norma legal que le exige que rinda su informe con justificación dentro del término de cinco días y con una anticipación de cuando menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, ante lo cual solamente se hace acreedor (además de una multa jurídicamente intrascendente) a que se tengan por presuntivamente ciertos los actos que se le reclaman, sanción que resulta por regla general irrelevante porque de cualquier modo corresponderá al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto. Sin embargo, al peticionario de garantías, y en su caso al tercero perjudicado, ante la misma conducta contumaz de la autoridad responsable, se les deja la carga de cuidar que en caso de que el informe justificado se rinda fuera del plazo y sin la anticipación debida, soliciten expresamente al Juez de Distrito el diferimiento de la audiencia, lo que a su vez los obliga, inexorablemente, a comparecer personalmente el día y hora señalados para dicho acto, en la inteligencia que de no hacerlo (pues así se deriva del imperativo en el sentido de que dichos diferimientos o suspensión deberán solicitarlo) se llevará a cabo la misma aun desconociéndose el contenido de los referidos informes. Aunado a lo anterior, al momento de dictarse la sentencia respectiva el Juez Federal (si aplica cabalmente el artículo 149 de la Ley de Amparo), deberá hacer caso omiso de los informes justificados rendidos sin la oportunidad debida, y tener por presuntivamente ciertos los actos reclamados, pero como de cualquier manera corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto (porque esta hipótesis es la regla y no la excepción), resulta claro que se verá imposibilitado para hacerlo en la medida de que no conoció los supracitados informes y por ende no estuvo en condiciones de preparar y desahogar las pruebas con esa finalidad. A mayor abundamiento, la aplicación literal y aislada de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que rendido el informe sin la anticipación debida el quejoso o el tercero perjudicado podrán solicitar incluso verbalmente el diferimiento o la suspensión de la audiencia, hace que dichas partes se vean obligadas a comparecer personalmente el día y hora señalados para tal acto, obligación que no encuentra fundamento alguno en la Ley de Amparo. Por el contrario, el numeral 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, prevé que: ‘Concluida la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes y de las decretadas por el tribunal, en su caso, el último día del término de prueba se verificará la audiencia final del juicio, con arreglo a los artículos siguientes, concurran o no las partes.’, es decir, que no es obligatoria la asistencia de las partes a la audiencia. Sin que pase inadvertido para esta Segunda Sala que el párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en cuya parte conducente de la exposición de motivos se dijo: ‘... En el cuarto apartado se incluyen las reformas y adiciones que tienen por propósito dar mayor claridad y celeridad al procedimiento y cubrir lagunas existentes en la Ley de Amparo, que son consecuencia del enorme interés que despertó la reforma constitucional que se ha mencionado, reformas y adiciones que fueron propuestas en algunos casos, por la Suprema Corte de Justicia en decidida colaboración con el Poder Ejecutivo, en otros casos por la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de sus funciones, y en otros más por juristas estudiosos de la materia. En este apartado podemos ubicar la adición del segundo párrafo al artículo 9o., la reforma a los artículos 11, 26, 27 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 primer párrafo y fracción I, 30 fracciones I y II, 35, la adición de un párrafo final al artículo 73, la reforma a los artículos 74 fracción I, 81, 83 fracciones I y II y adición de un párrafo final, 103, la adición de un párrafo final al artículo 123 y la reforma de los artículos 129, 135 y 149 primero y cuarto párrafos.’. De la transcripción anterior no se advierte que se hayan dado razones expresas para adicionar el artículo 149, párrafos primero y cuarto, sino que sólo se alude genéricamente a que las reformas y adiciones ‘... tienen por propósito dar mayor claridad y celeridad al procedimiento y cubrir lagunas existentes en la ley ...’. Sin embargo, no se específica cuáles fueron las lagunas que se subsanaron, ni de qué manera se le da claridad al procedimiento con dichas reformas y adiciones. Y si éstas tuvieron como finalidad darle mayor celeridad al procedimiento en el caso concreto para que rendidos los informes justificados sin la anticipación debida y no mediando solicitud del quejoso o tercero perjudicado para que se difiera o suspenda la audiencia, ésta sea celebrada y se dicte sentencia, ello resultaría incongruente tanto desde el punto de vista legal, como ya se precisó anteriormente, como por contraponerse dos principios fundamentales que rigen al procedimiento judicial. En efecto, al aplicarse únicamente la parte final del primer párrafo del artículo suprainvocado (celebrando la audiencia constitucional porque ante la rendición del informe sin la anticipación debida no medió solicitud de diferimiento o suspensión), ciertamente se cumple con el principio de expeditez en los juicios, que deriva del artículo 17 de la Constitución Federal, pero como se puntualizó precedentemente, el párrafo final del propio precepto establece que si los informes justificados no se rinden en el plazo y con la anticipación debidos, el Juez de Distrito los tomará en cuenta siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlos y de preparar las pruebas que los desvirtúen, lo que evidentemente impone un respeto al principio de equidad procesal también consagrado en el artículo 17 constitucional. La solución no debe representar mayores problemas, pues ante la confrontación de ambos principios constitucionales, debe otorgarse preeminencia al segundo de ellos, porque atendiendo a la teleología del juicio de amparo, debe imperar la equidad procesal de las partes contendientes sobre una justicia pronta; sin que ello signifique desatender este último aspecto de la administración de justicia, puesto que basta con que por una sola vez, motu proprio, el órgano jurisdiccional posponga por un plazo prudente y razonable la celebración de la audiencia, para que también se respete el mencionado principio de expeditez. Lo anterior se logra, como se dijo en líneas precedentes, a través de una interpretación lógica, sistemática y armónica de los párrafos primero y último del artículo 149 de la Ley de Amparo. Así, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado con la anticipación de ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito al dictar la sentencia correspondiente tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. No escapa a la atención de este órgano colegiado la circunstancia concurrente relativa a que, cuando la audiencia constitucional se difiere por motivos diversos, se agregan a los autos informes justificados que se presentan con posterioridad a la primera fecha señalada para tal efecto; en cuyo caso ya no será necesario aplicar el criterio de que se da noticia, es decir, que dicha audiencia se difiera nuevamente para ahora dar vista a las partes con tales informes, toda vez que el plazo de cinco días para su rendición y ocho de anticipación, solamente opera en relación con la primera fecha señalada para la celebración de la actuación referida (obviamente salvo que no se haya emplazado a la autoridad responsable), pues así se debe interpretar el párrafo primero del multicitado artículo 149 de la Ley de Amparo, precisamente atendiendo al principio de expeditez invocado. Corolario de lo anterior, resulta el hecho de que el Juez de Distrito está facultado, en términos de lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo para diferir la audiencia constitucional en aquellos casos en que las partes hayan solicitado copias a las autoridades, o cuando éstas hayan sido omisas en expedirlas; todo ello con la finalidad de estar en condiciones de analizar adecuadamente la constitucionalidad de la ley o acto reclamados. ..."
TERCERO. Por razón de método debe estudiarse en primer lugar, si en el presente asunto concurren o no las hipótesis de contradicción y por ende si en la especie existe materia para resolverla.
Del análisis del problema jurídico abordado por las Salas que integran este tribunal, se advierte que ambas analizan una misma cuestión jurídica, de carácter procesal, concluyendo con criterios opuestos.
Así, la Primera Sala en su anterior integración, al resolver la contradicción de tesis 19/89, determinó que acorde con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando el informe justificado fuera rendido en forma extemporánea, el Juez podría diferir o suspender la audiencia, sólo a petición del quejoso o del tercero perjudicado, a quienes en todo caso, les perjudicaría la llegada tardía de tal informe, por lo que, si no era solicitado tal diferimiento o suspensión de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6426-f69f0bfa/audiencia-constitucional-debe-en-principio-diferirse-de-oficio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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