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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 8, FRACCIÓN XIX, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE ESA ENTIDAD). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO POR EL CUAL EL EJECUTIVO LOCAL SE ASUME COMO OBLIGADO PRINCIPAL EN LOS FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CONTRATADOS POR LAS COMISIONES ESTATALES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, TIJUANA, TECATE Y ENSENADA, AL NO ENCONTRARSE SUJETA SU VALIDEZ A LA DEL DIVERSO EN EL QUE SE ORDENÓ LA TRANSFERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA A LOS MUNICIPIOS Y QUE FUE DECLARADO INCONSTITUCIONAL EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (DECRETO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MEDIANTE EL CUAL SU TITULAR SE ASUME COMO OBLIGADO PRINCIPAL, EN LUGAR DE DEUDOR SOLIDARIO O SUSTITUTO, EN LOS FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO CONTRATADOS POR LAS COMISIONES ESTATALES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, TIJUANA, TECATE Y ENSENADA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IV. DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU AUTORIZACIÓN. V. DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. EXIGENCIAS Y PRINCIPIOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. ES ATRIBUCIÓN DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS LA CONTRATACIÓN DE OBLIGACIONES O EMPRÉSTITOS BAJO LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO SIEMPRE QUE SE DESTINEN A INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS O A SU REFINANCIAMIENTO O REESTRUCTURA Y NO CONTRAVENGAN LAS BASES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y EN LAS LEYES LOCALES. VII. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL. LOS EMPRÉSTITOS SON INGRESOS MUNICIPALES NO SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. VIII. DEUDA PÚBLICA. ES TODA AQUELLA OPERACIÓN DE LA QUE RESULTA EL INGRESO DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO AL ESTADO Y UN CORRELATIVO EGRESO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA SOLVENTAR PRESTACIONES QUE RESULTEN RELACIONADAS. IX. DEUDA PÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DECRETO IMPUGNADO POR EL CUAL EL EJECUTIVO LOCAL SE ASUME COMO OBLIGADO PRINCIPAL, EN LUGAR DE SOLIDARIO O SUSTITUTO, EN LOS FINANCIAMIENTOS A LARGO PLAZO CONTRATADOS POR LAS COMISIONES ESTATALES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, TIJUANA, TECATE Y ENSENADA NO GENERA NI CONSTITUYE DEUDA PÚBLICA EN TANTO QUE SÓLO IMPLICA LA MODIFICACIÓN DEL GRADO DE EXIGIBILIDAD DE AQUÉL SOBRE EL CRÉDITO PREVIAMENTE ADQUIRIDO POR TALES COMISIONES, POR LO QUE NO SE VULNERA LA FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL PARA LA APROBACIÓN DE LOS EMPRÉSTITOS ESTATALES (DECRETO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MEDIANTE EL CUAL SU TITULAR SE ASUME COMO OBLIGADO PRINCIPAL, EN LUGAR DE DEUDOR SOLIDARIO O SUSTITUTO, EN LOS FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO CONTRATADOS POR LAS COMISIONES ESTATALES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, TIJUANA, TECATE Y ENSENADA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS, DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES, O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LAS VIOLACIONES A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LA LEY QUE REGULA LOS FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES PARA LA DISCIPLINA FINANCIERA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS MUNICIPIOS PARA QUE EL EJECUTIVO LOCAL ASUMIERA EL CARÁCTER DE OBLIGADO PRINCIPAL, EN LUGAR DE SOLIDARIO O SUSTITUTO, NO IMPLICAN UN PLANTEAMIENTO SOBRE LA AFECTACIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL CONGRESO ACTOR SINO UN ASPECTO DE MERA LEGALIDAD QUE NO PUEDE SER MATERIA DE ESTUDIO EN ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL (DECRETO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MEDIANTE EL CUAL SU TITULAR SE ASUME COMO OBLIGADO PRINCIPAL, EN LUG

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 121/2021. · Registro digital (IUS): 31199
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-01-20
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo III, Pág.2605.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 121/2021. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y PRESIDENTA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. AUSENTE EL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente.

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 121/2021, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Baja California, contra el Poder Ejecutivo del mismo Estado.

El problema jurídico a resolver por esta Sala consiste en determinar si el decreto impugnado, mediante el cual el Ejecutivo demandado se asume como obligado principal –en lugar de deudor solidario o sustituto– en los financiamientos y obligaciones contratados por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, vulnera la esfera competencial del Congreso Local al no haberse cumplimentado con el deber de autorización previa en materia de adquisición de deuda pública.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial automatizado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Manuel Molina García y Araceli Geraldo Núñez, presidente y secretaria de la Mesa Directiva de la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, respectivamente, promovieron controversia constitucional por actos del gobernador de la referida entidad federativa.

2. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1o., 14, 16 y 117, fracción VIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Narró los antecedentes de su demanda y formuló los conceptos de invalidez que estimó pertinentes a fin de demostrar la inconstitucionalidad del decreto impugnado.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda el Poder Legislativo del Estado de Baja California expuso los siguientes conceptos de invalidez:

• El decreto impugnado viola los artículos 14, 16 y 117, fracción VIII, párrafo tercero, de la Constitución Federal, así como el contenido de los numerales 12, 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 10, 11 y 24 de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California, ya que el Ejecutivo Estatal invade competencias al asumirse como deudor principal en los financiamientos y obligaciones contratadas a largo plazo por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Ensenada, Tijuana y Rosarito –en los que le asistía el carácter de deudor solidario o sustituto–, lo que se traduce en la adquisición o contratación de deuda pública sin la autorización previa de este Congreso Estatal, ejerciendo con ello facultades exclusivas de este órgano colegiado y además realizando dichas acciones sin tomar en consideración la opinión de los referidos organismos paraestatales y sus acreedores.

Los citados preceptos legales le confieren en exclusiva la atribución al Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes, de autorizar la contratación de financiamientos y obligaciones, así como de refinanciamientos y reestructuraciones, analizando las particularidades de cada una a la luz de las disposiciones de disciplina financiera aplicables y mediante el establecimiento de los montos máximos para su celebración. Cuestión que fue absolutamente inobservada en el presente caso.

• A través del decreto impugnado el gobernador del Estado determinó, unilateralmente, reemplazar o sustituir a las comisiones estatales en el cumplimiento de financiamientos y obligaciones a largo plazo a su cargo, es decir, no se trata de una simple modificación de las condiciones ya pactadas por las partes, ni de la contratación de un financiamiento nuevo por parte de las citadas paraestatales, sino de reemplazar a uno de los celebrantes y de la absorción o adquisición de deuda pública de forma directa por el Ejecutivo Estatal.

Lo anterior, sin obtener o contar con la autorización de este Congreso Estatal, pues al asumir la figura de deudor principal, el gobernador del Estado se encuentra constreñido a cumplimentar directamente las obligaciones adquiridas por todas las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, –todas al mismo tiempo–, por tanto, resulta evidente que dicha circunstancia debió ser analizada y, en su caso, autorizada por este órgano legislativo, ya que no se trata de una simple reestructura del clausulado, sino de un cambio esencial en los elementos de los contratos respectivos y, por ende, esto implica la afectación de los recursos públicos que se encuentran a su disposición.

• Finalmente, en caso de que se estime que sí nos encontramos en presencia de una reestructuración de obligaciones o de financiamientos, es oportuno resaltar que para que dicha figura pueda actualizarse era necesario que se realizara por voluntad de las partes.

Sin embargo, del decreto que se impugna, no se advierte que, previo a la emisión del acto y de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, se hubiera realizado alguna solicitud de reestructuración por parte del deudor principal, es decir, no existe antecedente de que las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado hubieran solicitado a las instituciones titulares de los créditos que el Poder Ejecutivo asumiera el papel de deudor principal, ni se advierte que dichos acreedores hayan aceptado la reestructura, infringiendo así el procedimiento correspondiente en términos de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios.

4. Admisión y trámite. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 121/2021, y ordenó turnarlo al Ministro Alberto Pérez Dayán para que instruyera el procedimiento, por conexidad con las controversias 97/2021, 98/2021 y 99/2021, ya que las cuatro se refieren al mismo tema jurídico.

5. Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de veintidós de octubre siguiente, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California; y le requirió para que al contestar la demanda remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con el decreto impugnado, acompañado de un ejemplar en original o copia certificada del Periódico Oficial de esa entidad de siete de septiembre del año mencionado.

6. De igual forma ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo al consejero jurídico, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, dando respuesta a la demanda. Y toda vez que no exhibió copia certificada de todas las documentales relacionadas con el decreto administrativo impugnado, se le requirió para que las remitiera dentro del plazo establecido.

8. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós se tuvo al delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California desahogando los requerimientos formulados.

9. En dicho informe el Ejecutivo se limitó a señalar que el decreto que se impugna es cierto, sin que manifestara algún argumento para sustentar su constitucionalidad, ni tampoco propuso alguna consideración respecto a la procedencia del presente medio de control constitucional.

10. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, y no expresó manifestación alguna.

11. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

12. Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós el Ministro instructor decretó el cierre de la instrucción.

13. Avocamiento. Previo el dictamen del instructor del procedimiento, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Consecuente con ello, la Ministra presidenta de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la presente controversia constitucional.

I. COMPETENCIA

14. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 10, fracción I, 11, fracción V, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; con relación a los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, ya que no se impugnan normas de carácter general, sino que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa. Ausente el Ministro Luis María Aguilar Morales.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

16. Los actos cuya invalidez se demandan son:

I. El Decreto del Ejecutivo del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual el titular de tal Poder se asume como obligado principal en los financiamientos y obligaciones contratados por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, en los que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California se encuentre constituido como deudor solidario o sustituto y se trate de deuda pública a largo plazo para efectos de que este último asuma la condición de deudor principal frente a las instituciones titulares de dichos contratos.

II. Todas las actuaciones que se realicen en ejecución o cumplimiento al referido decreto.

17. El decreto impugnado precisa lo siguiente:

"PRIMERO.—Que de acuerdo con el artículo 7o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el acceso al agua para consumo personal y doméstico es un derecho que tiene toda persona, por lo que las autoridades en la materia tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con la prestación de este servicio en los términos de la ley.

"SEGUNDO.—Que en cumplimiento de lo anterior, las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, como organismos responsables de todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas negras de cada uno de los Municipios a que correspondan, así como de la ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos sistemas, su operación, mantenimiento y la prestación a los usuarios de los servicios mencionados; ha tenido la necesidad de celebrar, previa autorización del Congreso del Estado, diversos financiamientos y obligación, con el propósito de obtener recursos económicos para los fines antes mencionados.

"TERCERO.—Que en términos de los decretos de autorización de los financiamientos y obligaciones mencionados en el considerando anterior, el Ejecutivo del Estado, se constituyó como aval o deudor solidario o subsidiarios de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, a fin de respaldar a las entidades paraestatales y que tanto las instituciones acreedoras como las propias entidades, contarán con la seguridad del pago de las obligaciones con los recursos estatales que se requirieran, y que los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento no dejarán de prestarse en el Estado.

"CUARTO.—Que el Plan Estatal de Desarrollo vigente, prevé como un objetivo general de la administración a mi cargo, el lograr un gobierno sobrio, austero, ordenado y eficiente con enfoque en los resultados y brindar servicios de calidad a la población bajacaliforniana, lo que pretende lograrse a través de contribuir a la austeridad del gobierno, responsable en el gasto mediante políticas públicas orientadas a sanear a la hacienda estatal y mejorar el desempeño gubernamental del Estado; implementando estrategias financieras para contribuir al balance ingreso-gasto de los recursos públicos del Gobierno del Estado, para mejorar su desempeño financiero, mediante una adecuada administración del endeudamiento heredado compuesto por pasivos diversos y deuda pública.

"QUINTO.—Que en congruencia y respeto al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera necesario que el Gobierno del Estado propicie las condiciones administrativas y financieras para materializar la transferencia de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, que actualmente prestan las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, hacia los Municipios, en un entorno de finanzas saludables en el que cada Municipio pueda iniciar la prestación de los servicios bajo los esquemas, estrategias y políticas públicas que considere pertinentes y más convenientes para su población.

"SEXTO.—Que para el logro de lo anterior, el Ejecutivo Estatal asume la responsabilidad de sanear las finanzas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos y, en consecuencia, contribuir a la mejor prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; por lo que se hace necesario consolidar en la administración pública central, los compromisos contractuales asumidos por las referidas entidades que constituyen deuda pública de acuerdo con la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios, reestructurando los financiamientos y las obligaciones que les dieron origen.

"SÉPTIMO.—Que acorde a lo dispuesto en los artículos 13 y 25 de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios, es competencia del gobernador del Estado autorizar las operaciones de reestructura del Poder Ejecutivo en las que exista una mejora en las condiciones contractuales; no se incremente el saldo insoluto, y no se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos, no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del financiamiento.

"OCTAVO.—Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, el gobernador del Estado podrá expedir, en los términos de la ley, los acuerdos y disposiciones de carácter general para el buen desempeño de sus atribuciones, los cuales para su validez deberán ser firmados por el titular de la Secretaría General de Gobierno y ser publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que se expide el siguiente:

"DECRETO

"PRIMERO.—El Gobierno del Estado de Baja California se asume como obligado principal en los financiamientos y obligaciones contratados por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, en los que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California se encuentre constituido como deudor solidario o sustituto y se trate de deuda pública a largo plazo para efectos de que este último asuma la condición de deudor principal frente a las instituciones titulares de dichos contratos.

"SEGUNDO.—Se instruye a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California y a las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, para efectos de que en términos de lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios, realicen las gestiones necesarias a fin de que, en los financiamientos y obligaciones contratados y referidos en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California se asuma como deudor principal, sin modificar ninguna otra de las condiciones pactadas en dichos instrumentos.

"TERCERO.—Se instruye al titular de la Secretaría de Hacienda para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios, informe al Congreso del Estado de las acciones a su ejecución conforme a lo previsto en las disposiciones de disciplina financiera aplicables.

"TRANSITORIO

"Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California."

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

18. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria, se advierte que existe el decreto impugnado, ya que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el siete de septiembre de dos mil veintiuno –siendo un principio general que el derecho no es objeto de prueba–.

IV. OPORTUNIDAD

19. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"...

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y ..."

20. Como se advierte, el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

21. En el caso, si el decreto combatido fue publicado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, el plazo referido transcurrió del ocho de septiembre al veinticinco de octubre de ese mismo año, descontándose de dicho plazo los días once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre, así como, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de octubre, todos de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles, en términos de los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 22. Luego, si la demanda de controversia constitucional se recibió mediante buzón judicial automatizado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, es claro que su presentación resultó oportuna.

23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa. Ausente el Ministro Luis María Aguilar Morales

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V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

24. En la especie se cumple con el requisito en comento, atento a los razonamientos que se desarrollan a continuación:

25. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"...

"h) Dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."

26. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria(1) señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre los Poderes de los Estados, con relación a la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.

27. En el sumario que se examina se tiene que la demanda fue promovida por el Poder Legislativo del Estado de Baja California por conducto de los diputados presidente y secretaria de la Mesa Directiva de la Vigésima Cuarta Legislatura del Congreso de dicho Estado, quienes cuentan con legitimación para promover el presente medio de control constitucional de conformidad con los artículos mencionados; y porque esa personalidad la acreditaron con copia certificada del acta de sesión de uno de agosto de dos mil veintiuno.

28. Además, dichos servidores públicos cuentan con facultades para representar al demandante según el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.(2) Por tanto, se estima que cuenta con legitimación activa en la presente instancia.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

29. A su vez la legitimación pasiva la tiene el Poder Ejecutivo. Conforme a los artículos 10, fracción II,(3) y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

30. En relación con la legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, contestó la demanda el consejero jurídico de esa entidad, Juan José Pon Méndez, quien acreditó ese carácter con copia certificada de su nombramiento de uno de enero de dos mil veintidós.(4)

31. Asimismo, los artículos 35, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California(5) y 8, fracción XIX, del Reglamento Interno de la Consejería Jurídica del Estado de Baja California,(6) prevén entre otras cuestiones que al Consejero Jurídico le corresponde representar al gobernador, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal. Por tanto, se estima que el consejero jurídico del Estado de Baja California cuenta con la representación para acudir a esta instancia.

32. Por ende, la autoridad demandada tiene legitimación pasiva para comparecer al juicio, ya que a ésta se le atribuye la emisión del decreto impugnado y ha quedado demostrado que el funcionario que comparece cuenta con facultades para representarlo.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

33. El Ejecutivo demandado no hizo valer alguna causa de improcedencia, siendo que esta Corte Constitucional no advierte que se actualice alguna en el presente caso.

34. Sin embargo, se estima oportuno, como consideración previa al estudio de la presente controversia constitucional, aclarar que, pese a que el decreto combatido guarda cierta relación con el diverso Decreto No. 289, mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California –publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veintinueve de julio de dos mil veintiuno–, cuya invalidez total fue declarada por el Pleno de este Tribunal Constitucional al resolver la acción de inconstitucionalidad 119/2021 y su acumulada 128/2021.(7)

35. Lo cierto es que ello no implica que hayan cesado los efectos del decreto impugnado, pues como se razonará enseguida, la validez de dicho acto administrativo no se encuentra sujeta a la subsistencia de las normas generales declaradas como inconstitucionales por el Pleno de esta Corte en la citada acción de inconstitucionalidad.

36. Se dice lo anterior pues, al resolver el recurso de queja 4/2021, esta Segunda Sala distinguió claramente entre el decreto que es materia de la presente controversia constitucional –mediante el cual el Ejecutivo de Baja California se asume como obligado principal en los financiamientos y obligaciones contratados por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada– y el diverso Decreto 289 –mediante el cual el Congreso de dicha entidad ordenó la transferencia de los servicios públicos de agua, del Gobierno Estatal hacia los gobiernos municipales de Baja California– que fue invalidado por esta Corte Constitucional.

37. En efecto, en dicho precedente esta Segunda Sala sostuvo que el referido Decreto 289 pretendía materializar la transferencia de servicios públicos de agua, en cambio, en el diverso Decreto Ejecutivo materia de análisis en el presente caso el entonces gobernador de Baja California se asumió como deudor principal, en lugar de solidario o sustituto, respecto a la deuda a largo plazo contraída por las Comisiones Estatales que se encargan de la prestación del servicio público de agua –ante la eventualidad de que, efectivamente, sean los Municipios quienes empiecen a prestar tales servicios hídricos–.

38. Es decir, el decreto impugnado fue emitido aun ante la posibilidad de que esta Corte Constitucional declarara inválido el sistema de transferencia de servicios de agua pública, de ahí que las consecuencias jurídicas derivadas de asumirse como deudor principal –en lugar de solidario o sustituto–, debían correr a cargo del Ejecutivo Local, al no esperar el fallo de este tribunal previo a determinar si era necesario o adecuado realizar tal modificación en su carácter de obligado respecto a la deuda pública adquirida por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada.

39. Las consideraciones de esta Sala que sustentan los anteriores asertos se reproducen a continuación:

"[L]os actos relativos a las modificaciones respecto al carácter de deudor del Ejecutivo Local, en tratándose de contratos, financiamientos y obligaciones adquiridas por las citadas comisiones estatales, se constituyen en realidad en meros actos emitidos ante la eventualidad de que, efectivamente, pueda llevarse a cabo la transferencia de servicios públicos de agua, de las Comisiones Estatales hacia los Municipios; posibilidad que, desde luego, está sujeta a que este Tribunal Constitucional declare la validez de las normas generales que son materia de impugnación en la acción de inconstitucionalidad (119/2021 y su acumulada 128/2021).

"...

"Siendo que es el Ejecutivo Local quien, anticipadamente, ha decidido asumir las consecuencias fácticas y jurídicas que, en todo caso, deriven del hecho de constituirse como deudor principal respecto a la deuda pública a largo plazo adquirida por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, aun ante la posibilidad de que este tribunal declare la invalidez de las normas generales que, precisamente, ordenan la transferencia estatal de los servicios públicos de agua, hacia los referidos Municipios y, por ende, no pueda materializarse.

"...

"En suma, el decreto referido ... se traduce en un acto atinente a la materia de la deuda pública, en caso eventual de que exista la permisión constitucional de realizar tal transferencia –esto es–, a través del reconocimiento de validez de las normas generales impugnadas en la presente acción.

"...

"Finalmente, no se inadvierte que la posibilidad de que la medida preparatoria adoptada por el Ejecutivo Local logre su finalidad se encuentra sujeta a lo que se resuelva en este medio de control constitucional; sin embargo, como se ha razonado, ese ‘riesgo’ de asumir una acción jurídica, cuya razón de ser, pueda verse impactada de manera relevante por la decisión que recaiga a la acción de inconstitucionalidad –esto es, respecto a la constitucionalidad de la transferencia de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales pretendida por las autoridades demandadas–, ha sido asumido por el Gobernador del Estado."

40. Como se aprecia de lo anterior, subsiste la materia de la presente cont

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31199-e141e531/i-controversia-constitucional-las-personas-titulares-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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