SUSPENSIÓN DE PLANO. PROCEDE DECRETARLA EN FAVOR DE UN TRABAJADOR DE UN HOSPITAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) QUE SE UBICA EN UN GRUPO VULNERABLE FRENTE A LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), CONTRA LA ORDEN DE PRESENTARSE A LABORAR PRESENCIALMENTE, SIN PERMITIRLE ACOGERSE A LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA SANITARIA PARA AUSENTARSE FÍSICAMENTE DE SU CENTRO DE TRABAJO.
QUEJA 70/2020. 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: ÁNGEL PONCE PEÑA. SECRETARIO: LUIS FERNANDO ALFARO PALAVICINI.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Estudio de los agravios. En su único agravio la parte recurrente argumenta, en esencia, que el auto combatido resulta ilegal, en función de que la Juez del conocimiento primeramente reconoció que se reclamaron actos que podrían poner en riesgo la integridad, salud y vida del quejoso; sin embargo, negó la medida cautelar solicitada, con lo que contravino lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que prevé que se concederá la suspensión de oficio y de plano, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, entre otros supuestos.
Expone que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2006-PS, estableció que la suspensión en el juicio debe entenderse como la detención del acto reclamado de manera que, si éste no se ha producido, no nazca, y si ya inició, no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente, se paralicen sus consecuencias o resultados, y se evite su realización.
Aduce que la intención del interesado respecto de la medida cautelar es salvaguardar sus derechos a la vida y a la protección de la salud, de los cuales el Estado es garante, pues –como se acredita con los medios probatorios ofrecidos–, pertenece a una parte de la población en riesgo, por encontrarse en los supuestos de edad y comorbilidades, situación que lo coloca en un estado de vulnerabilidad en cuanto a su vida, ya que en caso de contagiarse por el virus SARS-CoV2 podría desencadenarse su muerte, tal como se ha previsto en diversos acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, por el tiempo que ha durado la pandemia.
Afirma que de negarse la medida cautelar se le podrían causar daños de imposible reparación, pues la quejosa puede sufrir afectaciones severas en su salud, o bien la pérdida de la vida, por lo que resulta procedente conceder la suspensión.
Refiere que el Juez debió conceder la suspensión sin realizar un conocimiento (sic) exhaustivo y profundo de la materia de la controversia, pues del escrito inicial se puede advertir que si las cosas no se mantienen en el estado que guardan, se corre peligro en cuanto a su salud y su vida, resultando suficiente la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la quejosa para anticipar que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho.
Concluye diciendo que la juzgadora pasó por alto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la salud es un bien público, cuya protección está a cargo de los Estados, que tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal.
Es fundado el motivo de agravio, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.
En efecto, dentro del auto recurrido el Juez, primeramente, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, en función de que los actos reclamados se hicieron consistir en violaciones a los derechos humanos previstos en el artículo 4o. de la Carta Magna, por lo que de conformidad con lo resuelto por el Alto Tribunal en la contradicción de tesis 127/2020, declinó la competencia en favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México.
Por cuanto hace a la procedencia de la suspensión de plano del acto reclamado, prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en atención a que se reclaman actos que podrían poner en riesgo la integridad, la salud o la vida de la quejosa, determinó negarla.
Lo anterior, toda vez que estimó que, de concederse dicha medida cautelar para los efectos solicitados (que se le permita el resguardo domiciliario mediante el trabajo en casa), se le estarían dando efectos constitutivos de los cuales carece, habida cuenta que tiene el efecto de paralizar los actos de autoridad, o bien, de mantener las cosas en el estado en que se encuentran en el momento de concederse, pero no de ordenar determinadas conductas que serán consecuencia de la sentencia de fondo.
Añadió que el efecto sería constitutivo pues implica, necesariamente, el análisis de la legalidad de los actos reclamados, por lo que, en el caso, el Juez no puede ordenar que se otorgue la licencia médica necesaria para no asistir a laborar, aunado a que con ello se trastocaría el espíritu de la suspensión de los actos reclamados, que es el de tutelar algún derecho que corra peligro de afectación por virtud de su ejecución, siempre que por su propia naturaleza sea susceptible de ser suspendido, lo que en la especie –a su consideración–, no se actualiza.
Citó como apoyo a su determinación, la tesis aislada de rubro: "SUSPENSIÓN. CARECE DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS."(2)
Dicha determinación se estima contraria a derecho.
A fin de evidenciar lo anterior, es conveniente precisar que la Ley de Amparo prevé la existencia de la suspensión de oficio y de plano: de oficio (con incidente) y a petición de parte; así, se debe precisar cuál es la técnica que, en el primero de los supuestos, debe seguirse para determinar la procedencia de la medida precautoria.
En cuanto al marco normativo aplicable, los artículos 107, fracción X, de la Constitución General, 125, 126, 127 y 128 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:
Carta Magna:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;"
Ley de Amparo:
"Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso."
"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
"En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.
"La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal."
"Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos:
"I. Extradición; y
"II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado."
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
"Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.
"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."
De los artículos transcritos se obtiene:
1. La Constitución General prevé que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria.
2. Así, se tiene que, por su parte, la Ley de Amparo prevé que la medida cautelar puede darse en los siguientes supuestos:
a) De plano y de oficio.
b) De oficio, pero con la sustanciación de un incidente de suspensión –únicamente en los casos previstos en el artículo 127–.
c) A petición de parte, supuesto que se actualiza por regla general.
El previsto en el inciso a) es el que nos ocupa, ya que, como la quejosa no reclama actos previstos en el numeral 127 de la ley de la materia, es el único supuesto en el que el Juez de Distrito podía pronunciarse al haber declinado su competencia en favor de un diverso juzgado, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del mismo ordenamiento.(3)
Una vez precisado que en el caso se trata de una suspensión de plano, procede detallar las reglas que le son aplicables, por lo que para su estudio se debe tomar en consideración lo siguiente:
a) Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, así como cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
b) Debe decretarse en el mismo auto en el que el Juez de Distrito admita la demanda o se declare incompetente, sin necesidad de que medie solicitud del interesado, o bien, cuando el quejoso la solicita.
c) Se decide en los autos del juicio principal, sin sustanciar incidente.
d) Es suficiente que existan pruebas indiciarias de que se actualizan los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario no puede decretarse la medida cautelar, sin perjuicio de que si con posterioridad se allegan las referidas pruebas (incluso oficiosamente), se otorgue la suspensión.
e) No se exige requisito alguno para que surta efectos.
f) Surtirá efectos hasta que se dicte la sentencia ejecutoria.
En ese sentido, es prudente establecer que, mientras en la suspensión de plano y de oficio, únicamente se requiere para su otorgamiento que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, entre otros; la suspensión a petición de parte, prevista en el artículo 128 de la ley de la materia, requiere diversos aspectos para su otorgamiento, tales como: a) que la solicite el quejoso, b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público –previstos en el numeral 129–, así como los diversos enunciados en los preceptos 131 a 135 del citado ordenamiento, mismos que deberán satisfacerse, y que podrán dar lugar a que la medida cautelar se niegue o deje de surtir efectos legales.
Lo que no acontece con la suspensión que en el caso nos ocupa, porque se trata de bienes como la vida y la integridad personal de la quejosa, que el legislador estimó especialmente relevantes, pues su afectación llega a ser irreparable, o de tal magnitud que afecta gravemente los derechos humanos de la quejosa.
Por tanto, el órgano jurisdiccional, a fin de verificar la procedencia de la medida cautelar de plano, no debe realizar ponderaciones o verificar el cumplimiento de requisitos formales, sino únicamente limitarse a constatar la probable afectación a esos bienes jurídicos tutelados, particularmente relevantes y, una vez verificada, ordenar todas las medidas que resulten necesarias para su preservación.
Cabe señalar que para otorgar la suspensión de oficio y de plano, no es válido condicionar su procedencia al análisis de los diversos requisitos que prevé el artículo 128 de la referida ley para la suspensión a petición de parte, pues si bien puede equipararse en cuanto a sus efectos con la suspensión definitiva, se trata de instituciones diversas, ya que la suspensión de oficio se refiere a situaciones concretas, y tiene como razón de ser la protección de una situación de hecho que atenta contra derechos que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social, dentro de las cuales se encuentran las situaciones que regulan los derechos de las comunidades agrarias; mientras que la suspensión a petición de parte requiere la solicitud del agraviado, cuyo examen implica el de la apariencia del buen derecho, y también requiere que se acredite la difícil reparación de los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.1o.A.81 A (10a.), que este órgano jurisdiccional comparte, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de enero de 2015 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2066, con número de registro digital: 2008362, cuyos título, subtítulo y texto son:
"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN MATERIA AGRARIA. NO ES VÁLIDO CONDICIONAR REQUISITOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 128 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 125 y 126 de la nueva Ley de Amparo, se colige que para otorgar la suspensión de oficio y de plano en materia agraria, cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad o disfrute de sus derechos colectivos a los núcleos de población ejidal o comunal, basta con que se trate de los referidos actos y que existan pruebas indiciarias de que se actualiza el supuesto de procedencia, sin que se exija requisito alguno para que surta efectos; por lo que no es válido condicionar su procedencia al análisis de los diversos requisitos que prevé el artículo 128 de la referida ley, para la suspensión a petición de parte, pues si bien puede equipararse en cuanto a sus efectos con la suspensión definitiva, se trata de instituciones diversas, ya que la suspensión de oficio se refiere a situaciones concretas y tiene como razón de ser la protección de una situación de hecho que atenta contra derechos que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social, dentro de las cuales se encuentran las situaciones que regulan los derechos de las comunidades agrarias, mientras que la suspensión a petición de parte requiere la solicitud del agraviado, cuyo examen implica el de la apariencia del buen derecho y también requiere que se acredite la difícil reparación de los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto."
Refiriéndonos específicamente a la hipótesis consistente en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida de la quejosa, este tribunal estima que dicha disposición jurídica debe ser entendida de manera más amplia, atendiendo a las circunstancias actuales en el país, las cuales demandan una interpretación progresista de la norma, necesaria para resolver de manera efectiva los problemas ocasionados por la situación pandémica actual.
Efectivamente, vista desde un concepto tradicional o literal, la mencionada hipótesis prevé, para el otorgamiento de la suspensión de plano, que el acto reclamado ponga en peligro de manera directa e inminente la vida de la parte quejosa pues, por su naturaleza, dicha medida cautelar fue creada para tutelar derechos fundamentales de especial relevancia (como la vida), e impedir la consumación de actos que atenten contra los mismos.
Sin embargo, el significado que debe dársele a ello, a partir de la finalidad preponderante que se persigue con la suspensión de plano, es que ésta resulta procedente contra cualquier tipo de acto, que sin atentar directamente contra la vida de las personas, su ejecución sí la ponga en peligro de manera eficaz.
En otras palabras, la protección de ese derecho fundamental, con dicha medida cautelar, no puede limitarse sólo para los casos en que la autoridad intente acabar con la vida de una persona, sino que debe extenderse también para los supuestos en que la ejecución del acto respectivo conlleve, en un alto grado de probabilidad, la privación de dicho derecho, dada la eficacia de éste para lograrlo.
Es en ese sentido que se estima incorrecta la determinación emitida por el Juez recurrido pues, en el caso, a partir de la interpretación referida y en atención al principio de realidad, se estima que sí procedía la suspensión de plano del acto reclamado, en la medida en que éste importa un peligro de privación de la vida, ya que los efectos que provoca son eficaces para afectar la salud y vida de la quejosa, derivado de su condición que la hace vulnerable al contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Ciertamente, es un hecho notorio y de conocimiento público que el contagio en las personas del virus SARS-CoV2 (COVID-19), implica riesgo de muerte pues, según datos oficiales,(4) el 10% de los mexicanos contagiados con ese virus fallece, y de las personas contagiadas que perdieron la vida, la mayoría padecía hipertensión, diabetes, obesidad, problemas cardiacos o respiratorios, entre otros, sin que sea relevante que sean padecimientos controlados o no.
Asimismo, de acuerdo con el informe técnico diario "COVID-19 México", de la Secretaría de Salud,(5) al veintitrés de noviembre de dos mil veinte, a nivel mundial se reportaron 58,425,681 casos confirmados (542,757 casos nuevos) y 1,385,218 defunciones (7,825 nuevas defunciones). La tasa de letalidad global es del 2.4%.
En México, hasta el día de hoy, se han confirmado 1,049,358 casos totales y 101,926 defunciones totales por COVID-19.
Los casos totales se conforman de: casos confirmados a SARS-CoV2 por laboratorio (n=1,017,780), casos por asociación o dictaminación clínica-epidemiológica a COVID-19 (n=31,578), con una tasa de incidencia de casos acumulados de 821.1 por cada 100,000 habitantes.
En cuanto a las comorbilidades principales que afectan a las personas que las padecen cuando se contrae el COVID-19, se tiene que la hipertensión tiene un 18.73%, diabetes 14.70% y obesidad 16.96%.(6)
Todo lo anterior pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias del país para proteger la vida de las personas y, en especial, de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya que los altos porcentajes de mortalidad de éstas y el incremento constante de decesos, reflejan de manera clara el peligro inminente que corren sus vidas ante el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
De ahí que se estime que, el hecho de hacer laborar físicamente a la quejosa en su centro de trabajo (enferma de cáncer), resulte eficaz para acabar con su vida.
Para comprender mejor el asunto, y evidenciar lo anterior, es necesario hacer un breve análisis del contexto en que las violaciones alegadas por la parte quejosa se dan, y la posible afectación que conlleva, con la finalidad de poder sustentar adecuadamente y de manera particular la suspensión correspondiente.
El treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de la nueva enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posterior a ello, el once de marzo siguiente, como consecuencia de la rapidez de su propagación, así como por su gravedad, tal organización la declaró como pandemia.
El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)",(7) emitido por el secretario de Salud con base en su facultad en materia sanitaria prevista en el artículo 73, fracción XVI, bases 2a. y 3a. de la Carta Magna,(8) y demás disposiciones legales aplicables.
Como parte de las medidas contenidas en dicha norma de carácter general, se instruyó a los sectores público, privado y social, a evitar la asistencia a los centros de trabajo de las personas en situación de vulnerabilidad frente a la pandemia, enumerando de manera ejemplificativa y no limitativa, los grupos siguientes:
a) Adultos mayores de 65 años o más;
b) Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia;
c) Personas con discapacidad; y,
d) Personas con enfermedades crónicas no transmisibles, tales como hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca, o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico.
Para tal efecto, en dicho documento se estableció que dichos grupos conservarían en todo momento su derecho a recibir el salario correspondiente y demás prestaciones establecidas en la normativa laboral vigente.
De igual manera, se señaló que las medidas adoptadas se llevarían a cabo con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en todos los sectores, además de que las relaciones laborales continuarían rigiéndose conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o condiciones generales de trabajo correspondientes, al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional.
Posteriormente, el treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo General de Salubridad declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor,(9) lo que llevó a la implementación de acciones extraordinarias, entre las que destaca la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, continuando únicamente en funcionamiento las necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, las legislativas, así como las de los sectores fundamentales de la economía, entre otras.
Consecutivamente, y como medida para el restablecimiento de las actividades productivas en el país, el secretario de Salud emitió el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas",(10) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil veinte, del cual se desprenden una serie de lineamientos basados en un sistema de semáforos que indican el nivel de riesgo epidemiológico en las diversas zonas del país.
Dentro de ellos destaca el principio rector de privilegiar la salud y la vida de todas las personas, a efecto de garantizar lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, así como para mejorar la seguridad de la salud en el ambiente laboral, y propiciar la corresponsabilidad social en su cuidado.
Asimismo, se estableció que en situaciones de máximo riesgo epidemiológico (semáforo rojo), el personal vulnerable debería trabajar necesariamente desde casa; mientras que en contextos de riesgo alto o intermedio (semáforos naranja y amarillo), se debería priorizar el trabajo a distancia para ellos, considerándose, de manera especial, la suspensión o flexibilización de su asistencia al centro de trabajo.
Con el propósito de atender tales fines, a partir de criterios técnicos, el Gobierno Federal publicó los "Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo",(11) de los que se advierten, de manera individualizada, las circunstancias que cada situación de vulnerabilidad genera, y cuáles son las medidas laborales que se deben adoptar para cada una de ellas.
De lo anteriormente expuesto se puede observar que, con motivo del modo de transmisión de la enfermedad referida, el Gobierno Federal ha implementado una diversidad de medidas para garantizar la seguridad y la salud de las y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19) –grupos vulnerables– y, posteriormente, adoptando medidas especiales para que este tipo de personal no se vea afectado en el contexto denominado "nueva normalidad", respetando en todo momento sus derechos laborales.
Todo ello atiende a la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la salud de las personas en términos del artículo 4o. constitucional, pero también, y de manera concomitante, a la protección del derecho a la vida, pues de acuerdo con los propios criterios analizados, las personas identificadas como vulnerables en la pandemia son propensas a desarrollar una complicación grave o morir por la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2, lo cual obliga a tomar medidas especiales y más rigurosas para dicho sector de la población.
El panorama descrito permite visualizar de mejor manera los derechos que se encuentran en juego, y el contexto en que éstos se ven afectados, dotando a este Tribunal Colegiado de Circuito de los elementos técnico-científicos necesarios para emitir una resolución de suspensión más apegada a la situación actual, económica, jurídica y social en el país.
Precisado lo anterior, se reitera que, en el caso que se analiza, se estima procedente la concesión de la suspensión de oficio y de plano pues, si bien el supuesto de hecho que se presenta no se encuentra expresamente contemplado en los artículos 126, párrafo primero y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, lo cierto es que la interpretación progresista que se realizó anteriormente, permite concluir que el acto reclamado encuadra dentro de los supuestos que actualizan la procedencia de dicha medida cautelar, ya que, como se dijo, su ejecución es eficaz para acabar con la vida de la quejosa, al ponerla en riesgo, en un alto grado de probabilidad.
Efectivamente, como se ha indicado en párrafos precedentes, en el caso que se analiza se está ante una situación extraordinaria, que amerita la pronta e inmediata protección de los derechos fundamentales de la quejosa y de su familia, ya que el acto reclamado impacta directamente en su salud, su subsistencia y, finalmente, ambos aspectos ponen en riesgo la vida misma.
Lo anterior, porque la trabajadora quejosa, en su escrito de demanda de amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, que padece leucemia mieloide, en tratamiento de quimioterapia (tipo de cáncer en la sangre), por lo que, dijo, se encontraba en situación de vulnerabilidad ante el fenómeno de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 y, al efecto, exhibió, entre otros documentos, la copia del certificado médico de salud expedido por la Clínica de Medicina Familiar tipo "A", Naucalpan, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); documental que se tiene a la vista como hecho notorio, al estar visible en el expediente electrónico del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien se avocó al conocimiento de la demanda de amparo indirecto, del que se aprecia que, efectivamente, tiene ese padecimiento.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de junio de 2018 a las 10:14 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo I, junio de 2018, página 10, con número de registro digital: 2017123, de título, subtítulo y texto siguientes:
"HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30034-f96698fc/suspension-de-plano-procede-decretarla-en-favor-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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