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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR UN CONGRESO LOCAL PARA FINCAR RESPONSABILIDAD A UN PRESIDENTE MUNICIPAL ES UN ACTO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO ELECTORAL, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (DICTAMEN DE ACUERDO C.R./LXVIII/10/2018, POR EL CUAL LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO RESOLVIÓ EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NO. TRES EN ACATAMIENTO A UNA EJECUTORIA DICTADA POR LA SALA ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). II. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE DURANGO. EL CONGRESO LOCAL CARECE DE ATRIBUCIONES PARA INVESTIGARLO, SUSTANCIARLO Y RESOLVERLO (INVALIDEZ DEL DICTAMEN DE ACUERDO C.R./LXVIII/10/2018, POR EL CUAL LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO RESOLVIÓ EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NO. TRES EN ACATAMIENTO A UNA EJECUTORIA DICTADA POR LA SALA ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). III. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE DURANGO. MARCO NORMATIVO QUE LO REGULA (DICTAMEN DE ACUERDO C.R./LXVIII/10/2018, POR EL CUAL LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO RESOLVIÓ EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NO. TRES EN ACATAMIENTO A UNA EJECUTORIA DICTADA POR LA SALA ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). IV. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE DURANGO. LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A UN PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN DESTITUCIÓN DE SU CARGO E INHABILITACIÓN, SIN SEGUIR LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO, ES UNA TRANSGRESIÓN A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL (INVALIDEZ DEL DICTAMEN DE ACUERDO C.R./LXVIII/10/2018, POR EL CUAL LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO RESOLVIÓ EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NO. TRES EN ACATAMIENTO A UNA EJECUTORIA DICTADA POR LA SALA ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). V. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN. SU INSTAURACIÓN NO IMPLICA QUE SE HAYA DEROGADO LA ATRIBUCIÓN DE LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REMOVER A LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS (DICTAMEN DE ACUERDO C.R./LXVIII/10/2018, POR EL CUAL LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO RESOLVIÓ EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NO. TRES EN ACATAMIENTO A UNA EJECUTORIA DICTADA POR LA SALA ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO PARA QUE DEJE SIN EFECTOS EL DICTAMEN DE ACUERDO QUE DESTITUYE E INHABILITA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DURANGO, EMITA UNO EN EL QUE SE DECLARE INCOMPETENTE PARA INVESTIGAR Y SUBSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, REMITA LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO COMPETENTE Y NOTIFIQUE DE ELLO A LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL DICTAMEN DE ACUERDO C.R./LXVIII/10/2018, POR EL CUAL LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO RESOLVIÓ EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NO. TRES EN ACATAMIENTO A UNA EJECUTORIA DICTADA POR LA SALA ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 229/2018. · Registro digital (IUS): 29088
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-10-18
Promovente: MUNICIPIO DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, Pág. 2077.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 229/2018. MUNICIPIO DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO. 19 DE JUNIO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN M. MENDIZÁBAL FERREYRO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente municipal José Ramón Enriquez Herrera y/o José Ramón Enríquez Herrera, en representación del Ayuntamiento de Durango, Estado de Durango, promovió controversia constitucional en contra del dictamen de Acuerdo C.R./LXVIII/10/2018, por el cual la Comisión de Responsabilidades resolvió el procedimiento especial sancionador No. Tres, aprobado el once de diciembre de dos mil dieciocho por el Congreso del Estado de Durango.(1)

SEGUNDO.—En su escrito de demanda, la parte actora hizo valer los conceptos de invalidez siguientes:

A) Violaciones al pacto federal por menoscabo a la autonomía municipal.

El acto impugnado perjudica de manera inmediata y directa al Ayuntamiento de Durango, porque le impide la continuidad en el ejercicio de las funciones de gobierno, al afectar al presidente municipal como representante del Municipio Libre, fuera de las competencias que le otorga la ley y la jurisprudencia.

La sanción se determinó de forma ilegal y excesiva porque no tomó en cuenta el contexto de las impuestas con anterioridad ni los diversos supuestos previstos en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; aunado a que la inhabilitación no podía ser mayor a un año, porque impactaría en las elecciones futuras para presidente municipal del Ayuntamiento de Durango, gobernador y diputados federales de ese Estado.

El Congreso del Estado excedió la competencia sancionadora otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y transgredió el principio del estricto derecho, ello, porque no se dio vista al Congreso del Estado para que se investigara, sino para que sancionara.

El poder demandado incurrió en abuso competencial al determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sobre cómo fue verificada la conducta infractora durante el procedimiento electoral, sin considerar que el Tribunal Electoral determinó que no hubo un acto anticipado de campaña; por ello, deja de ser autoridad para efectos del artículo 16 de la Constitución Federal y, por tanto, la resolución es ilegal e inconstitucional.

B) Violación al principio de seguridad jurídica.

Bajo la premisa de que la seguridad jurídica opera como una garantía institucional de los miembros del Ayuntamiento, aduce lo siguiente:

Se violan las formalidades esenciales del procedimiento porque el presidente municipal sancionado no fue llamado a juicio.

Existe un vicio en el origen del procedimiento, porque si bien el procedimiento especial sancionador No. Uno era cosa juzgada, la Comisión de Responsabilidades admitió que no se había concluido el trámite del procedimiento especial sancionador No. Dos.

Por tanto, el poder demandado incurrió en un vicio de legalidad al realizar el dictamen del procedimiento especial sancionador No. Tres, porque no puede determinarse la existencia de una reincidencia, ni ponderarse adecuadamente la sanción en los términos de la sentencia respectiva, a razón de que ese procedimiento no ha quedado firme, lo que implica una falta de motivación en los aspectos de tiempo, modo y lugar, al basarse en hechos que no han sido resueltos en su totalidad.

TERCERO.—La parte actora en su demanda consideró que el acto impugnado violaba los artículos 1, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracciones I, II y III, 36, fracción V, 39, 40, 41, párrafo primero, 115, fracción I, párrafo tercero y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.—Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 229/2018 y designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.(2)

QUINTO.—En proveído de diecisiete de diciembre siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Durango, al que ordenó emplazar para que presentara su contestación de demanda dentro del plazo de treinta días hábiles; además, se le requirió para el efecto de que remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acto combatido; por último, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que su representación correspondiera.(3)

SEXTO.—Por otra parte, en auto de la misma fecha, dictado en el cuaderno de suspensión, se concedió la medida cautelar para el efecto de que no se ejecutara el dictamen de acuerdo impugnado.(4)

SÉPTIMO.—Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve, Manuel Rosales Domínguez, en su carácter de secretario de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Durango, contestó la demanda de controversia constitucional.(5)

El Poder Legislativo del Estado de Durango sostuvo la validez del acto impugnado, con base en las razones siguientes:

a) En cuanto a los hechos, manifestó que el acto impugnado no es violatorio del artículo 115 constitucional porque el derecho de defensa que alega la parte actora le fue concedido en el procedimiento especial sancionador instaurado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por otra parte, que no puede considerarse lo dispuesto en el artículo 115 constitucional al caso de la infracción del presidente municipal de Durango, en virtud de que ese dispositivo se refiere a faltas a la legislación local ya sea estatal o municipal, mas no por infracciones a normas electorales.

b) En relación con los antecedentes, adujo que eran ciertos, con excepción del punto IV del tercer procedimiento (sic), donde la parte actora aseveró que de manera irregular se votó el dictamen.

c) Por cuanto hace a los conceptos de invalidez, refirió que el Congreso del Estado actuó en acatamiento a una ejecutoria dictada por el Tribunal Electoral y cumpliendo con las etapas internas correspondientes para la aprobación del dictamen impugnado; que la sanción impuesta se determinó de manera legal porque le precedían otras dos impuestas de manera gradual y progresiva, siendo que no pueden imponerse las mismas sanciones al haberse acreditado la responsabilidad del infractor en tres resoluciones del Tribunal Electoral, sin que las mismas fueran acumuladas; que no se excede la competencia sancionadora de ese poder, debido a que únicamente se constriñe a la legislación local para determinar la responsabilidad de la parte actora; que no hay violación al principio de seguridad jurídica porque el Congreso del Estado únicamente acata una vista y tiene competencia para deducir la responsabilidad del presidente municipal, aunado a que se respetó su derecho de audiencia en el procedimiento electoral; que no existen vicios de origen porque cada sanción corresponde a una sentencia y si la parte actora fue recurrente en su actuar se acreditó su reincidencia, máxime que la legislación aplicable no prohíbe trabajar en las responsabilidades de los servidores públicos.

En este apartado, informó que el presidente municipal promovió juicio de amparo indirecto en contra de la resolución del procedimiento especial sancionador No. Tres, el cual se encuentra radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango bajo el número 1645/2018 y juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicado bajo el número de expediente SUP-JDC-592/2018.

d) Hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la consideración que el acto pertenecía a la materia electoral.

e) Ofreció y exhibió como pruebas copia certificada de la delegación de facultades de representación del Poder Legislativo del Estado de Durango a favor de Manuel Rosales Domínguez; sentencia dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-76/2018; resolución emitida en el procedimiento especial sancionador No. Tres por la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Durango; acta de sesión del Pleno del Congreso del Estado de Durango, correspondiente al once de diciembre de dos mil dieciocho; demanda promovida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente al expediente SUP-JDC-592/2018; demanda y ampliación de la misma, del juicio de amparo radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango bajo el número de expediente 1645/2018.(6)

OCTAVO.—Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro instructor tuvo por presentada la contestación de demanda y por cumplido el requerimiento formulado al Poder Legislativo del Estado de Durango, en el diverso de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. En el mismo acto, se ordenó correr traslado con copia simple de ese escrito a la parte actora y a la Fiscalía General de la República y se señalaron las diez horas con treinta minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.(7)

NOVENO.—La Fiscalía General de la República no formuló opinión en el presente asunto.

DÉCIMO.—El cuatro de abril de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes, la integración de los cuadernos principal y del incidente de suspensión, así como la relación de las pruebas documentales que obraban en el expediente; acto seguido, el Ministro instructor admitió las pruebas ofrecidas por las partes durante la instrucción del asunto; luego, se cerró el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas y se aperturó el periodo de alegatos, haciéndose constar que las partes no los formularon; finalmente, se hizo constar la conclusión de la audiencia y se determinó proceder a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(8)

DÉCIMO PRIMERO.—Mediante dictamen presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor solicitó el envío del asunto a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se avocara a su resolución.(9)

Consecuentemente, por acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de este Alto Tribunal, determinó que el expediente se enviara a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(10)

DÉCIMO SEGUNDO.—Por acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Segunda Sala, radicó el expediente y avocó el asunto al conocimiento de la misma, también, ordenó la remisión de los autos a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas.(11)

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) punto segundo, fracción I, tercero y quinto, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(14) porque en el caso la parte actora es un Municipio que impugna un acto emitido por el Poder Legislativo del Estado al que pertenece y no se impugnan normas generales, por tanto, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

Sirven como sustento la jurisprudencia 2a./J. 151/2007 y la tesis aislada 2a. XXV/2012 (10a.), emitidas por esta Segunda Sala, de rubros siguientes: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001)."(15) y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008."(16)

SEGUNDO.—A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(17) se precisa que en el presente asunto se demandó la invalidez del Dictamen de Acuerdo C.R./LXVIII/10/2018, por el cual la Comisión de Responsabilidades resolvió el procedimiento especial sancionador No. Tres, instaurado en contra de José Ramón Enriquez Herrera y/o José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal del Ayuntamiento de Durango, Estado de Durango, aprobado el once de diciembre de dos mil dieciocho por el Congreso del Estado de Durango.

TERCERO.—La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente.

Sobre este punto, destaca precisar que del contenido de la demanda presentada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, no se advierte manifestación alguna de la parte actora en cuanto a la fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento del dictamen impugnado, siendo que únicamente refiere que fue aprobado en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, por el Congreso del Estado de Durango.(18)

Asimismo, de las copias certificadas exhibidas por el Poder Legislativo del Estado de Durango, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 1, se advierte lo siguiente:(19)

• El once de noviembre de dos mil dieciocho, José Ramón Enriquez Herrera y/o José Ramón Enríquez Herrera promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó diversos actos de inminente ejecución, debido a que tuvo conocimiento de que el día once de diciembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Durango, votó un dictamen en el que se decidió removerlo del cargo de presidente municipal del Ayuntamiento del Estado de Durango y que ese mismo día sería votado en el Pleno dicho dictamen.(20)

• El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, José Ramón Enríquez Herrera (sic) promovió juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano en contra de la resolución del Congreso del Estado de Durango emitida en el procedimiento especial sancionador No. Tres, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le había sido notificada dicha resolución, no obstante, tuvo conocimiento pleno de la misma el doce de diciembre de dos mil dieciocho.(21)

Lo hasta aquí expuesto, lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a estimar que la parte actora tuvo pleno conocimiento de la resolución impugnada el día doce de diciembre de dos mil dieciocho, toda vez que José Ramón Enriquez Herrera y/o José Ramón Enríquez Herrera, al promover por propio derecho el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano en contra de la resolución impugnada en el presente medio de control constitucional, se ostentó sabedor de la misma al manifestar bajo protesta de decir verdad que ese día la vio en la página de internet del Congreso del Estado de Durango, en la Gaceta de la LXVIII Legislatura.

Sin que obste que dicho medio de impugnación no hubiera sido promovido por José Ramón Enriquez Herrera y/o José Ramón Enríquez Herrera en representación del Ayuntamiento de Durango, habida cuenta que ello no implica que dicha persona, en su calidad de presidente municipal y representante del Ayuntamiento de Durango, pueda ostentar el desconocimiento de la resolución impugnada en el presente asunto; máxime que de las constancias de autos no se advierte que hubiera interrumpido su cargo público en el periodo que abarcan las fechas referidas, ni que exista algún otro aspecto que justifique el desconocimiento de dicha resolución.

Por tanto, el plazo de treinta días para la presentación de la demanda transcurrió del trece de diciembre de dos mil dieciocho, al veinticinco de enero de dos mil diecinueve, descontando los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de diciembre de dos mil dieciocho, cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de enero de dos mil diecinueve, por corresponder a sábados y domingos; veinticinco de diciembre de dos mil dieciocho y primero de enero de dos mil diecinueve, por ser inhábiles; ello, en términos de lo dispuesto por los artículos 2o., 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(22) 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(23) punto primero, incisos a), b), d) y l), del Acuerdo General Número 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(24) y lo establecido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P/J. 9/2005, de rubro: "COMISIÓN DE RECESO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LIMITA LA ACTUACIÓN DE DICHA COMISIÓN A LOS ASUNTOS URGENTES, PERO SÓLO EN CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, YA QUE TRATÁNDOSE DE ASUNTOS JURISDICCIONALES SE RIGE, CON MAYOR AMPLITUD, POR OTRAS NORMAS."(25)

Por consiguiente, si la demanda se presentó el trece de diciembre de dos mil dieciocho, fue promovida de manera oportuna.

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CUARTO.—El escrito de contestación de demanda se presentó dentro del plazo de treinta días que para tal efecto establece el artículo 26, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(26)

Lo anterior, ya que el acuerdo admisorio de demanda se notificó al Poder Legislativo del Estado de Durango, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho,(27) surtió efectos al día hábil siguiente (dos de enero de dos mil diecinueve) en términos del artículo 6o., párrafo primero, de la ley de la materia,(28) por lo que el plazo transcurrió del tres de enero al quince de febrero de dos mil diecinueve.

En el entendido que, para efectos del cómputo deben descontarse los días comprendidos entre el quince de diciembre de dos mil dieciocho y primero de enero de dos mil diecinueve, por corresponder al receso del segundo periodo de sesiones del año dos mil dieciocho de este Alto Tribunal; cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero, dos, tres, nueve y diez de febrero de dos mil diecinueve, por corresponder a sábados y domingos; cuatro y cinco de febrero de dos mil diecinueve, por ser inhábiles; ello, en términos de lo dispuesto por los artículos 2o., 3o., 26, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(29) 3o., 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(30) 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo,(31) punto primero, incisos a), b), c), d) y e), del Acuerdo General Número 18/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(32) y acuerdo presidencial de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho que establece los días que comprenderán el receso del segundo periodo de sesiones del año dos mil dieciocho del Alto Tribunal.

Entonces, si el escrito de contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Durango, se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de febrero de dos mil diecinueve,(33) es oportuna su presentación.

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QUINTO.—El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá conocer de las controversias suscitadas entre un Estado y uno de sus Municipios por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Por su parte, el artículo 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(34) señala que tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales, como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia.

A su vez, el diverso 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria en cita,(35) dispone que la parte actora debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que la rigen, estén facultados para representarla.

En el caso, la demanda fue suscrita por José Ramón Enriquez Herrera y/o José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal del Ayuntamiento de Durango, en el Estado de Durango, quien acredita su cargo con la copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamiento, de ocho de junio de dos mil dieciséis, emitida por el Consejo Municipal Electoral (Municipio de Durango), perteneciente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y con la copia certificada del Acta de Sesión Pública Solemne del Ayuntamiento de dicho Municipio, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 1o.

Ahora bien, el promovente, en términos de los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, así como 19, fracción III, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango, en su carácter de presidente municipal, tiene a su cargo la representación jurídica del Ayuntamiento.(36)

Por tanto, se advierte que fue el Ayuntamiento de Durango en el Estado de Durango, por conducto de su presidente municipal, el que demandó al Poder Legislativo del Estado por la constitucionalidad del dictamen de acuerdo por el que se resuelve el procedimiento especial sancionador No. No. Tres, siendo aquél el funcionario facultado para representarlo

Asimismo, el acto impugnado implica una afectación en la integración y continuidad en el ejercicio de las funciones de gobierno del Ayuntamiento, en tanto impone al presidente municipal de Durango las sanciones consistentes en destitución de cargo e inhabilitación, esto es, su separación de las funciones que tiene encomendadas como servidor público.

Consecuentemente, se concluye que la parte actora tiene legitimación para promover la presente controversia constitucional.

Sirve como sustento el criterio del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia P./J. 84/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN."(37)

SEXTO.—Los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(38) establecen que la parte demandada en la controversia constitucional, lo será la entidad, el poder o el órgano que hubiera emitido el acto objeto de la controversia y el cual deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla.

En el caso, la parte actora atribuye el acto impugnado al Poder Legislativo del Estado de Durango, ya que a su parecer perjudica al Ayuntamiento de Durango en su integración y continuidad en el ejercicio de sus funciones de gobierno, al afectar al presidente municipal como representante del mismo, haciéndolo fuera de las competencias que le otorga la ley y la jurisprudencia, aunado a diversos vicios de legalidad y violación a la garantía de audiencia de dicho servidor público, porque no se le dio intervención en el procedimiento sancionador, lo que vulnera lo previsto por los artículos 1, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracciones I, II y III, 36, fracción V, 39, 40, 41, párrafo primero, 115, fracción I, párrafo tercero y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el poder demandado comparece a juicio por conducto de Manuel Rosales Domínguez, secretario de Servicios Jurídicos adscrito a la Secretaría General del Congreso del Estado de Durango, quien acredita su cargo con la copia certificada de la delegación de facultades de representación del Poder Legislativo en esa secretaría, misma que fue emitida por el presidente de su Comisión Permanente el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.(39)

Además, en términos de los artículos 74, párrafo primero, 79, 85 y 162, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango,(40) se advierte que el presidente de la Legislatura es quien ostenta la representación jurídica del Congreso del Estado; asimismo, que durante los periodos de receso del Congreso, dicha representación jurídica radica en una Comisión Permanente; a su vez, el presidente de dicha comisión puede delegar en el secretario de Servicios Jurídicos, la representación jurídica del Congreso en los juicios de cualquier naturaleza en los que dicho poder sea parte.

De lo anterior, se observa que el acto cuya invalidez se demanda es atribuido al Poder Legislativo del Estado de Durango y que éste contesta la demanda por conducto del funcionario que tiene la facultad de representarlo, en los términos legales señalados; por tal razón, se concluye que la parte demandada cuenta con la legitimación pasiva para comparecer en este juicio.

SÉPTIMO.—Por ser un tema de estudio preferente y oficioso, se procede al análisis de las causas de improcedencia planteadas por las partes o que, en su caso, advierta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de oficio, ello, de conformidad con lo establecido en el párrafo último del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(41)

En ese sentido, el Poder Legislativo del Estado de Durango en su contestación de demanda, considera que en el presente asunto se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II, de la ley de la materia citada, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"II. Contra normas generales o actos en materia electoral."

Lo anterior, bajo el argumento de que el acto impugnado pertenece a la materia electoral, porque se originó por la queja presentada en contra del presidente municipal de Durango, por contravenir el artículo 134 de la Constitución Federal, desahogándose todo un procedimiento que concluyó con una ejecutoria, misma que, entre otras cuestiones, dio vista al Congreso de ese Estado para que proveyera respecto de la responsabilidad del presidente municipal.

Las manifestaciones del poder demandado versan, en esencia, sobre la presunta improcedencia del medio de control de constitucionalidad promovido por la parte actora, en el que no se pueden combatir actos pertenecientes a la materia electoral; ello, bajo la perspectiva de que el acto impugnado derivó de una vista contenida en la ejecutoria dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un procedimiento especial sancionador, en el que se acreditó que José Ramón Enriquez Herrera y/o José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal del Ayuntamiento de Durango, contravino lo dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal,(42) al haber realizado promoción personalizada con impacto en la materia electoral.

Sobre el particular, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en el caso es infundada la causa de improcedencia hecha valer por el poder demandado, debido a que el acto impugnado pertenece a la materia administrativa y no a la electoral, en tanto se refiere a la responsabilidad administrativa de un servidor público.

A efecto de acreditar lo anterior, resulta necesario precisar lo siguiente.

• El Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-76/2018, consideró que José Ramón Enríquez Herrera (sic) vulneró lo previsto en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haber realizado actos de promoción personalizada y en consecuencia, determinó que lo procedente era comunicar al H. Congreso del Estado de Durango para que en el ámbito de sus atribuciones procediera conforme a derecho corresponda, ello con fundamento en el artículo 457, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,(43) en relación con el título tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios de Durango, con la precisión de que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29088-70273b7a/i-controversia-constitucional-el-procedimiento-seguido-por-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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