INTERESES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EN EL TÉRMINO DE DOCE MESES ÉSTE NO HA CONCLUIDO O NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO, ES IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO A LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASÍ COMO AL CÓDIGO MUNICIPAL PARA ESA ENTIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. 10 DE DICIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS OLGA ILIANA SALDAÑA DURÁN, GUILLERMO CUAUTLE VARGAS, DANIEL RICARDO FLORES LÓPEZ, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ Y ARTEMIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. DISIDENTE: VÍCTOR ANTONIO PESCADOR CANO. PONENTE: OLGA ILIANA SALDAÑA DURÁN. SECRETARIA: GRISELDA MARISOL VÁZQUEZ GARCÍA.
PRIMERO.—Competencia.
El Pleno del Decimonoveno Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto por los artículos 94, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en la que intervienen el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito.
Sustenta la consideración previa la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.),(4) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.—Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(5) pues la formuló un Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad.
TERCERA.—Posturas contendientes.
Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quien, al resolver los amparos en revisión y directo 67/2018 y 1008/2018-I, respectivamente, sostuvo:
a) Amparo en revisión 67/2018.
"QUINTO.—Estudio del asunto. El único agravio que hace valer la recurrente es infundado, sin que se advierta suplencia que suplir.
"Previo a abordar el estudio del presente asunto, se estima necesario relatar algunos de los antecedes más relevantes, los cuales se obtienen de las constancias y actuaciones que obran en el juicio de amparo indirecto.
"1. El dos de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, dictó laudo en el que condenó al Gobierno del Estado de Tamaulipas, a pagar a la trabajadora diversas prestaciones (fojas 16 a 34 del juicio de amparo).
"2. La actora **********, por conducto de su representante legal, por escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, formuló planilla de liquidación por el periodo comprendido del diecisiete de septiembre de dos mil trece al diecisiete de septiembre de dos mil catorce, por $********** (********** /100 moneda nacional) (fojas 38 a 40 ídem).
"3. El tribunal responsable en proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis, señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental de pruebas y alegatos, la cual se llevó a cabo el diecisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 41 y 47-49 ibídem).
"4. El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la autoridad laboral resolvió el incidente de liquidación y determinó procedente el pago de $********** (**********/100 moneda nacional) (fojas 437 a 439 ídem).
"5. No conforme con la anterior determinación, la parte actora promovió el juicio de amparo indirecto que se revisa, señalando como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, de quien reclamó:
"‘La resolución de fecha 21 de junio de 2017, derivada del incidente de liquidación dictado dentro de los autos del expediente laboral número ********** y acum. **********’
"6. El secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho, con domicilio en esta ciudad, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, por auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete la registró con el número ********** y previo requerimiento, el quince del citado mes y año la admitió a trámite.
"7. Seguidos los trámites legales, celebró la audiencia constitucional el seis de octubre de dos mil diecisiete, en tanto que la sentencia fue dictada el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, actuando en apoyo del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, con domicilio en esta localidad, negándose el amparo solicitado bajo las consideraciones siguientes: (se transcribe).
"Dicha sentencia es la aquí recurrida.
"Establecido lo anterior se emprende el estudio del único agravio expuesto por la recurrente.
"En una parte de sus motivos de inconformidad, refiere la quejosa que no obstante que su acción lo fue la reinstalación en el trabajo y que ésta al ser procedente, es de explorado derecho que también debe ser procedente el pago de los salarios caídos con los incrementos que ocurrieron durante la tramitación del juicio.
"Que en la planilla de liquidación se calcularon los salarios del dos mil tres (sic) al dos mil catorce; sin embargo, no se advierte que se tuvieran en cuenta los incrementos generados.
"Los anteriores motivos de disenso así expresados, son infundados.
"Ello es así, pues de la transcripción que se realizó de la sentencia recurrida, se advierte que el juzgador federal de manera correcta señaló que el objeto del incidente era sólo cuantificar la condena impuesta en el laudo, por lo que la actividad del tribunal laboral debía concretarse a verificar si la liquidación propuesta por el interesado es correcta o no, atendiendo también a la contestación que de tal planilla efectúe la parte demandada.
"Que los incidentes de liquidación de laudo, al derivar de las prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio principal, no pueden modificar lo decidido en éste, ya que, de hacerlo, se infringiría la institución de la cosa juzgada, que es indiscutible.
"Asimismo, de manera acertada refirió, que de los puntos resolutivos tercero y sexto del laudo definitivo, dictado el dos de febrero de dos mil dieciséis (fojas 16 a 34), se observaba que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, fue condenada a cubrir a **********, las prestaciones económicas consistentes en –respecto del juicio laboral **********– salarios caídos por un periodo de doce meses, específicamente, del diecisiete de septiembre de dos mil trece al diecisiete de septiembre de dos mil catorce, con un sueldo quincenal de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.); prima vacacional, a partir de la fecha del despido y las que se generaran durante la tramitación del juicio, considerando la misma base salarial; aguinaldo, a partir de enero de dos mil catorce y los que se generaran durante la tramitación del juicio, tomando en cuenta la citada base salarial; así como –por lo que se refiere al juicio laboral acumulado **********– la suma de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), por concepto de salarios devengados durante la segunda quincena de febrero de dos mil catorce.
"Por tanto, como bien lo dijo, fue delimitada correctamente la litis por la autoridad responsable, toda vez que en la resolución reclamada se acotó su materia al cálculo de salarios caídos, la prima vacacional y el aguinaldo, considerando en cada caso el sueldo quincenal fijo de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), con la salvedad de que el primero de tales conceptos se cuantificaría únicamente por doce meses; el segundo, a partir de la fecha del despido; y el tercero, a partir de la segunda quincena de enero de dos mil catorce, estos últimos, calculados durante el tiempo que durara el juicio; montos a los cuales debía adicionarse la cantidad fija de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), por concepto de salarios devengados durante la segunda quincena de febrero de dos mil catorce; sin añadir ni excluir alguno de los que expresamente formaron parte de la respectiva condena.
"Luego, en relación con los salarios caídos, la responsable destacó que las planillas de liquidación de ambas partes eran coincidentes en su monto, el cual se obtuvo al multiplicar doce veces el salario base mensual de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), monto este último que se obtiene al multiplicar por dos el salario quincenal de ********** pesos con **********centavos ($********** M.N.), el cual fue fijado en el laudo definitivo de dos de febrero de dos mil dieciséis.
"No obstante que erróneamente asentó como resultado de esa operación, la cantidad de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), cuando lo correcto era setenta y ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), habida cuenta que tal imprecisión constituye tan solo un error de carácter mecanográfico que no trascendió en lo sustancial al fallo incidental, ni lo torna incongruente, en especial, si se atiende a la circunstancia de que en el monto final de la cuantificación de la condena se incluyó la segunda de tales cantidades, que es la correcta.
"Sin que de los puntos resolutivos ni de la parte considerativa del laudo se aprecie que se hubiese condenado a la patronal al pago de incrementos por dicho concepto (salarios caídos), de ahí que si no fueron materia de condena, es inconcuso que no pudo haber sido materia de análisis en la resolución incidental de liquidación; por tanto, como ya se dijo, los argumentos dirigidos en relación a dicho tópico devienen infundados.
"Ahora bien, aun cuando no fue motivo de impugnación, este Tribunal Colegiado estima que fue correcta la decisión del Juez Federal en lo referente al aguinaldo, pues como bien lo señaló, el tribunal obrero lo calculó por los años de dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, fijando la cantidad de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), respecto de cada ejercicio, monto que obtuvo multiplicando noventa veces el salario diario de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), el cual, a su vez, resultó al dividir entre treinta días el salario base mensual de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), monto fijado de manera quincenal en el laudo definitivo, como se vio en párrafos que anteceden.
"Por tanto, al multiplicar tres veces la cantidad de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), el tribunal tripartita fijó en ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), el monto correspondiente al concepto de aguinaldo respecto de los años de dos mil catorce a dos mil dieciséis.
"Finalmente, respecto a la prima vacacional, la autoridad responsable determinó que, respecto del año dos mil trece, su monto ascendía a un ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), mientras que por los años dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, correspondía, respecto de cada uno, la cantidad de ********** pesos con **********centavos ($********** M.N.), calculando el primero de ellos sobre la base de cinco punto ochenta y cuatro días (5.84), y los restantes sobre veinte días.
"Determinación que, como bien lo dijo el Juez Federal, se estima apegada a derecho, aun cuando no se detalló la manera en que obtuvo el primero de los factores, sino que se limitó a invocar como sustento de sus operaciones el artículo 29(6) de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; sin embargo, del mismo se obtiene que los trabajadores estatales de Tamaulipas tienen derecho a una prima vacacional por un total de veinte días al año, divididos en diez días por cada periodo vacacional, los que en este caso deben calcularse sobre la base del salario establecido en el laudo definitivo de dos de febrero de dos mil dieciséis, el cual equivale a ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), monto que resulta de dividir entre quince días el salario quincenal de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), al así haberse establecido en el laudo definitivo de dos de febrero de dos mil dieciséis.
"Consecuentemente, para calcular la prima vacacional correspondiente a los años de dos mil catorce a dos mil dieciséis, basta con multiplicar por veinte el monto del aludido salario diario, lo que arroja como resultado, precisamente, la cantidad de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), por cada año; mientras que, para fijarlo respecto del año dos mil trece, es necesario atender al momento en que tuvo lugar el despido injustificado, dado que así se ordenó en el laudo que se cuantifica, de cuya consulta se advierte que tal evento sucedió el diecisiete de septiembre de dos mil trece.
"De ahí, que la prima vacacional correspondiente al ejercicio dos mil trece únicamente debe calcularse respecto de tres meses y medio (esto es, de la segunda quincena de septiembre a la segunda quincena de diciembre), cuya parte proporcional equivale a cinco punto ochenta y cuatro días (5.84), tomando en cuenta que éste es el resultado que se obtiene al dividir veinte días entre doce meses, que arroja el factor de uno punto sesenta y siete días por cada mes (1.67) y dicha cantidad se multiplica por tres meses y medio (3.5).
"Así, si se multiplican cinco punto ochenta y cuatro días (5.84), por ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), cantidad que es la que corresponde al salario diario derivado del multicitado laudo definitivo, se obtiene la suma de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), que es determinado el tribunal responsable respecto de la prima vacacional para el año dos mil trece.
"Es por todo lo anterior, que el importe de la condena por concepto de prima vacacional de los años dos mil trece a dos mil dieciséis, como bien lo estableció el Juez a quo, asciende a ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), que es el resultado de multiplicar tres veces la cantidad de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), más ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), en los términos expuestos.
"Por tanto, si se acumulan las cantidades determinadas por la autoridad responsable respecto de cada una de las prestaciones a que fue condenada la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se obtiene que –por lo que se refiere al juicio laboral **********– los salarios caídos ascienden a ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.); los aguinaldos, a la cantidad de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.); las primas vacacionales, al numerario de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.); así como –por lo que se refiere al juicio laboral acumulado **********– a la cantidad fija de ********** pesos con ********** centavos ($********** M.N.), por concepto de salarios devengados durante la segunda quincena de febrero de dos mil catorce, se obtiene entonces, como sumatoria final –sin considerar centavos–, la cantidad de ********** pesos ($********** M.N.).
"Por otra parte, refiere la quejosa que le causa agravio la responsable, al aplicar inexactamente el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, ya que aplica el pago del salario, sólo por el último año; sin embargo, dice, no lo aplica a plenitud, puesto que deja de considerar que dicho dispositivo establece para el caso de mora el importe del dos por ciento por concepto de intereses por quince meses, por lo que si lo aplica para limitar el pago de los salarios caídos al pago de un año, en todo caso estaba obligado a cumplir con el párrafo tercero, que dispone el pago de intereses.
"Dichos argumentos son infundados.
"A fin de arribar a la anterior conclusión, cabe señalar, que el (sic) juicio laboral del cual emana el acto reclamado le son aplicables las disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, posteriores a las reformas publicadas el veinticuatro de septiembre de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, ello conforme al artículo segundo transitorio del decreto que las contiene, el cual dispone que los procedimientos que se hubieren iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto referido, continuarán su trámite hasta su conclusión conforme a las disposiciones aplicables al momento de su inicio.
"Supuesto este último que se actualiza en la especie, en virtud que la demanda laboral de origen se presentó en forma posterior a las reformas aludidas, lo que así se infiere dado el número que le correspondió al juicio laboral burocrático ********** y su acumulado **********.
"Ahora bien, el artículo 38, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas establece: –se traslada texto–. (lo subrayado es propio)
"Del citado dispositivo legal, se observa que en caso de que la separación del trabajador sea considerada injustificada mediante laudo ejecutoriado dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, se le cubrirá el importe de tres meses de salario y los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta la fecha de la emisión del laudo ejecutoriado, sin que pueda exceder de un máximo de doce meses.
"También se advierte, que lo dispuesto en ese párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.
"Por tanto, si la ley burocrática del Estado de Tamaulipas no contempla la figura del pago de intereses como medida para indemnizar el retardo en el dictado de los laudos, es inconcuso que no es dable que en el presente asunto deba estarse, como lo refiere la quejosa, a lo dispuesto por el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo,(7) la cual si bien en términos de los artículos 6o. y 121 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas,(8) es de aplicación supletoria; sin embargo, dicha supletoriedad no tiene el alcance de crear esa institución jurídica, pues su función es suplir deficiencias; es decir, la supletoriedad de leyes, salvo disposición expresa, no puede implicar la obligación del pago de intereses en la legislación objeto de supletoriedad, debido a que ésta no puede de manera alguna entenderse como la posibilidad de introducir el contenido íntegro de las normas laborales a la ley burocrática, sino por el contrario, aquéllas tienen un carácter secundario o accesorio respecto de la segunda, pues aun cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha adoptado el criterio de que la supletoriedad procede no sólo respecto de instituciones comprendidas en la ley que no tengan reglamentación o que, teniéndola, sea insuficiente, sino también en relación con instituciones que no estén previstas en ella, cuando sean indispensables para solucionar el conflicto planteado, pero siempre y cuando no estén en contradicción con el conjunto de normas que deba llenar, sino que sea congruente con los principios del proceso que se regula, lo cierto es que en el presente asunto la institución que se pretende sea suplida, no es congruente con los principios de la ley burocrática estatal.
"Entonces, se advierte que es criterio de la aludida Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por dicha Sala, en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 «(10a.)»,(9) para la aplicación supletoria de normas.
"En ese contexto jurídico, no procede, como pretende el quejoso, ahora recurrente, aplicar el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a que, como ya se vio, el legislador local no previó de manera expresa ni tácita el cobro de intereses moratorios por el pago tardío en la ejecución del laudo por parte del patrón.
"Además, cabe señalar que si en la legislación burocrática se regulan los derechos de los servidores públicos, de manera diferente a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, tal circunstancia se debe a la distinción entre el trabajo ordinario y trabajo burocrático, regulados separadamente por los apartados A y B del artículo 123 de nuestra Carta Magna, por tanto, y al existir reglamentación determinada, aplicable al presente caso, debe ser ésta la que se observe y aplique, sin que sea posible emplear supletoriamente otras legislaciones.
"Apoya a esta consideración la tesis 951 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, compartida por este tribunal, visible en la página 818, Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia TCC, Apéndice «del Semanario Judicial de la Federación 1917-» 2000, Octava Época, de rubro y texto:
"‘LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA. A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.—Si la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, fue promulgada por decreto publicado el veintisiete de septiembre de mil novecientos sesenta y tres, y en su artículo 11 dispuso que en lo no previsto expresamente por la misma o disposiciones especiales, se aplicaría en su orden la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad; y el artículo de la ley comentada no ha sido reformado; debe concluirse que en él se expresó la voluntad del legislador de suplir lo no previsto en su ley con las normas de la entonces en vigor Ley Federal del Trabajo de dieciocho de agosto de mil novecientos treinta y uno, las que por efecto de la supletoriedad así ordenada quedaron incorporadas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de 1963; pero esa indicación de supletoriedad no significa propósito legislativo de ligar permanentemente la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional a modificaciones ulteriores que surgieran del desarrollo evolutivo de las normas reglamentarias del apartado A del mismo artículo constitucional, porque ello implicaría desconocer las diferencias específicas entre las fuentes reales de dos ordenamientos jurídicos; uno para regular las prestaciones de los servicios subordinados a patrones sujetos jurídicos privados para beneficio de sus particulares intereses; otro, para regular las prestaciones de servicios subordinados al patrón, ente público, para beneficio de los intereses sociales generales encomendados a éste. Por lo que la supletoriedad de que se trata sólo puede significar que el legislador, al establecerla, refirió un conjunto de normas ya existentes como instrumento para completar y explicar la significación del que estaba emitiendo en ese momento, pero no que el conjunto normativo que estructuraba debiese quedar sujeto permanentemente a las modificaciones que en su propia evolución sufran normas de la misma jerarquía legal, cuya existencia y desarrollo ulteriores tienen motivos y fines propios, diversos e independientes de la normatividad específica que formula en un momento dado.’
"Además, sustenta lo resuelto, en la tesis PC.XVIII.L. J/5 (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo (sic) del Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, que se comparte, visible en la página 1637, Libro 58, Tomo II, septiembre de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘INTERESES. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, CUANDO LA AUTORIDAD LABORAL TARDA MÁS DE 6 MESES EN EL DICTADO DEL LAUDO. De los artículos 52 y 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no se advierte la intención del legislador ordinario de regular el pago de intereses como medida resarcitoria por la tardanza en el dictado del laudo en materia laboral burocrática, sin embargo, este silencio legislativo no implica llegar al extremo de que, a través de la interpretación, puedan crearse instituciones jurídicas no previstas en las leyes, o que a partir de ello, bajo una interpretación sistemática, se pueda recurrir a otras legislaciones que contengan esa posibilidad, sobre todo, porque no se trata de un silencio legislativo que desatienda algún mandato constitucional expreso, sino que la institución legislativa relativa debe ser creada por el legislador local, en el ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus atribuciones. Por tal motivo, si la ley burocrática del Estado de Morelos no contempla la figura del pago de intereses como medida para indemnizar el retardo en el dictado de los laudos después de 6 meses, es inconcuso que no opera la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo que sí lo establece, toda vez que dicha supletoriedad no tiene el alcance de crear esa institución jurídica, pues su función es suplir deficiencias. Dicho de otro modo, la supletoriedad de leyes, salvo disposición expresa, no puede implicar la obligación del pago de intereses en la legislación objeto de supletoriedad.’
"De ahí, que si el tribunal responsable no tomó en consideración el pago de intereses moratorios, fue debido a que el artículo 38, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, limita al plazo de doce meses el pago de salarios caídos, sin que le sea aplicable lo dispuesto en ese párrafo, para el pago de otros tipo de indemnización, a saber, precisamente el pago de intereses moratorios.
"En las narradas condiciones, al ser infundado el único agravio expuesto por la parte inconforme, se procede a confirmar la sentencia recurrida." (el énfasis es propio)
b) Amparo directo 1008/2018-I.
"SÉPTIMO.—Estudio del asunto. Son inoperantes e, infundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa.
"Aduce la quejosa en su concepto de violación único, la autoridad responsable efectúa una inexacta aplicación de lo dispuesto por los artículos 117 de la ley que rige, así como los diversos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al emitir un laudo incongruente, en virtud de que, si bien emite condena al pago de salarios caídos y prima vacacional y aguinaldo, transcurridos en juicio, lo condiciona a un año de conformidad con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, dispositivo que resulta inaplicable en forma supletoria, por lo que su fallo no está dictado a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29464-9b9f6668/intereses-en-el-procedimiento-laboral-si-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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