APORTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL RELATIVAS A LOS FONDOS PARA EL RETIRO. ES PROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA O DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, DERIVADA DE LA RESOLUCIÓN DE SEPARACIÓN DE SU CARGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 17 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALBERTO EMILIO CARMONA, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ Y ARTURO GONZÁLEZ PADRÓN. PONENTE: ARTURO GONZÁLEZ PADRÓN. AUSENTE: JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. SECRETARIO: MARCO ANTONIO LÓPEZ CABRERA.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, correspondiente al día diecisiete de noviembre de dos mil veinte.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2020, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Por oficio número 05/2020 recibido el veinte de febrero de dos mil veinte en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, el Magistrado Víctor Manuel Estrada Jungo, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al resolver, el primero, el amparo directo administrativo 266/2019, y el segundo, el amparo directo administrativo 218/2019; asimismo, a la aludida promoción adjuntó copia certificada de la ejecutoria relativa al expediente 266/2019.
El oficio materia de la denuncia, en lo conducente, es del contenido siguiente:
"Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo denunció la posible contradicción de tesis existente entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 218/2019 en la sesión de cuatro de octubre de dos mil diecinueve; y el emitido por este Tribunal Colegiado en sesión de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en el amparo directo 266/2019. El problema jurídico sobre el que se pronunciaron los mencionados órganos jurisdiccionales, se puede sintetizar en la siguiente pregunta: ¿En el proceso administrativo local tratándose de miembros de los cuerpos de seguridad pública o de las instituciones policiales, resulta procedente condenar al pago de las aportaciones a la Administradora de Fondos para el Retiro?. Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 218/2019 declaró improcedente el reconocimiento del derecho al pago de las aportaciones a la administradora de fondos para el retiro. Ello, al considerar que si bien es cierto que el acceso a una administradora de fondos para el retiro constituye un beneficio de la seguridad social, también es cierto que no es en sí mismo un pago que debiera hacerse al trabajador durante el periodo que laboró, en todo caso constituye un ahorro del que podrá disponer una vez pensionado. Esa postura jurídica, se estima, se encuentra en contradicción con la asumida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 266/2019, en el que declaró procedente el pago de las aportaciones a la administradora de fondos para el retiro, porque los trabajadores tienen derecho a que se enteren las aportaciones que se hayan omitido cubrir durante el tiempo que duró la prestación de servicios, ya que es una obligación cumplir de manera puntual con las cuotas relativas a esa institución, dado que forma parte del régimen de seguridad social a que tienen derecho los que prestan un servicio personal subordinado. Además, precisó que este derecho se genera esencialmente por la prestación de servicios, por lo que, al margen de que la terminación de éstos haya sido por causa justificada o injustificada, el prestador tiene derecho a que se cubra la totalidad de las aportaciones que debieron enterarse durante el tiempo que duró el vínculo jurídico y, en el caso, hasta la fecha en que se cubran satisfactoriamente éstas."
SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinte, el Magistrado presidente de este Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número de contradicción de tesis 1/2020, admitió a trámite la denuncia y solicitó a los Magistrados presidentes del Primer y del Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del propio Circuito, informaran si el criterio sustentado en cada uno de los asuntos mencionados se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; asimismo, solicitó al último de los citados, remitiera copia certificada de la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo 218/2019.
Luego, en proveído de veinticinco de febrero del año en curso, se tuvo al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa informando que el criterio sostenido en el amparo directo administrativo 218/2019, se encuentra vigente, y adjuntando copia certificada de dicho expediente; asimismo, se tuvo al secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa comunicando que el criterio asumido en el diverso amparo directo administrativo 266/2019, también sigue vigente.
En el entendido de que en el periodo del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, se mantuvieron suspendidos los plazos y términos procesales, en atención a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relacionados con las medidas de contingencia y esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; reanudándose el tres de agosto del año en curso, a través del diverso Acuerdo General 21/2020 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
Por lo anterior, aunado a la respuesta a la pregunta identificada como 25 en el problemario contenido en la circular SECNO/16/2020 de trece de agosto de dos mil veinte, signada por el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, actuando en suplencia por ausencia de la secretaria ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, es que mediante proveído de tres de septiembre del año que transcurre, el Magistrado presidente de este Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito ordenó se reactivara en su totalidad el funcionamiento de este órgano deliberativo, reanudándose los plazos procesales y el trámite físico de los asuntos cuyas actuaciones se ajustaran a las disposiciones que rigen esta situación de contingencia.
Posteriormente, mediante acuerdo de siete de septiembre de la presente anualidad, el Magistrado presidente del Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/134/03/2020, suscrito por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la copia del diverso SGA/GVP/155/2020, signado por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los cuales se informó que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis durante los últimos seis meses, no se detectó la existencia de alguna contradicción de tesis relativa al tema de esta contradicción.
Finalmente, en el referido proveído de siete de septiembre el Magistrado presidente de este Pleno también acordó turnar el expediente a él mismo, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por versar sobre una contradicción de criterios de dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Décimo Sexto Circuito.
Se precisa que este asunto se sesiona por videoconferencia en los términos a que aluden los artículos 25 y 27 del Acuerdo General 21/2020(1) previamente invocado, en relación con el arábigo 27, fracción IV, del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
SEGUNDO.—Legitimación. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito en los juicios de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.
Lo anterior, toda vez que la denuncia que ahora nos ocupa fue formulada precisamente por uno de los integrantes de los tribunales contendientes, a saber, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes son las siguientes:
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 266/2019, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"OCTAVO.—Estudio. Los conceptos de violación son unos fundados y otros infundados. ... pago de las aportaciones al AFORE: En el fallo reclamado, la Sala responsable absolvió a la autoridad demandada a seguir enterando las cantidades a la administradora de fondos para el retiro, en la medida en que no se demostró que el Municipio de León, Guanajuato, hubiere suscrito algún convenio con dicha institución, por ende, no es posible obligar a la autoridad demandada a continuar enterando tales porcentajes. También indicó que tales cantidades no constituyen prestaciones económicas a las que el actor tuviera derecho, sino que éstas se entregan a las instituciones correspondientes, únicamente durante la vigencia de la relación administrativa. En contra de esa decisión, el quejoso arguye que la Sala responsable no analizó adecuadamente la forma en que solicitó el pago por el concepto referido, dado que la petición en el escrito de demanda fue dirigida para el efecto de que la autoridad realizara el pago de las cantidades a la administradora de fondos para el retiro, y no como lo interpretó aquélla. Agrega que dicho reclamo es una prestación de seguridad social a la que tiene derecho, por ende, la determinación de la responsable lo priva de sus derechos a la seguridad social. El concepto de violación es fundado. Es así, porque el aquí quejoso tiene derecho a que se enteren las aportaciones que, en su caso, se hayan omitido cubrir a la administradora de fondos para el retiro durante el tiempo que duró la prestación de servicios, ya que es una obligación de la autoridad cumplir de manera puntual con las cuotas relativas a aquella institución, dado que forma parte del régimen de seguridad social a que tienen derecho los que prestan un servicio personal subordinado. Máxime que según lo establecido en el artículo 82 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones a las remuneraciones que perciben los policías, para el pago de las aportaciones a la administradora de fondos para el retiro. La aplicación de este precepto se corrobora en el caso, pues en los recibos de pago de salario consistentes en comprobantes fiscales digitales, exhibidos por la autoridad, se observa que se realizaban deducciones por dos rubros relativos a la seguridad social, bajo las claves ‘264 cuota IMSS’ y ‘332 cuota IMSS obrera’; documentos en los que se basó la responsable para condenar al pago de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, es importante destacar que no existió controversia en cuanto a que el actor haya estado inscrito en el régimen obligatorio del seguro social. Cabe agregar que este derecho se genera esencialmente por la prestación de servicios, por lo que, al margen de que la terminación de éstos haya sido por causa justificada o injustificada, el prestador tiene derecho a que se cubran la totalidad de las aportaciones que debieron enterarse durante el tiempo que duró el vínculo jurídico y, en el caso, hasta la fecha en que se cubran satisfactoriamente éstas. En efecto, los artículos 159, fracción I, 167 y 168 de la Ley del Seguro Social vigente, prevén lo siguiente: ‘Artículo 159. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Cuenta individual, aquella que se abrirá para cada asegurado en las Administradoras de Fondos para el Retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias. Respecto de la subcuenta de vivienda las administradoras de fondos para el retiro deberán hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los términos de su propia ley.’. ‘Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al Instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.’. ‘Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán: I. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al dos por ciento del salario base de cotización del trabajador. II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto ciento cincuenta por ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.’. Del contenido de los preceptos transcritos deriva que la Administradora de Fondos para el Retiro, constituye una prerrogativa constitucional y legal que el legislador ha creado en favor de los trabajadores, encaminada a su protección y bienestar, cuyo propósito fundamental es que la persona que concluya su vida laboral activa pase los últimos años de existencia con los satisfactores mínimos, afrontando la contingencia social del retiro con los recursos propios acumulados, durante toda su vida productiva, en su cuenta individual. Entonces, el (sic) Administradora de Fondos para el Retiro constituye una prerrogativa constitucional y legal prevista en favor de los trabajadores, que se compone de fondos que se acumulan en las subcuentas de cesantía y vejez, así como de la subcuenta de vivienda, cuyo propósito es que cuando concluyan su vida laboral activa afronten su retiro con recursos propios acumulados en una cuenta individual durante toda su vida productiva. En consecuencia, al emitir la nueva resolución en acatamiento a esta ejecutoria, la Sala responsable deberá declarar procedente la prestación consistente en las aportaciones a la Administradora de Fondos para el Retiro, que se hubieren omitido durante la prestación de servicios y las que se sigan generando hasta que éstas se cubran; en el entendido de que dicha institución debe verificar el cumplimiento de la obligación de la autoridad demandada de enterar oportunamente las aportaciones relativas e informar a la Sala responsable respecto del resultado obtenido, con la finalidad de que el accionante pueda constatar que se dio cabal cumplimiento con la sentencia. Este Tribunal Colegiado sostuvo similares consideraciones al resolver los juicios de amparo directo **********, **********; **********, ********** y **********, en sesiones de seis de octubre, diecisiete de noviembre, ambas de dos mil dieciséis, dos de febrero y trece de septiembre de dos mil diecisiete y veinticinco de julio de dos mil diecinueve, respectivamente. ... Así, ante lo fundado de los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra, en la cual: ... b) Condene al pago de: ... La condena al pago de las cuotas a la Administradora de Fondos para el Retiro que se hubieren omitido desde el cese hasta el cumplimiento de la sentencia."
II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el diverso amparo directo administrativo 218/2019, en sesión de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, determinó, en lo conducente, lo siguiente:
"QUINTO.—Estudio de los conceptos de violación. ... Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE): Aduce el quejoso en su tercer concepto de violación, que la autoridad responsable determinó en forma errónea que no es procedente el pago de las aportaciones a la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), ya que no tuvo en cuenta que dicho reclamo es un derecho que tiene por ser una prestación de seguridad social, aunado a que, por vía de consecución, sí se le reconoció el derecho a que se realicen las aportaciones obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces también debe hacerse respecto de las aportaciones al AFORE, pues todo empleado municipal cuenta con dicha prestación. Lo anterior deviene infundado. El artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, establece en su primer párrafo: ‘Artículo 8. Quedan excluidos del régimen de esta ley los miembros de las Policías estatales o municipales, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de tránsito y los trabajadores de confianza, pero tendrán derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.’. Si bien es cierto que el acceso a una Administradora de Fondos para el Retiro constituye un beneficio de la seguridad social, también es cierto que no es en sí mismo un pago que debiera hacerse al trabajador durante el periodo que laboró, en todo caso constituye un ahorro del que podrá disponer una vez pensionado. Aunado a ello, el actor no acredita haber contado con una ‘AFORE’, o en su caso haber aportado la parte que le correspondía a éste a dicho fondo, de donde generara la obligación de la autoridad de realizar un pago en la misma cantidad. Por tanto, resulta improcedente declarar el reconocimiento del derecho reclamado; pues no se encuentra demostrado en este caso que los Municipios están obligados a cubrir esos aspectos de seguridad social a través de la inscripción de los miembros de sus instituciones policiales a alguna institución financiera privada de México, ya que, lo que les es obligado constitucionalmente, es otorgar la prestación de servicios de seguridad social a través de sistemas complementarios. ... En suma, ante la ineficiencia de los argumentos contenidos en los conceptos de violación, debe negarse la protección constitucional solicitada."
Cabe destacar que, aunque esos criterios no generaron el pronunciamiento formal de una tesis, ello no es impedimento para que el Pleno de Circuito se pronuncie sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada, toda vez que la normativa establecida para dirimir una contradicción de tesis no exige ese requisito, pues basta que los Tribunales Colegiados del propio Circuito adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Aplica al caso, la jurisprudencia 1a./J. 129/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 93, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 179633, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
I. Consideraciones previas.
Ahora bien, con la finalidad de precisar el tema de estudio materia de esta ejecutoria, es pertinente señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:
a. La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,
b. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas, lo que incluso puede configurarse aunque uno de los criterios contendientes sea implícito, o bien, se haya determinado con base en elementos secundarios diferentes, siempre que su sentido pueda deducirse indubitablemente de las circunstancias particulares del caso.
Las jurisprudencias a que se alude son del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.". Novena Época, con número de registro digital: 164120. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7; y,
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición.". Novena Época, con número de registro digital: 169334. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, julio de 2008, materia común, tesis P./J. 93/2006, página 5.
Por lo que respecta a la posibilidad de tener por existente una contradicción de tesis, derivada de asuntos en los que la oposición de criterios no sea claramente inobjetable desde un punto de vista lógico, al tener origen en un problema central rodeado de situaciones diversas, supuestos legales complejos y circunstancias de hecho a las que se hubiere tenido que atender para juzgarlo; dando lugar a que, por razones de certeza jurídica, deba resolverse el fondo del problema, a pesar de que las posturas divergentes tengan origen en aspectos accesorios o secundarios, pero que el problema jurídico central sea perfectamente identificable, es de citarse la siguiente tesis:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29755-ee81b1e4/aportaciones-de-prevision-social-relativas-a-los-fondos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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