I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO (DICTAMEN QUE CONTIENE LAS CONCLUSIONES QUE EMITIÓ EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA COMO JURADO DE ACUSACIÓN DENTRO DEL JUICIO POLÍTICO 14/2016). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE PROMOVIÓ PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O SE ENCUENTRE PENDIENTE DE RESOLUCIÓN. IV. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE COLIMA. ETAPAS DE SU PROCEDIMIENTO. V. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE COLIMA. EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO SÓLO TIENE LA ATRIBUCIÓN DE IMPONER Y EJECUTAR LA SANCIÓN RESPECTIVA, POR LO QUE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CAMBIAR LA DECISIÓN DEL ÓRGANO DE JURADO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA UN JUICIO POLÍTICO EN SU ETAPA DE SANCIÓN Y EJECUCIÓN ANTE LA AUSENCIA DE FACULTADES DEL ÓRGANO ENCARGADO DE IMPONER ÉSTA PARA MODIFICAR LA DECISIÓN DEL ÓRGANO DE JURADO (DICTAMEN QUE CONTIENE LAS CONCLUSIONES QUE EMITIÓ EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA COMO JURADO DE ACUSACIÓN DENTRO DEL JUICIO POLÍTICO 14/2016). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO CONTRA EL DICTAMEN QUE CONTIENE LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR EL CONGRESO LOCAL COMO JURADO DE ACUSACIÓN, POR CAUSARLE ÉSTE UN PERJUICIO REAL Y ACTUAL A SU ESFERA JURÍDICA AL NO SER SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓN (DICTAMEN QUE CONTIENE LAS CONCLUSIONES QUE EMITIÓ EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA COMO JURADO DE ACUSACIÓN DENTRO DEL JUICIO POLÍTICO 14/2016). VIII. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE COLIMA. EL HECHO DE QUE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE SEA INSTAURADO Y SUSTANCIADO POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES NO IMPLICA QUE EXISTA INVASIÓN DE COMPETENCIAS TODA VEZ QUE ÉSTE ES LLEVADO EN TÉRMINOS DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA LEY APLICABLE, ADEMÁS DE QUE EL ACUERDO DE CONCLUSIONES ES APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO LOCAL. IX. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE NO EMITIR EL DICTAMEN DE CONCLUSIONES DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN LA LEY, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (OMISIÓN DE EMITIR EL DICTAMEN QUE CONTIENE LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA DENTRO DEL JUICIO POLÍTICO 14/2016, SEGUIDO EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC DE ESA ENTIDAD). X. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE COLIMA. EL HECHO DE QUE NO OPERE LA CADUCIDAD EN ESTE PROCEDIMIENTO, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL EXISTIR LA INSTITUCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL (OMISIÓN DE EMITIR EL DICTAMEN QUE CONTIENE LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA DENTRO DEL JUICIO POLÍTICO 14/2016, SEGUIDO EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC DE ESA ENTIDAD). XI. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y EL PLENO DEL CONGRESO LOCAL CITARON LOS ARGUMENTOS Y RELATARON LOS ANTECEDENTES DEL ASUNTO IMPUTADOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, LAS PRUEBAS Y LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE TUVO POR ACREDITADA LA CONDUCTA A SANCIONAR, EXPLICANDO TAMBIÉN LOS MOTIVOS DE SU PROCEDENCIA (DICTAMEN QUE CONTIENE LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA DENTRO DEL JUICIO POLÍTICO 14/2016, SEGUIDO EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC DE ESA ENTIDAD). XII. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE COLIMA. DICTAMEN QUE CONTIENE LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS POR LOS QUE LA CONDUCTA IMPUTADA ENCUADRA EN EL SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA QUE AMERITA LA INCOACIÓN DE AQUÉL (DICTAMEN QUE CONTIENE LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA DENTRO DEL JUICIO POLÍTICO 14/2016, SEGUIDO EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC DE ESA ENTIDAD). XIII. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE COLIMA. VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE SOSTIENE QUE LOS ACTOS DE PROSELITISMO ATRIBUIDOS AL PRESIDENTE DE UN MUNICIPIO SE ENCONTRABAN ACREDITADOS ANTE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (DICTAMEN QUE CONTIENE LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA DENTRO DEL JUICIO POLÍTICO 14/2016, SEGUIDO EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 68/2017. MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA. 15 DE AGOSTO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTES: JAVIER LAYNEZ POTISEK Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN M. MENDIZÁBAL FERREYRO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de agosto de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación y contenido de la demanda. Mediante escrito recibido el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, María Olivia Rubio Garay, en su carácter de síndica del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, promovió una controversia constitucional contra las autoridades y actos siguientes:
a) Del Poder Legislativo del Estado de Colima, demandó:
I. La inminente destitución y/o separación inmediata del cargo del presidente municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Estado de Colima, así como su inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público por siete años; así como su inhabilitación (sic).
II. El dictamen que contiene las conclusiones, que emitió el Congreso Local en cuestión como jurado de acusación dentro del juicio político 14/2016, el veinticinco de febrero de 2017, en sesión ordinaria, mediante el cual turnan el expediente al Supremo Tribunal de Justicia para la imposición de la sanción emitida dentro de un procedimiento viciado de origen y caduco.
III. La instauración del procedimiento de juicio político por la Comisión de Responsabilidades, en virtud de no ser la autoridad competente para emitir acuerdos y determinaciones en un juicio de esa naturaleza.
IV. La omisión de este Congreso Local de declarar la preclusión del juicio político que se sigue contra el presidente municipal de Cuauhtémoc, Colima y la consecuente caducidad de las actuaciones que se siguen dentro del juicio instaurado ante la Comisión de Responsabilidades con el número de expediente 14/2016, en virtud de haber caducado las facultades que tiene el Congreso del Estado para emitir sus conclusiones y sancionar al presidente municipal.
V. Todos los actos posteriores que se deriven de las conclusiones de este órgano legislativo, derivadas de un acto ilegal, al no contar con las facultades sancionadoras por haber caducado y no ser competente de su instauración y sustanciación, en los términos de la ley aplicable, siendo frutos viciados de origen.
b) Del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, alegó:
I. La inminente destitución y/o separación inmediata del cargo del presidente municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Estado de Colima, así como su inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público por siete años; así como su inhabilitación (sic).
II. La imposición de la sanción por parte del Supremo Tribunal de Justicia de Colima y su inminente ejecución, derivado de las conclusiones que turnó el Congreso del Estado de Colima, no obstante de haber precluido sus facultades para continuar el procedimiento de juicio político instaurado en contra de uno de los integrantes del Cabildo municipal de Cuauhtémoc, Colima.
c) Poder Ejecutivo del Estado de Colima, reclamó:
I. Los actos que llevó a cabo como autoridad ejecutora concurrente, de los actos reclamados de promulgación y publicación de la sanción determinada por el Congreso del Estado de Colima.
d) A la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Colima, le reclamó los actos que llevó a cabo en la vía de juicio político al presidente municipal de Cuauhtémoc, Colima, como autoridad instauradora.
e) Estimó violados los artículos 1o., 14, 16, 17, 108, 113 y 115 de la Constitución General de la República en relación con la transgresión a los artículos 7, 19 y demás relativos de la Ley Estatal de Responsabilidades.
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La parte actora hizo valer los motivos de disenso siguientes:
Primero. El Municipio actor sostiene la falta de competencia que tiene la Comisión de Responsabilidades para haber instaurado en la vía de juicio político la responsabilidad determinada por la Sala Regional Especializada, al presidente municipal de Cuauhtémoc, Colima, la cual contraviene los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 38 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Señala que el acuerdo de diez de marzo de dos mil dieciséis, emitido por la Comisión de Responsabilidades, omite efectuar una fundamentación y motivación respecto a la infracción imputada al presidente Municipal, dentro del procedimiento especial sancionador y que omite valorar la responsabilidad administrativa de la que se dio vista por parte de la resolución dentro del expediente SER-PSD-6/2016 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Aunado a lo anterior, señala que el artículo 38 de la legislación local multireferida establece que cualquier acuerdo y determinación será hecha por el Congreso del Estado en sesión pública, sin que la misma legislación otorgue facultades para que sea la Comisión de Responsabilidades, en lugar del Pleno del Congreso, la que emite el acuerdo.
En ese sentido, afirma que la Comisión de Responsabilidades invade, en perjuicio del Municipio de Cuauhtémoc, la esfera de competencia del Pleno del Congreso del Estado para resolver cualquier aspecto principal o incidental, acuerdo o determinación que se dicte en el juicio político. Asimismo, dicha comisión también violó el principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, puesto que no fundó en ley su supuesta competencia para resolver sobre la instauración del juicio político, que es una cuestión relativa al fondo del asunto y facultad exclusiva del Pleno del Congreso Local.
Por tanto, sostiene que es evidente la violación a la autonomía municipal, pues la Comisión Legislativa en cuestión afecta de forma irreparable los actos de destitución y/o separación inmediata y/o inhabilitación en contra de uno de sus integrantes, como lo es el presidente municipal, afectando el buen funcionamiento de la autonomía municipal.
Segundo. Refiere que la omisión de decretar la caducidad en el procedimiento de juicio político número 14/2016 en contra del presidente municipal de Cuauhtémoc, Colima, contraviene los derechos de seguridad jurídica, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, garantías contempladas en la Constitución Federal, con lo cual se puso en riesgo la gobernabilidad del Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
Lo anterior, pues el procedimiento ha excedido el plazo para ser dictaminado dentro de un plazo razonable, dejando abierto un procedimiento de manera injustificada, en perjuicio del servidor público, atentando con ello la integración del Cabildo municipal, pues permite la actuación arbitraria de la autoridad al otorgarle la posibilidad de emitir su determinación en cualquier momento fuera del término establecido por la ley relativa.
Aduce que la omisión sobre el estudio de la figura de la caducidad en el juicio implicó pasar por alto el principio pro persona, mismo que busca maximizar el respeto a los derechos humanos, optando por la aplicación o interpretación de la norma que más favorezca a las personas, por lo que el Congreso Local debía resolver sobre la caducidad.
En ese mismo sentido, señaló que los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, regulan el procedimiento de responsabilidad en la vía de juicio político, por lo que su cumplimiento no está al arbitrio de la autoridad. De la lectura de los preceptos citados se desprende que el Congreso Local deberá instruir el procedimiento de juicio político desahogando el procedimiento hasta las conclusiones por el Pleno y en un plazo fatal de noventa días naturales, mismos que pueden ampliarse siempre y cuando se justifiquen las razones del impedimento para el dictado de la resolución.
Así, el acto a partir del cual se le imputa al servidor público, lo constituye la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se dictó el cuatro de febrero de dos mil dieciséis. Dado el tiempo que había transcurrido desde el inicio del proceso, el siete de febrero del año en curso, se solicitó la caducidad del procedimiento de juicio político al actualizarse la hipótesis normativa del precepto 19 de la ley electoral en cuestión.
Señala que desde la fecha de la imputación al día en que se solicitó la caducidad, transcurrieron trescientos quince días naturales, excediendo así el plazo al que se debe sujetarse la responsable para dictar sus conclusiones, actualizándose la caducidad del procedimiento de juicio político, por lo que ni el Congreso del Estado ni su Comisión de Responsabilidades estaban en posibilidad de seguir actuando dentro del mismo procedimiento. En virtud de lo anterior, solicitó la declaratoria de que había fenecido el plazo dentro del cual debió haber concluido la instrucción.
Asimismo, estimó que las conclusiones se determinaron en sesión "secreta" de veinticinco de febrero de dos mil siete, a la que afirma que no fue convocada, aunado a que dichas conclusiones fueron dictadas fuera del plazo legal para hacerlo, pues para ese entonces, la acción del Congreso ya había caducado.
Tercero. Manifiesta que la incoación del procedimiento de juicio político por la atribución de responsabilidades al presidente municipal, sustentada en una indebida fundamentación y motivación de la conducta imputada por la autoridad, contraviene las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, contemplados en los artículos 14 y 16 del Texto Constitucional Federal.
Lo anterior, pues la Comisión Legislativa multireferida no fundó debidamente el precepto legal aplicable al caso, ni realizó la motivación suficiente para llegar a la conclusión de que la infracción administrativa era causa de un juicio político, además de confundir los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia en los considerandos primero y segundo.
La parte promovente también manifiesta que existen tres ámbitos de posible responsabilidad, en la que pueden incurrir los servidores públicos establecidos, en la Constitución Política del Estado de Colima: la responsabilidad política; la responsabilidad penal, y la responsabilidad administrativa.
Así, la resolución de la Sala Regional multicitada ordenó que el Congreso del Estado determinaría, en libertad de sus atribuciones, el cauce legal que debía seguir la responsabilidad administrativa imputada al servidor público. Sin embargo, la Comisión de Responsabilidades confundió los términos y las vías de la responsabilidad administrativa, pues si bien cada una puede seguir su cauce no puede tenerse como debidamente fundada la vía, cuando ésta refiere dos artículos que dan el marco de referencia para dos tipos de responsabilidades diferentes, pues una es el juicio político y otra distinta es la declaración de procedencia.
Aunado a lo anterior, manifiesta que la comisión no realizó ninguna valoración, ni fundamentó o motivó la infracción imputada al servidor público, por lo que se incumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 de la Constitución Federal.
También considera que el acto reclamado no vincula ni jurídica ni lógicamente los preceptos 6 y 7, fracciones III, VI, VII y VIII, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la conducta imputada; puesto que la falta de precisión de por qué consideró que la infracción de la cual se dio vista en el resolutivo segundo de la Sala Regional Especializada sirvieron de sustento para instaurar el juicio político y encuadrarlo en las hipótesis señaladas en las fracciones normativas arriba citadas. Es decir, las autoridades responsables no precisan de qué manera la conducta imputada encuadra en el supuesto de responsabilidad política que amerite la incoación del juicio político.
Cuarto. Solicita la invalidez de las conclusiones de la Comisión de Responsabilidades, aprobadas por el Congreso del Estado de Colima, al atentar directamente contra la seguridad jurídica y el derecho a una debida fundamentación y motivación en la tipicidad de la sanción, que se imputa al presidente Municipal de Cuauhtémoc; así como la falta de valoración de la caducidad solicitada en el procedimiento de juicio político, cuestiones que abordó en los conceptos de invalidez previamente hechos valer.
Asimismo, consideró que la sanción impuesta resultaba evidentemente excesiva, pues la autoridad no valoró ni comprobó los elementos de cada caso en particular y se basó en una mera apreciación y discrecionalidad que no están sujetas a ningún tipo de proporcionalidad para imponer de la sanción de la destitución; aunado a que, en la parte de los considerandos y en la segunda conclusión del acto reclamado, el Congreso Local en cuestión no argumentó de ninguna forma el motivo por el que la conducta fue considerada como una falta grave.
TERCERO.—Disposiciones constitucionales que se aluden transgredidas. La parte actora consideró que se violaban, en perjuicio del Municipio, los artículos 1o., 14, 16, 17, 108, 113 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.—Registro. Mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 68/2017; asimismo, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.
QUINTO.—Admisión y trámite. En proveído de veintiocho de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Colima, autoridades a las que ordenó emplazar para que presentaran su contestación de demanda dentro del plazo de treinta días hábiles; además, se le requirió para el efecto de que remitiera toda la documentación relacionada con los actos combatidos; por último, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.—Suspensión. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se determinó conceder la suspensión solicitada.
SÉPTIMO.—Contestación de demanda.
Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, Andrés Gerardo García Noriega, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en representación del aludido poder, contestó la demanda de controversia.
En la contestación a la demanda, el Ejecutivo Local sostiene las razones siguientes:
Refiere que al Poder Ejecutivo del Estado de Colima no le reviste el carácter de sujeto procesal dentro de esta litis, ya que dicho poder no tuvo participación o injerencia en el proceso de juicio político impugnado, debido a que el desarrollo y conclusión del mismo, recae en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado.
Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil diecisiete, el Poder Legislativo Local presentó la contestación de demanda, en la cual aduce, en esencia, lo siguiente:
La controversia constitucional promovida es improcedente porque no se está ante un conflicto competencial, sino que se impugnan las consideraciones de fondo de la resolución y el procedimiento instaurado por el Congreso Local relativo al juicio político impugnado. Aunado a que lo alegado sólo le causa perjuicio a un individuo del Ayuntamiento, no al Municipio como ente Municipal.
Asimismo, sostiene que los actos consistentes en la inminente destitución y/o separación inmediata del cargo de presidente municipal, así como la imposición de la sanción del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y los actos que deriven de ella, son preventivos o virtuales, por lo que la controversia promovida es improcedente.
De igual manera, aduce que los actos que se impugnan no son definitivos, ya que son susceptibles de modificarse por el Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Colima.
Refiere, que no debe perderse de vista que el juicio político instaurado es consecuencia inmediata y directa del cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente número SRE-PSD-6/2016, en la que se determinó la responsabilidad del presidente municipal de Cuauhtémoc, por haber incurrido en violaciones a la normatividad electoral.
En ese sentido, afirma que la intención del Municipio actor es invalidar o dejar sin efectos la responsabilidad que le fue atribuida al presidente municipal y que ya fue juzgada por el Tribunal Electoral, lo que no es improcedente.
Afirma que es infundado lo referente a que la Comisión de Responsabilidades carece de competencia para instaurar el juicio político por la responsabilidad determinada por la Sala Especializada; ello, ya que en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima es aquella quien está facultada para iniciarlo.
Respecto a la caducidad del juicio, señala que son infundados los argumentos del Municipio, debido a que se fundamentan en reglas y normas del procedimiento administrativo y no del juicio político. Asimismo, sostiene que este Alto Tribunal ya ha establecido que tratándose de dichos procedimientos no existe impedimento para que la resolución respectiva se pronuncie fuera de los plazos establecidos, pues su materia la constituye una conducta de la que existe un interés general en determinar si resulta o no contraria a los deberes del servidor público.
Finalmente, señala que el acto impugnado relativo a las conclusiones de la Comisión de Responsabilidades no es definitivo, dado que aún puede ser modificado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.
De igual manera, que aquél sí fue debidamente fundado y motivado, porque al quedar acreditada la responsabilidad atribuida al servidor público, se procedió a imponer, en términos del artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las sanciones respectivas.
OCTAVO.—Se tiene por contestada la demanda y por señalada fecha para la audiencia. Las contestaciones de mérito, fueron recibidas por el Ministro instructor, mediante proveídos de diecinueve y veintiuno de abril, ambos de dos mi diecisiete; respectivamente, en los cuales, además, se les tuvo por desahogado el requerimiento hecho en el acuerdo de admisión.
Asimismo, cabe señalar que la contestación presentada por el Poder Judicial del Estado de Colima fue declarada extemporánea en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, lo que fue confirmado mediante la resolución del recurso de reclamación 68/2017-CA.
En acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho, se señalaron las nueve horas del veintitrés de abril de dicho año, para efecto de que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
NOVENO.—Intervención de la Procuraduría General de la República. La procuradora general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
DÉCIMO.—Audiencia y puesta en estado de resolución. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de ley; en el acto, el Ministro instructor admitió las pruebas documentales aportadas por las partes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto (legal y humano), mismas que se tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza. Cerrado el periodo de pruebas y teniendo como ofrecidos los alegatos formulados por el Tribunal Supremo de Justicia y el Municipio de Cuauhtémoc, se determinó proceder a la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
DÉCIMO PRIMERO.—Dictamen. Por acuerdo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el expediente quedó radicado en la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta controversia constitucional.(1)
SEGUNDO.—Precisión de la litis. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) se precisa que en el presente caso se demandó la invalidez del "Dictamen que contiene las conclusiones que emitió el Congreso Local en cuestión como jurado de acusación dentro del juicio político 14/2016 el veinticinco de febrero de 2017 en sesión ordinaria, mediante el cual turnan el expediente al Supremo Tribunal de Justicia para la imposición de la sanción emitida dentro de un procedimiento de juicio político, así como la instauración de aquél por la Comisión de Responsabilidades, en virtud de no ser la autoridad competente para emitir acuerdos y determinaciones en un juicio de esa naturaleza", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el veintiséis de febrero de dos mil diecisiete.
TERCERO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente.
El acto impugnado en la controversia constitucional es el dictamen que contiene las conclusiones que emitió el Congreso Local del Estado de Colima, como jurado de acusación dentro del juicio político 14/2016, mediante el cual turnan el expediente al Supremo Tribunal de Justicia para la imposición de la sanción correspondiente.
En el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, fue establecido que cuando son impugnados actos, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días, el cual se computa a partir del día al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
El acto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para impugnarla inició el veintisiete de febrero por ser el día hábil siguiente al de la publicación y concluyó el once de abril, ambos de dos mil diecisiete.
Del cómputo anterior deben descontarse el cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis, todos de marzo y uno, dos, ocho y nueve de abril, así como el veinte y veintiuno de marzo, todos de dos mil diecisiete, por corresponder a sábados y domingos y ser inhábiles en términos de los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia(3) y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) respectivamente.
En ese sentido, si la controversia constitucional fue presentada el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (como se advierte del sello de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el reverso de la foja 34 del tomo I de autos), fue hecho dentro del plazo legalmente previsto para ello.
CUARTO.—Oportunidad en la presentación de la contestación. Los escritos de contestación de demanda, se presentaron dentro del plazo de treinta días que para tal efecto establece el artículo 26, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(5)
Lo anterior, ya que el acuerdo admisorio de demanda se notificó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Estado de Colima, el jueves dos de marzo de dos mil diecisiete.(6)
El cinco de abril de dos mil diecisiete se hizo constar que el plazo otorgado a los poderes demandados transcurría del seis de marzo al veintiuno de abril de dos mil diecisiete.(7)
En el entendido que, para efectos del cómputo, deben descontarse los días once, doce, del dieciocho al veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo, así como el uno, dos, ocho, nueve y del doce al dieciséis de abril de dos mil diecisiete, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto en el punto primero, incisos a), b), c) y f), del Acuerdo General Plenario 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego, si los escritos de contestación de demanda del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado de Colima fueron presentados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho y veinte de abril de dos mil diecisiete, respectivamente,(8) debe concluirse que su presentación fue oportuna.
QUINTO.—Legitimación activa. El artículo 105, fracción I, inciso i),(9) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá conocer de las controversias suscitadas entre un Estado y uno de sus Municipios por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
Luego, el artículo 10, fracción I,(10) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales, como actor la entidad, poder u órgano que promueva la controversia.
A su vez, el diverso 11,(11) primer párrafo, de la ley reglamentaria en cita, dispone que la parte actora debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que la rigen, estén facultados para representarla.
En el caso, la demanda fue suscrita por María Olivia Rubio Garay, síndica municipal del Municipio de Cuauhtémoc, en el Estado de Colima, quien acredita su cargo con la constancia de mayoría y validez de la elección del aludido Municipio, emitida por el Consejo Municipal Electoral de Cuauhtémoc, el quince de octubre de dos mil quince.
Ahora bien, la promovente, en términos del artículo 51, fracción II, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,(12) en su carácter de síndica, tiene la representación del Ayuntamiento para efecto de defender los intereses y derechos del Municipio correspondiente, representándolo jurídicamente en todas las controversias jurisdiccionales en que sea parte, incluyendo las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal.
En el caso en concreto, fue el Municipio de Cuauhtémoc, en el Estado de Colima, el que demandó al Poder Ejecutivo y Legislativo Local, así como al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, por la constitucionalidad del dictamen de conclusiones emitido, siendo por conducto de la funcionaria facultada para representarlo; por tal razón, se concluye que tiene legitimación para promover esta controversia constitucional.
SEXTO.—Legitimación pasiva. Los artículos 10, fracción II,(13) y 11, párrafo primero,(14) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respecto de la parte demandada en la controversia constitucional, que será la entidad, el poder o el órgano que hubiera emitido el acto objeto de la controversia y el cual también deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla.
En el caso, la parte actora atribuye el acto impugnado al Poder Legislativo del Estado de Colima, ya que a su parecer, es inconstitucional el dictamen de conclusiones, por el que se determina la responsabilidad del presidente municipal, en atención a que con ello se atenta contra la integración del Municipio.
Por su parte, el Poder Legislativo demandado comparece a juicio por conducto de Francisco Javier Ceballos Galindo, diputado integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura y presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Colima, representante legal de dicho poder en términos del artículo 37 en relación con el 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, quien acredita su cargo con el acta de sesión pública extraordinaria número tres, del primer periodo de receso, del segundo año de ejercicio constitucional de la LVIII Legislatura del Estado de Colima.(15)
De lo anterior, se observa que el acto objeto de la controversia en que se actúa es atribuida al Poder Legislativo del Estado de Colima y que éste contesta la demanda por conducto del funcionario, que tiene la facultad de representarlo en los términos legales señalados; por tal razón, se concluye que la parte demandada cuenta con la legitimación pasiva para comparecer en este juicio.
Asimismo, si bien el Poder Ejecutivo del Estado de Colima publicó dicho acto, dicha autoridad no intervino en aquél ni es parte del procedimiento impugnado en cuestión, por lo que, debe sobreseerse en términos del artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.
Por las razones anteriores, es correcto tener como ente demandado y con legitimación pasiva sólo a la Legislatura del Estado.
SÉPTIMO.—Causales de improcedencia. En este apartado se examinarán las causas de improcedencia, que plantean las partes o que, en su caso, advierta este tribunal de oficio, de conformidad con lo establecido en el párrafo último del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(16)
El Poder Legislativo del Estado de Colima señala que la controversia constitucional es improcedente, porque no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29089-75e15c29/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTAD (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CONTRA EL DECRETO EMITIDO POR LA LEGISLATURA LOCAL EN EL QUE SE DECLARÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE UN AYUNTAMIENTO COMO MEDIDA CAUTELAR DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE MANIFESTACIONES GENÉRICAS E IMPRECISAS DE ACTOS IMPUGNADOS EN LA DEMANDA (CONSECUENCIAS GENERADAS Y QUE SE SIGAN GENERA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCIÓN PENAL, INEJERCICIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE.- (3471)
- ACCION PENAL, INEJERCICIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCION DE. (IV.3o.11 P)
- CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 289, IN FINE, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ ABROGADO, ES INCONSTITUCIONAL, POR LO QUE (VII.2o.T.6 P (10a.))
- ACCION PENAL. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis