CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA FALTA DE PROVISIÓN LEGAL DE UN REQUERIMIENTO PREVIO A SU DECLARACIÓN PARA QUE LAS PARTES IMPULSEN EL PROCEDIMIENTO ES ACORDE CON LA NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN Y CON EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 341/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 4 DE MAYO DE 2022. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron asuntos en los que, con sustento en la interpretación de diferentes legislaciones (el Código Federal de Procedimientos Civiles, y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de similar contenido), resolvieron la interrogante de si el Juez, en forma previa a la declaración de caducidad de la instancia, debe requerir a las partes para que cumplan con la carga de impulsar el procedimiento, a pesar de que no lo prevé así la ley. Uno de los tribunales sostuvo que no es necesario ese requerimiento y el otro consideró que sí debe hacerse.
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SÍNTESIS
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 341/2021, suscitada entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo directo 403/2018 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el juicio de amparo directo 206/2021.
La problemática jurídica a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la caducidad de la instancia, en materia civil, opera de pleno derecho, o bien, si de conformidad con el derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva, el órgano jurisdiccional, de manera previa a decretarla, debe prevenir a los interesados, a fin de que realicen acciones tendientes a impulsar el procedimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado a través del MINTERSCJN, el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por ese órgano colegiado, al resolver el amparo directo 206/2021, y el que estableció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en esta Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo directo 403/2018.
II. TRÁMITE
2. Admisión y turno. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis y ordenó registrarla bajo el número de expediente 341/2021. Asimismo, consideró que, dado que el tema a analizar es de materia civil, la competencia para conocer de la misma correspondía a esta Primera Sala, por lo que la envió a la Ministra presidenta Ana Margarita Ríos Farjat, para la integración y conclusión del trámite del expediente.
3. Requerimiento. En el mismo proveído, el Ministro presidente requirió a la Presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en esta Ciudad de México, que remitiera, por medio del sistema MINTER, la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de la ejecutoria del juicio de amparo directo 403/2018. De igual manera, le requirió que informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente, o bien, señalara el motivo para tenerlo por superado o abandonado.
4. Avocamiento. Por auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de esta Primera Sala, Ana Margarita Ríos Farjat, acordó el avocamiento en el conocimiento del presente asunto y ordenó que, en su oportunidad, se remitieran los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto respectivo. Asimismo, requirió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en esta Ciudad de México, que diera cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de admisión.
5. Criterio vigente. Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de esta Primera Sala, Ana Margarita Ríos Farjat, tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en esta Ciudad de México, informando que no se había apartado del criterio sustentado dentro del juicio de amparo directo 403/2018, para lo cual remitió la resolución respectiva. Por tanto, la Ministra presidenta tuvo por integrada la presente contradicción de tesis y ordenó la remisión de autos a su ponencia para la elaboración del proyecto.
III. COMPETENCIA
6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas leyes en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno;(1) en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos y, al ser un asunto de orden civil, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala.
IV. LEGITIMACIÓN
7. De conformidad con los artículos 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la contradicción fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
8. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben analizarse las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones, las que a continuación se sintetizan:
A. CRITERIO SUSTENTADO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO), AL RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 403/2018.
9. Los siguientes antecedentes se obtienen de la sentencia del juicio de amparo directo 403/2018, resuelto en sesión de veinte de junio de dos mil dieciocho, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ubicado en la Ciudad de México.
10. Juicio ordinario civil. El nueve de octubre de dos mil quince, la entonces ********** (**********)(2) demandó, en la vía ordinaria civil, de ********** el pago de las siguientes prestaciones:
• $********** (*********), por concepto de suerte principal, que corresponde a un pago que la ********** realizó al demandado de manera indebida.
• Los intereses moratorios, conforme a la tasa legal del 9 % (nueve por ciento) anual.
• Gastos y costas.
11. Por razón de turno conoció del asunto el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. El quince de octubre de dos mil quince, la Jueza admitió a trámite la demanda en el expediente ********** y ordenó el emplazamiento del demandado.
12. Al no ser posible el emplazamiento de **********, en diligencia realizada el veintidós de octubre de dos mil quince, la Juez Federal inició el procedimiento de investigación del domicilio del demandado, el veinticinco de octubre siguiente, de lo cual se dio vista a la **********. Una vez allegada información al respecto, se intentó hacer el emplazamiento mediante un exhorto, pero fue infructuoso, de lo cual se dio vista a la **********. El seis de enero de dos mil diecisiete, la ********** manifestó que se reservaba su derecho a señalar nuevo domicilio para el emplazamiento.
13. El doce de enero de dos mil dieciocho, la Jueza del conocimiento declaró la caducidad de la instancia, con base en el artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles,(3) al haber transcurrido el término de más de un año de inactividad procesal.
14. Apelación. Inconforme con la declaración de la caducidad de la instancia, la ********** interpuso recurso de apelación. Conoció del recurso el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México), el cual lo registró con el número de expediente **********. El treinta de abril de dos mil dieciocho, el Tribunal Unitario dictó sentencia en la que confirmó el auto recurrido.
15. Amparo directo 403/2018. Contra la sentencia de segunda instancia, la ********** promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México. El órgano federal admitió a trámite la demanda de garantías y la registró con el número de expediente 403/2018.
16. En síntesis, la ********** alegó en sus conceptos de violación lo siguiente:
• Son escasas las consideraciones de la autoridad responsable para determinar insuficientes los agravios del recurso de apelación.
• El proceder de la Jueza de primera instancia violó las formalidades procesales en el juicio de origen, al inobservar el contenido del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(4) pues con base en sus atribuciones debió subsanar la omisión de las partes, a fin de regularizar el procedimiento, para instarlas a que promovieran en el juicio, si querían hacerlo, en atención a que el procedimiento se encontraba detenido, ya que de no hacerlo, podría operar de pleno derecho la caducidad de la instancia.
• En el caso se decretó la caducidad de la instancia por falta de impulso procesal, en términos del artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, no se previno a las partes para que promovieran en el juicio detenido, cuya sustanciación y marcha es de orden público.
• El juicio natural se prolongó al no ser posible emplazar a **********, debido a que no se ha podido obtener su domicilio. Por lo que la Jueza de primera instancia debió ordenar la notificación por edictos, porque si bien el procedimiento debe ser impulsado por las partes, la juzgadora no puede convertirse en simple espectadora y tiene el deber de instar u obligar a las partes a dar cumplimiento a sus resoluciones. Al no hacerlo, se atentó contra el derecho a una justicia pronta y expedita.
17. Criterio. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México, por mayoría de votos, dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con base en las siguientes consideraciones:
a) El artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece los supuestos para que en materia civil federal opere la caducidad de la instancia, así como las condiciones, consecuencias y excepciones.
b) La caducidad es un modo anormal de terminación del proceso, que se produce cuando el mismo se ha paralizado durante cierto tiempo, debido a que las partes no realizan actos procesales. El Juez puede declararla de oficio o a petición de parte interesada, sin extinguir el derecho sustancial ni la acción correspondiente.
c) La doctrina ha sustentado la crítica de que la caducidad no se ajusta a la verdad, porque al nulificar los actos procesales constitutivos de la instancia, ésta no concluye con la solución de la controversia.
d) Son cuatro los fundamentos de la caducidad: i) el hecho de que las partes reciban una sanción, ante la falta de interés de seguir adelante el procedimiento, por lo que el juicio termina por razones de orden público; ii) la sociedad y el Estado tienen interés en que no hayan litigios ni juicios interminables, por lo que hay que concluirlos cuando se presenta la ocasión; iii) los juicios pendientes por tiempo indefinido producen daños sociales, mantienen un estado de inseguridad e incertidumbre a los intereses económicos y morales, que son materia de la contienda y a las relaciones jurídicas que son objeto de la litis, así como a las que de ellas dependen, con trastornos evidentes en la economía social; iv) es irracional que si en un juicio por largo tiempo no se ha promovido nada, pueda surgir algo nuevo.
e) Para un sector de la doctrina, la perención involucra una renuncia tácita del litigio, para otros, una sanción por inactividad, pero hay unanimidad en que la institución opera dentro del contexto del proceso civil con carácter dispositivo o mixto, en que el impulso corresponde en mayor o menor grado a las partes.
f) La incorporación de la caducidad de la instancia en el Código Federal de Procedimientos Civiles se consideró necesaria, por las siguientes razones:
• Para descongestionar a los juzgados civiles de juicios inconclusos (política judicial).
• Para impedir a muchos litigantes valerse de esas lagunas de la ley para alargar, indefinidamente, los procesos.
• Por el interés del Estado en procurar una administración de justicia pronta y expedita, en que la actividad de los órganos jurisdiccionales no se despliegue innecesariamente.
g) Dentro del contexto de un proceso dispositivo o mixto, en la primera instancia corresponde activar el proceso al demandante. Sin embargo, esta carga puede corresponder al demandado si ha propuesto un incidente, pues se convierte en actor para ese solo propósito. Mientras que en la segunda instancia, el impulso corresponde al apelante.
h) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia relativa a la constitucionalidad de la figura de la caducidad de la instancia, pronunciamientos en los cuales ha abordado el tema de la relación que existe entre esta institución procesal y el citado derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional, llegando a la conclusión de que con esta figura jurídica no se vulnera el derecho fundamental a la impartición de justicia, porque: i) la parte actora puede acudir a los tribunales a resolver un caso concreto; ii) se deben respetar los términos y plazos que fijen las leyes procesales; iii) la inactividad de las partes debe tener una sanción.(5)
i) La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido que la preclusión no vulnera el acceso a la justicia, porque el decreto de caducidad no implica que el Estado deje de asumir el deber de continuar el procedimiento, sino que se trata de una forma de garantizar el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento.(6)
j) Conforme al criterio de este Alto Tribunal , la caducidad no vulnera el derecho a una justicia completa, porque respeta el orden público y tiene un fin constitucionalmente válido, que los juicios no permanezcan inactivos, sin cumplir la función para la que fueron instituidos.(7)
k) La Suprema Corte ha establecido que la caducidad no vulnera los derechos de audiencia y debido proceso, porque está contenida en leyes formales y materiales, persigue una finalidad constitucionalmente válida, y es necesaria para dar eficacia a esa finalidad.(8)
l) La caducidad de la instancia sólo puede tener lugar por omisión de las partes en el cumplimiento de sus cargas procesales y no se produce cuando la inactividad es del juzgador.(9)
m) Conforme a lo precisado por el Alto Tribunal, la caducidad de la instancia descansa, tanto en la falta de interés de las partes, como en la necesidad de una sanción por omitir impulsar el proceso, sobre la base de que interesa a la sociedad que los juicios no se eternicen.
n) También hay criterio de esta Suprema Corte en el sentido de que el legislador puede regular libremente los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Facultades que le permiten, entre otras cosas, establecer recursos y medios de defensa que procedan contra los actos de la autoridad, fijar las etapas de los diferentes procesos, establecer los términos y las formalidades que se deben cumplir y regular lo concerniente a los medios de prueba.
o) El proceso civil mexicano establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles es puramente dispositivo, aunque con las diversas reformas que se han ido adoptando, se ha orientado a un sistema mixto o publicista, porque se le permite al Juez actuar de oficio al decretar probados algunos hechos, allegarse de pruebas o evitar fallos inhibitorios; por lo que ha dejado de ser un simple espectador en el juicio.
p) El Tribunal Colegiado aseguró que la existencia de la caducidad de la instancia no es una condición indispensable para la efectividad de los derechos consagrados en los artículos 14 y 17 constitucionales. Al respecto, citó el ejemplo de Colombia, donde, aunque por mucho tiempo existió y se defendió la caducidad de la instancia, finalmente se derogó esa figura, con sustento en que el Juez no es un simple espectador en el proceso, sino el director del mismo. Además, que lo sustancial debe prevalecer sobre lo procedimental.
q) Al respecto, adujo que el legislador colombiano creó el desistimiento tácito, como forma anómala de terminar el proceso, consistente en una especie de incidente, en el cual, cuando hay inactividad de una de las partes respecto al cumplimiento de una carga procesal que le corresponde, sin necesidad de petición de la otra, el Juez ordena al omiso cumplir con su carga, en el plazo de treinta días y lo apercibe que, de no hacerlo, la demanda quedará sin efecto y decretará la terminación del proceso y lo condenará en costas, cuando haya lugar el levantamiento de medidas cautelares. Asimismo, en caso de que por segunda vez se decretara el desistimiento tácito, se extinguirá el derecho pretendido.
r) Finalmente, el Tribunal Colegiado acudió a la legislación española, conforme a la cual, la falta de impulso procesal por las partes no originará la caducidad de la instancia, aunque se tengan por abandonadas las instancias, pues esta figura se actualiza si pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años, cuando el juicio estuviere en primera instancia, y en uno, si se trata de la segunda instancia o recurso extraordinario. El órgano federal resaltó que en ese país, la ley impone a los secretarios judiciales las resoluciones de impulso procesal, salvo cuando la ley disponga otra cosa.
s) Por lo tanto, en una interpretación del artículo 373 del Código de Comercio, conforme con el artículo 17 constitucional, desde la óptica del acceso a la justicia, con miras a realizar una función integradora de la norma, a efecto de corregir las omisiones que pudieran generar su inconstitucionalidad, interpretación que se nutre de la experiencia colombiana, es que se determina que, en el caso de que el órgano jurisdiccional, no obstante sus facultades y deberes como director, no pueda por sí mismo adelantar el proceso, por estar pendiente de cumplirse una carga procesal de las partes, previamente a decretar la caducidad, deberá prevenir al interesado para que satisfaga la carga pendiente, en un plazo que considere prudente, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se decretará la perención.
t) En dicha prevención, deberá comunicarse al incumplido que, si posteriormente su apatía paraliza el proceso, la perención operará en los términos literales del precepto y su conducta procesal se tendrá como un abuso de derecho, con las consecuencias jurídicas que ello pueda acarrear.
u) Al respecto, consideró que con esta interpretación el proceso no terminará inadvertidamente ni será consecuencia del simple olvido del litigante, sino de la desobediencia del incumplido. De igual forma no será manipulable por el demandante, como lo ha sido hasta la fecha, pues la falta de cumplimiento de su carga procesal, es decir, de impulsión, creará la sospecha de una mala fe (pues por regla general no se inicia un juicio para dejarlo inactivo), lo que será tenido en cuenta en lo subsecuente. v) Solamente de esta manera, la caducidad de la instancia respetará el acceso a la justicia, porque aun cuando supone una limitación, ésta debe ser razonable, proporcional e idónea en los términos referidos por la Corte Constitucional de Colombia, los cuales son compatibles con el sistema nacional.
w) Refiere el órgano colegiado que esta interpretación parte de bases y consideraciones diversas a las que hasta ahora ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que la institución procesal de la caducidad de la instancia o perención no vulnera el acceso a la justicia y el debido proceso, porque aquí se tiene en cuenta el papel que desempeña el juzgador, como director del proceso, que lo obliga a adelantarlo, como regla, hasta la sentencia y sólo en casos excepcionales, a terminarlo sin ella. Máxime que debe tenerse en cuenta la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, que emana del artículo 17 constitucional.
18. El secretario en funciones de Magistrado votó en contra de los razonamientos anteriores, adujo que el acogimiento de la pretensión de la quejosa desnaturaliza la institución de la caducidad de la instancia, la cual opera de pleno derecho y está regulada para proteger el orden público, evitando la existencia de juicios respecto de los cuales no hay voluntad de seguir su trámite.
B. CRITERIO SUSTENTADO POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, JALISCO, AL RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO EN REVISIÓN 206/2021.
19. Los siguientes antecedentes se advierten de la sentencia del juicio de amparo directo 206/2021, que se resolvió en sesión virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.
20. Juicio ordinario civil. La señora ********** ejerció la acción de petición de herencia respecto de los bienes de la sucesión de **********, en contra de los señores **********, en su carácter de albacea y heredero de la referida sucesión, y de **********, en su calidad de heredero.(10) La promovente demandó las siguientes prestaciones:
• La declaración de que también es heredera de la sucesión a bienes de **********.
• Los frutos que le corresponden, respecto de los bienes de la herencia, desde la fecha en que el albacea tuvo posesión de éstos.
• El pago de gastos y costas que se originen en el juicio.
La señora ********** solicitó, como medida precautoria, la inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad.
21. El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de lo Civil del Sexto Partido Judicial en el Estado de Jalisco registró la demanda con el número de expediente **********, la admitió a trámite y ordenó emplazar a los demandados, quienes comparecieron a juicio y se opusieron a lo reclamado.
22. El abogado de la señora ********** presentó un escrito el primero de julio de dos mil diecinueve, para exhibir los recibos de pago de impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de los inmuebles respecto de los que solicitó la medida precautoria; y el siete de agosto de dos mil diecinueve, el abogado de la actora exhibió billetes de depósito para garantizar los posibles daños que se pudieran ocasionar por la inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad.
23. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se reconoció a **********como albacea provisional de la sucesión a bienes de **********.
24. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, el Juez Segundo de lo Civil del Sexto Partido Judicial en el Estado de Jalisco decretó la caducidad de la instancia, al considerar que las promociones presentadas dentro del plazo de ciento ochenta días naturales, contemplado en el artículo 29 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco,(11) fueron insuficientes para interrumpirla, toda vez que no representaron un impulso procesal, al no ser tendentes a proseguir la secuela procedimental, sino la obtención de la medida cautelar.
25. Apelación. Inconforme con la determinación que decretó la caducidad de la instancia, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el que manifestó lo siguiente:
• En el caso, no operó la caducidad de la instancia, porque el plazo se interrumpió mediante la presentación de diversos escritos encaminados a impulsar la inscripción de la demanda que se solicitó como medida precautoria.
• Mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se le reconoció el carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes del actor y los demandados fueron emplazados el tres de enero de dos mil veinte, actuaciones que fueron suficientes para interrumpir la caducidad de la instancia.
26. La Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco conoció del recurso de apelación 395/2020 y, mediante resolución de quince de enero de dos mil veintiuno, confirmó el auto impugnado, debido a que consideró que las providencias precautorias son accesorias al juicio principal. Por lo tanto, la Sala determinó que contrariamente a lo manifestado por la apelante, las gestiones que se realizaron para obtener la inscripción de la demanda no fueron aptas para interrumpir la caducidad de la instancia, por lo que el día que la apelante compareció a justificar su carácter de albacea provisional de la sucesión enjuiciante, ya había caducado la instancia.
27. Amparo directo 206/2021. En contra de la sentencia de apelación, **********, albacea provisional de la sucesión a bienes de ********** promovió juicio de amparo directo, en el que argumentó los siguientes conceptos de violación:
• La Sala responsable descalificó, sin fundamento legal, los agravios relacionados con que las promociones encaminadas a lograr el registro de la demanda, como providencia precautoria, sirven para interrumpir la caducidad.
• Existen actuaciones posteriores a la admisión de la demanda, que son aptas para interrumpir la caducidad de la instancia.
• La Sala responsable, previamente a decretar la caducidad de la instancia, debió requerirla para impulsar el procedimiento, con el apercibimiento correspondiente de que, de no hacerlo, se decretaría la caducidad.
• Es ilegal confirmar la condena en costas decretada por el Juez de primera instancia.
28. Criterio. En sesión virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (Zapopan, Jalisco) resolvió el referido juicio de amparo directo, en el cual negó la protección constitucional, toda vez que resultaron ineficaces los conceptos de violación, bajo las siguientes consideraciones esenciales:
a) El artículo 29 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco(12) establece que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, desde la notificación del primer auto hasta antes de la citación para la sentencia, si transcurridos ciento ochenta días naturales, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, no hubiere promoción de alguna de las partes tendientes a la prosecución del procedimiento; además, la caducidad de la instancia es de orden público y opera por el solo transcurso del tiempo antes señalado, de ahí que no requiera petición expresa al respecto.
b) Del referido artículo se aprecia que el precepto se rige por el principio dispositivo, debido a que impone la carga procesal a las partes de impulsar el procedimiento para la conclusión del mismo, a fin de llegar a la emisión de una sentencia que concluya la controversia. Lo cual es acorde con la teleología del procedimiento jurisdiccional, constituida para dar solución a las pretensiones de las partes.
c) En la contradicción de tesis 72/2005, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(13) se determinó que las promociones que pueden impulsar el procedimiento son aquellas en las que se pide al Juez que continúe el juicio, ya sea llevando a la práctica la actuación que está pendiente, o bien, abriendo una nueva etapa procesal, considerando el estado del litigio. Sólo así se evita la inactividad en el juicio, cumpliendo con el principio procesal de disposición.
d) Contrariamente a lo aducido por la quejosa, la Sala responsable sí realizó el estudio de los agravios en los que sostuvo que las promociones y acuerdos tendientes a obtener el registro de la demanda interrumpieron la caducidad de la instancia, pues determinó que las providencias precautorias son accesorias al juicio principal, de manera que su trámite no incide sobre el procedimiento principal y tampoco afecta su desarrollo. En consecuencia, las diligencias o actuaciones que se lleven a cabo en ese sentido, aun cuando se realicen dentro del juicio, no impulsan el procedimiento, debido a que sólo están encaminadas a obtener una medida precautoria, por tanto, no son aptas para interrumpir la caducidad de la instancia.
e) El Tribunal Colegiado consideró que, aunque le asiste razón a la quejosa, en cuanto a que el plazo para computar la caducidad de la instancia debe computarse a partir del tres de abril de dos mil diecinueve y no del veinte de marzo de ese mismo año, la siguiente promoción tendente a impulsar el procedimiento se presentó hasta el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, fecha en la cual ya habían transcurrido más de ciento ochenta días naturales.
f) Tampoco asiste razón a la peticionaria de amparo, respecto a que con diversas promociones se interrumpió la caducidad de la instancia, toda vez que estos escritos son posteriores al treinta de septiembre de dos mil diecinueve, fecha en que se consumó el plaz
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31230-dc33238e/caducidad-de-la-instancia-la-falta-de-provision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. (s/clave)
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