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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU APERTURA NO SÓLO PARA DETERMINAR LAS CONDENAS DE CARÁCTER ECONÓMICO, SINO TAMBIÉN PARA RECABAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (CASO EN EL QUE SE DESCONOCE EL ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL QUE DEBE ESTAR INSCRITO EL TRABAJADOR EN EL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1001/2016. · Registro digital (IUS): 29667
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-02-26
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, Pág. 2702.

AMPARO DIRECTO 1001/2016. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO MILLÁN ESCALERA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Los conceptos de violación planteados son en una parte ineficaces y, en otra, fundados; ello, en suplencia de la deficiencia de la queja, que en beneficio de la parte quejosa opera, con fundamento en el artículo 79, fracción V, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, como habrá de explicarse a lo largo de esta ejecutoria.

En principio, es pertinente destacar que no serán materia de análisis expreso:

* Las absoluciones decretadas a favor del Ayuntamiento de ********** y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de dicho Municipio, así como el pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas por la actora, consistentes en:

– Aguinaldo, bajo el argumento de que la trabajadora confesó fictamente que, en realidad, laboró para la parte demandada del dos de enero al treinta de noviembre de dos mil siete, lo que se corroboró con el acta de entrega-recepción, así como con la constancia expedida a su favor, de veintisiete de diciembre de dos mil siete que, concatenadas entre sí, permiten establecer el referido lapso de la relación laboral; motivo por el cual, de la inspección ocular ofrecida por la referida trabajadora (fojas 330 a 335 de autos, tomo I), se desprende que se le cubrió el pago del aguinaldo de dos mil siete; además, de que no era dable tomar en cuenta las condiciones generales de trabajo, por ser trabajadora de confianza, sino la Ley Estatal del Servicio Civil para tal efecto.

– Horas extras y media hora de descanso, bajo el argumento de que con la prueba confesional ofrecida por la parte demandada (fojas 269 reverso, 270 y 273 del expediente de origen, tomo I) y la confesión ficta derivada de ella, ante la incomparecencia de la actora a absolver posiciones, en especial, las marcadas con los números cinco y seis, se desprende que la trabajadora, en realidad, tenía un horario de trabajo de ocho a dieciséis horas con una hora de descanso para consumir alimentos, que comprendía de las ocho a las nueve horas de lunes a viernes, lo que se adminiculó con la prueba testimonial a cargo de ********** y ********** (fojas 402 y 403 ídem), quienes fueron coincidentes en ese aspecto jurídico, por lo que tales reclamos deben considerarse improcedentes.

– Pago de estímulo económico por puntualidad mensual, quinquenio, canasta básica y ayuda de renta, solicitadas con base en las condiciones generales de trabajo, bajo el argumento de que tales prestaciones son extralegales y esas condiciones no le son aplicables a la trabajadora, por ser de confianza.

– Declaratoria de improcedencia de imposición de sanciones por parte de los institutos de seguridad social llamados a juicio como terceros interesados, bajo el argumento de que la autoridad responsable no se encuentra facultada para imponer tales sanciones a la parte demandada, ni mucho menos ordenar a esas instituciones para que finquen capitales constitutivos.

Tampoco serán objeto de análisis, las condenas decretadas en contra de la parte demandada, por concepto de:

– Vacaciones y prima vacacional, por el periodo proporcional de la existencia de la relación laboral (dos de enero al treinta de noviembre de dos mil siete), con base en el salario quincenal no controvertido de ********** pesos, ********** centavos.

– Reconocer por escrito mediante documental idónea la antigüedad genérica de la actora del dos de enero al treinta de noviembre de dos mil siete (la cual se ve reflejada en la parte considerativa del laudo reclamado, no así en los resolutivos, lo que será materia de concesión en apartados siguientes).

Ello, al no plantearse concepto de violación alguno en contra de las aludidas absoluciones, ni advertir este tribunal queja deficiente que suplir al respecto en beneficio de la actora en los temas de condena a que se alude en líneas que anteceden.

Ahora bien, en el primer concepto de violación, la parte quejosa aduce, en lo sustancial, que el laudo reclamado resulta contrario a derecho, en razón de que el tribunal responsable realizó un análisis incorrecto del material probatorio, así como un planteamiento de la litis inconsistente con la demanda y la contestación, puesto que perdió de vista que el ********** del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia **********, no tiene facultades para delegar su representación en favor de abogados diversos, en tanto que en la interlocutoria de dos de junio de dos mil nueve, se estableció que ese sistema no es un órgano descentralizado.

Por ello, la parte quejosa señala que no quedó debidamente acreditada la representación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de **********, dado que los únicos que pueden representarlo es el presidente municipal y el síndico, por lo que cada uno de los actos celebrados por el director de dicho sistema demandado y sus abogados autorizados, deben declararse nulos.

Los motivos de disenso reseñados con antelación son ineficaces.

Lo anterior se determina de esa manera, puesto que la parte quejosa pierde de vista que lo que se resolvió el dos de junio de dos mil nueve (fojas 153 a 155 del tomo I del expediente de origen), no fue un incidente de falta de personalidad, sino uno de incompetencia, interpuesto por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de **********, mismo que se declaró improcedente.

Y si bien es verdad que en dicha interlocutoria el tribunal responsable expuso que no quedó acreditado que ese sistema demandado fuera un organismo descentralizado, ello fue porque advirtió que de la prueba instrumental de actuaciones, no existe acuerdo por parte del Ayuntamiento de **********, ni constancia de autorización del Congreso Local para la descentralización de ese sistema, por lo que debía entenderse que éste actuaba en un plano de coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, en términos del artículo 19 de la Ley Número 60 del Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado; por ende, estableció que sí era competente para conocer del conflicto laboral sometido a su jurisdicción.

Además, debe decirse que si bien es cierto que el tema de la personalidad de la parte demandada no fue cuestionado en el sumario de origen por la aquí quejosa, también lo es que este Tribunal Colegiado se encuentra facultado para abordar su estudio pues, acorde con el nuevo marco normativo de la Ley de Amparo, en especial, lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 171, se establece en favor de la parte trabajadora una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento que trascienden al resultado del laudo, al eximírsele de agotar previamente, durante la tramitación del procedimiento laboral, los recursos ordinarios o medios de defensa tendentes a impugnarlas.

Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido y alcance, la tesis de jurisprudencia PC. XVII. J/4 L (10a.), emitida por el Pleno del Décimo Séptimo Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de octubre de 2016 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo III, octubre de 2016, página 1960, con número de registro digital: 2012731, de título, subtítulo y texto siguientes:

"INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGACIÓN DE AGOTARLO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA QUE SE ANALICE LA VIOLACIÓN PROCESAL ADUCIDA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE LA MATERIA (INAPLICABILIDAD PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 8/99). El artículo 171, párrafo primero, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad que debe observarse, respecto de las violaciones procesales que se hagan valer al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, al disponer que solamente podrán ser materia de análisis cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa, que en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Ahora bien, dentro del término ‘recurso o medio de defensa’, queda comprendido el incidente de falta de personalidad previsto en la fracción III del artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo directo promovido contra el laudo, en observancia al indicado principio, como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 8/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 135, rubro: ‘PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA OPONIENDO LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE ESTABLECE LA LEY RESPECTIVA.’; sin embargo, acorde con nuevo marco normativo de la ley de la materia y en atención a su artículo sexto transitorio, dicha jurisprudencia resulta obligatoria sólo tratándose del patrón, no así de la parte trabajadora, toda vez que en el párrafo segundo del numeral 171 citado, se establece en favor de este último, una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento que trascienden al resultado del laudo, al eximírsele de agotar previamente, durante la tramitación del procedimiento laboral, los recursos ordinarios o medios de defensa tendientes a impugnarlas."

En ese tenor, al contrario de lo afirmado por la parte quejosa en el motivo de disenso en estudio, de los autos del sumario de origen se desprende que quien compareció a nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de **********, en su calidad de ********** de esa dependencia, sí contaba con facultades de representación dado que su nombramiento, visible a foja treinta y ocho del sumario de origen, fue expedido por la presidenta municipal del Ayuntamiento Constitucional de **********, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en su texto dispone:

"Son atribuciones del presidente municipal:

"...

"XVII. Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o comisión de los demás servidores públicos del Ayuntamiento, de lo cual deberá informar al Cabildo..."

De lo anterior se advierte que no era necesario que el mencionado director acompañara diversa constancia a la que obra en autos, pues el numeral en comento sólo establece que el presidente municipal de que se trate informará al cabildo sobre su determinación, pero no como requisito de validez para que el nombramiento pueda surtir efectos.

Aunado a lo anterior, no debe soslayarse el contenido del artículo 191 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, que dispone lo siguiente:

"Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de representantes legalmente autorizados.

"Los titulares de las entidades públicas podrán nombrar representantes para que comparezcan ante el Tribunal Estatal de Conciliación o las Salas Especiales Arbitrales, en su caso, mediante poder que se les otorgue o por oficio que se les expida.

"En los juicios promovidos en contra del Poder Ejecutivo, los titulares de las dependencias que, conforme a la Ley de la Administración Pública Estatal actúan como sus auxiliares, tendrán; (sic) también la facultad de nombrar representantes legales, en relación con los conflictos laborales que se generen con los trabajadores que presten servicios en sus respectivas dependencias."

Del numeral citado, se observa que la propia legislación en consulta faculta a los titulares de las dependencias demandadas a nombrar representantes legales en relación con los conflictos laborales que se generen con las dependencias a su encargo; de modo que, si en el caso a estudio comparecieron, tanto el síndico del Ayuntamiento Constitucional de ********** (personalidad que acreditó con las documentales visibles a fojas 32 a 37 ídem), como el ********** del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, este último, como patrón directo del vínculo de trabajo con la actora, aquí quejosa, es inconcuso que en términos del ya citado precepto 191 de la legislación en consulta, estaban plenamente facultados para nombrar representantes legales, como de facto lo hicieron en el momento de comparecer al sumario de origen.

De ahí que, contrario a lo afirmado en el motivo de divergencia en estudio, no es dable nulificar las actuaciones donde la parte demandada tuvo intervención, tanto de forma directa como por conducto de sus representantes legales.

En otro aspecto, la parte quejosa aduce en el segundo concepto de violación, en lo medular, que fue incorrecto que el tribunal del conocimiento catalogara las funciones por ella desempeñadas como de confianza, en tanto sólo era una **********, por lo que sus funciones no encuadran en el artículo 7o., fracción III, de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz.

Los motivos de disenso reseñados con antelación son ineficaces.

Lo anterior se determina de esa manera, en razón de que de la interpretación de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracciones IX (a contrario sensu) y XIV, de la Constitución General, se infiere que los trabajadores de confianza al servicio del Estado están limitados en sus derechos laborales, pues sólo pueden disfrutar de las medidas de protección al salario y de seguridad social, al estar excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo y, por ende, no pueden válidamente demandar prestaciones derivadas de ese derecho con motivo del cese, como son la indemnización o la reinstalación en el empleo, porque derivan de una prerrogativa que sólo se confiere a los trabajadores de base, esto es, la falta de estabilidad en el empleo se erige como una restricción constitucional; y, en congruencia con ello, el artículo 7o., de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en su último párrafo, señala: "Los trabajadores de confianza gozarán de las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social."

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 204/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, noviembre de 2007, página 205, con número de registro digital: 170892, de rubro y texto siguientes:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.—El artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus diversas fracciones, los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo que serán materia de regulación pormenorizada a través de la ley reglamentaria correspondiente. Asimismo, clasifica a dichos trabajadores en dos sectores: de base y de confianza. Ahora bien, la fracción XIV del referido artículo constitucional, al prever expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, limita algunos de sus derechos como el relativo a la estabilidad o inamovilidad en el empleo previsto en la fracción IX, los cuales reserva para los trabajadores de base. Sin embargo, tales limitaciones son excepcionales, pues los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en la aludida fracción XIV, conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, que no puede restringirse, así como la prerrogativa de obtener el pago de prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de todos los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los cuales se incluyen, entre otros, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios de rehabilitación, préstamos para adquisición de casa, entre otros."

Al respecto, cabe precisar que la aludida restricción constitucional (falta de estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza al servicio del Estado), encuentra sustento en el hecho de que sobre los servidores públicos de confianza, de acuerdo con las funciones que realizan, por su nivel y jerarquía, descansa la mayor y más importante responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado, sea porque la presiden, porque tengan una íntima relación y colaboración con el titular, responsable de la función pública, en cuyo caso la "remoción libre", lejos de estar prohibida, se justifica en la medida en que constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público, en cuyo caso, la libre remoción facilita, en gran medida, ese cometido.

Así lo determinó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 21/2014 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 877, con número de registro digital: 2005825, de título, subtítulo y texto:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que ha definido a través de las diversas épocas del Semanario Judicial de la Federación, al interpretar la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de confianza al servicio del Estado sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, resulta acorde con el actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos y, por tanto, debe confirmarse, porque sus derechos no se ven limitados, ni se genera un trato desigual respecto de los trabajadores de base, sobre el derecho a la estabilidad en el empleo. Lo anterior, porque no fue intención del Constituyente Permanente otorgar el derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza pues, de haberlo estimado así, lo habría señalado expresamente; de manera que debe considerarse una restricción de rango constitucional que encuentra plena justificación, porque en el sistema jurídico administrativo de nuestro país, los trabajadores de confianza realizan un papel importante en el ejercicio de la función pública del Estado; de ahí que no pueda soslayarse que sobre este tipo de servidores públicos descansa la mayor y más importante responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado, de acuerdo con las funciones que realizan, nivel y jerarquía, ya sea que la presidan o porque tengan una íntima relación y colaboración con el titular responsable de la función pública, en cuyo caso la ‘remoción libre’, lejos de estar prohibida, se justifica en la medida de que constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público."

En esa medida, cuando un trabajador al servicio del Estado demanda la indemnización o la reinstalación, el tribunal laboral tiene la obligación en todo tiempo de analizar, en primer término, la procedencia de la acción intentada, es decir, si la parte actora, de conformidad con la ley burocrática correspondiente, tiene derecho a las prestaciones reclamadas derivadas del despido injustificado, como son la indemnización constitucional y la reinstalación, por lo que, si tiene el carácter de empleada de confianza, la parte demandada debe ser absuelta de éstas, pues debido a que, como se dijo, tal clase de trabajadores carece de estabilidad en el empleo, no son procedentes las acciones referidas y, por ende, el análisis del despido se torna innecesario.

Es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 201, con número de registro digital: 184376, de rubro y texto siguientes:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA.—El hecho de que por no contestar en tiempo la demanda el tribunal correspondiente la tenga por contestada en sentido afirmativo, no tiene el alcance de tener por probados los presupuestos de la acción ejercitada, pues atento al principio procesal de que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los extintivos, impeditivos o modificativos de ella, si el actor no prueba los que le corresponden, debe absolverse al demandado, aun en el caso de que éste, por aquella circunstancia o por cualquier otro motivo, no haya opuesto excepción alguna, o bien, haya opuesto defensas distintas a dicha falta de acción. Por tanto, cuando un trabajador de confianza, que ordinariamente sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo, demanda prestaciones a las que no tiene derecho, por disposición constitucional y por la ley aplicable, como son la indemnización o la reinstalación por despido, y a la parte demandada se le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, no deben tenerse por probados los presupuestos de la acción ejercitada y, por ende, debe absolverse a aquélla, habida cuenta de que el tribunal laboral tiene la obligación, en todo tiempo, de examinar si los hechos justifican dicha acción y si el actor, de conformidad con la ley burocrática correspondiente, tiene o no derecho a las prestaciones reclamadas."

Así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 160/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1322, con número de registro digital: 2005640, cuyos título, subtítulo y texto son:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO). Acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, la remoción de un trabajador de confianza por quien carece de facultades para hacerla, no tiene como consecuencia que se declare procedente el pago de salarios vencidos, pues tales empleados únicamente gozan de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, por lo cual, en caso de considerar como injustificado el despido, no pueden demandar la indemnización constitucional o la reinstalación, porque esas prestaciones dependen del análisis de lo justificado o injustificado del despido, lo que ningún fin práctico tendría tratándose de empleados de confianza, pues no gozan de estabilidad en el empleo y, por ende, las prestaciones derivadas del cese, aun considerado ilegal, no podrían prosperar. Además, en una relación laboral burocrática el titular demandado, al separar del cargo al trabajador, lo realiza en su carácter de patrón equiparado y no como autoridad, por lo que no es dable analizar la existencia de un despido justificado o no de un trabajador de confianza sobre la base de que quien lo realizó carece de facultades acorde con la ley orgánica del Municipio correspondiente pues, se reitera, ese tipo de trabajadores no goza del derecho a la estabilidad en el empleo."

En ese orden de ideas, contrariamente a lo manifestado por la impetrante del amparo, en el caso, fue correcto que el tribunal responsable analizara en primer orden la naturaleza de las funciones desarrolladas por la citada actora, por constituir un presupuesto de la acción de reinstalación intentada.

Por ello, devienen ineficaces los argumentos de disenso expuestos en la demanda de amparo que se atiende, en el sentido, básicamente, de que las funciones desempeñadas por la actora no encuadran en las desarrolladas por los empleados de confianza ya que, al contrario de lo afirmado, este órgano colegiado, en concordancia con lo expuesto por el tribunal responsable en el laudo reclamado por el particular, conviene en el sentido de que la aquí quejosa sí desarrolló funciones de confianza al servicio de la parte demandada.

En efecto, del laudo reclamado se advierte que el tribunal responsable concluyó sobre el particular, lo siguiente:

* Que la actora expuso en el escrito inicial de demanda laboral, que las funciones que desempeñó al servicio de la parte demandada consistían en: organizar el archivo, así como registrar las altas, bajas y las vacaciones del personal, la verificación de cocinas económicas, así como los ingresos y gastos de las mismas y el pago de nóminas, entre otras.

* Que dichas funciones encuadran en las hipótesis de la fracción III del artículo 7o., de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, dado que se encargaba de controlar, vigilar y manejar fondos y valores, lo que se corroboró con la documental ofrecida por la propia actora, consistente en el acta de entrega-recepción de cuatro de enero de dos mil siete (visible a fojas 200 a 202 del sumario natural); de modo que la declaración expresa y espontánea realizada por la trabajadora sobre las funciones que desempeñó al servicio de la parte demandada, deben catalogarse como de confianza, por lo que lo dable era absolver a la parte demandada de reinstalar a la aquí quejosa en su fuente de empleo, así como de pagarle salarios caídos.

Conclusiones de previa referencia que este órgano de control constitucional estima objetivamente correctas, dado que el tribunal responsable tomó en consideración las funciones señaladas por la propia quejosa en los hechos de su escrito inicial de demanda laboral (fojas 4 y 5 del expediente de origen), lo cual, en efecto, constituye una confesión en términos de lo dispuesto por el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz.

Funciones que, como lo consideró el tribunal laboral, deben considerarse propias de un trabajador de confianza, por encuadrar dentro de las labores de manejo de fondos o valores, al pagar la nómina correlativa, a que se refiere la fracción III del artículo 7o., de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

De manera que, adversamente a lo aducido por la quejosa, en la especie se acreditó que las funciones que desempeñó al servicio de la demandada correspondían a las de una empleada de confianza, por lo que resulta ajustado a derecho la absolución decretada en favor de la parte demandada de reinstalarla a su fuente de empleo, así como de pagarle salarios caídos.

Sobre todo, porque tenía a su encargo, como ya se dijo, el manejo de valores y dinero para el pago de la nómina correlativa, entre otras funciones por ella descritas, lo que sí constituye una confesión expresa sobre el particular.

En apoyo de lo anterior se invoca, por lo ilustrativo de su texto y en lo conducente, la tesis aislada VII.4o.P.T.6 L (10a.) emitida por este propio tribunal, en su anterior denominación, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 1981, con número de registro digital: 2007334, de título, subtítulo y texto siguientes:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. AL CARECER DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO Y EL PAGO TOTAL DE LOS SALARIOS QUE LES CORRESPONDERÍAN SON IMPROCEDENTES. El artículo 11, fracción I, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en concordancia con el numeral 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que quedan excluidos de su aplicación los trabajadores de confianza, lo cual deriva en que éstos carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y sólo gozan de las medidas de protección al salario y de seguridad social. En armonía con ello, en el caso de trabajadores al servicio del Estado contratados o nombrados por tiempo determinado para desempeñar labores de con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29667-3ccb0aeb/incidente-de-liquidacion-de-laudo-procede-su-apertura · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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