DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO POR LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD POR JURISPRUDENCIA TEMÁTICA, SE AGOTAN CON LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD ENTERADA ACTUALIZADA, SIN QUE PROCEDA EL PAGO DE INTERESES Y RECARGOS (CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 29 DE JUNIO DE 2021. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERARDO DÁVILA GAONA (PRESIDENTE), JORGE MERCADO MEJÍA Y JOSÉ LUIS ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. SECRETARIA: MARÍA DE JESÚS GORDIÁN CUAUTLE.
II. Competencia.
50. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(13) así como 41 Ter, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(14) en relación con el diverso artículo primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(15) por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados en asuntos de su competencia por Tribunales Colegiados de este circuito.
51. Asimismo, conforme al Acuerdo General 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y se establecen sus bases, cuyo artículo primero transitorio refiere que el propio acuerdo entrará en vigor el uno de mayo de dos mil veintiuno; y la circular SECNO/17/2021,(16) en que se establecen que los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo, hasta tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el Acuerdo General 8/2015 y la demás normatividad aplicables.
III. Legitimación.
52. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse formulado por **********, apoderado de la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en términos de la copia digitalizada de la escritura pública **********, del protocolo de la Notaría Pública ********** del Estado de Quintana Roo, quien es parte quejosa y recurrente en los amparos en revisión contendientes en esta revisión.
53. Además, el mismo denunciante es autorizado en términos amplios del recurrente ********** en el toca 92/2020 del índice del Tercer Tribunal Colegiado de este circuito, así como del diverso recurrente ********** en el toca 496/2019 del consecutivo del Primer Tribunal Colegiado y en el toca 39/2020 del Tercer Tribunal Colegiado, ambos de este circuito.
54. Por lo que al tratarse del apoderado de la parte quejosa y recurrente en los amparos en revisión con criterios opuestos, materia de esta contradicción, le asiste legitimación para denunciar la contradicción de tesis de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(17)
IV. Existencia de la contradicción.
55. Resulta oportuno precisar que, para la existencia de la contradicción de tesis se requiere la concurrencia de los requisitos siguientes:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
56. Sobre el tópico, reviste importancia la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(18) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 165077, del tenor literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
57. Así como la jurisprudencia P./J. 72/2010(19) del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, con número de registro digital: 164120, de epígrafe y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
58. A partir de los anteriores lineamientos, así como de las consideraciones que sustentan las ejecutorias contendientes descritas con antelación, se arriba a la conclusión de que sí existe contradicción de criterios entre lo que considera el Segundo Tribunal Colegiado, y lo que sostienen el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, todos de este Vigésimo Séptimo Circuito.
59. En efecto, por un lado, el Segundo Tribunal Colegiado sostuvo que los efectos del fallo protector en contra de la norma fiscal declarada inconstitucional que establece el derecho de alumbrado público, implica el reintegro de la cantidad enterada con la respectiva actualización, pero que no es procedente el pago de intereses y recargos fiscales.
60. Y, por otro lado, el Primer y el Tercer Tribunal Colegiado (sic) del mismo circuito consideraron de manera coincidente que al declararse inconstitucional la ley tributaria que prevé el derecho de alumbrado público, el efecto de la ejecutoria de amparo implica devolver la cantidad pagada debidamente actualizada, y además, sí procede el pago de intereses y recargos.
61. En este orden de ideas, la contradicción de tesis se actualiza ante los mencionados razonamientos opuestos, los cuales derivan de los ejercicios interpretativos correspondientes sobre el mismo punto jurídico, a saber, las figuras jurídicas de intereses y recargos, siendo que los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a conclusiones contradictorias entre sí.
62. Así, acorde con las premisas apuntadas, es factible colegir que ante esos ejercicios interpretativos contradictorios se genera el cuestionamiento siguiente:
63. ¿Como efecto de la sentencia de amparo por la inconstitucionalidad de la ley fiscal que establece el derecho de alumbrado público, además de devolverse debidamente actualizada la cantidad enterada, procede o no el pago de intereses y recargos fiscales?
V. Criterio que debe prevalecer.
64. Como respuesta al cuestionamiento anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por este Pleno de Circuito al tenor de las consideraciones que se desarrollan en el presente apartado, el cual coincide sustancialmente con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito.
65. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 200/2010, señaló:
• El efecto de una sentencia de amparo contra una ley fiscal es devolver la cantidad actualizada.
• La devolución del entero de una contribución como efecto de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, no puede comprender el pago de intereses moratorios como indemnización a la quejosa, pues ello rebasa el objeto del artículo 80 de la Ley de Amparo abrogada(20) (cuyo texto no se contrapone al diverso 77 de la Ley de Amparo vigente).(21)
• Sin embargo, dicha obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de las leyes fiscales que regulen la contribución específica, en el entendido que de ser así esta obligación deriva de la ley, pero no de la sentencia de amparo.
66. Dicha contradicción de tesis originó la jurisprudencia 2a./J 137/2010, con rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)."
67. Asimismo, la Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 288/2012 consideró:
• En la contradicción de tesis 200/2010 se precisó que, tratándose de la declaración de inconstitucionalidad de una norma tributaria, el surgimiento de la posible indemnización por parte de la autoridad podría derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, pero ya no de la sentencia de amparo.
• Que el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal no contiene disposición expresa en torno a la procedencia del pago de intereses indemnizatorios, en virtud de la declaración de inconstitucionalidad de la contribución.
• Que el anterior criterio dicha Segunda Sala también lo sostuvo en el ADR. 2760/2011, en donde al interpretar los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación admitió que en adición a los efectos directos que provoca una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley fiscal (pago del entero y actualizaciones), es factible la devolución de intereses moratorios cuando la ley lo prevé.
• Que conforme a los preceptos invocados, el cumplimiento de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma fiscal, puede generar intereses indemnizatorios derivados de la mora de la autoridad en la devolución respectiva, siempre que, por ese motivo, así lo disponga la ley aplicable, la cual no deriva del efecto propio o directo del fallo constitucional, sino del diseño legislativo específico.
• Así, el Código Financiero del Distrito Federal ahí analizado que delimita el entero del tributo respectivo, no establece el señalamiento concreto de que el retardo por parte de la autoridad en la devolución del pago indebido en una sentencia de amparo, derivado de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, genere el pago de intereses por ese motivo.
• Que si bien el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal establece diversos supuestos vinculados a la devolución del pago de lo indebido, así como el pago de intereses, tales hipótesis normativas no pueden entenderse aplicables para validar la postura de que el Código Financiero del Distrito Federal abrogado sí contempla que el retardo por parte de la autoridad responsable en la devolución del pago de lo indebido, derivado de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, genera el pago de intereses.
68. La contradicción de tesis antes reseñada originó la jurisprudencia 2a./J. 144/2012 (10a.),(22) con número de registro digital: 2002141, con epígrafe: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDÓ SU PAGO. NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS POR EL RETRASO EN SU CUMPLIMIENTO (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)."
69. Lo anterior, porque esas hipótesis se materializan alrededor de casos ajenos o distintos de la declaración de inconstitucionalidad de la norma que regula la contribución, concretamente la devolución del pago indebido de contribuciones a propósito de una solicitud del particular o actuar oficioso de la autoridad, así como en el caso de que esa obligación derive del cumplimiento de su ilegalidad a través de la instancia jurisdiccional respectiva, cuya naturaleza es distinta a los efectos que produce una sentencia concesoria de amparo.
70. Máxime que en la contradicción de tesis 200/2010 la Segunda Sala determinó que si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal traía consigo que el pago efectuado por el contribuyente fuera equiparable a un pago de lo indebido, al haber cesado para el quejoso la hipótesis legal que había dado origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualizaba la procedencia del pago de intereses.
71. Expuesto lo anterior, debe precisarse que los artículos 25 a 28 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, que los Tribunales Colegiados interpretaron, establecen:
"Artículo 25. Cuando no se cubran las contribuciones o aprovechamientos en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones fiscales el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismos (sic) se efectúen, además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal, por falta de pago oportuno.
"Dichos recargos se calcularán aplicando el monto de las contribuciones actualizadas por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución de que se trate. La tasa de recargos moratorios para cada uno de los meses de mora será la que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación.
"Los recargos se causarán hasta por cinco años y se calcularán sobre el total de la contribución omitida excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución y las multas por infracciones a las disposiciones fiscales.
"También causarán recargos aquellos pagos que deban efectuar las personas obligadas a retener contribuciones, cuando no las enteren dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales.
"Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia.
"Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.
"Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calculen la Tesorería Municipal, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente.
"El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo u no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y una indemnización que en ningún caso será menor al 20% del valor del cheque, y se exigirá independiente de los demás conceptos a que se refiere este artículo.
"La indemnización mencionada, el monto del cheque y en su caso los recargos, se requerirán y cobrarán mediante el procedimiento administrativo de ejecución sin prejuicio, de la responsabilidad penal en que su caso procediere. (sic)"
"Artículo 26. Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente, a solicitud de parte interesada. La devolución se autoriza por acuerdo dictado por la autoridad fiscal competente, de conformidad con el reglamento interior de las Tesorerías Municipales y se hará efectivo mediante cheque expedido a nombre del contribuyente, dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud respectiva. La devolución será procedente únicamente, cuando se hubiera acreditado el entero de las cantidades cuya devolución se solicite.
"La solicitud de devolución deberá presentarse en la forma oficial aprobada para el efecto, con los datos, informes y documentos que la propia forma oficial señale. En caso de no existir formas aprobadas oficialmente para la solicitud de devolución, ésta se hará por escrito en el número de ejemplares, con los datos y anexos que señale la autoridad fiscal competente, en los términos del artículo 27 de este código.
"En todo caso, el gestionante de la devolución deberá acreditar su personalidad y derecho a solicitarla, en la forma establecida en el artículo 22 de este código. Los retenedores podrán solicitar la devolución; sin embargo, la devolución será pagada directamente a los contribuyentes.
"Si dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo no se efectúa la devolución, la tesorería deberá pagar, excluyendo los propios intereses y se computarán actualizaciones y recargos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 28 de este código.
"Los intereses se calcularán sobre las cantidades que proceda devolver desde la fecha en que se venció el plazo para la devolución, hasta aquella en que se efectúe o se pongan las cantidades a disposición del interesado. En ningún caso los intereses a cargo de las autoridades fiscales municipales excederán de los que se generen en cinco años."
"Artículo 27. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se anule, y quede firme tal determinación.
"Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del último párrafo de este artículo.
"Para efectos del presente artículo, se entiende por cumplimiento de acto de autoridad, aquel que limita la esfera jurídica de un particular y lo constriñe a sostener una conducta positiva o negativa.
"Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos de la misma, o no se hubieren exhibido el número de ejemplares de la solicitud de devolución o sus anexos, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días solvente dicho requerimiento, apercibiéndolo que, de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos sólo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos.
"El requerimiento que realice la autoridad fiscal en términos de este artículo será único y suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento o se cumpla el plazo para solventarlo.
"La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal."
"Artículo 28. Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de la fecha en la cual se hubiera presentado el correspondiente medio de defensa.
"Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, tratándose de los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos. Por los pagos posteriores, a partir de que se efectuó el pago.
"Cuando el fisco municipal deba pagar interés a los contribuyentes sobren las cantidades actualizadas que les deba devolver pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada. En el caso de que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que se refiere este artículo, o los paguen en cantidad menor, se considerará negado el derecho al pago de los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada según corresponda.
"La devolución se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades pagadas indebidamente.
"La devolución también podrá realizarse mediante certificados especiales expedidos a nombre de los contribuyentes o a nombre de terceros, los que se podrá utilizar para cubrir cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor.
"En este caso, se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad le notifique que le (sic) certificado especial está a su disposición. La vigencia de los certificados será de cinco años contados a partir que se notifique al contribuyente que está a su disposición."
72. De los artículos transcritos se aprecia que no establecen de manera expresa la procedencia del pago de intereses y recargos, en virtud de la tardanza en la devolución de la contribución enterada con su respectiva actualización, como parte del cumplimiento de la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la norma fiscal.
73. Si bien es cierto el artículo 26, párrafos primero y penúltimo, del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo establecen la procedencia del pago de intereses y recargos en los casos del pago de lo indebido a la autoridad exactora previstos en el numeral 28 del mismo código, conforme a los criterios reseñados en las contradicciones de tesis invocadas, tales supuestos no pueden aplicarse a los efectos que produce la sentencia de amparo al declarar que el derecho de alumbrado público es inconstitucional.
74. En esa vertiente, la Segunda Sala en la contradicción de tesis 200/2010 resolvió que el efecto de una sentencia de amparo que declara a una contribución inconstitucional se limita a devolver al quejoso la cantidad actualizada del entero realizado, pero ese efecto reparador no comprende el pago de intereses como indemnización por la tardanza de la autoridad fiscal en realizar dicha devolución.
75. No pasa desapercibido para este Pleno de Circuito que en la mencionada contradicción de tesis 200/2010, la Segunda Sala señaló que el pago de intereses como indemnización al contribuyente podría derivar del mandamiento expreso de la ley fiscal, pero no como consecuencia directa e inmediata de una sentencia de amparo.
76. Por tanto, como los artículos 25 a 28 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo no prevén expresamente la procedencia del pago de intereses y recargos como indemnización al contribuyente por el retardo en la devolución del derecho de alumbrado público declarado inconstitucional en la sentencia de amparo, este Pleno de Circuito concluye que dicho pago de intereses y recargos es improcedente.
77. Debe precisarse que, si bien es cierto los preceptos legales interpretados por los tribunales contendientes, expresamente establecen la posibilidad del pago de intereses y recargos como indemnización a favor del contribuyente, dichas hipótesis evidentemente se refieren a supuestos ajenos y distintos a la devolución de una contribución derivada de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que establece el tributo.
78. Por tanto, cuando se declare la inconstitucionalidad del pago del derecho de alumbrado público, en cumplimiento al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo,(23) el Juez de Distrito deberá ordenar la devolución del monto enterado con su respectiva actualización, con lo que una vez realizada quedará debidamente cumplida la ejecutoria de amparo, sin que sea procedente ordenar a la autoridad fiscal que pague intereses y recargos como indemnización al contribuyente quejoso por la tardanza en la devolución de la contribución actualizada.
79. Lo anterior, en virtud de que, como ya se expuso, los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal se agotan con la devolución de la cantidad enterada debidamente actualizada, con lo cual se restablecen las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de ahí que el pago de intereses y recargos como indemnización por la temporalidad que la autoridad tarda en devolver la contribución actualizada, no es procedente, en virtud de que, por un lado, dichos intereses y recargos no formaban parte del patrimonio de la parte quejosa por lo que no pueden ser materia de la restitución de la sentencia de amparo y, por otro lado, los artículos 25 a 28 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo no establecen expresamente que la dilación por parte de la autoridad fiscal en la devolución de la contribución actualizada en cumplimiento a una sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la norma tributaria, genera el pago de intereses y recargos.
80. En esa línea de pensamiento, en los casos en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la ley fiscal, para el efecto de devolver el importe por concepto del derecho de alumbrado público con su respectiva actualización, no es posible aplicar por analogía a la autoridad fiscalizadora municipal la sanción del pago de intereses y recargos a que hace alusión la jurisprudencia PC.XXVII. J/22 A (10a.), emitida por este Pleno de Circuito, con rubro: "INTERESES Y RECARGOS AL DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. MOMENTO EN QUE SE ACTUALIZA EL DERECHO A RECIBIRLOS CON MOTIVO DE UN APROVECHAMIENTO CUANDO NO SE HAYA SOLICITADO SU DEVOLUCIÓN Y ÉSTA PROCEDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).", dado que, en principio, como acertadamente lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado, ahí se analizó el supuesto de devolución de pago indebido respecto de un aprovechamiento consistente en una multa de tránsito aplicada de manera ilegal, y no así la hipótesis relativa a la declaración de inconstitucionalidad de una norma fiscal, que en la especie establece el derecho de alumbrado público. Además, la materia de análisis en ese criterio jurisprudencial fue analizar el momento a partir del cual se generaban los intereses y recargos en los supuestos de devolución de un aprovechamiento que fue pagado indebidamente.
81. En concl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30194-06effa85/derecho-de-alumbrado-publico-los-efectos-restitutorios-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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