I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIPUTADOS, PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CUENTAN CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA Y 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MAGISTRATURA QUE PRESIDE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA REPRESENTAR EN EL JUICIO AL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA (ARTÍCULO 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ESTÁ FACULTADA PARA REPRESENTAR EN EL JUICIO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA (ARTÍCULOS 40, 50 Y 52, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA; 26, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; Y 6, FRACCIÓN XXIII, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA EXIGENCIA DE QUE TODO PROYECTO DE LEY O DECRETO QUE SEA SOMETIDO A VOTACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL DEBE CONTAR CON UNA ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO NO ES APLICABLE AL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. VI. PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS REGLAMENTOS EMITIDOS POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO CARECEN DE LA NATURALEZA DE INICIATIVAS DE LEY O DECRETOS QUE DEBAN SER SOMETIDOS A UN PROCESO LEGISLATIVO Y, POR TANTO, NO REQUIEREN CONTAR CON UNA ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS (ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 293 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL PARA COBRAR APORTACIONES A LOS MAGISTRADOS RETIRADOS A EFECTO DE CUBRIR SU PROPIO HABER DE RETIRO (ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 293 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VIII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NATURALEZA Y SUPUESTOS DE ACTUALIZACIÓN DEL HABER DE RETIRO DE SUS MAGISTRADOS. IX. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ES POSIBLE ACTUALIZAR A LA BAJA EL MONTO DEL HABER DE RETIRO DE SUS MAGISTRADOS CUANDO EXISTE INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PAGARLO (ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 293 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). X. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ES POSIBLE ACTUALIZAR A LA ALZA EL MONTO DEL HABER DE RETIRO DE SUS MAGISTRADOS, SIEMPRE Y CUANDO NO RESULTE MAYOR AL SALARIO ESTABLECIDO PARA EL CARGO DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NI SEA MAYOR A LA INFLACIÓN (ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 293 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XI. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMA QUE ESTABLECE QUE SUS MAGISTRADOS TENDRÁN DERECHO A PERCIBIR UN HABER DE RETIRO DE HASTA DOCE AÑOS SI FUERON NOMBRADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL "DECRETO NO. 334, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REFORMA AL ARTÍCULO 168, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA ADICIÓN DEL TÍTULO DÉCIMO QUINTO, CAPÍTULO ÚNICO DENOMINADO DEL HABER DE RETIRO QUE CONTIENE EL ARTÍCULO 293, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL HABER DE RETIRO SERÁ PROPORCIONAL A LOS AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS CUANDO EL MAGISTRADO LLEGUE A LA EDAD DE RETIRO FORZOSO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 293 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO. 140898-2 DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE PARA LA CREACIÓN DEL FONDO JUDICIAL DE RETIRO PARA EL PAGO DEL HABER DE RETIRO PARA MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, NO DETERMINA LA VALIDEZ DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 293 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. XIII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE APORTACIONES DE SUS MAGISTRADOS EN ACTIVO PARA EL HABER DE RETIRO SÓLO PUEDE JUSTIFICARSE MEDIANTE PREVISIONES ACTUARIALES CONTABLES (ARTÍCULOS 4, 15 Y 18 DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 293 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 338/2019. PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA. 12 DE JULIO DE 2022. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
ÍNDICE TEMÁTICO
Se impugna el Reglamento del Artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial Local el seis de septiembre de dos mil diecinueve.
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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día doce de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 338/2019, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Baja California.
I. ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. El trece de noviembre de dos mil diecinueve, los diputados Catalino Zavala Márquez y Araceli Geraldo Nuño, ostentando el carácter de presidente y secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, promovieron controversia constitucional en contra del Poder Judicial del Estado de Baja California, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el director del Periódico Oficial, el secretario de Planeación y Finanzas, el Auditor Superior de Fiscalización, el titular del Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, todos del Estado de Baja California.
2. En su demanda solicitaron la declaración de invalidez del Reglamento del Artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa, Número 38, tomo CXXVI, de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve.
3. Como preceptos violados señalaron los artículos 1o., 14, 16, 49, 124, 127, 128, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 13, 27, fracción I, 97, fracciones V y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
4. En sus conceptos de invalidez, en síntesis, plantearon una violación a su ámbito competencial al considerar que dicho reglamento no se ajusta a las disposiciones del Decreto Número 334 ni a lo que señala la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.
5. Registro y turno de la demanda. El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente y turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
6. Requerimiento al Poder Legislativo. El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve se requirió a los promoventes para que acreditaran su personalidad.
7. Desahogo del requerimiento. El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el delegado de la parte actora, Jorge Alberto Escárcega Germán, dio cumplimiento al requerimiento.(1)
8. Admisión de la demanda. El quince de enero de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió la demanda en contra de los Poderes demandados. No la admitió respecto de las demás autoridades en congruencia con el criterio del Pleno contenido en la tesis P./J. 84/2000, de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."(2)
9. Contestación del Poder Judicial. El dieciocho de agosto de dos mil veinte, Jorge Ignacio Pérez Castañeda, quien se ostentó como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, compareció a dar contestación a la demanda en representación del Poder Judicial demandado.
10. En su contestación sostuvo la validez del reglamento impugnado. Asimismo, planteó la improcedencia de la controversia constitucional por ausencia de una afectación competencial al ámbito de atribuciones del Poder Legislativo.
11. Contestación del Poder Ejecutivo. El veintisiete de agosto de dos mil veinte, Amador Rodríguez Lozano, quien se ostentó como secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, compareció a dar contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo demandado.
12. En su contestación sostuvo la inconstitucionalidad del reglamento impugnado por los mismos motivos que señaló el Poder Legislativo actor.
13. Alegatos. El Poder actor y los Poderes Ejecutivo y Judicial demandados no formularon alegatos.
14. Audiencia. Sustanciado el procedimiento, el nueve de marzo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia y el expediente se puso en estado de resolución.
II. COMPETENCIA
15. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 1o. de la ley reglamentaria;(4) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(6) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes del Estado de Baja California con motivo de la emisión de una norma general.
III. CERTEZA Y PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS
16. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria,(7) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados, descartando todas las manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto último, con apoyo en el criterio del Pleno contenido en la tesis P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(8)
17. En la demanda se solicitó la declaración de invalidez del Reglamento del Artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, específicamente, de los artículos 4, 8, párrafo segundo, 9, 11, fracciones I y II, y cuarto transitorio, mediante el cual se otorgó un haber de retiro a los Magistrados Numerarios del Poder Judicial del Estado de Baja California, cuya existencia quedó acreditada con la publicación en el Periódico Oficial de la entidad federativa de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve.
IV. LEGITIMACIÓN
18. De conformidad con el artículo 10, fracciones I y II, de la ley reglamentaria,(9) se le reconoció legitimación, (I) como actor, al Poder Legislativo del Estado de Baja California porque promovió la controversia constitucional; (II) como demandados, (A) al Poder Judicial y (B) al Poder Ejecutivo del mismo Estado, ya que a ellos se les atribuye la emisión y promulgación del reglamento reclamado.
19. Por disposición del primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(10) tanto el actor como los demandados deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que estén facultados para representarlos en términos de la legislación que los rige.
I. Legitimación activa
20. En representación del actor suscribieron la demanda los diputados presidente y secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Baja California, quienes acreditaron su personalidad con el acta de la sesión de instalación de la mesa directiva de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en la cual se advierte que fueron electos para ocupar esos cargos durante el periodo comprendido del primero de agosto al treinta de noviembre de dos mil diecinueve.
21. A dichos legisladores se les reconoce legitimación para actuar en representación del Poder Legislativo actor al contar con la representación legal del Congreso, por disposición de los artículos 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,(11) y 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California.(12)
II. Legitimación pasiva
A) Poder Judicial del Estado de Baja California
22. A juicio compareció el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, carácter que acreditó con copia certificada de su nombramiento.
23. A dicho Magistrado se le reconoce legitimación para actuar en representación del Poder Judicial demandado al contar con la representación legal del mismo de conformidad con el artículo 57 de la Constitución Política Local.(13)
B) Poder Ejecutivo del Estado de Baja California
24. A juicio compareció el secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, personalidad que acreditó con copia certificada de su nombramiento.
25. De conformidad con los artículos 40, 50 y 52, fracción III, de la Constitución Política Local;(14) 26, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California(15) y 6, fracción XXIII, del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California,(16) la Consejería está facultada para representar al titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa en este tipo de juicios.
26. Por consiguiente, las partes gozan de legitimación en el juicio y sus representantes acreditaron contar con facultades para actuar en su nombre.
V. OPORTUNIDAD
27. En atención a que el objeto de estudio de la presente controversia constitucional se trata de una norma general, el plazo de treinta días para la presentación de la demanda se debe computar a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma, lo anterior de conformidad con el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria.(17)
28. Para el cómputo del plazo se tomará la publicación como fecha de conocimiento del decreto impugnado, esto es, el seis de septiembre de dos mil diecinueve.
29. En función de dicha fecha, el plazo inició el lunes nueve de septiembre de dos mil diecinueve y feneció el lunes veintiuno de octubre del mismo año;(18) lo anterior, de conformidad con los artículos 2 y 3, fracción II, de la ley reglamentaria,(19) en relación con el punto primero, incisos a), b), h) y n), del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.(20)
30. Por tanto, si el escrito por el que se promovió la controversia constitucional se presentó el penúltimo día del plazo señalado, se concluye que su presentación fue oportuna.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
31. Falta de interés legítimo. El Poder Judicial demandado planteó la improcedencia de la controversia constitucional prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria,(21) en relación con el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal, al considerar que el Poder Legislativo actor carece de interés legítimo para reclamar el reglamento impugnado, ya que a su parecer éste no provoca afectación alguna en su esfera de competencia.
32. A su juicio, las violaciones que plantea son de carácter formal, en específico, relacionadas con el trámite legal administrativo para aprobar el reglamento impugnado, ya que el Poder Legislativo actor considera que "se debió solicitar la opinión de impacto presupuestario que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, así como la opinión de la Auditoría Superior del Estado, trámites cuya regulación se encuentran establecidas en la legislación secundaria y que de ninguna manera versan sobre el principio de división de Poderes". En este sentido, sostiene que no se planteó una invasión competencial.
33. El motivo de improcedencia se desestima, primero, porque no se puede determinar si el Poder Legislativo demandado resiente o no una afectación en su esfera de atribuciones sin haber estudiado antes el fondo del asunto. Resulta aplicable el criterio del Pleno contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.";(22) segundo, porque el Poder Legislativo actor no sólo planteó vicios formales en la emisión del reglamento impugnado, también planteó una violación a su potestad legislativa al considerar que el Poder Judicial demandado se excedió en el ejercicio de la facultad reglamentaria que le otorgó al Consejo de la Judicatura para determinar el esquema, cuantía, temporalidad y condiciones para la entrega del haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad federativa. En este sentido, de resultar cierto el concepto de invalidez relativo, el Poder Judicial materialmente estaría legislando en contravención del artículo 116 constitucional, en la parte que prohíbe reunir el ejercicio de dos Poderes en una misma persona o corporación.
VII. ESTUDIO DE FONDO
34. La materia de la presente controversia constitucional se constriñe a analizar la validez del Reglamento del Artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, cuyo texto es el siguiente:
"Reglamento del Artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.
"Magistrado presidente del Consejo de la Judicatura y presidente del Tribunal Superior de Justicia, hago saber, que el Pleno de este órgano colegiado, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2019, aprobó el siguiente reglamento: Sección previsiones generales.
"Artículo 1. El presente ordenamiento es reglamentario del contenido del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, y establece las normas que deberán observarse para el otorgamiento del haber de retiro de los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California.
"Artículo 2. Para efectos del presente reglamento se entiende por:
"I. Consejo: Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California.
"II. Decreto 334. Al Decreto 334, que aprobó la reforma a los artículos 168, fracción II, así como la adición del título décimo quinto, capítulo único denominado ‘Del haber de retiro’ que contiene el artículo 293, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 12 de abril de 2019.
"III. Fondo: Fondo para el otorgamiento del haber de retiro que dispone el Decreto 334, el cual se compone del contrato de fideicomiso irrevocable No. 140889-2 para la creación del fondo judicial de retiro para el pago del haber de retiro de los Magistrados Numerados del H. Tribunal Superior de Justicia, celebrado entre el Poder Judicial del Estado y el Banco Nacional de México S.A. El cual fue aprobado mediante Decreto Legislativo Número 36 por parte de la XX Legislatura del Estado de Baja California, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 18 de febrero de 2011, partida 10241 del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial denominada: ‘Reserva para integrar el fideicomiso del fondo judicial de retiro’; así como de asignaciones presupuestales que destine el Poder Judicial del Estado y las aportaciones que realicen los Magistrados Numerarios y que se incorporen a dicho fideicomiso.
"IV. Haber de retiro: Es la remuneración que percibirán los Magistrados en retiro, en la cuantía y tiempo que disponen el presente reglamento.
"V. Jueces de primera instancia: a los Jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Baja California.
"VI. Magistrado en retiro: Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia que ha culminado el ejercicio del encargo por encuadrar en alguno de los supuestos que dispone el artículo 58, fracción IV, incisos A), B) y C), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como aquellos que decidan, de forma voluntaria, separarse del cargo.
"VII. Reglamento: Al Reglamento del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.
"Artículo 3. Corresponde al Consejo, en cualquier tiempo, tomar los acuerdos que en términos de ley y de este reglamento resulten necesarios para hacer efectivo el derecho de los Magistrados Numerarios a recibir un haber de retiro.
"Artículo 4. Únicamente los Magistrados Numerarios tendrán derecho a recibir un haber de retiro a la conclusión de su encargo. Para tal efecto, estarán obligados a realizar las aportaciones al fondo, de manera mensual, de forma ininterrumpida y desde el inicio hasta la finalización de encargo. La aportación se calculará con base en su remuneración mensual ordinaria, la cual en ningún momento, podrá exceder del diez por ciento de este ingreso, pudiendo el Consejo modificar el porcentaje dentro de dicho rango, conforme al comportamiento que vaya siguiendo el fondo. A la entrada en vigor del presente reglamento, la aportación mensual corresponderá al porcentaje máximo señalado anteriormente.
"Los Magistrados en retiro no realizarán aportaciones al fondo.
"Artículo 5. Todos los estudios actuariales que ordene el Consejo para el cumplimiento del pago del haber de retiro formarán parte del reglamento.
"Artículo 6. El pago de los estudios actuariales que se realicen para la aplicación del presente reglamento serán con cargo al presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado.
"Artículo 7. Las modificaciones al presente reglamento deberán ser aprobadas por las dos terceras partes de los integrantes del Consejo.
"Sección II
"Del haber de retiro
"Artículo 8. El haber de retiro es la retribución económica, de carácter intransferible y no heredable, que se otorga a los Magistrados en retiro, conforme a los estudios actuariales que ordene el Consejo.
"A la entrada en vigor de este reglamento dicha retribución consistirá en una cantidad equivalente a las remuneraciones mensuales ordinarias que perciban los Jueces de primera instancia. Remuneración que podrá ser actualizada conforme al artículo 9 y cuarto transitorio del presente ordenamiento.
"Artículo 9. El monto por concepto de haber de retiro podrá ser actualizado cuando acontezcan los siguientes supuestos:
"I. Se aumente el monto de remuneraciones mensuales ordinarias de los Jueces de primera instancia.
"II. El monto del aumento no sobrepase el porcentaje de inflación anual que determine la autoridad competente; y,
"III. Los estudios actuariales indiquen solvencia financiera del fondo para cubrir el aumento.
"Artículo 10. Los Magistrados en retiro podrán autorizar al Consejo, para que con cargo a su remuneración por concepto de haber de retiro, adquiera la póliza de seguro médico en lo individual o considerando persona o personas adicionales como beneficiarias.
"Artículo 11. El periodo del otorgamiento del haber de retiro será conforme a las siguientes bases:
"I. Los Magistrados Numerarios que se encontraban en funciones previa a la entrada en vigor del Decreto 334 tendrán derecho a un haber de retiro de doce años; cuando se actualicen los supuestos de retiro que dispone la Constitución en su artículo 58, párrafo sexto, incisos a) o b); y,
"II. Los Magistrados Numerarios que sean nombrados con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 334 tendrán derecho a un haber de retiro de siete años; cuando se actualice el supuesto de retiro que dispone la Constitución Estatal en su artículo 58, párrafo sexto, inciso b).
"Artículo 12. En el caso de que un Magistrado Numerario pida su retiro voluntario o sufra de incapacidad física o mental que imposibilite el desempeño de su encargo, se observará lo dispuesto por el artículo 293 del Decreto 334.
"Artículo 13. El pago del haber de retiro será en las mismas fechas y términos en que se realiza el pago a los Jueces de primera instancia. "Artículo 14. El Consejo informará al Magistrado en retiro la fecha de terminación del periodo de otorgamiento del haber de retiro, con una anticipación de seis meses a la fecha en que habrá de realizarse el último cobro.
"Sección III
"Del fondo para el otorgamiento del haber de retiro
"Artículo 15. El Consejo habrá de tomar las previsiones presupuestarias que resulten necesarias para pagar el haber de retiro a quienes tengan derecho a esta prestación.
"Artículo 16. El fondo será administrado por el Consejo, quien se auxiliará de un Comité Técnico para el manejo del fideicomiso y será el destino de las aportaciones económicas que los Magistrados Numerarios realicen durante el tiempo del desempeño de su encargo.
"Con excepción de lo previsto por el artículo 19 del presente reglamento. Las aportaciones y el capital del fondo no podrán ser destinados a fines distintos al pago del haber de retiro.
"Artículo 17. Se constituirá un comité técnico, dentro del contrato de fideicomiso que constituye el fondo, como un órgano auxiliar del Consejo en el cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.
"El comité técnico estará integrado de la siguiente manera:
"I. El Magistrado presidente del Consejo;
"II. Un Magistrado Numerario adscrito a las Salas civiles;
"III. Un Magistrado Numerario adscrito de las Salas penales;
"IV. Un integrante del Consejo de carácter no jurisdiccional:
"V. El oficial mayor de Consejo; y,
"VI. El jefe del departamento de Programación y Presupuestos.
"El cargo de miembro del comité técnico es honorífico sin derecho a retribución alguna.
"Los Magistrados Numerarios serán designados por la votación mayoritaria del pleno del Tribunal Superior de Justicia y durarán en su encargo un año.
"El consejero no jurisdiccional integrante del comité técnico será designado por votación del Consejo y durará un año en su encargo.
"Artículo 18. El Consejo, de forma anual, deberá ordenar la actualización de los estudios actuariales que permitan conocer la solvencia del fondo, así como los requerimientos presupuestales y el momento de las aportaciones que sean necesarias para la eficacia del pago del haber de retiro.
"Artículo 19. El Consejo determinará la forma de administración del fondo, para lo cual podrá decidir el manejar los recursos a través de los diversos productos de inversión o contrato de fideicomiso que ofrezcan las instituciones bancarias, siempre sobre la base de mantener la disponibilidad del capital para el pago del haber de retiro.
"Artículo 20. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá requerir al Consejo de cualquier información relativa a la administración del fondo.
"Transitorios
"Artículo primero. El presente reglamento entrará en vigor al momento de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
"Artículo segundo. Publíquese en el Boletín Judicial del Estado, acorde a lo señalado por el artículo 187 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.
"Artículo tercero. Los Magistrados que se retiraron de su encargo, conforme a lo previsto en el párrafo sexto, inciso a), del artículo 58 de la Constitución del Estado, y que mediante orden judicial se les reconozca el derecho al haber de retiro, con motivo de una acción legal interpuesta previa a la entrada en vigor del presente reglamento y de la exigencia de cumplimiento de la sentencia correspondiente.
"Las fechas y montos de pago serán en la misma forma y términos en que se cubra el haber de retiro a los Magistrados en retiro conforme a las bases previstas por este reglamento, por lo que no se realizarán pagos retroactivos, o entrega de cantidades diversas a las autorizadas por el Consejo con base a los estudios actuariales correspondientes.
"Artículo cuarto. El monto de la remuneración a la que alude el segundo párrafo del artículo 8 de este reglamento, podrá ser modificado, cuando derivado de la disminución de los ingresos que perciba el fondo y que son contemplados en el estudio actuarial que sirve de base para la aprobación del presente reglamento, así como de sus respectivas actualizaciones, obliguen financieramente a realizar dicho ajuste.
"Artículo quinto. La obligación de los Magistrados Numerarios de realizar aportaciones al fondo iniciará al momento de la entrada en vigor del presente reglamento.
"Artículo sexto. Por única ocasión el pago del estudio actuarial realizado para sustentar la entrada en vigor del presente reglamento será con cargo al fondo. Dado en el salón de Plenos del H. Congreso de la Judicatura del Estado de Baja California, a los 29 días del mes de agosto de dos mil diecinueve."
35. Cabe señalar que el anterior reglamento fue emitido por el Consejo de la Judicatura Local en cumplimiento del Decreto 334, en virtud del cual el Poder Legislativo instituyó el haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California en el artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad federativa, esto último en cumplimiento a la ejecutoria dictada en la controversia constitucional 13/2018, en la cual se le condenó a legislar en este sentido.
36. Ahora, en su contra, el Poder actor planteó una violación a las garantías de legalidad y certeza jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos que se analizan a continuación:
37. Primero. El segundo párrafo del artículo 4 del reglamento contradice el segundo párrafo del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California [ley orgánica] en la medida que en él se liberó del pago de aportaciones económicas a los Magistrados en retiro. En este sentido, que el Congreso Local le otorgó facultades al Consejo de la Judicatura para emitir el reglamento; sin embargo, niega que lo autorizaran a liberar a los Magistrados en retiro de la obligación de aportar al fondo para el otorgamiento de éste.
38. Lo segundo, porque no contó con la opinión favorable de viabilidad financiera que debió otorgarles la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado ni la opinión favorable de la Auditoría Superior del Estado.
39. En este sentido, manifiesta que se transgreden normas que buscan la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los recursos públicos, puesto que hay varios Magistrados en retiro o que se retirarán en un par de años que pretenden incorporarse a tal beneficio y no pagarán grandes cantidades al fondo.
40. En suma, afirma que el Consejo de la Judicatura se excedió en las facultades que el legislador local le otorgó para emitir el reglamento con base en los dispuesto en el Decreto 334, contraviniendo, además, los artículos 117 y 134 de la Constitución Federal, así como al artículo 11 de la Constitución Local.
41. Por su parte, el Poder Ejecutivo demandado sostiene los mismos argumentos que el Poder Legislativo actor, a saber, que el reglamento vulnera la esfera de competencias del Congreso del Estado porque "en ninguna parte del contenido del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de sus transitorios, se desprende que se hayan otorgado facultades a dicho órgano de Gobierno para liberar del pago de aportaciones económicas a los Magistrados en retiro"; y, que requería una opinión favorable de viabilidad financiera tanto de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Baja California como de la Auditoría Superior del Estado porque tiene un impacto presupuestario, de conformidad con los artículos 1, 2, 32 y 37 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público para el Estado de Baja California y 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
42. Por su cuenta, el Poder Judicial demandado afirma que la interpretación que realiza el Poder Legislativo vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y equidad, en contravención de los artículos 1o., 123 y 116 de la Constitución Federal, 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
43. Lo anterior, porque esa interpretación asume que todos los Magistrados deben realizar una aportación al fondo de haber de retiro con independencia de su calidad, es decir, si se encuentran en activo o ya se retiraron, lo cual implica un trato inequitativo entre ellos, puesto que los Magistrados en retiro estarían aportando al mismo fondo que están cobrando.
44. Al efecto, invoca la acción de inconstitucionalidad 101/2014 para señalar que el descuento a los trabajadores pensionados para el mantenimiento del fondo de pensiones es inconstitucional, ya que genera una situación desigual entre el trabajador en activo y el pensionado.
45. En relación con el incumplimiento del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, además de señalar que se trata de una invasión competencial, afirma que resulta inaplicable para la expedición del reglamento.
46. Analizando en su conjunto los planteamientos de las partes se puede apreciar que el concepto de invalidez aborda dos cuestiones: en primer lugar, la contradicción entre el artículo 4 del reglamento y el artículo 293 de la ley orgánica por liberar a los Magistrados en retiro de la obligación de aportar al fondo para el otorgamiento del haber de retiro; en segundo lugar, la inconstitucionalidad del reglamento por no contar con opinión favorable de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Baja California y de la Auditoría Superior del Estado.
47. En primer lugar, se debe analizar esta última cuestión por tratarse de una violación procesal en la emisión del reglamento que podría redundar en la invalidez total del mismo, haciendo innecesario el estudio de los conceptos de invalidez restantes.
I. Opinión de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Baja California y de la Auditoría Superior del Estado
48. De acuer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31433-f18d0c9f/i-controversia-constitucional-los-diputados-presidente-y-secretario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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